EL CASO PLAZA DE ESPAÑA Y EL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL

EL CASO PLAZA DE ESPAÑA VARADO POR EL INMOVILISMO DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

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Se va a cumplir casi un año desde las últimas elecciones municipales que han traído la composición de una coalición de gobierno entre PSOE y CIUDADANOS, para conformar una mayoría absoluta que permita afrontar con alguna garantía iniciativas de gestión enquistadas hace mucho tiempo al contar con el apoyo de ambos grupos necesario para poder acometer cualquiera de los proyectos sin estar condicionados por las zancadillas de los grupos de la oposición. Que en este caso, además, está constituida por una constelación de siglas resultante de la atomización del voto y por ello de los resultados electorales. En ese sentido, el acuerdo de gobierno entre ambos partidos puede ser una oportunidad al menos desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno local para sacarnos del marasmo en el que se estaba.

Sin embargo, más allá de otras contingencias y con respecto de las cuestiones más importantes como puede ser el caso plaza de España, la gestión del nuevo equipo de gobierno, al menos por lo que respecta a los aspectos más prácticos, no difiere mucho hasta ahora de la gestión de los anteriores, quienes se tiraron todo el mandato limitándose a pagar fallos judiciales millonarios que condenaban sistemáticamente al Ayuntamiento, recurrir sentencias y resoluciones con el simple objeto de ganar  tiempo, y con una sola iniciativa legal presentando un incidente concursal ante el Juzgado mercantil 6 de Madrid donde se sigue el concurso de acreedores de PESF, que finalmente ha resultado un fiasco como por otra parte era de prever, con el resultado de un tiro en el pie a los intereses municipales. En definitiva, el mandato anterior fue respecto de este asunto y otros, un lamentable periodo perdido de cuatro años salvo por el efecto de incrementar la deuda municipal por la acumulación de las sentencias condenatorias hasta límites insoportables.

El actual equipo de gobierno tiene todas las trazas hasta ahora de recorrer la misma senda que el anterior sobre este asunto, y adolece también de la misma falta de resolución que el anterior con las consecuencias ya sabidas. De hecho y hasta el momento, no han hecho otra cosa distinta que no sea adoptar exactamente las mismas decisiones: pagar cantidades millonarias a los socios privados de PESF sin realizar la más mínima objeción a pesar de las muchas evidencias de actuaciones fraudulentas, y recurrir otras sentencias también perdidas con la sola finalidad de ganar tiempo. Nada nuevo o esperanzador distinto de lo que hicieron también los anteriores.

Nuestra asociación ha mantenido no obstante un par de reuniones con el actual equipo de gobierno (también las mantuvimos con el anterior con resultado nulo) con objeto de ofrecer su conocimiento del caso, así como la formulación de una propuesta elaborada para que el Ayuntamiento tome el control de la actuación urbanística mediante la aplicación de los mecanismos legales que le brinda la ley de suelo. Pero de esas dos reuniones apenas ha salido hasta el día de la fecha nada práctico (al menos nosotros desconocemos qué decisiones se han tomado), que no sea la contratación para el estudio del caso de un gabinete legal externo, y la centralización de los temas relacionados también con el caso en la persona de una nueva asesora jurídica designada en sustitución del cargo de confianza nombrado anteriormente  y que, al parecer, renunció al poco de su toma de posesión.

El tiempo transcurrido y la nula toma de decisiones de fondo por parte del nuevo equipo de gobierno sobre el caso plaza de España (más allá de las señaladas), lastran nuestra confianza y presagian también el mismo resultado que con los anteriores, pues ha transcurrido casi un año desde que tomaran posesión y no han adoptado una sola decisión que nosotros sepamos, en la dirección correcta de que sea el Ayuntamiento, como administración actuante, quien se haga con el control de la actuación, y no la eterna espera ingenua de que un juez les dé el caso resuelto, cuando no que lo haga directamente el tiempo transcurrido o un mirlo blanco en forma de fondo buitre o tiburón inmobiliario. Nada parece indicar que esto vaya a cambiar en esa dirección; al menos nuestra asociación desconoce si hay ya algún dictamen de los asesores externos o si la nueva asesora jurídica tiene ya alguna conclusión al respecto. En realidad, la impresión que tenemos es que el equipo de gobierno actual sobre este (y sobre otros casos), se mantiene en el mismo inmovilismo que los anteriores. 

Varios son los factores que inciden en esta situación de parálisis en que incurre el nuevo Equipo de Gobierno, pero hay uno que es revelador porque es reincidente con el fracaso de los anteriores: la idea de que la solución a este pavoroso problema cuyo alcance económico en forma de agujero patrimonial y financiero es incalculable, ha de venir dada por sus asesores y no por la iniciativa política de quienes, al fin y al cabo, se han presentado a las elecciones con un programa y unas propuestas más o menos inteligibles, pero propuestas electorales al fin y al cabo, sobre el caso plaza de España. Son ellos los elegidos y ellos los responsables políticos y, asumida la responsabilidad de gobernar, no pueden delegar esa función en asesores o técnicos porque éstos no han sido elegidos. La función de éstos es en todo caso auxiliar, no la de decidir. Lamentablemente, en esto se comportan exactamente igual que los anteriores y ya veremos si con el mismo resultado.

Echamos de menos pues un interlocutor del equipo de gobierno que tenga un preciso conocimiento del caso, coordine las incidencias de todas las áreas sobre el asunto y, además y si fuera posible, tuviera una delegación especial y específica para el caso con capacidad política para tomar decisiones. Porque, por muy buena y mucha voluntad que el alcalde Corpa o el resto de los concejales tengan sobre el asunto, es materialmente imposible atender con la dedicación necesaria todas las muchas implicaciones del caso y compatibilizarlo con las demás actividades y responsabilidades. Comenzamos pues a ser pesimistas sobre las iniciativas urgentes que necesita adoptar el Ayuntamiento sobre el tema de plaza de España y que, en todo caso, deberían de haberse tomado ya hace tiempo porque el paso del tiempo corre en contra de los intereses municipales.

CORONAVIRUS, JUSTICIA Y CASO PLAZA DE ESPAÑA

Lo que le faltaba a nuestra comatosa justicia es esta calamidad del coronavirus que no solo va a tener un efecto arrasador sobre nuestra salud y nuestra economía, sino también sobre multitud de intereses en juego en todas y cada una de las jurisdicciones de nuestro sistema judicial. 

Entre las muchas medidas improvisadas por el gobierno de la nación mediante los decretos aprobados hasta ahora, hay una que afecta a todos los asuntos judiciales en marcha. Se trata de la del estado de alarma que acordó declarar inhábiles los plazos procesales desde el 14 de marzo pasado hasta que sean levantadas las medidas que, por lo que se ve, no llegarán si es que llegan antes de finales de junio. A lo que luego se unirá el mes agosto claro, mes tradicionalmente inhábil en la justicia también a efectos procesales. En realidad lo que se acordó fue paralizar totalmente la justicia a excepción de los juzgados penales de guardia y las de género.

La justicia española está pues paralizada totalmente hasta una fecha desconocida. En realidad, para los muchos ciudadanos que tienen la necesidad de acudir a ella para dirimir o reclamar la tutela de sus derechos o intereses, la sensación de paralización de la justicia es exactamente la misma con el estado de alarma que sin él, pues la proverbial lentitud de tortuga en los procedimientos judiciales, hace que uno tenga la certeza de cuando comienza el caso pero en absoluto de cuándo acabará. En ese sentido es claro el fracaso estrepitoso de uno de los poderes fundamentales del Estado y más particularmente del Estado democrático, que en este sentido al menos bien puede calificarse de fallido. 

El caso plaza de España tiene numerosas causas judiciales abiertas; en la casi totalidad de ellas no solo están en juego intereses fundamentales de ciudadanos afectados, sino también el interés público municipal. Sin embargo, como se dice, era lo que nos faltaba en una justicia ya inmersa en dilaciones indebidas por retrasos innecesarios, errores patentes o por acumulación de trabajo. Y tan pronto como se levante la cuarentena se multiplicarán exponencialmente tanto en el ámbito mercantil por concursos de empresas en trance de desaparecer si no se hallan ya quebradas directamente, como en el contencioso por la avalancha de reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra los gobiernos que se esperan por la causa de los contagios, muertes por la pandemia, o daños económicos inmensos en patrimonios y actividades.

