domingo, 29 de agosto de 2021

UN ACUERDO DE PLENO ABSOLUTAMENTE ILEGAL


 CUANDO LOS CONCEJALES VOTAN SU PROPIO SALARIO

(COSAS QUE SOLO PASAN EN NUESTRO AYUNTAMIENTO)
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La demanda de protección del derecho al honor que el concejal de Personal y Régimen Interior, Formación y Empleo, y Sanidad y Consumo, y presidente de dos Comisiones Informativas y Secretario del Comité liquidador de la EMS, (a pesar de, según él, tener todas esas delegaciones en régimen de no dedicación ni exclusiva),  ha interpuesto contra nosotros por una entrada anterior en la que denunciábamos la irregular situación en que este concejal viene desempeñando sus cargos desde marzo de este año, al haber delegado el alcalde en él la de Personal y Régimen Interior cuyo acuerdo del Pleno de Organización estableció que la misma lo era en régimen de dedicación exclusiva, y sin embargo viene percibiendo una pensión de invalidez de la Seguridad Social, nos va a permitir llevar a los juzgados en los próximos días el patente fraude de ley en que este concejal viene incurriendo tras su nombramiento. Y al futuro pronunciamiento de los tribunales nos remitimos pues.

Sin embargo, del estudio de la clara y manifiesta irregular situación de este concejal dada su clamorosa incompatibilidad en el desempeño de su delegación con una percepción de pensión de la Seguridad Social, nos ha permitido al mismo tiempo descubrir otras patentes situaciones y acuerdos irregulares, que revelan la formidable improvisación por no decir frivolidad con que se adoptan determinados acuerdos en este Ayuntamiento.

Y es que, efectivamente, en el denominado Pleno de Organización celebrado el día 28 de junio de 2019 (ver la foto de arriba), fue adoptado, entre otros, el acuerdo de retribuciones de los miembros de la Corporación. 

Pero este acuerdo tiene una grave irregularidad que persiste a día de hoy: que la propuesta del alcalde, tal y como está formulada al pleno, obligó a los concejales de equipo de gobierno (PSOE y CIUDADANOS) a votar sus propios salarios. Algo que la Ley no permite, ya que, lógicamente, en ese acuerdo tienen los propios concejales un interés directo y personal lo que les obligaba a abstenerse en esta votación y no lo hicieron.

UN MONUMENTAL ERROR QUE LES PUEDE COSTAR MUY CARO

Este acuerdo parte, como se dice, de un monumental error del alcalde (y se supone que de la entonces Secretaria accidental), por cuanto que nada más ser elegido en el pleno del 15 de junio, procedió al nombramiento de los que luego serían concejales del equipo de gobierno pero sin esperar al Pleno de organización celebrado el día 28. Es decir, el celebrado trece días después. 

En total nombró con delegación a once concejales que es lo máximo que permite la ley en este Ayuntamiento. Los seis concejales del PSOE y los cinco de CIUDADANOS. 

Pero estos nombramientos con sus correspondientes delegaciones en Áreas concretas, adolecían de la falta de autorización del régimen de dedicación (exclusiva o parcial) de cada concejal, así como, sobre todo, su retribución, ya que ambas cuestiones son potestades solo atribuidas el Pleno municipal.


He aquí la propuesta del alcalde tal y como la presentó al pleno y viene recogida en el acta del pleno de 28 de junio de 2019. 

Como puede apreciarse, en el punto IV del orden del día se dice: RETRIBUCIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, seguida luego del nombre y apellidos de los concejales delegados y sus respectivas delegaciones, para pasar luego a fijar las retribuciones del propio alcalde y de los demás concejales con delegación. O, en otras palabras, aquellas Áreas o delegaciones que conllevan el régimen de dedicación exclusiva o parcial, y que solo son competencia del pleno.

Pero, al haber nombrado con anterioridad a la autorización del pleno el alcalde a los concejales con delegación, y siendo competencia del mismo establecer el régimen de dedicación y el salario a percibir por él mismo y por los concejales delegados, necesariamente su propuesta, que contiene los nombramientos ya realizados, obligó a los concejales del equipo de gobierno y al propio alcalde a votarse su propia retribución. Algo que la ley no permite en absoluto al tener, lógicamente, un interés directo y por lo tanto un claro caso de deber de abstención.

¿QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES SOBRE ESTOS ACUERDOS?

Son varias, unánimes y contundentes, las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que vienen acordando o confirmando la nulidad de estos acuerdos de otros tantos juzgados, en los que los propios concejales se votan sus salarios. 

Así lo han acordado desde el TSJ de Valencia, el de Andalucía o de Extremadura, como otros Juzgados de lo Contencioso de Castilla y León. Vienen pues anulado estos acuerdos de otros Ayuntamiento que han incurrido en el mismo error que el de San Fernando, por cuanto que, obviamente, al tener un interés directo y personal en el acuerdo los concejales tienen el deber de abstenerse, toda vez que, lo que acuerdan es éso; su propia retribución. 

Las resoluciones judiciales son todas ellas unánimes y contundentes como se dice, y decretan la nulidad de pleno derecho de esos acuerdos adoptados con las mismas circunstancias que las del pleno de 28 de junio de 2019.

¿QUIÉN PUEDE RECURRIR ESTE ACUERDO PARA SU POSIBLE NULIDAD?




SOLO DOS VOTOS EN CONTRA TUVO ESTE ILEGAL ACUERDO PLENARIO


El acuerdo solo contó con dos votos en contra: los pertenecientes al entonces concejal de España 2000 Sandro ALGABA y del concejal de VOX Jesús FERNÁNDEZ. 

Pero el debate sobre este asunto degeneró sin embargo por otros derroteros muy curiosos, que nada tenían que ver con el fondo del asunto y que contó con una enmienda del grupo de IU, Equo, Anticapitalistas.

Las intervenciones pues de la casi totalidad de los portavoces de cada grupo representados, derivó hacia cómo repartir las presidencias de las Comisiones Informativas, ya que, según la propuesta del alcalde, dichas presidencias estaban generosamente retribuidas con 450 euros mensuales fijos. 

Y para ello, el alcalde ya había llegado a un acuerdo con el portavoz de PODEMOS y con la portavoz de ACTÚA, para que ambos, en la oposición, presidieran cada uno una Comisión Informativa reservándose las demás para el propio equipo de gobierno.

Como se dice, la propuesta del alcalde, a pesar de su patente ilegalidad, solo contó con los votos en contra de los concejales del Grupo Mixto que en la foto de arriba figuran circulados en rojo. Y solo ellos pues pueden arrumbar este manifiesto acuerdo ilegal si lo llevan a los tribunales.

¿Serán capaces de hacerlo y tendrán la decisión y determinación suficiente como para llevar este manifiesto acuerdo ilegal de retribución de los concejales del equipo de gobierno, ante los juzgados para que sea anulado? Lo desconocemos, pero mucho nos tememos que no lo harán y sería muy lamentable.

VÍDEOS QUE DESAPARECEN DE LA WEB MUNICIPAL

Hemos podido comprobar que el vídeo de la grabación del pleno de 28 de junio de 2019, y que necesitamos para su aportación al Juzgado para la denuncia que estamos preparando sobre el nombramiento del Concejal de Personal, ha desaparecido de la relación de grabaciones de todos los plenos celebrados en el año 2019. Desconocemos la razón de la súbita desaparición de esta grabación a pesar de que en su día sí estuvo colgada de la web. 

