HISTORIA DE UN DESAHUCIO (ADMINISTRATIVO)

UN NUEVO VARAPALO JUDICIAL

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En estos tiempos que corren, donde las reglas del juego se subvierten impunemente dando paso a la demagogia más populista, ocurren sucesos como este protagonizado por nuestras autoridades locales, para bochorno de propios y extraños (pero sobre todo de los propios), atrapados en sus contradicciones políticas más exhibicionistas y dejando en evidencia una práctica perversa condensada en la cínica consigna: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.

Esta es una breve pero aleccionadora historia librada por un particular contra el concejal de seguridad iniciada allá por el año 2007 (y luego contra el Ayuntamiento, claro) y resuelta hoy en 2013, para evitar ser desahuciado de una finca que, al parecer, era de su propiedad desde 1996. El desahucio administrativo no pudo ser evitado y la lucha ha sido desigual, claro está, aunque al final ha ganado el desahuciado. Eso sí, no sin antes tener que recorrer seis largos años de peripecias judiciales no siempre agradables, y de desalojar la finca que dice ser de su propiedad durante todos estos años.

Pocas personas saben que los desahucios no son solo cosa de las comisiones judiciales, y que también existen desahucios administrativos ordenados por nuestras autoridades locales. Lo llamativo de estos tiempos es ver cómo, mientras se utiliza esta prerrogativa en el ejercicio (legítimo claro es) de su autoridad en el Ayuntamiento, se hacen aparatosas exhibiciones públicas para impedir la ejecución de los desahucios judiciales.

Corría el año 2000 y el Ayuntamiento recibió una donación envenenada en forma de una finca, prolongación de la que ocupa hoy el Polideportivo. Y decimos que envenenada porque estaba ocupada por varias instalaciones precarias toleradas desde hacía muchos años por su propietario. La finca en cuestión tiene aproximadamente unos 60.000 m2 de superficie, y linda con el río Jarama. Aunque no contamos con todos los datos, queremos imaginar que el donante (persona de muchas propiedades en San Fernando), hizo esa donación de forma altruista. Sea como fuere, lo cierto es que el entonces concejal de Seguridad y Transporte, D. ELOY RODRÍGUEZ ORTIZ, hoy flamante Juez de paz del municipio nombrado en el Pleno por los suyos, ordenaba en el año 2007 el desalojo del propietario de dicha finca mediante un simple decreto dictado por él. Comenzó así una larga lucha entre el ocupante y el Ayuntamiento, en la que no faltaron lógicamente las protestas correspondientes toda vez que el ocupante del bien municipal, aseguraba tener un título registral de propiedad desde 1996 de la parcela ocupada por sus instalaciones. Es decir, varios años antes de que la finca donada donde estaba enclavada la suya pasara a ser propiedad del Ayuntamiento.

La peripecia judicial fue larga y costosa para el desahuciado, y el procedimiento administrativo impulsado por el concejal de Seguridad hoy Juez de paz (que no nos pase nada), después de pasar por el Juzgado correspondiente acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien ha anulado directamente la orden de desalojo dictada por el concejal, porque él no era competente para instar procedimiento alguno de recuperación del bien municipal, sino que lo era el Pleno municipal.

Después de seis años de pleitos, todo radicalmente nulo y el desalojado pidiendo indemnizaciones millonarias. Nadie del Ayuntamiento cayó en la cuenta de la existencia de un articulito en  el Reglamento de Bienes que atribuye esa competencia al Pleno, y no al Alcalde o a los concejales delegados. Este es un varapalo judicial más de los que últimamente viene cosechando nuestro Ayuntamiento y el nuevo alcalde, quien no le quedará más remedio que iniciar otra nueva liturgia consistente en acudir al Pleno de nuevo, para rogarle habiliten una partida presupuestaria (otra más, y van...) para pagar la indemnización correspondiente cuando el afectado ejecute la sentencia. Es el precio visible que pagaremos todos, de una contradicción (una más) perpetrada por quien no pierde ocasión para presentar mociones al Pleno contra los desahucios. Pero solo contra los desahucios judiciales, claro. Los ejecutados por ellos no cuentan. Claro que si todos los desahucios los hacen así será mejor que no inicien ninguno. Mientras tanto, el que perpetró todo esto ejerce de Juez de paz. Toda una lección de nuestra particular pequeña pero delirante historia.