EL ALCALDE CORPA EN LA ENCRUCIJADA MÁS GRAVE DE SU MANDATO
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El Molino ha tenido conocimiento de que hace unos días fue dictado un Auto (llevan tres) por la titular del Juzgado nº 1 de Coslada, en el que se sigue una causa penal contra varios miembros del equipo de gobierno de IU y PSOE entre los años 2007 y 2011, y por el que la señora magistrada juez en línea con los anteriores, aprecia indicios de varios delitos graves perpetrados en el seno de la actuación de lo que se conoce como caso plaza de España. Y más concretamente en la administración de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Esta nuevo Auto del Juzgado nº 1 de Coslada trae causa del reciente Auto de la Audiencia Provincial dictado y que ya se ha comentado en anteriores entradas.
En particular, según el Auto muy reciente se aprecian indicios racionales de criminalidad por parte de los que fueron administradores de dicha mercantil así como de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO SA en aquel periodo, de administración desleal, insolvencia punible (alzamiento de bienes), delitos societarios, apropiación indebida, de falsedad en documento mercantil y otros.
Uno de los presuntos delitos que se imputan al consejo de administración de PESF es contra la hacienda pública. Es decir, contra la hacienda pública municipal. Y, entre los imputados por este presunto delito están, entre otros, el que fuera entonces alcalde del Ayuntamiento y presidente de PESF y de la EMS, D. Julio SETIÉN, así como quien entonces era portavoz del PSOE Manuel G. Rojo, que a su vez era también consejero delegado de la EMS.
El delito contra la hacienda pública municipal asciende a un importe presuntamente defraudado de más de dos millones de euros, consistentes en que, mediante varios artificios, lograron que PESF no pagara absolutamente un solo euro en concepto de Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) o Tasas urbanísticas, a pesar de haber acometido unas obras con un presupuesto de ejecución material superior a los 35 millones de euros.
EL AYUNTAMIENTO COMO PERJUDICADO
Como se dice, PESF, sus administradores, defraudaron presuntamente a la hacienda municipal al dejar de ingresar en las arcas del Ayuntamiento la nada despreciable cifra de al menos 2,1 millones de euros en concepto de ICIO y Tasas municipales, por el simple y expeditivo método de eximir a dicha promotora presidida y administrada, precisamente, por quienes eran los responsables municipales del equipo de gobierno, del pago de los impuestos y las tasas municipales. Sin que, por lo demás, sea posible a nadie que no sea el propio pleno municipal condonar o eximir del pago de impuestos y solo en el caso justificado y no desde luego de forma total.
Se considera que existe delito contra la hacienda pública cuando el importe defraudado en cada ejercicio fiscal, supera los 120.000 euros, y, en este caso, lo defraudado sería como de 1,5 millones en el ejercicio de 2009 y de 0,5 millones de euros en el ejercicio de 2010. Asimismo, la pena que dicho delito conlleva es la de 1 a 5 años de prisión y multa del tanto a séxtuplo del importe defraudado.
De esta forma, en esta causa y en particular en este presunto delito que se imputa contra la hacienda pública municipal a los entonces administradores ejecutivos de PESF, entre los que se encuentran el ex alcalde SETIÉN, es patente que resulta ser perjudicado el Ayuntamiento, ya que fueron dejadas de ingresar en las arcas municipales al menos y solo en concepto de las obras de edificación, nada menos que 2,1 millones de euros.
¿QUIÉN VA A DEFENDER LOS INTERESES MUNICIPALES EN ESTA CAUSA, SEÑOR CORPA?
Que el Ayuntamiento resulta ser directamente perjudicado por la perpetración de este presunto delito contra la hacienda pública es muy obvio. Sin embargo, el problema es que, en esta causa en la que el Ayuntamiento ha de personarse en tal condición, se verá obligado a presentar escrito de acusación precisamente contra esos administradores que defraudaron la hacienda municipal. ¿Lo hará el Ayuntamiento con todas sus consecuencias, o siguiendo la misma línea que en otras causas se abstendrá de acusar y por lo tanto renunciará así a recuperar esos 2,1 millones de euros presuntamente defraudados?
He aquí el gran dilema del alcalde CORPA y su particular encrucijada a despejar en los próximos diez días: la de defender los intereses municipales como es su obligación legal por cierto, formulando las correspondientes acusaciones contra el ex alcalde SETIÉN y su ex correligionario del PSOE y antecesor suyo el señor ROJO. O, por contrario, no se dará por concernido y renunciará a acusar a sus presuntos autores, porque en el fondo existe un pacto tácito entre el alcalde y sus ex colegas del equipo de gobierno.
Esperamos que el alcalde CORPA sepa resolver eligiendo lo que es su deber (si no quiere incurrir él mismo en otro ilícito): defender los intereses generales municipales, dando instrucciones precisas a la representación procesal del Ayuntamiento en la causa, para que formulen el correspondiente escrito de acusación contra quienes fueron sus colegas de equipo de gobierno en el aciago periodo en que ocurrieron estos hechos.
Hay que tener en cuenta, que este presunto delito contra la hacienda pública que indiciariamente se aprecia por el Juzgado, no es el resultado de una denuncia que surja del Ayuntamiento; del anterior equipo de gobierno o del actual, sino de una denuncia de nuestra asociación ante la Fiscalía Anticorrupción. De forma tal que, si ahora que en el Juzgado se aprecia indiciariamente ese presunto delito contra la hacienda municipal, quedara impune porque el Ayuntamiento no acusara por la existencia de un pacto tácito entre Corpa y sus ex colegas, el asunto resultaría tan escandaloso que sería inevitable que tenga consecuencias judiciales para el propio alcalde CORPA.
Y EL PUEBLO DE CARNAVALES
Mientras todo esto está sucediendo, precisamente el concejal de hacienda y portavoz de Ciudadanos en el Equipo de gobierno, señor Hontecillas, como delgado también en materia de Festejos, anda muy ocupado en organizar los carnavales y demás performances para entretener al pueblo. En lugar de interesarse por este asunto y, en su caso, girar al menos las correspondientes liquidaciones tributarias defraudadas dada la vigencia de las licencias por cierto.
CRISIS INMINENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Nos llegan rumores no obstante del inminente cese del concejal Hontecillas como responsable de la cosa, es decir de la hacienda local, hallándose en los últimos tiempos entre la desgana y la desaparición. Se espera pues una inminente remodelación del equipo de gobierno cuando apenas queda un año para las próximas elecciones municipales. Si esto se confirma, haremos la oportuna valoración en su momento.
De momento, nos parecería una irresponsabilidad que el socio de gobierno, CIUDADANOS, titular además de la concejalía de hacienda precisamente, se convirtiera en cómplice de este atropello si finalmente el alcalde CORPA diera instrucciones a la representación procesal del Ayuntamiento en la causa penal del Juzgado 1 de Coslada, de no realizar acusación alguna contra sus ex colegas, por un presunto delito contra la hacienda municipal.
Es lo que le faltaría a CIUDADANOS en San Fernando de Henares, mirar para otro lado y aquí no ha pasado nada. Si CIUDADANOS se inhibe en este asunto, sería desde luego el baldón final con el que dentro de un año certificará su absoluta desaparición al menos en San Fernando de Henares, porque habrían demostrado ya una insostenible complicidad con atropellos anteriores relacionados con el caso plaza de España, que desde luego sus votantes no se merecen.
Estaremos atentos pues a la pantalla, con la crisis de gobierno al fondo.
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