¿Por qué ha retirado el equipo de gobierno o la persona que manipula las subidas a la web municipal esas grabaciones? Como decimos, lo desconocemos absolutamente, pero prometemos hacer todo lo posible para que, a través del juzgado, sea pedida la misma y conocer su paradero.

martes, 10 de agosto de 2021

PRESUPUESTOS 2021 - HACIENDO TRAMPAS EN EL SOLITARIO (II)

 


HACIENDO TRAMPAS EN EL SOLITARIO

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El pasado día 16 de julio en el pleno extraordinario celebrado a las ocho treinta de la mañana, lógicamente sin público asistente alguno, se aprobó inicialmente el Proyecto de Presupuestos 2021 con los votos del equipo de gobierno y algunas ayudas pactadas con algunos grupos de la oposición que, dicho sea de paso, cada día que pasa es menos oposición si es que alguna vez lo fue.

Hoy precisamente, termina el periodo de información pública de los mismos, pero no tiene un pase aprobar los Presupuestos de 2021 a finales de julio con objeto de pillar en el mes de agosto con buena parte de la ciudadanía en plenas vacaciones estivales. Pero esto es lo que hay. Presupuestos participativos lo llaman a esto. Puro relato para incautos.

No obstante las dificultades y las fechas agosteñas, hemos llegado a tiempo para presentar una serie de alegaciones a estos Presupuestos 2021 que estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias. No esperamos obviamente estimación de ninguna de ellas ni, desde luego, apoyo a las mismas de los grupos de la oposición. Cuando decimos defenderlas hasta las últimas consecuencias nos referimos lógicamente hacerlo hasta en los tribunales, por cuanto que estamos plenamente convencidos de que estos Presupuestos si no los modifican, incumplen clamorosamente la ley en varios de sus contenidos, porque, en buena parte, lo que el equipo viene haciendo no es otra cosa que no tener en cuenta las importantes deudas a que hay que hacer frente, pero de las que no se hallará rastro alguno en estos Presupuestos porque todas ellas las han escondido bajo la alfombra.

Veamos algunas de las más evidentes.

DESMONTANDO LAS TRAMPAS DE LOS PRESUPUESTOS 2021

Si usted amable seguidor de este blog, se propone hacer un balance anual de sus finanzas familiares y realiza un pequeño presupuesto para todo el año, tiene dos opciones: i) ser riguroso y consignar absolutamente todos los gastos y todas las deudas, o bien ii) hacerse trampas en el solitario y omitir las deudas o las obligaciones económicas más perentorias ignorándolas y dando patadas a seguir a la bola de nieve. Si elige usted la segunda opción entonces ha optado hacer lo mismo que el Ayuntamiento. Es decir, ignorar las deudas y demás obligaciones económicas que perturben la cuadratura del círculo que nos quieren emplumar. Veamos algunas de estas clamorosas trampas que, si no son rectificadas, darán inevitablemente con estos Presupuestos en la plena nulidad judicial.

A VUELTAS CON LA DEUDA VIVA REAL

Según el Proyecto de Presupuestos para 2021, la deuda viva del Ayuntamiento es de 21,5 millones de euros, agrupada toda en un ventajoso préstamo a largo plazo del Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda creado para que los Ayuntamientos puedan hacer frente a sus numerosas trampas pagando sentencias judiciales ya firmes. En el caso del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, esas sentencias judiciales se corresponden casi todas ellas con el pago a los socios privados de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, cuyas sistemáticas condenas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid supone llevar ya pagados más de 25 millones de euros con sus intereses legales correspondientes y demás indemnizaciones.

Ese nivel de endeudamiento se corresponde con un 54 % de los derechos reconocidos como ingresos en la liquidación del Presupuestos de 2020 (Capítulos I a V), estando fijado el límite legal en el 110 % de dicho importe que en este caso es de 39 millones de euros. 

Ahora bien, sin embargo, si consultamos el portal del Ministerio de Hacienda relativo a la deuda viva de los municipios al cierre del ejercicio del 31 de diciembre de 2020, la deuda viva del Ayuntamiento de San Fernando de Henares es de nada menos que de 64,08 millones de euros. O, lo que es lo mismo, el 162 % de los derechos liquidados en 2020. ¿A quién creemos pues?



He aquí la primera trampa que nos ofrecen los Presupuestos 2021 con datos incontestables: el Ministerio de Hacienda, que recaba su información de la Central de Riesgos del Banco de España así como de la banca comercial privada, ha detectado que la deuda viva real del Ayuntamiento de San Fernando de Henares es de 64,08 millones de euros y no de 21,5 como se nos trata de colar en el Proyecto de Presupuestos. Lo cual entrañaría obviamente que el ratio de endeudamiento real sería del 162 % sobre los derechos liquidados de 2020 que, a su vez, supone superar el límite legal en un 52 % demás.

El truco (o la trampa mejor) consiste en eludir la deuda de la mercantil municipal PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL puesto que, al estar en liquidación, no lo tienen en cuenta. O, lo que es lo mismo, si metemos bajo la alfombra los 54 millones que debe dicha mercantil, la deuda viva del Ayuntamiento queda rebajada hasta solo el 54 %. He aquí la primera trampa que pretenden hacernos creer desde el equipo de gobierno; consistente en meter bajo la alfombra nada menos que 54 millones de euros de la mercantil PESF. Así cuadra cualquiera.

NO CONSIGNAR LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES TAMPOCO

Otra de las trampas consiste en ignorar lo que se conoce como obligaciones exigibles provenientes de sentencias judiciales precisamente ya totalmente firmes, y que, en este caso, se corresponden con una sentencia del TSJ de Madrid de lo contencioso luego confirmada por el Tribunal Supremo, por importe de 8,5 millones de euros, y otra de 2,4 millones de euros también y que se corresponde con otra sentencia firme pero en este caso del Juzgado de lo Mercantil nº 6. La primera por un recurso ganado al Ayuntamiento por una de las empresas constructoras que intervino en la UE-1 de la plaza de España. Y la otra se debe a un incidente presentado por el Administrador concursal de PESF ante el mismo Juzgado concursal, y en virtud de la cual se condenaba al Ayuntamiento al abono a la masa activa de dicho importe de 2,4 millones de euros. Se da la circunstancia nunca aclarada por ningún equipo de gobierno, de que el Ayuntamiento no se personó en dicho incidente; lo cual es de aurora boreal.

Así pues, en este caso la trampa consiste en ignorar estas obligaciones totalmente exigibles al corresponderse con sentencia ya firmes, y cuya omisión o falta de consignación de los créditos correspondientes puede acarrear la nulidad de los propios Presupuestos. Es decir, más deudas bajo las alfombras para que no se note. En este caso asciende al menos a 10,9 millones de euros que no se hallan consignados ni dotados con crédito alguno en estos Presupuestos. 

EL FORMIDABLE EMBROLLO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

La Ley Reguladora de Haciendas Locales obliga a que los Presupuestos contengan la programación cuatrienal del Programa de Actuación del PGOU, tanto de las inversiones programadas como, en su caso, de los créditos necesarios para su ejecución.

