INFORMES QUE INCRIMINAN

AVISO A NAVEGANTES

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Las Diligencias Previas abiertas en el juzgado 5 de Coslada a raíz de la querella presentada por nuestra asociación, cumplirán en el mes de febrero próximo ya nada menos que cuatro largos años de instrucción. Ha tenido varios incidentes de ida y vuelta a la Audiencia Provincial de Madrid, todos desestimados. Y si nadie lo remedia tendrá uno más en los próximos días protagonizado por uno de los imputados, el ex consejero delegado de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y ex concejal de urbanismo Joaquín MARTÍNEZ, que se opone a que el juez ordene varias diligencias pedidas por el fiscal. Las razones por las que se opone el señor MARTÍNEZ son bien elocuentes, particularmente la referida a la petición oficiada a la Dirección General del Patrimonio Histórico, para que remita para su incorporación a la causa un informe-propuesta emitido el 30 de marzo de 2012, a resultas del cual se acordó por la Dirección General de Patrimonio imponer al Ayuntamiento nada menos que una sanción de 1,2 millones de euros. El informe en cuestión cuya incorporación a la causa intenta por todos los medios impedir el exconcejal, obra en poder de esta asociación y sus conclusiones pueden leerse más arriba.

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¿POR QUÉ SE OPONE EL EXCONCEJAL A LA PETICIÓN DEL FISCAL?

La defensa del exconsejero de PESF SL la tiene encomendada a la también exsecretaria de la sociedad y exasesora del equipo de gobierno, Carmen CRIADO, que ha tomado una serie de iniciativas tratando de impedir que determinados informes tanto de la Dirección General de Patrimonio como de la Dirección General de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, lleguen al juzgado como lo ha pedido el fiscal.

Esos informes, y muy particularmente el de la D.G. de Patrimonio, son demoledores y, de incorporarse a la causa, tendrán un efecto devastador sobre el futuro judicial del exconcejal toda vez que revelan que las obras de reurbanización realizadas en la plaza de España, fueron ejecutadas sin la preceptiva autorización previa de dicha D. General. Y no hay que olvidar que la propia plaza de España es un BIC catalogado, razón por la cual es obligada la previa autorización de dicho órgano directivo.

El informe propuesta concluye como puede verse, con la propuesta de desclasificar como BIC y revisar por lo tanto la declaración de conjunto histórico de 1983, toda vez que se han producido sobre el mismo unas gravísimas alteraciones que lo hacen irreconocible con el estado que dio origen precisamente a su declaración como conjunto por el Ministerio de Cultura en su día. De ahí también lo abultado de la sanción económica que se propone. No es de extrañar pues en absoluto, la formidable resistencia del ex consejero delegado de la sociedad a que caigan en manos del fiscal.

EL AYUNTAMIENTO, ACUSA

Ha sido patente nuestra reticencia a creer sincera la personación del Ayuntamiento en la causa que se sigue en el juzgado 5 de Coslada, a resultas de nuestra denuncia y en relación con la actuación en la plaza de España. Sin embargo en esta ocasión hemos podido comprobar que, al menos por el momento, aquellas reservas nuestras han quedado superadas por cuanto que el Ayuntamiento, a través de su dirección letrada llevada por el actual asesor jurídico del alcalde, ha formulado su oposición a la pretensión del exconcejal apoyando la petición del fiscal para que dichos informes sean incorporados a la causa. 

Justo es pues no solo reconocerlo, sino agradecerlo también en estos tiempos en que la desconfianza está instalada sin remedio. Y si en otras ocasiones hemos criticado hasta con dureza determinadas actitudes especialmente del alcalde, justo es reconocer que la actuación de la representación del Ayuntamiento en este caso no solo ha sido certera y diligente, sino acorde con la gravedad de los hechos que se están investigando. Y aunque la situación para esa representación legal en la causa no debe ser precisamente cómoda, nada nos agradaría más que reconocer al final del proceso (si es que llega alguna vez), que el Ayuntamiento en este caso al menos ha rectificado afortunadamente, y se dispone a defender el interés general, el patrimonio municipal, y desde luego la necesaria limpieza de tanta inmundicia arrastrada. En esa batalla nos encontrará detrás apoyando, en la seguridad además de que si no nos defraudara, nos habremos reconciliado con una institución que necesita recuperar a marchas forzadas la credibilidad perdida.