CRÓNICA URGENTE DE JUZGADOS: CASO PLAZA DE ESPAÑA

CASO PLAZA DE ESPAÑA: DEMOLEDOR AUTO DE LA JUEZ TITULAR DEL JUZGADO NÚMERO 1 DE COSLADA

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En un Auto de transformación de las diligencias previas que se seguían en el Juzgado número 1 de Coslada de ayer, la señora Magistrada de dicho juzgado ha dado un volantazo a la causa y ha dictado, como se dice, un demoledor Auto que, aunque indiciariamente, acuerda continuar las actuaciones contra: JULIO SETIÉN, JOAQUÍN MARTÍNEZ, ÁNGEL MORENO, CARMEN CRIADO, ANTONIA ARENAS, MANUEL G. ROJO, MANUEL MURCIA, J.A. PRIETO, MIGUEL ROMERO, VICTORIANO CUESTA, FRANCISCO LAORDEN Y LAURA BEDOYA. Asimismo, considera responsables civiles al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, WOODMAN SL, MACE MANGEMENT SERVICES SL, LAES NEXIA, JOVICASA SL Y CARFER 1959 SL.

La señora Magistrada ordena continuar las actuaciones pero ya bajo la forma de Procedimiento Abreviado, y halla indicios claros de la presunta comisión de más de una docena de presuntos delitos.

Así, aprecia, aunque obviamente indiciariamente, que existen indicios de grandes cantidades que aparecen, bajo diversas partidas en las cuentas de la entidad, salientes del patrimonio de PESF SL, con destino a la sociedad interpuesta (WOODMAN) y otras relacionadas con ella o con sus administradores. Produciéndose en ultima instancia, por abuso de los administradores de PESF SL y una actuación desleal de los mismos, una despatrimonialización de dicha mercantil. Llevándola a su situación concursal en beneficio de aquellos, y en detrimento, tanto de los propietarios que componían la misma, como de todos los legítimos acreedores de la misma.

Afirma el auto también que se llevaron a cabo actuaciones tendentes a dividir las participaciones sociales correspondientes al Ayuntamiento, con la finalidad de atribuir ilícitamente la titularidad de las mismas a la mayoría ficticia del grupo municipal de Izquierda Unida. La mayoría así constituida fue utilizada para adoptar los acuerdos que permitió retornar los inmuebles que formaban parte de las existencias de la sociedad al conjunto de los socios privados.

Los responsables de la Plaza de España San Fernando - continúa el Auto - y demás denunciados, eran conscientes de que a la fecha de celebración de la junta universal de 19 de junio de 2012, en la que se acuerda la entrega de 370 inmuebles de la sociedad mixta a terceros, se hallaban trabados por embargos preventivos de los Juzgados 1 y 2 y de la Hacienda Pública con carácter previo a la celebración de dicha junta. Ocultando además a los socios que dicha sociedad había pedido el concurso voluntario de acreedores unos días antes.

Asimismo la señora Magistrada advierte indicios de que la sociedad mercantil no ha ingresado cantidad alguna en concepto de licencias de obra, ni por parte del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, se ha instando a practicar las liquidaciones correspondientes.

Afirma también que WOODMAN era una empresa administradora en la sombra, interviniendo en asuntos administrativos y con las autoridades municipales. Siendo la real propietaria de algunas viviendas que se vendían en la UE-3, y en las que se realojaban a varios de los propietarios. Quienes tenían la creencia de que pertenecían al patrimonio de PESF SL, amén de otras actuaciones a través de personas y sociedades interpuestas, que consiguieron privilegiadas relaciones con la sociedad que gerenciaba WOODMAN, PESF SL, contribuyendo con ello a dejarla sin liquidez a base recibir emolumentos, cuya naturaleza e importe no están justificados.

La señora Magistrada imputa, si bien solo indiciariamente, a los investigados PRESUNTOS y solo supuestos delitos continuado de administración desleal, de insolvencia punible, de apropiación indebida, continuado de estafa, continuado de falsificación en documento mercantil, continuado contable, apropiación indebida, prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, continuado contra la hacienda pública y delito societario.

El Auto también sobresee a los directivos de Bankia (entonces Caja Madrid). 

Ahora las partes y el Ministerio Fiscal tienen un plazo de diez días para interponer los correspondientes recursos. No obstante, la señora Magistrada da un aldabonazo a esta causa, y entra pues en la fase de preparación de la calificación y escritos de acusaciones.

Desde nuestra asociación celebramos que por fin se dé impulso a esta causa, y se vayan perfilando apreciaciones indiciarias, buena parte de las cuales fueron y son denunciadas por nosotros. No estábamos pues locos ni actuábamos frívolamente. Con seguridad, si no hubiéramos denunciado muchos de esos presuntos delitos, buena parte de ellos habrían prescrito. Nos congratulamos pues de que esta importante resolución judicial dictada por la señora Magistrada del Juzgado número 1 de Coslada, vaya poniendo negro sobre blanco en este lamentable y proceloso caso. Solo lamentar que, como siempre, se halle imputado como responsable civil el Ayuntamiento.