En el caso de los Presupuestos 2021 esa supuesta programación cuatrienal se ofrece mediante un informe del Área de Urbanismo, solo que en lugar de la programación cuatrienal lo han calculado para cinco años sin que se entienda bien a qué responde esta "innovadora" técnica que obviamente va contra lo previsto en el propio Programa de Actuación. Debe ser que se trata de reminiscencias de los planes quinquenales.

En cualquier caso, lo insólito de todo esto es que, incomprensiblemente, todo el esfuerzo de un informe de 32 páginas se diluye en divagaciones varias consumiendo páginas y páginas en proyecciones más que discutibles, y solo al final se centra en toda una larga relación de convenios urbanísticos firmados con las Juntas de Compensación de los sectores programados del PGOU, entre el largo periodo de tiempo que va de 2004 a 2019 y que se resume en la siguiente relación de abajo.


Hasta un total de 21 convenios se han firmado con los diferentes sectores programados de suelo urbanizable o sectorizado según el PGOU de 2002 y otras tantas Unidades de Ejecución, dos de los cuales están pendientes de firma según el Proyecto de Presupuestos 2021.

La firma de todos estos convenios han supuesto ingresos en las arcas municipales por importe de más de 28,8 millones de euros en lo que va de 2004 a 2019. Ver el cuadro de abajo.


Ahora bien, estos ingresos que el Ayuntamiento ha obtenido provienen todos ellos de lo que se conoce como ingresos de derecho privado por operaciones sobre el Patrimonio Municipal de Suelo, pero cuyo destino se halla afectado legalmente primero como patrimonio separado, y luego como inversiones destinadas todas ellas a la conservación o el incremento de dicho Patrimonio.

Pero, en este caso, además, buena parte de esos ingresos son finalistas, por cuanto que se han de destinar a la ejecución tanto de los sistemas locales como de los sistemas generales previstos en el PGOU.


Arriba, el cuadro de los Sistemas Generales adscritos a los diferentes sectores de suelo programado, casi todos ellos de la red viaria, a cuya ejecución han de ser destinados casi todos esos ingresos que el Ayuntamiento ha obtenido mediante los célebres convenios urbanísticos.

Ahora bien, la trampa consiste en que, si bien el Ayuntamiento ha percibido ya casi todos esos ingresos afectados y finalistas con destino a financiar los sistemas generales viarios, hasta el punto de haber recaudado ya unos 28 millones de euros, sin embargo, a día de hoy, no ha ejecutado ni uno solo de esos sistemas generales.

O, lo que es lo mismo, el Ayuntamiento solo presupuesta y contabiliza los ingresos, pero no ha consignado ni dotado a lo largo de más quince años, ni una sola partida de gasto o crédito alguno destinado a la ejecución de los sistemas generales comprometidos en el Programa de Actuación del PGOU.

Es decir, las Juntas de Compensación han pagado al Ayuntamiento los importes correspondientes a esos sistemas generales en cumplimiento de los convenios firmados, pero el Ayuntamiento ha aplicado y desviado a lo largo de todos estos años esos importes para financiar otros gastos incluido gasto corriente. Lo cual está prohibido por la ley.

De esta forma, han eludido consignar créditos por importe de, al menos, 10,5 millones de euros ya ingresados pero aplicados a otros gastos. Más deuda bajo la alfombra.

Este asunto de los convenios urbanísticos es tan clamorosamente escandaloso y dificultoso de cuantificar bien, que prometemos ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas para ver si consiguen ellos poner negro sobre blanco en este oscuro e inquietante asunto. Entre otras cosas, porque ahora mismo hay cuantiosos compromisos económicos contraídos por convenios urbanísticos firmados, cuya parte obligacional municipal no ha sido cumplida en ni uno solo de los casos, practicando un política del avestruz como sucede con estos Presupuestos cuya inversión prevista apenas es de 263.000 euros y todo ello para el socorrido asfaltado de calles. Ya veremos en qué queda todo esto.

Todo lo anterior pone en evidencia clara que el relato triunfalista y autocomplaciente del equipo de gobierno, se cae estrepitosamente ante la contundencia de los datos. Tanto, que si no rectifican serán los tribunales quienes tenga que obligarlos a hacerlo porque la deriva de huida permanente hacia adelante es tan irresponsable como suicida.

PROXIMO CAPÍTULO

LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020


sábado, 31 de julio de 2021

PRESUPUESTOS 2021 - HACIENDO TRAMPAS EN EL SOLITARIO (I)

 


SESION PLENARIA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS 2021 (16 de julio de 2021)

ARRIBA, EL MOMENTO EN EL QUE EL ALCALDE CORPA SE DIRIGE A LA PORTAVOZ DEL PARTIDO ACTÚA EN LA OPOSICIÓN PARA AGRADECERLE SUS "APORTACIONES" AL PRESUPUESTOS 2021. A PESAR DE HALLARSE EL EQUIPO DE GOBIERNO EN MINORÍA, NUNCA LO TUVIERON TAN FÁCIL CON UNA OPOSICIÓN DIVIDIDA Y ENTREGADA.

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PRESUPUESTOS 2021 - HACIENDO TRAMPAS EN EL SOLITARIO

(PRIMERA ENTREGA)

(ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 2021 COMO NO TE LO VAN A CONTAR NUNCA)

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El proyecto de los Presupuestos para el ejercicio de 2021 se halla en exposición pública en estos momentos. No sabemos bien si ha sido casualidad o intencionado, pero buena parte de la exposición pública se va a realizar durante el mes de agosto. Lo cual no es dar facilidades precisamente.

No obstante lo cual, hemos acudido durante dos jornadas a consultar el proyecto de los Presupuestos 2021 y la primera en la frente. Aunque el edicto publicado en el Boletín Oficial indica que durante el periodo de exposición al público puede ser consultado por cualquier ciudadano, sin embargo nos encontramos con la sorpresa de que, para poder hacerlo, la funcionaria de turno nos indica que es preciso pedirlo por escrito. Es para alucinar en colores. 

O sea, que someten a exposición pública nada menos que el Proyecto de los Presupuestos 2021 en plena canícula de julio y agosto y, cuando llegamos allí, nos obligan a firmar una petición para esa consulta (aunque en el edicto lógicamente nada se dice al respecto), presentarla por el registro y esperar a que resuelvan, cuando solo hay un plazo además de quince días para poder consultar el Proyecto y formular alegaciones en su caso.

No sabemos bien lo que pasa en este Ayuntamiento, pero la imagen que da es la de que se trata de una pedanía donde se maltrata a los ciudadanos obligándoles a realizar cosas que ninguna disposición legal les obliga. Es muy lamentable que nadie, ningún político de los que elegimos, se haga cargo de estas situaciones abusivas que revelan la muy escasa atención que en el Ayuntamiento le presta a la debida formación de sus funcionarios, porque es totalmente inadmisible que siendo convocados los ciudadanos mediante edictos a la consulta de los Presupuestos 2021, sin embargo, cuando se llega allí, en unas dependencias además casi desiertas, uno se encuentre con que le obliguen a pedir expresamente por escrito la consulta del Proyecto de los Presupuestos 2021, mientras el plazo de quince días sigue corriendo a la espera de que se dignen darle luz verde para hacerlo.

