JULIO SETIÉN Y CINCO TENIENTES DE ALCALDE IMPUTADOS (¿Y PROCESADOS?) POR NOMBRAMIENTOS ILEGALES
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El Molino ha podido conocer de fuentes jurídicas, que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó a finales del año pasado la imputación del exalcalde JULIO SETIÉN y los Tenientes de Alcalde LAURA BEDOYA, ÁNGEL MORENO, ANTONIA ARENAS, JAVIER BLANCO Y LOURDES CASTELLANOS, realizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada, cuando acordó en junio de 2016 transformar las Diligencias Previas abiertas en 2015 a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Municipal Popular, en Procedimiento Abreviado. Dicha resolución fue recurrida por todos los imputados, y luego confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes se septiembre de 2017 mediante un contundente Auto, si bien no ha trascendido hasta ahora por haberlo mantenido en secreto los propios interesados. También se hallan imputadas la que fuera asesora jurídica del equipo de gobierno Carmen CRIADO y la directora del Área de Urbanismo Ana GONZÁLEZ.
EL FISCAL ACUSA
Los hecho se remontan a los nombramientos de la que fuera asesora del Equipo de Gobierno y secretaria de PESF SL, Dª Carmen CRIADO, así como el de la directora del Área de Urbanismo Dª Ana GONZÁLEZ, ambas cesadas no obstante en marzo de 2013 cuando accedió a la alcaldía Ángel MORENO.
El Ministerio Fiscal realizó ya escrito de acusación, acusando a toda la Junta de Gobierno constituida en la sesión de 13 de junio de 2011, de haber realizado un nombramiento ilegal en la persona de los dos cargos referidos y haber incurrido todos ellos en un presunto delito de prevaricacion y a éstos de aceptar el nombramiento ilegal.
LOS HECHOS
El entonces alcalde SETIÉN llevó al pleno de 7 de julio de 2011 para su nombramiento de estos dos cargos, una propuesta ya rechazada unos días antes por otro pleno celebrado el 24 de junio, para que dicho órgano autorizara la creación de los dos puestos referidos que el primer pleno denegó. Hasta entonces, estos puestos habían sido cubiertos mediante el nombramiento de personas de confianza política, si bien eran estas mismas personas las que venían desempeñando estos mimos puestos desde 1995, renovados de la misma forma como personal de confianza nombradas por el alcalde por cada constitución del Ayuntamiento.
Pero en esta ocasión, y dado que IU carecía de mayoría suficiente, la propuesta del alcalde fue enmendada por el Grupo Municipal Socialista y apoyado también por el Grupo Municipal del PP. La enmienda suprimía inicialmente el puesto de asesora jurídica del alcalde y al mismo tiempo mantenía el de Director del Área de Urbanismo, pero a cubrir mediante el nombramiento de personal perteneciente a la plantilla municipal. El alcalde SETIÉN, al ver que perdía la votación dejó inicialmente el punto sobre la mesa el 24 de junio para, en una convocatoria posterior del 7 de julio, ver cómo su propuesta era enmendada en el sentido de no suprimir el cargo de asesora jurídica del alcalde pero si rebajar su salario de 54.961,98 € a 49.474,78 €, y designar un funcionario de plantilla del Ayuntamiento como director/a del Área de Urbanismo.
Esta situación no solo trastocó todos los planes del entonces alcalde SETIÉN, sino que, según el acta de la sesión, protestó furioso y acusó enérgicamente a la oposición de pretender bloquear el Ayuntamiento.
LA JUNTA DE GOBIERNO USURPÓ COMPETENCIAS INDELEGABLES DEL PLENO
Visto el resultado de la votación del Pleno, el entonces alcalde SETIÉN no lo aceptó, ideando una forma para burlar dicho acuerdo: llevar su contratación (que no nombramiento) a la Junta de Gobierno Local del día 13 de julio de 2011, que acordó por unanimidad contratar a las dos personas referidas y ahora imputadas. Se da la circunstancias de que, desde que cesó el alcalde hasta que fueron nombradas, estas personas continuaron en su puesto de trabajo y cobraron íntegramente sus salarios, a pesar de que según dispone la Ley de Bases, los cargos de confianza han de cesar automáticamente cuando lo hace el alcalde que los nombra.
LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT DENUNCIA EL CASO
La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento recurrió esos nombramientos ante los Juzgados de lo Contencioso, recayendo su conocimiento en el Juzgado número 12 de lo Contencioso de Madrid. Este juzgado dictó sentencia el 25 de septiembre de 2014, declarando que dichas contrataciones no eran ajustadas a derecho por haber sido acordadas por órgano incompetente: la Junta de Gobierno. Y, por lo tanto, anulando los acuerdos adoptados por dicha Junta y consiguientemente también los contratos. Contra dicha sentencia no cabía recurso alguno y era firme.
DESPUÉS DENUNCIÓ EL PP
Por su parte, y una vez conocida la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso, el Grupo Municipal Popular presentó una denuncia en 2015 ante los Juzgados de Coslada, recayendo por reparto en el Juzgado número 3, quien abrió Diligencias Previas y, tras la instrucción correspondiente, acordó las transformación en Procedimiento Abreviado en 2016 al apreciar indicios racionales de los presuntos delitos que se imputaban.
Los imputados procedieron a recurrir dicho Auto, siendo desestimados esos recursos por el propio Juzgado en marzo de 2017. Asimismo, la Audiencia Provincial a finales del año pasado, acordó también desestimar los recursos presentados confirmado el Auto del Juzgado y, por lo tanto y por pedido escrito del escrito de acusación y calificación de la Fiscalía, abrir la vía para acordar el procesamiento y la apertura del juicio oral por parte del Juzgado.
La Audiencia Provincial manifiesta en sus fundamentos de derecho, que "...los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento desoyeron y procedieron a realizar unos nombramientos para los que no tenían competencia, y las dos personas nombradas, que por su formación y pertenencia al Ayuntamiento desde 1995, debían conocer el contenido del Acuerdo, por lo que concurren en todos ellos indicios de que han podido cometer los dos delitos imputados...".
Y EL AYUNTAMIENTO COMO SIEMPRE, SIN ENTERARSE
Si hay alguna causa en la que el Ayuntamiento con su nuevo equipo de gobierno deberían de estar personados es precisamente en esta, por cuanto que evidentemente el Ayuntamiento es claramente el perjudicado por estas conductas. Hay que tener en cuenta, que a la asesora jurídica le fueron abonados más de 5.000 euros por año de lo acordado por el pleno. Sin embargo el equipo de gobierno ni siquiera sabe que exista esta causa. Así se preocupan de los intereses municipales.
Mientras tanto, es precisamente la que era asesora jurídica del alcalde y secretaria de PESF SL, Carmen CRIADO, la que se permite reclamar al Ayuntamiento en abril de 2015 nada menos que una indemnización por importe de 239.063,40 €, alegando que el Ayuntamiento habría podido incurrir en responsabilidad patrimonial al haber tolerado y consentido la situación de ilegalidad de su propio nombramiento. Ver para creer.
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