CASO PLAZA DE ESPAÑA: CÓMO SE PERDIERON 900.000 €

UNA SUBVENCIÓN PERDIDA Y SIN CONTROL ALGUNO

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Nuestra asociación ha procedido a formalizar la correspondiente DENUNCIA DE REINTEGRO ante el pleno municipal, por los 900.000 € sin justificar que le fueron concedidos a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, en concepto de subvención con contraprestaciones para que realizara una serie de estudios relacionados con la actividad económica, la sostenibilidad y otras cuestiones. 

Es preciso advertir ya al equipo de gobierno, que si no se inicia el correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención como pedimos en nuestro escrito, el caso acabará o en la Fiscalía o en los Juzgados de Coslada.

La subvención fue concedida en junio de 2009 con el voto favorable del entonces equipo de gobierno de IU y PSOE, a la sociedad mercantil mixta a pesar de que no reunía los requisitos legales para ello. La cifra concedida directamente y en vena (es decir, sin procedimiento de concurrencia alguna), es la mayor concedida nunca por el Ayuntamiento y de nada menos que 900.000 € (150 millones de pesetas nada más y nada menos). A estas alturas, cinco años después, podemos decir que ni han sido justificados como es su obligación, ni tampoco aplicados al fin para los que fueron abonados por el Ayuntamiento. En realidad puede decirse que han sido perdidos y son irrecuperables.

Lo insólito de todo esto es que se le concedió una subvención de este volumen a esta sociedad mixta privada, para que realizara unos estudios para el Ayuntamiento, a sabiendas de que no tenía ni un solo empleado y por lo tanto que habría de tener que subcontratarlo con terceros. Subcontratación que la propia ley general de subvenciones limita solo al 50 % de la subvención. El resto, tendría que realizarlo directamente la beneficiaria.

¿Qué sentido tiene sino que el Ayuntamiento transfiera nada menos que 900.000 € a una sociedad mercantil privada para que haga unos estudios para el propio Ayuntamiento, a sabiendas de que dicha sociedad no tiene empleado alguno y por lo tanto no puede realizar esos trabajos con sus propios medios. Salvo claro está para eludir la ley de contratos del sector público, evitar la obligada concurrencia, y tener así las manos libres para adjudicar esos 900.000 € con total opacidad y a quien le dé la gana por medio de su consejero delegado?

PREDESTINADOS PARA LA SUBVENCIÓN

Es evidente que la sociedad mixta no fue constituida para realizar estudios de ninguna clase, sino para acometer la actuación urbanística de la UE-1. Por esa razón, resulta absolutamente sospechosa esta encomienda y sobre todo que fuera dotada con tanto dinero. Los únicos estudios encargados (que no se sabe bien si fueron realizados completos) lo fue con GPS GESTIÓN SL, empresa vinculada a Comisiones Obreras por importe de más de 223.000 €. También a una persona llamada Eva RIAÑO que fue cargo de confianza política en la concejalía de Cultura durante el mandato de IU-PSOE. A esta persona se le han estado pagando 4.500 € mensuales durante casi dos años, sin que se sepa en qué consistía y cuál era su cometido en este asunto.

El resto de la subvención que se sepa, no ha sido ni ejecutada ni desde luego justificada como era obligación de los administradores de PESF SL. Pero sí ha sido aplicada al pago de otros gastos corrientes de la sociedad. Es decir, a pesar de que la subvención tenía carácter finalista (la realización de unos estudios para el Ayuntamiento), los administradores de la sociedad la han aplicado a otros fines.

QUE REINTEGREN EL DINERO LOS RESPONSABLES

Todo el mundo sabe ya que la sociedad mixta está en concurso de acreedores y más concretamente en liquidación por haberlo así acordado el juez de lo mercantil. Es decir, la sociedad no puede reintegrar el importe de la subvención. Es más, es muy probable que haya prescrito la obligación del reintegro porque han transcurrido más de cuatro años tal y como recoge la ley de subvenciones, desde que fue otorgada. Sin que por otra parte nadie del Ayuntamiento (y mucho menos el pleno municipal que fue quien la otorgó) haya iniciado procedimiento de reintegro alguno, ni tampoco exigido la obligada justificación del destino de los 900.000 €.

Por esa razón nos hemos visto obligados nosotros a presentar esta DENUNCIA DE REINTEGRO, al amparo precisamente de lo que permite la propia ley general de subvenciones. En nuestro escrito le pedimos al pleno municipal que, en aplicación de sus propias disposiciones, sea reclamado el importe a los obligados al pago sustitutos de la principal, es decir, de la sociedad: sus administradores. Y, eventualmente, los socios de la mercantil como responsables subsidiarios en caso de liquidación.

Lo que desde luego resulta todo un escándalo, es que nadie, durante todos estos cinco años transcurridos desde que se le concedió la subvención a esta sociedad, haya exigido la justificación de los gastos realizados (que tienen un plazo de tres meses para hacerlo desde su concesión). Ni nadie, del gobierno o de la oposición, haya exigido el reintegro de esta desorbitada cantidad de dinero hoy totalmente desvanecida y perdida para siempre por el Ayuntamiento. Este importante quebranto para las arcas municipales entendemos nosotros que no puede quedar impune.

LA ABSURDA DECISIÓN PARA TAPAR EL CASO

Según lo informado en el último pleno municipal celebrado el día 20 de noviembre, a propósito del intento de la aprobación de la Cuenta General de 2012, la ex consejera delegada de la sociedad (y también concejala) ha encontrado una milagrosa solución para tapar este escándalo, que al parecer cuenta con la aquiescencia de la interventora municipal (accidental) y del propio equipo de gobierno. La solución consiste en que esta cantidad sea compensada con la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la sociedad por importe de 2.495.000 € por la obra del Museo de la Ciudad.