Que, en un Ayuntamiento de cuarenta mil habitantes sucedan estas cosas, revela un lamentable estado de cosas que, además de estupor, causan una pésima imagen del funcionamiento de la Corporación.


LOS PRESUPUESTOS 2021 VISTOS DESDE OTRA ÓPTICA


No obstante el percance anterior y no sin justificadas protestas, nos fue posible consultar los Presupuestos 2021 que, sin embargo, han decidido no colgar en esta ocasión en la web municipal. Ignoramos la razón. Ni una sola facilidad al ciudadano.

Y nos proponemos pues, una vez examinados al detalle los mismos, explicar a la ciudadanía en general aquellos aspectos más polémicos y llamativos de este Proyecto de Presupuestos 2021, que tiene la virtualidad de que va a ser aprobado cuando ya han transcurrido ocho meses de ejercicio. Es decir, solo tendrá vigencia durante cuatro meses. Lo cual hace que todo el Proyecto por razones elementales se halle totalmente distorsionado. ¿Cómo se pueden presupuestar unos ingresos, por ejemplo, para doce meses, cuando solo quedan cuatro para cerrar el propio ejercicio? Es todo bastante incomprensible y surrealista.

En sucesivas entradas iremos desgranado aquellos aspectos más polémicos que consideramos de estos Presupuestos 2021, no obstante lo cual anticipamos un curioso análisis del Presupuesto de gasto previsto para 2021, analizado mediante la desagregación por concejalías, lo que da una curiosa visión que sin embargo no se encontrará en el Proyecto aprobado inicialmente el pasado día 16 de julio en un pleno que podemos calificar de guante blanco. Veamos.

Aquí podemos ver las diferentes partidas del gasto atribuido a cada centro de gasto pero desagregadas por concejalías o delegaciones, con expresión también del acumulado de cada área y del porcentaje que representa sobre el total del Presupuesto de gasto para cada una de las delegaciones. Hay no obstante un importe de 2,2, millones de euros de gasto de suministros (agua, electricidad, combustible, etc.) que no tiene asignado responsable político alguno. 


Aquí podemos ver todos los centros de gasto o concejalías agrupados por delegaciones, con la atribución de esos gastos a cada uno de los dos grupos políticos que forman el equipo de gobierno.


Y este cuadro refleja la atribución del gasto por delegaciones del equipo de gobierno, donde se puede comprobar la formidable disparidad que hay entre unas y otras concejalías. Así, por ejemplo, mientras el concejal de Urbanismo gestiona solamente el 0,40 del gasto de todo el Presupuesto, el concejal de Personal controla y gestiona nada menos que el 43,77 % del mismo. 

Sin embargo, lo insólito de todo esto es que, mientras el concejal de Urbanismo tiene dedicación exclusiva y por lo mismo se halla dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, el concejal de Personal, Empleo, Sanidad, Consumo y Formación a pesar de que él solo gestiona el 43,77 % de todo el presupuesto de gasto, ni se halla dado del alta en el régimen general de la seguridad ni, a lo que parece, tampoco le paga el Ayuntamiento.

Dado que este concejal nos ha demandado judicialmente por exponer esto que, a primera vista, es cuando menos de clara apariencia irregular, vamos a tener la oportunidad sin embargo de esclarecer si la situación de este concejal a efectos de su situación laboral se ajusta o no a la legalidad. De momento sí sabemos que, en tanto que Presidente de alguna Comisión Informativa, viene cobrando regularmente asignaciones por ese concepto que en rigor son incompatibles con la dedicación exclusiva, y que en 2019 fue de 7.000 euros y en 2020 de 9.000. Ya veremos pues qué dicen los jueces sobre la peculiar situación de este concejal que, controlando el 43,77 % de todo el Presupuesto de gasto, sin embargo no está dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social tal y como prescribe la Ley.

No menos curioso es el control del Presupuesto del gasto 2021 desagregado por los grupos políticos, PSOE y Ciudadanos, que forman el equipo de gobierno. Así, mientras el PSOE, con seis concejales (54 % del equipo de gobierno) acapara el 76,84 % de todo el Presupuesto de gasto, Ciudadanos sin embargo con cuatro (en realidad inicialmente eran cinco pero sufrieron una baja de una concejala que se pasó al grupo de no adscritos), apenas controla el 13,83 % de todo el Presupuesto de gasto.

En este cuadro puede verse de forma más gráfica. Mientras el PSOE controla 32,5 millones de euros del Presupuesto de gasto 2021, Ciudadanos solo controla 5,5 millones de euros. Lo cual revela una absoluta desproporción y desequilibro en favor del PSOE.

PROXIMA ENTRADA

PRESUPUESTOS 2021: LAS TRAMPAS DEL SOLITARIO (II)


domingo, 25 de julio de 2021

CRÓNICA URGENTE DE JUZGADOS: LA INDIGNIDAD QUE NO CESA

 




EL AYUNTAMIENTO VIOLÓ UN DERECHO FUNDAMENTAL DE NUESTRA ASOCIACIÓN

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Un Juzgado de lo Contencioso de Madrid acaba de dictar una sentencia en virtud de la cual se establece que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares vulneró nuestro derecho fundamental de petición. Y también condena en costas al Ayuntamiento. Los hechos se iniciaron ya con la alcaldesa Catalina y tuvieron su lamentable y patética continuidad con el alcalde Corpa.

En efecto, con motivo de la tramitación de la Cuenta General de 2016 ya en el año 2018, nuestra asociación presentó las correspondientes alegaciones que, sin embargo, no fueron admitidas por el pleno. No obstante lo cual, el propio pleno que desestimaba nuestras alegaciones acordaba no aprobar las Cuentas municipales de 2016 porque no reflejaban la imagen fiel contable y patrimonial de la Corporación que era, en esencia, lo que alegábamos nosotros. Así de esperpéntico resulta todo en este desquiciado Ayuntamiento.

Y, para más desconcierto, tanto la Cuenta General de 2016 como nuestras propias alegaciones fueron informadas por una persona que no reunía los requisitos legales para hacerlo, razón por la cual procedimos algunos días después a pedir a la alcaldesa Catalina que nos informara de varias circunstancias relacionadas con la Contabilidad municipal, incluida lógicamente la categoría profesional y funcional que tenía la persona que estaba haciendo entonces las veces de interventor accidental.

Sin embargo, la entonces alcaldesa Catalina que recibió dicho escrito así como la propia secretaria accidental que también lo conoció, se limitaron a dejarlo en un cajón sin impulso alguno y por supuesto sin resolver nada al respecto, que es algo que viene siendo habitual.

El Ayuntamiento tiene un denominado Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en el año 2013 que, entre otras cosas, regula el derecho de petición ciudadana. Este es un derecho que viene recogido a su vez por una Ley Orgánica del año 2001 que desarrolla el artículo 29 de la Constitución. Es decir, es uno de los derechos fundamentales amparados por la propia Constitución Española.