Solo en los Juzgados de lo penal de Coslada hay abiertas casi media docena de causas por el asunto de plaza de España, algunas de ellas desde el año 2011 que se dice bien, sin que haya concluido aún una sola con el procesamiento o el archivo y eso que desde el año 2013 todas las causas no pueden legalmente durar más de 18 meses o un prórroga por el mismo tiempo. Es decir, no más de 36 meses. 

Pues bien, desde el mes de marzo de 2011 o del mismo mes de 2014, hay dos causas penales interminables abiertas en los juzgados 5 y 1 respectivamente cuyo plazo máximo legal no es que haya sido ampliamente rebasado, es que en una de ellas ni siquiera es posible saber con qué fecha real se produjo el vencimiento del plazo. Desolador todo. ¿Cómo es posible que nadie de los afectados denuncien este lamentable funcionamiento de un Juzgado donde hay múltiples intereses en juego, incluidos los del propio Ayuntamiento?

Otro tanto puede decirse respecto de la jurisdicción contenciosa. O de la mercantil, donde se sigue el procedimiento concursal desde nada menos que enero de 2013. Los inadmisibles y crónicos retrasos en la justicia española hacen inoperantes principios fundamentales constitucionales que ahora, con el parón originado por el estado de alarma, se agravarán hasta el delirio. Baste decir, por ejemplo, que en el ámbito contencioso y más concretamente el que nosotros tenemos interpuesto desde principios del año 2017, las prácticas de pruebas testificales se vienen acordando con más de un año y medio de demora. Lo dicho, esto es cualquier cosa menos justicia, desengáñense.

Ahora y por lo acordado en el propio decreto que declara el estado de alarma, el ministerio de justicia tiene el encargo de elaborar un plan de choque para el ámbito de la justicia a presentar en un plazo de quince días tras el levantamiento de la cuarentena, que agilice y refuerce las oficinas judiciales y los tribunales. En ese sentido, parece ser que el Consejo General del Poder Judicial ha estudiado o está estudiando fórmulas que acorten los plazos otorgando drásticas competencias a los jueces con plenas facultades para suprimir actuaciones e incluso dictar sentencias in voce. 

Lo dicho, mejor será que los ciudadanos, los justiciables, se desengañen de una vez porque la justicia no existe en España cuando para obtener una resolución sencilla es necesario esperar años y años, o simplemente cuando los plazos máximos establecidos por las leyes procesales se los pasan por el arco del triunfo quienes precisamente están obligados a respetarlos: jueces y fiscales especialmente. Por no hablar de la situación injusta que se puede encontrar un imputado en una causa, que debe esperar años y años a saber exactamente si su imputación se traduce en una procesamiento y por lo tanto puede tener acceso a su derecho al juicio, o por el contrario tiene que arrastrar durante décadas incluso el sambenito de la imputación, indefenso e impotente por el desistimiento del juez o la juez que tanto da, cuando no directamente por la desidia de la propia fiscalía.

Por esa razón, más que nunca es necesario que en este caso de plaza de España, el Ayuntamiento tome las riendas de la actuación porque, con seguridad, ninguna solución puede ser esperable de la justicia española sencillamente porque no existe sino que es una rémora inadmisible en una sociedad que se precie de democrática, ya que uno de sus poderes fundamentales, el judicial en este caso, no solo no imparte justicia sino que cuando lo hace es tarde y por ello irremediablemente mal porque con seguridad habrá lesionado algún derecho fundamental de alguna de las partes. Un desastre preexistente al coronavirus pero cuyo desgraciado advenimiento ha venido aún a agravar más. Lo cual es como si a un enfermo terminal le amenazara un incendio.

Por eso, el Ayuntamiento y más particularmente el equipo de gobierno, debería de ser consciente de la gravedad de la situación y acelerar al máximo la toma de decisiones, en lugar de continuar con esta indolente parálisis que, contra lo que pueden creer, no solo no va a beneficiar los intereses municipales sino todo lo contrario. Ganar tiempo interponiendo recursos frente a fallos judiciales adversos no es una opción inteligente, sobre todo cuando hay evidencias muy claras de que esos recursos no se van a ganar ni siquiera por error de los jueces. Es todo lo contrario. 

A simple modo de ejemplo, al ya insufrible retraso de la justicia ahora hay que añadir un retraso de propina imposible de cuantificar ahora mismo por la causa del estado de alarma. Lo cual, en el caso de una reclamación de cantidades contra el Ayuntamiento, se traduce automáticamente en condenas en costas e intereses desde, al menos, la fecha de demanda. De forma tal que por una demanda de, por ejemplo, 10 millones de euros reclamados hace dos años (un hecho real que se da), apelado en casación y fallado el próximo año, puede acarrear si se pierde solo en intereses legales, nada menos que 900.000 euros más. Es decir, más o menos unos 75.000 euros cada mes que pasa. 

Por esa razón, no se entiende en absoluto la lamentable parsimonia con que el nuevo equipo de gobierno se toma este asunto, la verdad. 

(PRÓXIMA ENTRADA)

EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE NUESTRA PROPUESTA PARA EL CASO PLAZA DE ESPAÑA

IN MEMORIAN

HA MUERTO ENRIQUE MÚGICA, UN SOCIALISTA DE LOS DE ANTES

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En medio de todas las noticias trágicas que recibimos cada día de muertes anónimas reducidas a un simple guarismo estadístico, doblemente víctimas del virus y de la imposibilidad de honrrarlos por sus familiares en la más desgarradora de las soledades, recibimos un día sí y otro también noticias desoladoras de muertes de personas de gran relevancia política, protagonistas de primera línea además, y de las mejores páginas recientes de nuestra historia en su ejemplar lucha por la libertad. Y sin embargo no podrán ser objeto del homenaje que se merecen porque estamos en el más impotente aislamiento. 

Una de esas personalidades que han fallecido en medio de este marasmo en el que nos encontramos, es Enrique Múgica Herzog, Ministro de Justicia en los años noventa en uno de los gabinetes de Felipe González y luego Defensor del Pueblo ya cuando gobernaba Aznar. 

Ha muerto un socialista de los de antes; un testimonio de apasionada entrega a la causa de la libertad que pagó con su propio confinamiento y prisión durante el franquismo, y que con generosa entrega contribuyó en primera línea a la construcción de lo que se conoce como la transicción política tras la muerte de Franco, ese apasionante periodo que sin embargo hoy algunos políticos quieren impugnar y otros revisar. Cuánta ingrata ignorancia, pues hombres y mujeres socialistas de la primera mano de entonces como Múgica, supieron aportar lo mejor de sí mismos para conseguir superar para siempre las luchas fraticidas que tanto sufrimiento habían causado en tantas generaciones. Múgica era desde luego uno de los que mejor podía presentar y representar esa estirpe de firmeza en la lucha y generosidad incluso para con sus enemigos.

Era un hombre culto e inteligente. De militancia inicial en el Partido Comunista, fue en el penal de Burgos donde cumplía una de sus varias condenas (hasta cuatro) por el entonces Tribunal de Orden Público franquista junto con varios de sus camaradas (fue dirigente estudiantil universitario en las famosas revueltas de 1956), donde conoció precisamente a un militante del PSOE que cambiaría su vida: Ramón RUBIAL, quien luego fuera hasta su muerte Presidente del PSOE en la democracia. 
Y fue ese conocimiento como un flechazo para él, por su trato y su respeto y admiración por el entonces dirigente socialista en la clandestinidad, vasco como él también, lo que le hizo aproximarse ya en la prisión al PSOE, y sin  embargo tanta incomprensión produjo en sus viejos camaradas comunistas, lo que le ocasionó el vacío y hasta el desprecio de ellos como cuenta él mismo con doloroso pesar en Itinerario hacia la libertad (Plaza y Janés, 1986).

Múgica era un gran conversador y con una sólida formación intelectual en los clásicos pensadores de la socialdemocracia, algo muy abundante en aquellos dirigentes socialistas de entonces algunos ya desparecidos o arrumbados en el olvido por la patulea de los mediocres dirigentes actuales, que, con escasa formación, mucho oportunismo e incluso plagiarios de tesis, dirigen hoy los destinos socialistas sometidos al diktat, ¡quién lo iba a decir! del mandamás que ocupa el poder absoluto del partido rodeado de sumisos aduladores entregados.