Pero ignoran unos y otros, que el importe de los 2.495.000 € que el Ayuntamiento debe, forma parte de un crédito a favor de la masa universal de acreedores, precisamente por haberlo así acordado una sentencia del propio Juzgado 6 de lo Mercantil que sigue el concurso de acreedores. Y por lo tanto, ni el Ayuntamiento puede compensar nada, ni desde luego acordar con la deudora dicha compensación sin incurrir en un posible fraude de acreedores.

Y no queda ahí la cosa, sino que dicha sentencia por la que se condena al Ayuntamiento a abonar los 2.495.000 € correspondientes como un crédito a favor de la masa de acreedores, lo fue a instancia de un incidente concursal promovido por la propia sociedad mixta, y en el que no se personó el propio Ayuntamiento a pesar de tener su propia representación legal nombrada.

¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de control ha habido por parte del Ayuntamiento, que no se persona en incidentes donde se juega nada menos que condenas por importe de casi 2,5 millones de euros, promovidos precisamente por la sociedad mercantil de la que forman parte el alcalde como presidente y la concejala de sanidad y consumo como su consejera delegada?

Todo parece indicar que el incidente iniciado precisamente a instancia de la propia sociedad PESF SL, lo fue por iniciativa de su anterior secretaria no consejera, que como es sabido también era asesora del equipo de gobierno pero cesada en marzo de 2013. Sea como sea, el Ayuntamiento fue condenado por el juzgado a pagar los 2.495.000 € a la masa de acreedores, y por lo mismo no puede en absoluto disponer del destino de ese dinero y mucho menos compensarlo con nadie.

Es inaudito pues ese intento de ocultar o mitigar el escándalo de la pérdida de los 900.000 € por parte del Ayuntamiento, buscando una solución que no es que sea imposible, es que podía ser incluso delictiva por cuanto que la deudora (o el Ayuntamiento como acreedor), podría incurrir con ello en un fraude al resto de los acreedores. Y mucho menos cuando el Ayuntamiento, pudiendo personarse en el incidente del que estaba notificado, no lo hizo ni tampoco promovió reclamación alguna al inventario de acreedores formado por la Administración concursal en su día.

PAGA EL PUEBLO

Es intolerable que una vez más seamos testigos mudos de los muchos abusos cometidos con el dinero público, que se volatiliza con una facilidad pasmosa por causa de una reiterada, negligente, y asombrosa pasividad de los que están obligados a ser exquisitamente escrupulosos con cada céntimo que aportamos a través de nuestros impuestos.

En este caso se han perdido para siempre 900.000 € del erario público, y han quedado diluidos en dudosos gastos de todo tipo de la sociedad mercantil mixta privada, porque han sido destinados a pagar el gasto corriente de la misma.

E incluso parece ser que se han intentando camuflar esos gastos encargados y contabilizados en la sociedad como gastos generales, duplicando la contabilidad pero bajo un epígrafe denominado Estudios Ayuntamiento (ya se dice que son los mismos gastos no obstante), y donde además se han imputado toda una larga lista de pagos hechos a numerosas empresas como gastos de publicidad e imagen. ¿Qué clase de gastos de publicidad e imagen ha tenido esta sociedad mixta?

Una sociedad que no reunía los requisitos legales y que no tiene empleado alguno, recibía nada menos que casi un millón de euros de dinero público para realizar no se sabe bien qué clase de estudios. Esto de los estudios es un cajón de sastre tan genérico como ideal donde camuflar toda una larguísima lista de actuaciones y destinos. Y así, mediante un simple acuerdo por el que se aprueba un convenio, automáticamente se sustrae tan importante cantidad de dinero al control y fiscalización de los órganos públicos, quedando concretada toda la actividad (su destino, contratación y justificación) en una sola y misma persona: el consejero delegado de la sociedad mercantil privada.

De esta forma, privatizado ya el procedimiento de adjudicación, son convocados los afines para repartirse el pastel. Y como luego los responsables de la sociedad son los mismos que habrían de exigir la justificación, todo queda en casa porque, además, nadie, ni la oposición ni la intervención de fondos, se interesarán por el tema o exigirán adoptar las medidas de reintegro obligadas ante el transcurrir del tiempo sin justificar dicha subvención tan importante por otro lado. 

Eso sí, cada pleno celebrado es todo un espectáculo porque más de la mitad del tiempo y de sus asuntos están dedicados a las más estrafalarias mociones de los grupos. Son interminables las mociones para arreglar el mundo mundial, o para censurar políticas generales o de otras administraciones. Pero nadie encontrará una sola moción a lo largo de todos estos cinco años, instando al gobierno municipal (o al propio pleno municipal que fue quien otorgó esta subvención) a iniciar el procedimiento de reintegro de esta importante subvención lamentablemente ya perdida para siempre. 

Así nos luce el pelo. O lo que es lo mismo, paga el pueblo. ¡Y ha llegado la hora de decir basta ya ante tanta indolente inoperancia! Por eso hemos presentado nosotros la denuncia de reintegro, para que esos 900.000 € no se pierdan y sean un quebranto para las arcas municipales sin que nadie sea declarado responsable. 

Ahora solo sabemos que esta denuncia comenzará un lamentable recorrido por la burocracia municipal, incluido el silencio administrativo. Será cuestión no obstante de perseverar con paciencia, pero que esta vez no se vayan de rositas unos y otros: los que no reintegraron el dinero, y los que hicieron tan lamentable dejación de sus obligaciones de fiscalizar el destino de estos 900.000 €. Ya está bien de esta alegre impunidad con el destino desviado de los dineros públicos.