Pues bien, ahora, el Ayuntamiento acaba de ser desautorizado por el Juzgado invocando precisamente esos derechos constitucionales, y anulando la resolución municipal por silencio y estableciendo que, efectivamente, el Ayuntamiento vulneró nuestro derecho fundamental. Vulneración que se inició con la alcaldesa Catalina y tuvo su continuidad luego con el alcalde Corpa quien, en tanto que responsable de la unidad de la asesoría jurídica, debió dar instrucciones para negarse a dar cumplimiento al mandato constitucional y reglamentario de la propia Corporación, obligando a nuestra asociación así a tener recurrir a los Juzgados una vez más.

La lamentable práctica de dejar en los cajones las peticiones de los ciudadanos está muy extendida en nuestra Corporación, y este abuso se viene produciendo con equipos de gobierno y alcaldes distintos. Da igual unos que otros y este caso lo prueba muy bien. Aprueban ellos mismos el Reglamento de Participación Ciudadana y están todo el día con esas consignas panfletarias en la boca, para, a la menor oportunidad, atropellar con abuso las propias disposiciones que ellos mismos aprueban pero no cumplen dando una lamentable muestra de que desconocen el alcance de lo que acuerdan.

Naturalmente, no esperamos una reacción de sensatez por parte del alcalde Corpa - quien figura, según el organigrama municipal recientemente subido a la web municipal, como el jefe de la asesoría jurídica -, atendiendo lo que se le pedía en su día a la alcaldesa Catalina, y con seguridad ordenará a sus asesores áulicos que recurran la sentencia añadiendo un mérito más a su ya larga lista de agravios perpetrados durante su todavía corto mandato. 

Se caracteriza el mandato del alcalde Corpa de apenas dos años, por el absurdo empecinamiento de agotar al extremo los recursos judiciales que a él no le cuestan nada hasta el infinito y con la sola finalidad de ganar tiempo. Pero, tenga por seguro el alcalde Corpa de que si en lugar de dar cumplimiento a lo que se le pedía decide recurrir, y al tratarse de un derecho fundamental vulnerado, si finalmente el TSJM confirmara dicha sentencia, haremos que responda usted personalmente por ese atropello con todas las consecuencias. Porque ya está bien de todos estos abusos que violan derechos fundamentales, señor Corpa.


EL EQUIPO DE GOBIERNO NO SABE SI LA PLAZA DE ESPAÑA ES UNA PLAZA
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Si hace un par de semanas el equipo de gobierno nos deleitaba con una nota de prensa felicitándose porque el Tribunal Supremo, había tumbado un recurso de casación mantenido por el Ayuntamiento por el que se pedía la nulidad de otra sentencia de la Audiencia Provincial, ahora nos encontramos con que esa misma sentencia es exhibida por el Ayuntamiento en otro recurso contencioso que mantenemos nosotros, y en el que se le viene requiriendo al señor Secretario municipal ¡desde hace dos años! para que, entre otras cosas, certifique si la plaza de España es eso, una plaza y, por ende, un bien demanial.

Pero el señor Secretario municipal se la coge con papel de fumar y tiene pavorosas dudas, pues si bien reconoce que la plaza de España es una plaza y por definición legal un bien demanial, sin embargo invoca las sucesivas sentencias referidas para aclarar que, tras dichas resoluciones judiciales, no está muy seguro de ello. Es decir, no está muy seguro si la plaza de España es una plaza.

Todo esto es bastante patético y desde luego muy lamentable porque evidencia que en todo el equipo de gobierno, no hay una sola cabeza bien organizada y andan dando tumbos y protagonizando disparates como este de no saber que una plaza es una bien demanial, con el solo objeto de negar lo evidente: que la plaza de España es una plaza y que, además, como tal está aportada al capital social de una mercantil privada.



Que a estas alturas el alcalde Corpa, que presentó y defendió en su día la moción al pleno como puede verse arriba donde proponía ejercer acciones judiciales contra el administrador concursal de PESF e incluso contra el juez de lo mercantil, manifieste ahora por boca del Secretario (el certificado lo firma él también) tener dudas al respecto, revela que estamos en manos de gente con muy pocos escrúpulos y, entre otras carencias, con desde luego muy poca memoria. Pero en fin, que sigan los disparates.


MÁS SOBRE EL CASO PLAZA DE ESPAÑA: 
EL ALCALDE CORPA SE LAVA LAS MANOS
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En varios Juzgados de lo Contencioso se vienen librando varios procedimientos instados por nosotros contra la legalidad de las licencias de la actuación de plaza de España. Obviamente, en todos ellos la parte contraria es el propio Ayuntamiento, que defiende la legalidad de todo lo actuado. Ver para creer. Quién ha visto al hoy alcalde Corpa cuando estaba en la oposición y quién lo ve ahora que es el alcalde.

Hemos de anticipar que, conocidos ahora los expedientes (no todos porque algunos han desaparecido al parecer) que sirvieron de base para otorgar dichas licencias a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, no podemos salir de nuestro asombro porque, sinceramente, todo es un formidable disparate que ha degenerado en un embrollo urbanístico de dimensiones inimaginables.

Ahora bien, ¿cuál es ahora la actitud del alcalde Corpa ante tamaños desmanes que hemos denunciado oportunamente, invocando su obligación legal de intervenir para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida? Pues muy sencillo, no darse por enterado alegando lo primero que sus asesores áulicos le han puesto en un papel para que lo firme en forma de resolución.


Aquí vemos al hoy alcalde Corpa visitando las obras de plaza de España en el año 2010 casco en cabeza, cuando era concejal de cultura en la coalición IU - PSOE de 2007 a 2011. No puede decir que no conociera de primera mano lo que allí se estaba ejecutando.

En efecto, al alcalde Corpa lo han adiestrado en el arte de dar largas cambiadas con alambicados informes jurídicos que, si no rectifica, le pueden traer graves disgustos. 

Porque, vamos a ver solo alguna clamorosa  muestra de clara ilegalidad urbanística y que el hoy alcalde Corpa, máximo responsable municipal, se niega a restablecer como una simple muestra del formidable caos conceptual en que han sumido a este hombre que, al parecer, le han hecho creer que, frente a tan flagrantes infracciones urbanísticas, simplemente puede elegir dando patadas a seguir como si con él no fuera nada, o todo lo contrario. Veamos.


Aquí arriba tenemos la licencia del aparcamiento subterráneo ejecutado bajo la plaza de España. Como puede verse, solo pueden construirse 7.996,72 m2. Esto es la máxima edificabilidad autorizada para este aparcamiento según la licencia correspondiente otorgada a PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en marzo de 2010.

Sin embargo, lo que realmente se ha ejecutado es lo que figura en un informe emitido por el arquitecto municipal en el año 2014 con ocasión de la petición de la licencia de funcionamiento en aquellas fechas.


Según dicho informe, se han construido nada menos 18.287,88 m2 en dos sótanos, donde solo estaban autorizados construir según la licencia 7.996 m2. En otra ocasión explicaremos el porqué en la licencia se autorizan solo esos metros.

Pues bien, tan patente disparate denunciado por nuestra asociación al alcalde Corpa, ha sido contestada lavándose las manos y fiándolo todo a dar la batalla judicial donde, asómbrense ustedes, viene defendiendo que todas estas infracciones son perfectamente legales. 