Tenía una sola pasión; la política, que defendía con arrolladora vehemencia y desde luego con un gran conocimiento de sus fundamentos muy bien amueblados y puestos al servicio siempre de los más débiles. Honesto, generoso y guiado siempre con la obsesiva idea de tender puentes, su personalidad jovial y accesible fue muy útil a su partido de cuya ejecutiva formó parte durante mucho tiempo como Secretario de Política Institucional. Cargo que le sirvió también para conocer a numerosos dirigentes socialistas europeos y mundiales, con algunos de los cuales trabó buenas amistades.

Hijo de madre judía, él era pues judío también, y trabajó mucho y durante mucho tiempo desde el partido primero, como luego desde el gobierno, en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con el estado de Israel. Por eso, la comunidad judía en España ha expresado su reconocimiento y agradecimiento con ocasión de su muerte.

Fue también uno de los asistentes al famoso congreso de Suresnes en 1974, donde fue elegido secretario general precisamente Felipe GONZÁLEZ. Y también al congreso en la ciudad francesa de Toulouse en 1972, donde, a resultas del conocido como el pacto del Betis entre los dirigentes del PSOE andaluz y los vascos, de los que él formaba parte junto con Nicolás REDONDO y Ramón RUBIAL, rompieron con los históricos de LLOPIS en el exilio y supervivientes de la guerra civil, para dirigir luego ya en el interior el nuevo PSOE.

Sufrió también en sus propias carnes el criminal zarpazo de ETA, cuando por la espalda asesinaron a su hermano Fernando en San Sebastián cuando él era ministro de justicia precisamente. Un hecho que le causó gran dolor pues se hallaba muy unido a él.

Duele que hombres como este y otros como él incluso de otros partidos (hoy se ha conocido también la muerte de Landelino LA VILLA), no tengan el homenaje y reconocimiento que se merecen. Solo un triste tuit del que fue su partido al que sirvió con gran generosidad y entregó lo mejor de sí mismo. 

Pero son los signos de los tiempos que por otra parte ya nada extrañan, pues generaciones de militantes y sobre todo dirigentes actuales del PSOE lo ignoran casi todo de este partido. Y es que, bien en el gobierno o en sus cuadros orgánicos, no solo desconocen o ignoran con desprecio a quienes fueron los mejores dirigentes mucho antes que ellos y de muchísima mayor talla moral, ética e intelectual, sino desde luego de muchísima más valía también. Algo que fatalmente se echa de menos en estas horas tan aciagas del país que estamos viviendo. 

Sirva pues este pequeño y modesto homenaje desde nuestra Asociación a Enrique MÚGICA a quien conocimos, tratamos y con quien conversamos no pocas veces, con el deseo de contribuir a que su memoria no sea solo un frío número estadístico de fallecimientos por el coronavirus. Con un fuerte abrazo para su familia y sobre todo para su hijo DAVID.

EL SIGLO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE (II)

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ ES AGASAJADO POR TODO EL GRUPO DE DIRIGENTES DE LA UTECA, LA ASOCIACIÓN DE TELEVISIONES PRIVADAS QUE AHORA SE VEN COMPENSADAS CON UNA DADIVOSA "AYUDA" GUBERNAMENTAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19.

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O POR QUÉ EL GOBIERNO LE PAGA EL DIVIDENDO A BERLUSCONI

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En uno de los últimos decretos ley dictado por el gobierno el pasado día 31 de marzo (apenas dos semanas después del anterior), "de medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID - 19", aparece una medida curiosa que llama la atención por su destinatarios: la ayuda de 15 millones a las operadoras de televisión privadas para "compensar una parte de los costes de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de la televisión digital terrestre (TDT) de ámbito estatal".

Esta generosa ayuda a las televisiones privadas se justifica en el decreto por la caída de la contratación de la publicidad en un periodo en el que, paradógicamente y por los efectos de confinamiento de todos los ciudadanos, se ha visto incrementado considerablemente el consumo de horas de televisión. Se añade además, que la ayuda en realidad se articula como "compensación" por el "esfuerzo" que las cadenas de ámbito nacional tienen que soportar para cubrir zonas despobladas mediante el despliegue de la cobertura de la TDT. 

Es preciso frotarse los ojos para asimilar esta falsa medida contra el COVID - 19 (¡qué tendrá que ver la cobertura de la TDT con la epidemia!), y no explicarla como una medida enmascarada entre toda la inmensa maraña de medidas económicas y "sociales", para ganarse el favor de las cadenas televisivas privadas en relación con la gestión de la crisis por el gobierno, que realmente como algo que vaya a contribuir a contener o mitigar la pandemia.

Pero es que, además, resulta insultante el agravio que se produce, pues hace mucho tiempo que sabemos que el servicio nacional de Correos, por poner un ejemplo, no despacha la correspondencia en lugares despoblados a pesar de ser un servicio público teniendo que desplazarse los ciudadanos a los centros o núcleos urbanos para recoger sus cartas o paquetes. O que los bancos, otros servicio público esencial, han cerrado un montón de oficinas en las mismas zonas despobladas. Por no hablar de las compañías eléctricas, de telefonía o de gas, que tampoco suministran su servicio o se niegan a ampliarlo si se necesitan nuevas instalaciones en zonas rurales alejadas de los núcleos de población, si no se lo pagan de su bolsillo los consumidores y usuarios. 

¿Qué razón hay pues para que un gobierno riegue con "ayudas" económicas a empresas audiovisuales con formidables beneficios producto de un mercado publicitario cautivo, y que además cotizan en bolsa, y no lo haga a bancos, eléctricas y telefónicas? Pues eso, razones de pura conveniencia política gubernamental.

Según la exposición de motivos del decreto (más de 17 páginas nada menos para motivar tan excepcional norma legal), el gobierno aduce que lo que prestan las teles privadas es un "servicio esencial" (ver el decreto). Y, la verdad es que como decimos hay que frotarse los ojos para encontrar alguna justificación para esta ayuda a las empresas privadas de televisión en el contexto del decreto que lo dispone y, más concretamente, repreguntarse: ¿qué tendrá que ver la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID 19 con la televisión; y más particularmente con las televisiones privadas cuyas dos grandes cadenas se reparten jugosos dividendos cada año?

El gobierno viene ejerciendo sus funciones en modo de excepción con unos poderes excepcionales también y mediante el recurso a los decretos ley. Pero con los ciudadanos recluidos y confinados, la oposición en cuarentena, el Congreso cerrado prácticamente y el Poder judicial hibernado, lo único que le quedaría como reducto incontrolado sería la prensa y en particular la televisión que es el medio a través del cual se informa el 80 % de la población española. 

Tan formidables facultades excepcionales y con los contrapoderes fuera de combate, le sirve al poder ejecutivo de pretexto para meter gato por liebre a mansalva decreto tras decreto sin control alguno. Y que, para más desconcierto, modifican gran número de leyes en aspectos constitucionalmente esenciales (por ejemplo, han suprimido el derecho de consulta y los trámites de información pública, algo que, en condiciones normales, sería motivo de nulidad absoluta), para meter de matute medidas como esta que, sinceramente, huele a estipendio gracioso para ganarse la benevolencia del medio televisivo a través del cual se informan la mayoría de los españoles: la televisión, y más en particular, las televisiones privadas puesto que la oficial RTVE ya la tiene bien controlada.

Sin embargo, independientemente de otras consideraciones, resulta que el gobierno se apresta a ayudar a un sector que funciona prácticamente en régimen de oligopolio puesto que sus dos empresas audiovisuales más importantes, Mediaset (Tele 5 y Cuatro entre otras), y Atresmedia (Antena 3 y La Sexta y otras), acaparan el 84 % del mercado publicitario a pesar de tener solamente el 40 % de la audiencia. Y lo hacen invocando un supuesto desequilibrio en su cuenta de explotación por tener que dar cobertura obligatoria de la TDT en zonas escasamente pobladas. Algo que ya reclamaba la UTECA antes incluso de la pandemia y que el gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha accedido a anticiparles esta ayuda inmoral (y probablemente ilegal) se mire por donde se mire.

Veamos pues por qué nos parece inmoral que se ayude a estas empresas con este dinero público, siendo como son titulares de licencias administrativas y por lo tanto concesionarios a su riesgo y ventura como otros muchos sectores de interés público (telefonía, electricidad, autovías, etc.), y, además, las dos principales compañías que acaparan casi el 85 % del mercado publicitario cotizan en bolsa, con lo cual se alteran obviamente las condiciones del mercado con respecto de otras empresas que, al igual que estas del oligopolio audiovisual, también cotizan en el mercado.

