CUANDO LA POLÍTICA SE HACE BAJO LA MESA

¿POR QUÉ HA SUCEDIDO LO DE LA SOCIEDAD MIXTA PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL?

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Cuando el PGOU de San Fernando de Henares fue aprobado en el año 2001 tras los preceptivos trámites, fue delimitada una Unidad de ejecución en el ámbito de la plaza de España denominada UE-1. El sistema de gestión previsto era el de expropiación, pero los propietarios de las fincas afectadas podían haber levantado la expropiación a condición de que se pusieran de acuerdo al menos el 50%. Nunca lo hicieron, y fue la corporación de 2006 la que inició el proceso de expropiación fijando un justiprecio y declarando los bienes y derechos afectados a expropiar. Asímismo, el equipo de gobierno de entonces se proponía gestionar la Unidad de forma directa sacando a concurso la actuación para que empresas particulares pujaran y realizaran sus ofertas. Pero aquella propuesta fue rechazada por los afectados que acusaban al equipo de gobierno de querer especular con sus viviendas y de tener intereses oscuros en la operación.

El justiprecio ofrecido era inicialmente 667,71 €/m2 edificado y de 1.246,81 €/m2 suelo. Si bien luego fue revisado incluyendo el 5 % más de derecho de afección y la actualización según el IPC. El justiprecio total ofrecido por el Ayuntamiento en el año 2008 fue de 12.702.060,35 €. Teniendo en cuenta que el número de fincas afectadas era de 37, la media del justiprecio era de unos 343.000 € por finca.  Pero a los propietarios les pareció poco o querían otra cosa, y su malestar y rechazo fue pronto recogido con oportunismo por los grupos de la oposición entonces (PP y PSOE), quienes, junto con la promotora WOODMAN SL, se convirtieron el lobbistas de los propietarios frente al equipo de gobierno de entonces.

Celebradas las elecciones en el año 2007 y perdida la mayoría por parte de IU, acordaron un pacto de gobierno con el PSOE y, entre otras cosas, para el caso del conflicto con los propietarios de la UE-1, aplicar en líneas generales las reividincaciones de los propietarios, cuyas bases de actuación fueron aprobadas unánimente en el pleno de 28 de mayo de 2008. El acuerdo consistía básicamente en crear una empresa mixta conjunta con el Ayuntamiento, con mayoría social de los propietarios privados que aportaban sus bienes y derechos como aportaciones no dinerarias, que la sociedad a constituir con el Ayuntamiento sería la beneficiaria de la expropiación, y que tendría la misión de ejecutar las obras necesarias para que los afectados recibieran las viviendas totalmente nuevas o rehabilitadas, trasteros, plazas de garaje, etc., sin que ellos pusieran un solo euro, corriendo a cargo de la empresa a constituir, la financiación de toda la actuación con el 49 % de aprovechamiento asignado a la Unidad. Y además, tendrían que recibir los correspondientes avales bancarios a primer requerimiento por parte de la sociedad a crear por si no cumplía sus compromisos. En realidad lo que hicieron fue cambiar el sistema de gestión de expropiación por el de cooperación, pero cambiando también las obligaciones: ahora gestionaría y pagaría el Ayuntamiento.

Quince días después del acuerdo municipal, el día 9 de junio 2008, acudieron todos, propietarios y Ayuntamiento, al notario para fundar y constituir la sociedad, aportaron sus bienes y derechos, nombraron al Consejo de administración donde estaban los grupos políticos y un representante también de los afectados, y en el mismo acto el Consejo celebrado allí mismo nombró presidente al Alcalde y Consejero Delegado y Secretario al concejal de urbanismo, delegando en ese mismo acto todos los poderes en él. El Consejo quedó así prácticamente vacío de funciones ejecutivas.

Lo asombroso es que el Alcalde, incumpliendo clamorosamente los acuerdos del pleno de 28 de mayo de 2008, en lugar de aportar a la sociedad el resto del aprovechamiento expropiado del 49 %, sin que mediara acuerdo alguno y sin que al día de hoy haya explicado la razón, aportó al capital social de la sociedad la plaza de España, un espacio de dominio y uso público inalienable, inembargable e inprescriptible. Es decir, un bien que por su naturaleza no puede ser aportado a ninguna sociedad porque está fuera del comercio de las cosas. Y ahí empezó todo un largo e interminable periplo de irregularidades que se han ido conociendo y que, tras un impenetrable velo de opacidad, ha acabado con la sociedad en quiebra, sin liquidez alguna ni para sellos, y en concurso de acreedores voluntario reconociendo sus administradores que son insolventes y solicitando al juez su intervención. 