Lo dicho, el alcalde Corpa, que figura como se ha dicho antes como el jefe de la asesoría jurídica en el organigrama municipal, ha debido ser abducido por ésta y le deben de haber hecho creer que es posible defender estas monstruosidades ante cualquier juzgado sin ruborizarse. Y porque, al fin y al cabo, un alegato municipal en un procedimiento judicial de los varios que hemos visto a lo largo de muchas causas, puede establecer que la tierra es plana sin inmutarse cuando se trata de cumplir la consigna del sostenella y no enmendalla. Lo que nos queda por ver de este alcalde. Esto no puede acabar bien. Al tiempo.

domingo, 18 de julio de 2021

PRESUPUESTOS 2021 - UN PASEO MILITAR

 


PRESUPUESTOS 2021

UN PASEO MILITAR DEL EQUIPO DE GOBIERNO

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El pasado viernes día dieciséis se celebró un pleno extraordinario que tenía por objeto aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuestos para el año 2021. Y el resultado del debate puede resumirse en términos de resultados de fútbol: equipo de gobierno 10, oposición 6. Ganó el equipo de gobierno por goleada.

Tendremos ocasión de espigar al detalle este Proyecto de PRESUPUESTOS 2021 que presenta el gobierno en los próximos días una vez sea abierto el periodo de información pública. No obstante lo cual, anticipamos algunas impresiones de urgencia que entresacamos a resultas de las dos horas largas de tedioso debate en una sesión que comenzó a las 8:30 horas y sin público, lo cual es una anomalía de entrada.

Y la impresión fue esa que comentamos, un auténtico paseo militar para el equipo de gobierno porque ha conseguido con muy poco esfuerzo, la total neutralización, sumisión e incluso complicidad de casi toda la oposición abusando de lo que es muy evidente: una oposición totalmente dividida y/o muy perezosa. 

El resultado de la votación lo dice todo porque fue eso: diez votos a favor (PSOE y Cs), y seis en contra porque faltaron algunos concejales (PP, Más Madrid, Vox y los dos concejales no adscritos). Los demás abstenciones. Lo oposición hubiera podido tumbar estos Presupuestos 2021 (motivos serios hay para ello), pero Podemos, IU Anticapitalistas y Actúa se abstuvieron. Lo cual mereció un elogioso agradecimiento del alcalde. Es decir, se abstuvieron de votar porque ese es el verdadero significado real de la abstención. 

Hay que reconocerle ese mérito al equipo de gobierno que, sin la mayoría suficiente, ha conseguido dividir más que está a la oposición con cantos de sirena a los que algunos grupos han sucumbido sin disimulo alguno. 

TRIUNFALISMO, LUGARES COMUNES Y CÓMO VIVEN NUESTROS CORPORATIVOS EN UNA BURBUJA IDEOLOGIZADA

Ya hemos dicho que haremos un análisis pormenorizado y en detalle de los Presupuestos 2021 cuando los analicemos en el trámite de información pública. No obstante sí queremos hacer llegar algunos comentarios sobre la sesión de ayer que solo podemos calificar como un verdadero paseo militar del equipo de gobierno.

Que los equipos de gobierno presenten sus Presupuestos 2021 con discursos más o menos triunfalista va de suyo, pero el triunfalismo trompetero de este equipo de gobierno rebasa todo lo imaginable. Hasta como un gran logro presentan el hecho escandaloso de presentar unos Presupuestos para el ejercicio corriente de 2021, pero que no podrán entrar en vigor en todo caso sino a finales de septiembre. Y es que es evidente que estos partidos que forman el equipo de gobierno no tienen abuela.

Por lo demás, las grandilocuentes proclamas de siempre: "los presupuestos más sociales de historia", "que pague más el más tiene", etc. etc. etc. No hay un lugar común que no fuera enarbolado en la sede plenaria por el alcalde, el concejal de hacienda y los portavoces de ambos partidos. Toda una sesión de trompetería autocomplaciente como no se había visto hace lustros.

DESMONTANDO ALGUNAS PATENTES FALACIAS


No hay ocasión que deje pasar el alcalde para endilgar sus eslóganes más manidos, como un raca raca de manual de primero de militancia donde la ideología de andar por casa, por casa del pueblo se entiende, chirria con una realidad que espanta. Pero no es solo el alcalde que al fin y al cabo está en su papel de encandilar a su parroquia del PSOE, sino también el propio concejal de hacienda que, desmintiendo a la ideología liberal que dice profesan él y su partido, Ciudadanos, en un arranque de inconsecuencia no tuvo empacho en reprocharle a la portavoz de su ex partido, el Partido Popular, que bajar impuestos es de populistas. El cacao mental en que viven los dos grupos que forman el gobierno municipal les lleva a enredarse ambos en proclamas incluso antitéticas, pero esto es lo que hay.

Varias son las palabras y los conceptos que más fueron mencionadas en los debates del viernes, tanto por parte del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición: "social", "sociales" "igualdad", etc. Hasta cerca de cincuenta veces se pronunciaron las palabras mágicas: social,  sociales, etc. 

No hay palabra más gastada y más traicionada por la realidad cuando se desciende a un análisis riguroso de los números gruesos del Proyecto de los Presupuestos 2021, que esta manida y sobada consigna de lo social aplicado al gasto público. Cada año se repite la misma cantinela desmentida obscenamente cuando se analizan las cuentas municipales de verdad, y no bajo a la borrachera ideológica o el prisma partidista.

Y de nuevo nos vemos impelidos a soportar discursos insostenibles y repetidos sin cesar, con una catarata de malgastadas falacias que una y otra vez repiten como papagayos nuestros políticos con no poca desvergüenza cualquiera que sea el grupo político al que pertenezcan, y que sin embargo es muy fácil de desmontar. Veamos alguna de ellas.

El alcalde lanzó varias veces la proclama en forma de mantra conque se viene engañando al personal una y otra vez: "que pague más el que más tiene". No hay mayor falacia que esta consigna, porque no es más que eso, un mantra muy querido por una izquierda sobre todo que, si por algo se caracteriza en realidad, es por ir creando cada vez más agravios y desigualdades.

La falacia de la consigna del alcalde se desmonta muy fácilmente con estos dos casos que vamos a citar a continuación y que tiene o tenía hasta hace poco en su propio gobierno. Y que lo desmiente tan contundentemente que, cuando menos, debería contar hasta diez antes de volver a pronunciar semejante mantra porque, además de que no es más que una bobalicona consigna para encandilar a ilusos, tiene o ha tenido muy claros ejemplos de esa falacia sentados en su propio equipo de gobierno.



La concejala Peraza Casajús era hasta hace muy poco concejala del equipo de gobierno del alcalde Corpa por el acuerdo con Ciudadanos, hasta que sin explicación alguna se pasó al grupo de no adscritos sin que sepamos la razón. Pero, en cualquier caso, fue nombrada responsable de varias Áreas: Personal y Régimen Interior, Turismo, Industria, etc. 

Esta concejala es, de todos los corporativos, la que declara tener mayor patrimonio: un local en la exclusiva urbanización de La Moraleja, una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid, varios vehículos uno de ellos marca Mercedes y, asimismo, en 2019 declaró unos ingresos de 95.000 euros provenientes casi todos ellos del ejercicio de su profesión privada de abogada.

