LÍNEA 7 DEL METRO EN SAN FERNANDO - EL CARMEL MADRILEÑO (I)

UNA MUY RECIENTE SENTENCIA DE ENERO PASADO DEL TSJ DE MADRID COMPLICA AÚN MÁS PODER SEÑALAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROBLEMAS SURGIDOS EN EL TRAMO DE LA LÍNEA 7 DE METRO QUE DISCURRE POR NUESTRO MUNICIPIO. Y ES QUE EL TSJM ANULA LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CONTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DRAGADOS SA, MEDIANTE LA CUAL RECLAMABAN A DICHA EMPRESA NADA MENOS QUE 15,5 MILLONES DE EUROS POR VICIOS OCULTOS. EXPLICAMOS EN QUÉ SE BASA EL TSJM PARA FALLAR CONTRA LA COMUNIDAD DE MADRID. EN LA FOTOGRAFÍA, EL TRAZADO MODIFICADO EN 2006 (EN AMARILLO) Y EL INICIAL PREVISTO (EN AZUL). TAMBIÉN EN ROJO EL EPICENTRO DEL PROBLEMA EN EL POZO DE BOMBEO JUNTO A LA CALLE RAFAEL ALBERTI.

EL ORIGEN CONCRETO DEL PROBLEMA QUE AMENAZA CON CONVERTIR EL CASO EN EL CARMEL MADRILEÑO, SE HALLA AL PARECER EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE BOMBEO A UNA COTA POR DEBAJO DEL NIVEL FREÁTICO DEL RÍO JARAMA.

NO OBSTANTE LO CUAL NO ES EL ÚNICO PROBLEMA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 7 EN EL TRAMO QUE DISCURRE POR NUESTRO MUNICIPIO. LA APARICIÓN DE FILTRACIONES CON AGRESIVAS SALES SOLUBLES AMENAZAN TAMBIÉN LA ESTABILIDAD DE LAS PROPIAS INFRAESTRUCTURAS, QUE HAN PROVOCADO VARIOS CIERRES TEMPORALES Y VARIAS INTERVENCIONES DE REPARACIÓN.

LA ZONA DEL POZO DE BOMBEO SITUADO EN LA CALLE RAFAEL ALBERTI, EPICENTRO DEL PROBLEMA QUE HA DAÑADO TANTO A EDIFICIOS PRÓXIMOS COMO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO EL PILAR. SIN EMBARGO LOS TRIBUNALES NO ACABAN POR RECONOCER RESPONSABLE ALGUNO. AQUÍ EXPLICAMOS EN QUÉ SE BASA LA JUSTICIA PARA ELLO.

EN EL AÑO 2015 A RESULTAS DE UNA ALERTA DEL EDAR DE CASAQUEMADA, MINTRA SE VE OBLIGADA A REALIZAR UNA SERIE DE OBRAS URGENTES EN EL POZO DE BOMBEO, DONDE SE DETECTARON AGRIETAMIENTOS EN LOS EDIFICIOS Y HUNDIMIENTOS DEL SUELO DEL COMPLEJO EL PILAR. FINALMENTE ACABARON POR DEMOLER EL ALA DERECHA DE UNO DE LOS EDIFICIOS.

UNA VEZ REALIZADAS LAS REPARACIONES URGENTES, SE DETECTARON RIESGOS DE HUNDIMIENTOS EN TODO EL COMPLEJO DE EL PILAR, PROCEDIENDO AL DESALOJO DE LOS EDIFICIOS Y AHORA SE PROPONEN DEMOLER TODO EL COMPLEJO. ESTAMOS PUES EN PRESENCIA DEL CARMEL MADRILEÑO.