LA TELEBASURA, ¡QUÉ GRAN NEGOCIO!

EL GOBIERNO CONSIDERA QUE ESTO DE ARRIBA ES UN "SERVICIO ESENCIAL"

El panorama audiovisual español es muy peculiar tanto en su modelo de negocio como por lo que se refiere a su propia evolución accionarial desde su implantación en los años ochenta, que ha degenerado en que en la actualidad ha quedado recudido a nivel nacional prácticamente a un oligopolio formado por solo dos grupos mediáticos: Mediaset España y Atresmedia. La primera en manos del magnate italiano Burlusconi y la segunda en manos de un conglomerado de inversores como el Grupo Planeta y Agostini (50 % italiano también), así como la alemana RTL. Ambas sociedades cotizan en bolsa donde tienen el 49 % de su capital flotante. 

Hace algunos años, la francesa Vivendi entró no obstante en el accionariado de Mediaset comprando directamente participaciones societarias en bolsa llegando a ser tenedora de un buen paquete accionarial, tanto de Mediaset Italia como de Mediaset España. Los muy recientes planes de Burlusconi para fusionar ambas sociedades en una sola con sede en Holanda y domicilio fiscal en Italia, han encontrado la firme oposición del grupo mediático francés que vería así diluida su participación accionarial en el nuevo holding, presentando demandas en todos los tribunales mercantiles tanto españoles como italianos e incluso comunitarios. Las espadas están en alto pues, no obstante lo cual, en octubre del año pasado la Junta de Accionistas de Mediaset acordó la fusión de ambas sociedades y su localización social en Holanda con la oposición del 26 % propiedad de Vivendi. Es decir, Mediaset España desaparece y se residenciará en los Países Bajos, una especie de paraíso fiscal en el UE.

Por su parte, en Atresmedia abandonó sus posiciones el grupo Mediapró (propiedad del controvertido empresario catalán Roures próximo a los independentistas, y titular a su vez de buena parte de los derechos nacionales e internacionales del fútbol), mediante la venta de su participación a través de Imagina constituida a su vez por un conglomerado de inversores que van desde fondos de inversión radicados en Hong Kong al tiburón financiero Soros pasando por el Grupo Torreal (con importantes propiedades e intereses en San Fernando de Henares por cierto) del millonario Juan Abelló. El grupo Mediapró, accionista de referencia de la Sexta antes de ser absorbida por Antena 3, se ha visto sin embargo envuelto no solo en la lucha a muerte con el grupo Prisa a costa de lo que se conoce como la guerra por los derechos del fútbol, sino en graves procedimientos judiciales a instancia de la fiscalía de Nueva York por sobornos a ejecutivos de la FIFA. 

Las cadenas de televisión funcionan bajo licencia administrativa del Gobierno lo que le permite a éste buenos ingresos por el canon de la concesión . En otras palabras, son un servicio público porque el espectro a través del que emiten se considera de titularidad pública, y por lo tanto su explotación requiere autorización del gobierno en forma de concesión. 

Fue a mediados de los ochenta bajo el gobierno socialista de Felipe González cuando se llevó a cabo el concurso para la explotación de tres canales de televisión privada: dos en abierto y uno en cerrado. Y las condiciones establecidas en el pliego del concurso imponía un límite a la participación de los grupos inversores: ninguno de ellos podía superar el 25 % del accionariado. Esto obligó a los inversores extranjeros a buscar socios financieros españoles. Sin embargo, durante el gobierno de Aznar ese tope fue suprimido cediendo así a las presiones de los inversores extranjeros especialmente de Berlusconi, con quien luego trabó una gran amistad.

Por su parte, durante la etapa del presidente Zapatero el gobierno se sacó de la manga una nueva concesión para la explotación de un canal predestinado a un grupo de amigos, organizando un concurso que se llevó, como estaba previsto, el grupo de lo que era La Sexta y cuyo socio de referencia era precisamente Mediapró. La puesta en marcha de este cuarto canal fue justificado por el gobierno de Zapatero en razón de la necesidad de "pluralismo político", y resultó ser luego el mismo pretexto del "pluralismo político" para justificar lo contrario: su concentración.

Tardaron poco todos los grupos audiovisuales en darse cuenta de que la tarta publicitaria no daba para tantos canales puesto que se trata de un modelo de negocio totalmente dependiente de la contratación de la publicidad que, además, entonces tenían como competidora a RTVE. De forma que con Zapatero en el gobierno todavía, concertaron un plan para obtener la casi total concentración del mercado publicitario en manos de los dos grupos actuales eliminando de paso la competencia de la televisión pública. 

El plan consistió pues en hacerse cargo de las otras dos cadenas, la Cuatro del grupo Prisa y la Sexta con graves problemas financieros ambas, a cambio de suprimir la publicidad de RTVE y, al mismo tiempo, financiar también al sector del cine mediante un cupo anual obligatorio  de películas españolas. Cuatro se fusionó con Mediaset (en realidad fue absorbida por ésta) y el acuerdo fue relativamente fácil a cambio de un paquete accionarial en favor de Prisa que sin embargo pronto vendió a Mediaset después, y cuyo acuerdo fue finalmente bendecido por el propio gobierno de Zapatero. Sin embargo, más problemática fue la fusión de Antena 3 con la Sexta y no solo por un problema de valoración de activos y del intercambio de acciones, sino también de blindaje de la línea editorial de la cadena. El acuerdo de esta operación se vino a realizar sin embargo ya con el gobierno de Rajoy, quien lo autorizó a pesar de las numerosas objeciones y cautelas denunciadas por la CNMC.

Así se consumó pues lo que hoy es el status quo: el funcionamiento de un duopolio televisivo (Mediaset y Atresmedia) y con casi todo el mercado publicitario cautivo del que, además, depende también la financiación de RTVE e incluso del cine español, y con la bendición de la corporación política.

Y EL RESULTADO SEGÚN LOS INFORMES DE LAS PROPIAS AGENCIAS PUBLICITARIAS DE ESE STATUS QUO ES ESTE DE ARRIBA: LAS TELEVISIONES PRIVADAS Y MÁS CONCRETAMENTE LOS DOS GRUPOS DE MEDIASET Y ATRESMEDIA ACAPARAN EL 84 % DEL MERCADO PUBLICITARIO ESPAÑOL; EL 88 % SI SE COMPUTAN SOLO LOS CANALES EN ABIERTO.

EL MERCADO PUBLICITARIO CAUTIVO Y EL GRAN NEGOCIO DE LA TELEBASURA

MEDISAET ESPAÑA OBTUVO UNOS BENEFICIOS NETOS DURANTE EL EJERCICIO DE 2018 DE 175 MILLONES, DE LOS CUALES DESTINÓ A DIVIDENDO NADA MENOS QUE 100 MILLONES DE EUROS. TENIENDO PRESENTE A SU VEZ OTROS DIVIDENDOS A CUENTA COBRADOS, BERLUSCONI, QUE CONTROLA EL 51 % DEL PAQUETE ACCIONARIAL SE EMBOLSÓ EN 2019 MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS QUE REPATRIÓ A ITALIA QUE ES DONDE MEDIASET TENÍA RADICADO SU DOMICILIO FISCAL. POR SU PARTE, LA CIFRA NETA DE NEGOCIO POR FACTURACIÓN POR PUBLICIDAD (PRÁCTICAMENTE EL ÚNICO RUBRO DE INGRESOS DEL GRUPO) SUPUSO PARA MEDIASET 777 MILLONES DE EUROS, Y SU CAPITALIZACIÓN BURSATIL EN DICHO EJERCICIO ERA DE 1.800 MILLONES DE EUROS. UNA BUENA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA TELEBASURA RESULTA SER UN MUY BUEN  NEGOCIO EN ESPAÑA.

POR SU PARTE, EL GRUPO ATRESMEDIA, QUE EXPLOTA LOS CANALES DE ANTENA 3 Y LA SEXTA ENTRE OTROS, OBTUVO UNOS BENEFICIOS NETOS DURANTE EL AÑO 2019 (MUY RECIENTEMENTE APROBADOS SUS BALANCES) TAMBIÉN POSITIVO DE 103 MILLONES DE EUROS, Y CON UNA CIFRA NEGOCIOS MUY PARECIDO AL DE MEDIASET DE 773 MILLONES DE EUROS POR CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. ES DECIR, LOS ACCIONISTAS DE ATRESMEDIA ACABAN DE EMBOLSARSE 103 MILLONES EN DIVIDENDOS.