Pues bien, esta concejala que, como se dice, es la que mayor patrimonio acumula de todos los corporativos (al menos de lo que declaran todos ellos), no paga ni un solo euro al erario municipal de San Fernando sencillamente porque vive fuera del municipio. Lo que no le ha impedido cobrar un generoso salario asignado cuando desempeñó sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y en el quipo de gobierno del alcalde Corpa.


Otro caso singular lo constituye precisamente el concejal de Hacienda Alberto Hontecillas, de Ciudadanos también, y vicealcalde y mano derecha del alcalde Corpa quien, en el debate de ayer, soltó al sonoro argumento cuando menos impropio de su condición (dice que es liberal) y desde luego de lo que queda de su partido; que bajar los impuestos es de populistas.

Pues bien, el concejal Hontecillas, si sus declaraciones de bienes e incompatibilidad son ciertos, está en patrimonio muy a la par de la concejala Peraza Casajús si no la supera, pues declara poseer dos viviendas en San Fernando, un local comercial, varios coches y alguno de alta gama, así como una empresa participada por él en un 50 % al menos.

Pues bien, esta empresa propiedad del concejal Hontecillas constituida en el año 2012 no deposita cuentas desde entonces. No obstante haber incumplido su obligación de aportar junto a su declaración de bienes los ejemplares de los Impuestos de Sociedades, ha sido necesario acudir al Consejo de Transparencia para que el concejal de ¡Transparencia! precisamente, nos facilitara una copia del modelo del Impuesto de Sociedades de la sociedad de la que es propietario. Y a través de la cual desarrolla una serie de actividades mercantiles y comerciales desconocidas pero susceptibles de proporcionarle ingresos.

Pues bien, sin entrar ahora y en este momento en otras consideraciones, sí podemos afirmar que esta empresa del concejal Hontecillas que tiene cerrada la hoja registral desde el inicio de sus actividades allá por el año 2012 por no depositar las cuentas precisamente, durante los ejercicios de 2018 y 2019 según las declaraciones de Impuestos facilitados, y cuya cifra de negocios se acerca de los 450.000 euros y con resultados de beneficios en ambos ejercicios, sin embargo ni en el ejercicio de 2018 ni el de 2019 ingresó un solo euro en concepto de Impuesto de sociedades.

Sirva lo anterior para desmontar de una vez por todas las falacias con que nos obsequia el alcalde Corpa cada vez que se le presenta la ocasión. Solo tiene que mirar a su equipo de gobierno como ejemplo de lo falso que suena esa consigna para párvulos de que, con sus Presupuestos, paga más el que más tiene. A ver si se entera de que ya somos mayorcitos como para creernos semejante falacia que, por no ser cierta, no lo es en absoluto si conociera los dos casos que comentamos arriba incluido el de su concejal de Hacienda.

EL HONOR DE LOS PRIZZI

(EL CONCEJAL Nº 12)

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El flamante concejal de Personal, Sanidad, Empleo y Formación nos ha demandado por - según él - intromisión ilegítima en su derecho al honor por un crítica entrada que hicimos sobre su gestión hace unos meses.

A este concejal no le ha gustado nuestra crítica en el que decíamos con asombro y admiración que era un superman o un portento de la gestión municipal, pues no conseguíamos (y seguimos igual) comprender cómo es posible que no estando liberado, acaparé él solo en términos de recursos asignados a las Áreas de gestión que lleva, casi la mitad del Presupuesto municipal. Y eso, además, sin que le cueste un euro al Ayuntamiento.

Tampoco le ha gustado y considera vejatorio que digamos en este blog que todo eso lo haga además gozando de una pensión de invalidez, que es precisamente lo que él mismo declara en su propia declaración de bienes.

También nos pide una extraordinaria indemnización; vamos que quiere que le paguemos nosotros la hipoteca.

Lamentamos que este concejal tenga la piel tan fina y no soporte la más leve crítica a su gestión, cuyos alegatos en forma de demanda refutaremos incluso reconvencionalmente porque ya esta bien de que, políticos poco o nada transigentes con la crítica ciudadana a su gestión, enarbolen su derecho a la protección de honor cada vez que no le gusten. Y, además, busquen acallar voces críticas como la nuestra por la vía intimidatoria, con el consecuente cercenamiento de la libertad de expresión que ejercemos legítimamente como un derecho fundamental y constitucional que nos asiste.

Este concejal es un extraño caso y su nombramiento para el cargo está lleno de dudas de legalidad, pues no en vano se trata del concejal número 12 cuando la ley solo permite 11. Es decir, de un concejal nombrado con funciones de dedicación exclusiva pero cuyo salario se lo paga la Seguridad Social. Huele pues su nombramiento a presunto fraude de ley y así lo haremos saber en los próximos días en los juzgados.

Ha elegido este concejal la vía judicial para dirimir su malestar con nuestras críticas, en lugar de hacer uso de otros medios que están a su alcance como el correo de aludidos si alguna cosa de las que manifestamos, no se ajustara a la verdad para ser corregida. Pero no, ha decidido acudir directamente al juzgado. Lo que, dicho sea de paso, nos va a brindar la oportunidad de que se aclare judicialmente también y de una vez lo que, a primera vista, parece todo un nombramiento el suyo no precisamente muy ajustado a la legalidad. Los jueces tendrán pues la palabra para dirimir si el suyo es un nombramiento en fraude de ley o no entre otras cosas también: Como, por ejemplo, si se ajusta a derecho o no su cobro de dietas por asistencias a los plenos y comisiones, siendo el suyo sin embargo un nombramiento hecho con funciones de dedicación exclusiva.

Mal camino ha elegido la verdad este concejal. Para él y para su jefe, el alcalde. Pero bueno, si ese es su deseo ahí nos vemos concejal: en los juzgados. No tenemos ningún miedo.

martes, 13 de julio de 2021

CASO PLAZA DE ESPAÑA: CRECEN LOS ESCÁNDALOS

 


EL AYUNTAMIENTO AVALÓ OBRAS DE PLAZA DE ESPAÑA QUE NUNCA SE EJECUTARON Y AHORA TIENE QUE PAGAR

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EL ESCÁNDALO QUE NO CESA

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Cuando hace un par semanas el actual equipo de gobierno lanzaba una absurda nota de prensa para intoxicar al personal, presentando como una victoria judicial lo que no era sino una derrota total a causa de un auto del Tribunal Supremo, nadie podía imaginar que, al mismo tiempo, ocultara importante información proveniente también de los juzgados. En este caso en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se condena a pagar al Ayuntamiento de San Fernando a la mercantil CARFER 1959 SL 1.804.166 € por unas obras que nunca ejecutó esta mercantil, imputada precisamente en la causa penal que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, y por haber sido avalado en sustitución de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.


En efecto, aunque en todo este asunto del caso plaza de España nada nos puede ya sorprender, sí nos deja estupefacto la incompetencia del actual equipo de gobierno y sus asesores áulicos para desenmascarar judicialmente, lo que no es sino una presunta operación delictiva consistente en que, mediante la firma de un ilegal aval por el Ayuntamiento y cuya existencia se desconocía y al parecer firmado por personas sin competencia alguna para ello. Y en consecuencia de lo cual la mercantil CARFER 1959 SL propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL e imputado también en dos de las causas penales abiertas por el caso plaza de España, la Corporación municipal habrá de responder ahora por la emisión de una serie de ruedas de pagarés librados por en el año 2010 por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en favor de JOVICASA SL y CARFER 1959 SL. 