SI NO SE CONSIGUE PARAR EL PROYECTO DE DEMOLICIÓN, SE HABRÁ HECHO DESAPARECER UNO DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO CONSTRUIDO EN LOS AÑOS SESENTA, ASÍ COMO LA DESAPARICIÓN DE UNA DOTACIÓN DE MÁS DE DIEZ MIL METRO CUADRADOS EN PLENO CORAZÓN DE LA CIUDAD. SIN EMBARGO, CON TODAS LAS RESOLUCIONES JUDICIALES HABIDAS HASTA AHORA, LOS TRIBUNALES SE RESISTEN A SEÑALAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DRAGADOS SA (DEL GRUPO ACS DE FLORENTINO PÉREZ) COMO LA RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS ORIGINADOS. VAMOS A EXPLICAR A LO LARGO DE LAS PRÓXIMAS ENTRADAS EN QUÉ SE BASAN LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES PORQUE ENTENDEMOS QUE ES DE GRAN INTERÉS PARA TODOS Y NOS AYUDARÁ A FORMAR MEJOR Y MÁS RIGUROSO CRITERIO SOBRE EL PROBLEMA.

EL CARMEL MADRILEÑO

En el año 2005, como consecuencia de la ampliación de las obras del metro en la línea 5 de Barcelona y a su paso por el populoso Barrio de El Carmel, se hundieron las obras del túnel provocando un enorme socavón con más de ochenta edificios afectados y cerca de mil personas desalojadas. 

Hoy, doce años después de la inauguración de la ampliación de la línea 7 del metro de Madrid a su paso por San Fernando de Henares, estamos en presencia casi de un problema parecido, con el riesgo y la amenaza cierta de provocar el hundimiento de un área que puede afectar, además de al complejo del Colegio el Pilar, a varios edificios adyacentes.

LA VERDAD JUDICIAL

Hasta en tres ocasiones han acabado en la Justicia madrileña estos asuntos. La primera en una reclamación de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO DE SAN FERNANDO DE HENARES SA contra el Ayuntamiento de Coslada. La segunda, de las Comunidades de Propietarios de los edificios de las calles Rafael Alberti y Sabatini, contra MINTRA (empresa titular del metro de Madrid) y Dragadados SA, empresa adjudicataria que ejecutó las obras entre 2005 y 2007. En ninguno de estos casos la Justicia dio la razón a los reclamantes.

Para, finalmente, ser la propia Comunidad de Madrid quien ha visto también cómo el TSJ de Madrid ha anulado una Orden suya de 20 de diciembre de 2016, mediante la cual reclamaba a Dragados SA más de 15 millones de euros por daños y vicios ocultos. Sin embargo, de nuevo la justicia ha paralizado el intento de la Comunidad de Madrid de resarcirse de los numerosos gastos en que ha incurrido por causa, según la Orden citada, de vicios ocultos en los que incurrió la empresa constructora en la ejecución de la obra de ampliación de metro en el conocido como el tramo B de la línea 7. 

En todas las reclamaciones realizadas hasta ahora, no ha sido posible tampoco determinar por parte de la Justicia, quién ha sido realmente el causante de este tremendo problema que amenaza con cambiar para siempre la fisonomía de nuestro municipio en su plena centralidad, además naturalmente de los riesgos que pueden darse también en los edificios próximos por el efecto y la naturaleza de los hundimientos detectados y la causa que, según los numerosos informes realizados, está en el origen del problema. Es la verdad judicial, lo que no quiere decir desde luego que sea la verdad material y ni mucho menos la del sentido común.

INFORMES, CONTRAINFORMES Y PERITAJES JUDICIALES

Las tres sentencias habidas hasta el momento han dado lugar a numerosos informes y contrainformes. También a la realización de peritajes encargados a la Universidad o la intervención de las máximas autoridades técnicas en la materia del país incluso con proyección internacional. Los propios Jueces admiten que este es un problema que solo es posible abordarlo desde la justicia recurriendo al mejor y más independiente criterio pericial de los técnicos y peritos más expertos y fiables. Lo cual lleva a conclusiones sorprendentes que prometen continuar mediante los recursos que, al parecer, ya han sido presentados por la Comunidad de Madrid.

No obstante lo cual, de los numerosos informes y pericias practicadas para todas las causas y muy singularmente de la última y reciente sentencia del TSJ de Madrid por el que se anula la Orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, se puede extraer la suficiente información como para hacerse una idea muy precisa de lo que ha pasado y de las causas que están en el origen de este formidable problema, que se nos ha presentado en toda su crudeza y en plena campaña electoral. En las próximas entradas procederemos a reseñarlas todas porque consideramos son del máximo interés ciudadano. Se trata de saber qué ha pasado realmente y quién ha sido el responsable.