POLÍTICA Y TELEVISIÓN: FAVORES QUE SIEMPRE SE COBRAN

Silvio BERLUSCONI es el magnate italiano que controla varios canales de televisión privada en Italia a través de Mediaset Italia, propietario también del equipo de fútbol Milán y, desde los años noventa, presidente y fundador del partido político conservador Forza Italia con el cual ha alcanzado en varias ocasiones la propia presidencia del gobierno italiano.

Sin embargo, tanto por sus negocios como por su propia trayectoria política, se ha visto envuelto en numerosos escándalos judiciales (hasta 33 causas tiene abiertas), por una de las cuales resultó condenado en firme a cinco años de prisión por evasión fiscal en operaciones y transacciones de las empresas de su grupo Mediaset Italia. A pesar de que la condena es firme, no llegó a entrar en la cárcel porque mientras estuvo en el gobierno se encargó de modificar el código penal, y en virtud de la cual la pena de cinco años le fue reducida a algo más de un año por aplicación de esa reforma legislativa. Se da la circunstancia de que esas prácticas de evasión fiscal realizadas de forma sistemática y concienzuda según las sentencia que lo condenó, se produjeron durante el periodo en que él era presidente del gobierno italiano.

Tampoco en España las andanzas de su grupo Mediaset España han escapado a denuncias e indagaciones judiciales, pues desde el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional fue objeto de diligencias indagatorias por el juez Baltasar Garzón, relacionadas también con el origen de fondos y transacciones opacas nunca aclaradas acerca de los paquetes accionariales del canal Tele 5 y otras presuntas prácticas de evasión fiscal, pues, existía la convicción según las indagatorias del juez, de que en realidad detrás de otros inversores de la cadena estaba el propio Berlusconi quien los controlaba a través de Mediaset, violando de esta forma el tope legal del 25%. 

El juez Garzón se vio obligado a pedir el suplicatorio de Berlusconi varias veces a la Eurocámara, pues durante bastante tiempo también fue eurodiputado formando parte precisamente del Grupo Popular Europeo, al que accedió junto con su partido gracias a los oficios del entonces presidente Aznar. Por supuesto, todas las requisitorias ordenadas por el juez Garzón tanto en su periodo de eurodiputado como siendo ya presidente del gobierno italiano, fueron sistemáticamente rechazadas en el primer caso o chocaron con la inmunidad del cargo de presidente en el segundo. Esta causa fue finalmente archivada por la imposibilidad de tomar declaración al principal imputado.

Por eso, resulta ciertamente incomprensible que alguien que tiene este historial judicial mantenga inalterada y sea titular de una concesión administrativa de televisión del gobierno español. Y, al mismo tiempo, es también un insulto que un negocio tan rentable a juzgar por sus resultados y con una capitalización bursátil de 1.800 millones de euros, vaya a ser destinataria de ayudas económicas gubernamentales para paliar la cuenta de resultados de 2020 con el pretexto de la lucha contra el COVID - 19.

Por otra parte, un interesante y minucioso estudio realizado en 2019 por tres investigadores italianos (uno de ellos por cierto profesor de la Universidad catalana Pompeu i Fabra), concluye que la emisión de determinados programas de Mediaset en Italia contribuyeron de forma decisiva al auge en determinadas zonas del partido del propio Berlusconi Forza Italia primero, para luego, pasado el tiempo y relegado por las numerosas causas judiciales del propio magnate propietario del imperio televisivo italiano, propiciar a su vez el trasvase de votos hacia el Movimiento 5 Estrellas de corte populista y antisistema hoy en el gobierno. Los autores han estudiado con detenimiento y profundidad la relación que hay entre la programación televisiva ligera y chabacana (vamos, lo que es la clásica telebasura marca de la casa) de las televisiones italianas de Berlsuconi, y la orientación política gregaria de sus televidentes hacia las opciones más populistas.

Pero tampoco se han librado de otros escándalos judiciales los altos administradores del grupo Atresmedia, puesto de manifiesto en unas grabaciones policiales ordenadas por un juez de la Audiencia Nacional a propósito precisamente del caso del espionaje al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y su relación con las investigaciones relacionadas con inversiones del Canal de Isabel II en Colombia y Brasil. Vamos, lo que se conoce como el caso Lezo.

Esas grabaciones evidencian el uso de los diferentes medios del grupo: radio, televisión y periódicos, para derribar a la que fuera sucesora del propio González, Cristina Cifuentes, muy especialmente a resultas de la posición de ésta en relación con una investigación interna abierta y luego denunciada por ella misma en la Audiencia sobre ilícitas operaciones del Canal de Isabel II en la compra de las empresas de agua en ciudades de los países sudamericanos referidos. En esas operaciones denunciadas por Cifuentes al parecer se veía involucrado precisamente un alto ejecutivo del Grupo Atresmedia, que a su vez formaba parte también del consejo de administración del Canal de Isabel II. Lo cual hizo que los ejecutivos del grupo utilizaran los medios, tv, radio y periódicos en vengaza, para una operación de acoso y derribo de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

De las grabaciones que han sido conocidas a través de lo publicado en la prensa, se desprende que un alto ejecutivo de Atresmedia fue avisado por "una magistrada amiga de la casa" de que tenían pinchados los teléfonos por orden judicial. Aunque se han cuidado muy mucho de no confesar ese chivatazo en sede judicial, el famoso comisario Villarejo parece haber afirmado que la juez "amiga de la casa" que al parecer dio el chivatazo al ejecutivo de Atresmedia, forma parte del actual ejecutivo de Sánchez. Pero, como sucede en España, este tipo de presunta delincuencia política y periodística consigue siempre salir impune. ¡Faltaría más!

Naturalmente, de todas estas prácticas periodísticas y políticas extorsivas en las que claramente queda al descubierto la utilización de los medios del grupo Atresmedia para derribar a la que entonces fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, y que tenía por finalidad además proteger a sus propios altos ejecutivos, no apareció nunca ni una sola información sobre ello en los medios del grupo Atresmedia. 

FUNCIONANDO COMO UN CÁRTEL

Por si lo anterior no fuera suficiente, los dos grupos mediáticos audiovisuales titulares de las licencias que acaparan el 84 % del mercado publicitario, Mediaset y Atresmedia, han venido mucho tiempo funcionando como un cártel como lo acreditan los numerosos expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En particular y como un solo ejemplo (son innumerables los expedientes sancionadores abiertos y las sanciones contra estos grupos, especialmente contra Mediaset), es uno reciente con una sanción de nada menos que de 77 millones de euros (38 millones de euros a cada Grupo), por violación de las reglas del mercado publicitario al obligar a los anunciantes a contratar paquetes de tiempos y programas publicitarios que no eran demandados por las compañías anunciantes. 

De forma tal que cuando un anunciante quería contratar un determinado espacio publicitario, ambas cadenas, de forma concertada además, le obligaban a contratar también otros espacios de programas minoritarios o de otros canales. En definitiva que, como puede verse de forma indubitada por la resolución de la CNMC, Mediaset y Atresmedia no solo tienen acaparado la casi totalidad del mercado publicitario, sino que lo tenían cartelizado con prácticas de contratación abusivas que han dado lugar a la sanción más alta jamás impuesta a los grupos mediáticos. 

Es pues un sarcasmo estúpido que el propio gobierno por medio de estas ayudas metidas de matute en la crisis del COVID 19, acabe siendo quien le pague también parte de esas sanciones a estos poderosos grupos mediáticos que mantienen cautivo no solo el mercado publicitario, sino buena parte también de la masa de televidentes absortos ante una oferta televisiva manifiestamente progubernamental en su mayoría. Lo cual explica estos dispendios a costa de nuestros propios bolsillos, pues estos grupos empresariales audiovisuales deben su éxito en la cuenta de resultados porque de ellos depende en buena parte la imagen del propio gobierno que los subvenciona. Recientemente incluso el propio gobierno ha anunciado el incremento masivo de "publicidad institucional" en estos mismos medios para paliar también la bajada en la contratación publicitaria. Lo dicho, un conglomerado empresarial especial y prebendario en cuyo auxilio acude el gobierno con nuestro dinero en pago de favores que, obviamente, se están cobrando sin renunciar a un solo euro de sus cuantiosos dividendos. 