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Al día de hoy, y después de un año, con las obras casi terminadas, las viviendas no han sido entregadas, los plazos incumplidos, los compromisos con los propietarios en el aire, y éstos en manifestación permanente exigiendo que el Ayuntamiento, no su empresa, sino el Ayuntamiento, les devuelva sus viviendas. Cosa no muy comprensible, si tenemos en cuanta que sus viviendas fueron aportadas nada menos que al capital social de la sociedad hoy insolvente, y con el que precisamente tiene que responder ante sus acreedores. 

Los vecinos afectados por esta lamentable situación culpan a todo el mundo: al Ayuntamiento, a los partidos políticos, a Bankia (que es la única que ha puesto dinero), a Woodman sl (la zorra a cuidar las gallinas), a las constructoras (que no han cobrado y al fin y al cabo han financiado la obra con sus propios recursos), etc. Desde luego fueron los partidos políticos quienes, recogiendo las reivindicaciones iniciales de los propietarios, llevaron al pleno acuerdos aceptados unánimemente que eran imposible de cumplir, ni siquiera en el contexto de burbuja inmobiliaria que ya entonces, por cierto, estaba bien visible. Cuando menos no era posible cumplir sin forzar la legalidad de casi todas las decisiones tomadas, empezando por el grave incumplimiento del acuerdo del pleno de 28 de mayo de 2008 por el Alcalde, quince días después y ante el notario.

Hoy conocemos que las constructoras y Bankia, principales acreedores de la sociedad mercantil insolvente presidida por el Alcalde, exigen que para desbloquear las construcciones y permitir con ello la entrada en las viviendas de los afectados, el Ayuntamiento garantice y avale las cantidades que se le deben, y que al parecer ascienden a unos 20 millones de euros (solo de las constructoras). Pero claro, se trata solo de una de las partes acreedoras: las constructoras, que razonablemente si la sociedad fuera liquidada por el juzgado de lo mercantil, y visto el balance con el formidable pasivo que tiene y el claro deterioro de los activos, la mayor parte de los cuales difícilmente serán realizables, no es difícil concluir que tendrían que aceptar una importante quita. Lo lógico sería que ese acuerdo, de aceptarse por los grupos, fuera llevado al pleno municipal, pero parece ser que no será así.

Presionados pues por los afectados y con esas premisas, ha comenzado todo un baile de política de debajo de la mesa, en el sentido de ofrecer a las constructoras, garantías y seguridad de que cobrarán sus deudas porque si no las puede pagar la sociedad, lo haría finalmente el Ayuntamiento. Y, como se dice, para ese acuerdo no han convocado con luz y taquígrafos al pleno municipal, no. Han firmado un vergonzante documento entre los grupos municipales de IU y PP, para ofrecer a las constructoras esas garantías que exigen, pero en nombre del Ayuntamiento claro está. El grupo municipal del PSOE no ha querido firmar ese acuerdo alegando su ilegalidad.

Este es un episodio más de los disparates que han jalonado toda la peripecia de este lamentable asunto, caracterizado, además y de nuevo, por la opacidad de esos acuerdos que, además, han sido rechazados por las constructoras, por lo cual se han visto obligados de nuevo a reformularlo.

Bajo la mesa camilla del cónclave de IU y PP, está en juego que el Ayuntamiento tenga que hacerse cargo de la arruinada sociedad mixta presidida por el Alcalde, pero es imposible saber cuál es la seguridad que estos grupos, en nombre del Ayuntamiento claro, están ofreciendo a las constructoras, porque han negociado ese importantísimo asunto bajo la más estricta oscuridad. Llevando pues la política a la siniestra práctica de alcanzar acuerdos bajo la mesa, cuya transcendencia para los demás solo conoceremos cuando todo sea inevitable de nuevo. Nada que, por acostumbrado, deje de indignar más.