Es decir, son la clásica representación de un gran negocio empresarial que recibe favores gubernamentales, a cambio de generar mensajes e imputs informativos políticos que además, en estos momentos, se ha extendido a casi todos los programas incluidos los más frívolos. Donde por cierto se exhiben sin rubor militantes contertulios atrincherados en las consignas partidarias, generando a su vez la peor de las pandemias informativas: la intoxicación del más zafio y descarado agitprop, y que el gobierno viene a "compensar" aprovechando la crisis y el poder excepcional que acumula a resultas del estado de alarma. Y todos tan contentos.

LA DEMOCRACIA CONFINADA

La situación que vivimos, una prisión domiciliaria colectiva impuesta a 46 millones de personas soportada estoicamente por una sociedad exhausta de anomia, en buena parte inducida en sobredosis letales a lo largo del tiempo suministrada por grupos audiovisuales que monopolizan el mensaje político unidireccional, ha servido, so pretexto del estado de alarma, para poner en evidencia muchas de las carencias de nuestro Estado democrático y de derecho. Con el gobierno asumiendo poderes excepcionales, el Congreso deshabilitado y el personal recluido por miedo, se han encontrado con el desiderátum de los autoritarismos emboscados que se perciben bajo discursos gubernamentales de ampulosa palabrería que empalaga hasta el vómito, mientras mueren como chinches miles y miles de conciudadanos nuestros. Se trata de las peores de las dictaduras de excepción implantadas por una causa noble: nuestra propia salud física a costa de la destrucción total de nuestros derechos políticos, imposible de ejercerlos porque los tenemos suspendidos debido a nuestro estado de presidiarios sin haber cometido delito alguno.

Que un gobierno o gobernante de nuestra corporación política gubernamental admita un solo error cualquiera que sea la crisis que suframos, resulta un rareza. Y que dimita por ello es casi una extravagancia. Pero esto es lo que hay y estos los bueyes que nos gobiernan y representan. 

Cautivo y desarmado el sujeto político colectivo titular de la soberanía política, es decir, el pueblo, está indefenso, inerme y en cuarentena. Y por ello la democracia se halla totalmente confinada. Es el sueño húmedo de todos los espíritus totalitarios que tanto abundan por redes y tertulias y que incluso forman parte del gobierno actual. Que los dioses nos amparen para la que se nos viene encima además de la que ya tenemos.

EL SIGLO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE (I)

¿QUÉ HEMOS HECHO (MAL) PARA MERECER ESTO?

***

No es que los españoles hayamos tenido durante los últimos dos siglos y medio muchos periodos de tranquilidad política y social sino todo lo contrario, pero hay que reconocer que el siglo XXI se lleva la palma en sobresaltos y calamidades por unas razones u otras cuando ni siquiera hemos llegado al primer cuarto del mismo.

En efecto, desde comienzos del siglo XIX nos ha pasado, sin ser exhaustivos,  todo esto: pérdida total de las colonias (1810 y 1898) guerras civiles (4), dos guerras internacionales (una contra EE.UU. y otra contra las cabilas del Rif en Marruecos con el desastre de Annual incluido), asesinatos de presidentes de gobierno (6), golpes de estado, dictaduras y pronunciamientos militares (14), cambios de régimen (2), invasiones extranjeras (1), atentados terroristas (más 3.000 solo de ETA), etc.

También hemos sufrido hambrunas, pandemias (una de ellas, de las más siniestras, lleva incluso nuestro nombre y ocurrió en 1918 donde murieron, al parecer, 260.000 españoles) con nombre de países exóticos.  Catástrofes naturales más o menos recurrentes con regularidad (inundaciones, sequías, accidentes con víctimas masivas), etc. Incluso en los años ochenta, sufrimos también una intoxicación masiva por causa del aceite de colza con más de 1.000 muertes y cerca de 20.000 afectados.  Casi todas estas desgracias se cebaron principalmente con las capas sociales más pobres e indefensas.

Este es más o menos el triste y lamentable balance de situaciones límite que hemos vivido los españoles desde los comienzos del siglo diecinueve hasta finales del veinte. Si embargo, este siglo XXI, que comenzó en 2001 en el mundo con el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York y con más de 3.000 víctimas, va camino de batir el récord en calamidades y catástrofes. Veamos algunas de las más desgraciadas que hemos padecido los españoles por enumerarlas atendiendo al hecho de que no todas ellas han sido o son solo por causas accidentales o inevitables.

2004: ATENTADO TERRORISTA EN LOS TRENES DE ATOCHA

El mayor atentado yihadista contra la población civil y trabajadora en el mundo (precisamente en los trenes del Corredor del Henares) después de los de las Torres Gemelas, fue perpetrado en Madrid el 11 de marzo de 2004 con el resultado de 193 muertos y cerca de 200 heridos con secuelas. El Estado ha gastado solo en indemnizaciones por este concepto cerca de 320 millones de euros. 

Entre otras consecuencias, este atentado tuvo efectos sobre el resultado electoral celebrado tres días más tarde con un vuelco respecto de las encuestas publicadas entonces, siendo ése uno de los objetivos que perseguían sus autores.

2008: EL CRASH HIPOTECARIO Y FINANCIERO

En el año 2008 el mundo despertó un día asolado y estupefacto ante el crash financiero más grave desde el año 1929: la quiebra de dos gigantes bancos hipotecarios americanos y otras grandes compañía de seguros, con un efecto dominó sobre todas las entidades financieras del mundo, encadenando quiebras de todos los bancos de inversión incluidos los más solventes europeos también. 

En España, esta debacle tuvo como consecuencia directa el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se vivía desde varios años antes, con quiebras también de buena parte del sistema financiero (sobre todo las Cajas de Ahorro que literalmente desaparecieron casi todas), y con cierres y quiebras de empresas y aumento rápido del desempleo hasta alcanzar el 26 % de la población activa entre 2008 y 2012 (seis millones de parados) desde el 7 % en 2007. 

MAYO DE 2010 

EL ENTONCES PRESIDENTE ZAPATERO ANUNCIANDO UN DURO AJUSTE (AQUÍ EMPEZARON LOS RECORTES) PROVOCADO POR UN DESEQUILIBRIO FISCAL (CAÍDA DE INGRESOS POR PRESUPUESTOS MUY DEPENDIENTES DEL SECTOR INMOBILIARIO PRECISAMENTE)  DE MÁS DE 10 PUNTOS. ERA, COMO SE DICE, EL RECONOCIMIENTO PALMARIO DEL PINCHAZO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA DE LA QUE HABÍA VIVIDO LA CORPORACIÓN POLÍTICA Y SINGULARMENTE EL GOBIERNO DURANTE MUCHOS AÑOS IRRESPONSABLEMENTE. 

UN AÑO MÁS TARDE FUERON CONVOCADAS ELECCIONES QUE EL PSOE PERDIÓ ESTREPITOSAMENTE. Y ES QUE, MUCHOS DE SUS VOTANTES, FUERON PRECISAMENTE LAS PRIMERAS VICTIMAS DE ESTE GRAN CRASH QUE EL GOBIERNO NI SUPO NI QUISO RECONOCER DURANTE LARGO TIEMPO. TODO SE PRECIPITÓ DESDE ENTONCES Y CUANDO YA NO HABÍA FORMA ALGUNA DE RECONDUCIR LA CRISIS O AL MENOS MITIGARLA. ENTONCES, AL IGUAL QUE AHORA, SOLO SE TOMARON MEDIDAS CUANDO YA TODO ERA IRREMEDIABLE.

2017: EL GOLPE DE ESTADO DEL GOBIERNO CATALÁN

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Una de las consecuencias de la crisis económica  aparte del drama del paro y la ruina de muchas empresas de la que aún hoy padecemos sus consecuencias, fue la más grave crisis política iniciada por los nacionalistas catalanes aprovechando precisamente la coyuntura más débil del Estado, y que con la más desleal e inoportuna intencionalidad iniciaron un camino de no retorno desentendiéndose insolidariamente del formidable problema económico al que se enfrentaba el país, declarando incluso la independencia unilateral y convocando un referéndum ilegal en octubre de 2017 (previamente, en 2009, intentaron otro también), poniendo al gobierno de Rajoy y a todo el Estado contra las cuerdas justo en el momento político más complicado. 

Y así, desobedeciendo a los tribunales, violando la legalidad constitucional y todos los llamamientos a la sensatez por parte de mundo empresarial y político, y por supuesto ignorando también al Congreso de los Diputados y arrogándose para sí una soberanía que ninguna disposición y menos la Constitución les reconoce, iniciaron el camino de la rebelión y el secesionismo insolidario y egoísta. Y en ello andan todavía.

Esta gravísima crisis institucional perpetrada por quienes precisamente están obligados a guardar y hacer guardar la legalidad y la Constitución, tiene a todos sus autores convictos con sentencias firmes muy graves del Tribunal Supremo o fugados de la Justicia. Pero, sin embargo, en un bucle ya histórico por repetido en otras etapas críticas de nuestras penalidades políticas como pueblo, nos vemos con la afrenta de que apenas con un año del cumplimiento de esas penas ya están en régimen de prácticamente semilibertad. Y, lo más insólito: que de estos delincuentes de la política (convictos o huidos) depende precisamente la estabilidad del gobierno actual. Algo que añade un inquietante grado de irresponsabilidad política con riesgo de un suicidio institucional total, además de un esperpento más a lo anómalo de la situación política que venimos soportando en los últimos años.

2020: LA GRAN PANDEMIA

Y llegó el año 2020 con la gran pandemia venida de oriente. Un salto, uno más, de una familia agresiva de virus de animales contagiado a humanos y extendida por todo el mundo sin distinción de credo y raza (aun cuando parece que afecta menos a la raza negra), y poniendo a prueba todos los sistemas sanitarios incluso los más punteros. Sin remedio médico, nos ha pillado a la intemperie y además se ensaña con las personas mayores y más vulnerables a las que descubrimos inermes y abandonados frente a la muerte en residencias, albergues y hospitales.

DATOS ESTADÍSTICOS AL DÍA 2 DE ABRIL DE 2020 DEL MINISTERIO DE SANIDAD

LA SITUACIÓN EN EUROPA: ESPAÑA A PUNTO DE SUPERAR A ITALIA EN NÚMERO DE CASOS Y SALTAR A LA CABEZA POR NÚMERO DE CONTAGIOS Y MUERTES

LOS FRÍOS DATOS DE LA MUERTE Y EL CONTAGIO

Al día de hoy 2 de abril de 2020 el parte de guerra contabiliza (vaya usted a saber cuántos hay no agregados a las series de datos por desconocimiento, errores o simplemente por manipulación): 110.238 contagiados; 10.003 fallecidos. Aterradores datos. 

Desde el primer fallecido en el mes de febrero hasta hoy; es decir, en apenas cuarenta días, han fallecido ya 10.003 compatriotas nuestros solo por causa de esta pandemia. Más que en el desastre de Annual. En Europa tenemos desde luego el devastador honor de compartir con Italia el mayor número de casos y fallecidos de toda la UE hasta el momento, si bien proporcionalmente por el número de habitantes superamos el ratio italiano.  ¿Cómo es esto posible y qué circunstancias comunes nos unen en esta desgracia sin paliativos con respecto de la evolución de la epidemia en otros países europeos? Sin duda alguna las de orden estrictamente político son determinantes.

ITALIA Y ESPAÑA: EL FACTOR DEL RIESGO POLÍTICO

Hay algunas concomitancias entre el caso italiano (la evolución de la epidemia ensañada precisamente en la región de Lombardía donde nació el partido de la Liga) y el caso y la evolución en España. Se trata muy claramente de factor del riesgo político; por la falta de estabilidad gubernamental y el cálculo político como enfermedad crónica del populismo.

Italia formó gobierno tras 14 meses de otro entre el M5S y la LIGA, dos partidos antisistema precisamente, en octubre del año pasado. Sin embargo, aquel experimento inicial reveló que en realidad había dos gobiernos dentro de uno. La ruptura de esa coalición dejó al M5S ante el dilema de formar gobierno con el Partido Demócrata de centro izquierda de quien en todo caso renegó siempre por considerarlo parte de la casta. De forma que no fue sino hasta finales del año pasado cuando quedó formado el nuevo gobierno. Un gobierno por cierto de solo 13 ministerios para una población de 65 millones de habitantes, mientras que en España tenemos 22 ministerios para una población de 45 millones de habitantes.

GOBIERNO DE ESPAÑA: EL CAOS ERA ESTO

En mayo de 2018 Pedro SÁNCHEZ, que entonces ni siquiera era diputado incluso, ordenó al grupo parlamentario de PSOE (85 diputados) presentar una moción de censura contra Mariano RAJOY (137 diputados) y con él como candidato a presidente. La moción de censura triunfó  (la primera que lo hace en nuestra democracia) y Pedro SÁNCHEZ (que había sido rechazado como candidato en hasta cuatro intentos de investidura) fue investido por fin presidente por esa puerta falsa de la moción de censura, con el apoyo precisamente de los elementos más disgregadores y desleales que padecemos en nuestra política nacional. Y con la pretensión además de gobernar en solitario con solo 85 diputados (24 %) de un total de 350. 

Fue tirando como pudo a golpe de decretos ya que la tarea parlamentaria desde entonces quedó literalmente paralizada, pues cualquier proyecto de ley precisa de ardua negociación con los independentistas y estos ya tienen declarado que les importa una higa la gobernabilidad de España. Con estos bueyes y estos mimbres parlamentarios pretendía el presidente de gobierno Pedro SÁNCHEZ formar una coalición que lo sustente. 

Hoy se funciona con la prórroga de los presupuestos del gobierno de Rajoy de 2018 y SÁNCHEZ, que presentó su propio presupuesto en febrero de 2019, sin embargo sus socios de la moción se los tiraron abajo. Lo cual le obligó a convocar elecciones que se celebraron en abril del mismo año apenas un mes antes de las municipales. Y aunque ganó las elecciones pasando del 24 % anterior al 28 %, con solo 120 escaños intentó la investidura sin lograrla de nuevo viéndose obligado a convocar elecciones para noviembre del mismo año 2019. Con el resultado conocido: menos votos y menos escaños. Se han perdido así casi dos años con gobiernos en funciones, tres legislaturas distintas agotadas y nula actividad legislativa. La paralización más letal que ha conocido nuestra democracia.

Los resultados electorales de ambas convocatorias señalan un dato indubitable: hay dos bloques inamovibles en electorado: en los partidos nacionales de izquierda (PSOE, U.P. y MÁS PAÍS con 10,4 millones de votos en la última convocatoria de noviembre), y otro bloque idéntico e inamovible también en el centro  derecha (P.P., Cds. y VOX 10,2 millones de votos). Esta situación hace nuestro país prácticamente ingobernable y en todo caso bloqueado, pues para conseguir su desbloqueo siempre hay que recurrir al pacto con los nacionalistas independentistas y demás grupos antisistema.

Ante estas circunstancias, el PSOE, cuya vida orgánica ha desaparecido totalmente habiéndose convertido en un simple espectro que solo aplaude a un líder sin más plan que su propia supervivencia, Pedro SÁNCHEZ optó por formar un gobierno de coalición con PODEMOS y Pablo IGLESIAS renegando así de sus propias promesas electorales una vez más y adentrándose por primera vez en nuestra democracia en un experimento que, en palabras del propio SÁNCHEZ, consiste en tener un gobierno dentro del gobierno, lo cual, siempre según él mismo, no le dejaría dormir. Más o menos como el caso italiano del M5S y la LIGA.

De forma tal que parieron un gobierno de coalición desdoblando ministerios y creando otros para dar cabida al más numeroso ejecutivo que nunca tuvo la democracia: 22 ministros y ministerios con todo lo que eso supone de gastos en subsecretarios, directores y asesores, etc. Compuesto además por personas sin experiencia de gobierno alguna, pero con perfiles políticos de fuerte carga ideológica y propensos al ejercicio desbordado de un egotismo insoportable con la amenaza de someter al personal a un experimento de ingeniería social cuyos límites desconocemos, y con la única parlamentaria red de seguridad basada en compromisos secretos con los separatistas de quienes en todo caso depende la propia legislatura. Todo un grotesco estado de cosas a cual más irresponsable pero con una evidencia ineluctable: el desbloqueo depende precisamente de quienes quieren derribar el régimen, desafían al Estado y, para más esperpento, cumplen condena por ello. Todo un seguro para el desastre mas pronto que tarde.

Y este pandemonium político en el que estamos metidos por pura frivolidad (no se explica bien qué prisas tenía Pedro SÀNCHEZ en desestabilizar el gobierno de RAJOY y no haber esperado unos meses más, salvo su enfermiza ambición por ocupar el poder a toda costa), se nos ha unido la tormenta perfecta que nos ha llegado en forma de epidemia vírica incontrolada, y con un gobierno de bisoños aprendices de brujo cuyo único afán ahora es salvar los muebles a costa de dejar para el arrastre al país, con miles de muertos y enfermos, con las cuentas públicas destrozadas y la economía para el arrastre, y con sectores enteros como el caso del turismo (13 % de PIB) absolutamente irrecuperable al menos para los próximos tres años, por poner un solo ejemplo. Sin olvidar tampoco otros como el de la industria del automóvil totalmente paralizada también en sus cadenas de producción y sin expectativas tampoco de sacar adelante nada en los próximos meses.

La gestión del gobierno de esta crisis no puede ser más calamitosa en medio de toda la desolación de la tragedia que estamos viviendo, y no solo porque reaccionó tarde y mal sino porque lo hizo arrastrado por el cálculo político de una fecha que marcará el debate político y seguramente las millonarias demandas contra el Estado, y que se desatarán en los próximos meses: el 8 de marzo y otros eventos de masas con su secuela siniestra de efecto multiplicador de los contagios exponencialmente imparables, porque ya, cuando se quiso reaccionar, era demasiado tarde. Y, además de tarde se hizo claro con la medida más drástica y súbita que sin duda lo delata en su calculado retraso: el confinamiento de todo el país cuando ya el virus había contagiado a miles y miles de personas. 

Era el remedio de la impotencia; la solución final acordada de forma precipitada sin haber adoptado antes otras medidas elementales como obtener el material sanitario más elemental y necesario con que al menos blindar a nuestros profesionales de la salud, y no en las lamentables situaciones que viven y han tenido que vivir en la primera trinchera de la pandemia. Por no hablar de respiradores y medicamentos para muchos de los enfermos que mueren en la más absoluta soledad apartados y aislados de familiares que ni siquiera pueden darle el último adiós. Y ello además con un sistema sanitario repartido en otras diecisiete administraciones cada una de su color político.

Este gobierno aterrado y tan bisoño y poco eficaz como contumaz diletante, está en la creencia de que toda la compleja realidad social y económica de nuestra sociedad puede ser confinada manu militari por un simple decreto publicado el BOE, o el personal afectado consolado con consignas y palabrería mitinera de asamblea estudiantil. Sin embargo, han podido comprobar en carne propia (el gobierno tiene incluso titulares afectadas por el virus y con familiares próximos también), que el efecto devastador de su impericia, arrogancia y empecinada obsesión por echar balones fuera, habrá dejado arrasada no solo la salud de buena parte de nuestros compatriotas (profesionales sanitarios incluidos), sino también sectores económicos clave del país. 

Es la improvisación y el caos hecho consejo de ministros (nada menos que 22, que se dice pronto), para una crisis que no quisieron controlar inicialmente por cálculo político, y que ahora pretenden hacerlo con medidas improvisadas y drásticas porque ya no hay otro medio de controlar la desoladora crónica de muerte y enfermedad que arrasa nuestra país irremediablemente. 

¿ESTADO DE ALARMA O ESTADO DE EXCEPCIÓN?

El estado de alarma decretado por el gobierno el pasado día 14 de marzo tiene su amparo legal en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, de los Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio. En base esta ley que habilita al gobierno a dictar una serie de medidas tasadas para cualquiera de los supuestos anteriores que limitan, suspenden o directamente suprimen un buen número de derechos fundamentales, algo que la propia Constitución prohíbe al menos para el estado de alarma y que, en cualquier caso, requiere la autorización del Congreso que, sin  embargo, está prácticamente inhábil por la misma razón. 

El asunto no es baladí pues no hace falta ser un experto en derecho constitucional, para advertir que resulta absolutamente incomprensible que determinados derechos fundamentales puedan ser arrumbados o directamente suprimidos mediante decretos gubernamentales. Estamos pues viviendo un estado de excepción más que un estado de alarma.

La posterior ampliación del estado de alarma autorizada, esta sí, previamente por el Congreso por otros quince días más, ha resultado un  fiasco para la oposición (que no hay que olvidar que se halla recluida también y con las Cámaras prácticamente inactivas y sin poder ejercer control alguno) que se siente engañada, por cuanto que se han encontrado con el endurecimiento de las medidas restrictivas de movimientos y actividades económicas, industriales, construcción, etc. que ha  paralizado multitud de empresas y que, como primer correlato, tienen la virtualidad de que privará de empleos y por lo tanto de ingresos a multitud de contratistas, subcontratistas y personas entre otros, con situaciones que se volverán irreversibles. 

Pero esta nueva situación, cuya justificación en el nuevo acuerdo del gobierno se basa en el fracaso de las primeras medidas precisamente, y con la inclusión del despliegue del ejército para realizar tareas de orden público en algunos casos, pone en evidencia la deriva de estas medidas hacia más bien el estado de excepción que de alarma. 

Una de las cuestiones más evidentes de la improvisación autoritaria de estas medidas lo constituye su régimen sancionador, en el que el decreto gubernamental no entra sino para remitir a "otras leyes". Es decir, que si un ciudadano se salta esas normas puede ser sancionado. Pero todo régimen sancionador requiere una ley, una casuística y una descripción de la pena o el castigo de los que el decreto carece porque remite a "otras leyes aplicables", o a la propia Ley 4/1981 que no tiene previsto régimen sancionador alguno salvo su artículo 10, que sin embargo a su vez remite a otras leyes aplicables también pero desconocidas. 

Si alguna vez se normaliza la situación y esperemos que sea pronto porque de otra forma todo el país habrá de ser declarado en estado de calamidad, habrá numerosas reclamaciones económicas contra el Estado que agravarán aún más la debacle económica, por este cúmulo de improvisados acuerdos que en absoluto pueden ser adoptados mediante sucesivos e interminables simples decretos y órdenes ministeriales. Pero de momento el abuso de ese recurso a los decretos deja un reguero de dudas acerca de cuál es el verdadero estado en que nos encontramos si el de alarma o el de excepción.

Con el Congreso prácticamente cerrado y el poder judicial con sus funciones inhabilitadas salvo los de guardia penales, y la oposición recluida cuando no directamente contagiada, los atropellos precipitados perpetrados por el gobierno de derechos esenciales indisponibles proliferan y se expanden como el virus con amenazas sobre derechos ciudadanos e incluso patrimoniales. Y son de tal magnitud que en los próximos años, si finalmente alguna vez llegamos a alguna situación parecida a la normalidad, desencadenará reclamaciones patrimoniales que durarán varios quinquenios.

LOS QUE NO NOS FALLAN NUNCA: HÉROES Y HEROÍNAS SANITARIAS

Muchos de nuestros sanitarios pagarán con el contagio y su propio sacrificio su dedicación paliativa a una epidemia desbordada e implacable. En sus manos estamos. Desprovistos de equipamientos y trabajando bajo presión y estrés, merecen nuestro homenaje más agradecido y nuestro reconocimiento más sincero. En la seguridad de que su generosa entrega va más allá de la fría obligación profesional porque la suya es una tarea especial que exige también una gran vocación que admiramos y reconoceremos agradecidos. Si acaso, pedirles perdón por habernos permitido la frivolidad dolosa de haber elegido a unos jefes políticos que no se merecen por dejarlos indefensos y sometidos al riesgo diario de UCIs y hospitales atiborrados de peligro de contagio, sin material sanitario seguro y fiable con el que defenderse y defendernos. Y la verdad, no son los únicos y hay más sectores: farmacias, policías, cajeras y reponedores de supermercados, etc. Una legión de héroes anónimos.

Este es sin duda el siglo que vivimos peligrosamente y seguramente nos lo hemos ganado a pulso aunque cabe preguntarse también qué hemos hecho para merecer todo esto. Y es que, sin duda alguna, en muchas de estas calamidades hay un elemento común en todas ellas muy nítido: el factor político. Y ahí reside nuestra colectiva complicidad dolosa.

QUINCE MILLONES PARA LAS TELES PRIVADAS

O POR QUÉ EL GOBIERNO LE PAGA EL DIVIDENDO A BERLUSCONI

(PRÓXIMA ENTREGA)