Y en pago todos ellos de una serie de trabajos de acondicionamiento de los veinte locales comerciales de la promoción de Echeveste o de la plaza de Fábrica de Paños, que la EMS le vendió a la mercantil mixta por ocho millones de euros, y que sin embargo luego no pudo pagar en su totalidad.



CINCO CONTRATOS DISTINTOS PARA REALIZAR LAS MISMAS SUPUESTAS OBRAS NUNCA EJECUTADAS

El supuesto trabajo a realizar por CARFER 1959 SL mediante un contrato que PESF firmó en junio de 2011, es decir, cuando la mercantil mixta ya estaba en situación de insolvencia, consistía en la subrogación del acondicionamiento de veinte locales de la plaza de la fábrica de Paños que pueden verse arriba en la foto. Y que sin embargo ya había sido objeto de otros cuatro contratos más con la otra empresa denominada JOVICASA SL propiedad también del mismo administrador. 

Pero estos trabajos que ahora el Ayuntamiento se ve en la obligación de pagar por un aval firmado tres días antes de solicitar el concurso de acreedores de PESF en junio de 2012, nunca se realizaron como se dice, y todo ello no fue más que una simulación encadenada de negocios jurídicos ficticios para allegar liquidez a una de las empresas del administrador de WOODMAN SL.

Lo inaudito e insólito que ahora se conoce es que esos trabajos ficticios fueron avalados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares apenas unos días antes de que fuera solicitado el concurso de acreedores, mediante la firma de un documento hecho por personas sin competencia para contraer semejante compromiso municipal.

Según hemos podido saber ahora por el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una muy reciente sentencia, y que sin embargo el actual equipo de gobierno no ha hecho pública a diferencia de lo que ocurrió con el Auto reciente del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento tendrá que abonar 1.804.166,74 € de los que 1.475.000 lo son en concepto de "obras ya terminadas, acabadas y facturas pero no pagadas" por la mercantil mixta, según consta literalmente en los fundamentos legales de dicha resolución y que fueron avaladas por el Ayuntamiento de San Fernando según acuerdo firmado el día ocho de junio de 2012. Es decir, apenas cuatro días antes de la solicitud del concurso de acreedores.

La sentencia referida condena en costas además al Ayuntamiento y lógicamente a pagar también los intereses legales que procedan en la previsible ejecución de sentencia, y aunque es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, las posibilidades de que sea revocada e incluso admitido el recurso son prácticamente nulas.


DECENAS DE PAGARÉS LIBRADOS PARA CREAR UN RUEDA DE NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS ENCADENADOS

Toda esta lamentable historia de la que es y sigue siendo víctima el Ayuntamiento, trae causa de una serie de negocios jurídicos ficticios encadenados que el administrador de la entonces mercantil JOVICASA SL, firmó con quien era entonces consejero delegado de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y al mismo tiempo concejal de urbanismo del Ayuntamiento también.

Cuando en el mes de marzo de 2010, el Ayuntamiento tuvo que acogerse a un plan de saneamiento, se vieron obligados a declarar indisponibles una serie de créditos entre los que se hallaban las obras municipales del museo de la ciudad por importe de 3.425.000 euros. Esto significó en la práctica que los compromisos de pago del Ayuntamiento para esta obra dotacional municipal a la sociedad mercantil mixta, no se iban a poder respetar por esa razón. Sin embargo, las obras nunca se paralizaron a pesar de que los administradores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, que eran los mismos responsables municipales, sabían que no iban a poder pagarlas al menos a corto plazo.

Esta súbita falta de liquidez de PESF a la que abocó el Ayuntamiento que presidía también el alcalde SETIÉN, intentó ser paliada mediante el recurso a lo que se conoce como rueda de pagarés. Es decir, simular un contrato de obra o servicio contra el que se libran una serie de pagarés que luego se descuentan en una empresa de descuentos financieros. En este caso fue la entidad financiera fue PAGARALIA.

Para ello es necesario lógicamente contar con una sociedad cómplice que en este caso fue la mercantil JOVICASA SL, perteneciente a uno de los administradores de WOODMAN SL. 

El contrato inicial de marzo de 2010 lo fue por importe de 1.189.000 euros, y tenía por objeto realizar obras de acondicionamiento de los locales comerciales recién comprados a la mercantil municipal EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO SAN FERNANDO DE HENARES SA (EMS), de la que entonces era precisamente su consejero delegado el entonces portavoz del PSOE y miembro también en el equipo de gobierno, y hoy imputado también en una de las causas penales abiertas por esa operación de compra venta que luego supuso la quiebra de la mercantil municipal.

Los pagarés librados fueron descontados por JOVICASA SL en la mercantil PAGARALIA, y su importe abonado en una cuenta que dicha mercantil tenía en una sucursal del Banco Santander en Vicálvaro donde, casualmente, procedió también a la apertura de otra cuenta corriente la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

El importe de los pagarés descontados fueron abonados, como se dice, en esa cuenta bancaria, y contra cuyo saldo se fueron realizando disposiciones que no se sabe bien qué destino final tuvieron. Lo que sí se sabe es que el movimiento de la citada cuenta bancaria abierta en la sucursal del Banco Santander en Vicálvaro, no tuvo reflejo contable alguno durante un largo periodo de tiempo en la contabilidad de la sociedad, uno de los motivos por los que se halla imputado también el contable de la sociedad mixta en una de las causas penales. Pudiendo concluirse que durante mucho tiempo esa fue la Caja B de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDOS SL.

Sin embargo, la mercantil mixta nunca pudo hacer frente a esos pagarés descontados precisamente por su falta de liquidez, razón por la cual PAGARALIA, que había accedido a renovar los pagarés descontados en el mes de julio de 2010, inició una serie de reclamaciones judiciales por impago contra JOVICASA SL y contra la propia mercantil mixta que presidía entonces el alcalde SETIÉN.

Esta presión obligó a retornar al menos parte del importe descontado que, como se dice, ascendía a 1.189.000 euros. El concepto de ese retorno lo fue por no haber sido realizados esos trabajos objeto del contrato precisamente. Pero el retorno lo fue solamente por 425.000 euros,  ¿dónde se quedó el resto?


MÁS RUEDAS DE PAGARÉS Y MÁS NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS


Sin embargo, lejos de atender al menos los pagarés iniciales renovados en julio de 2010 con PAGARALIA, en el mes de diciembre del mismo año de nuevo fueron firmados otros dos contratos con JOVICASA SL por parte del consejero delegado de PESF para realizar los mismo trabajos de acondicionamiento de los inacabados locales comprados a la EMS, pero en este caso por importes y superficies distintas. En total supuso que con la mercantil JOVICASA SL, la mercantil mixta presidida por el alcalde SETIÉN habría firmado hasta cuatro contratos para realizar los mismos supuestos trabajos de acondicionamiento de los locales, por importe de 5,080 millones de euros sin IVA.


El cuadro de arriba explica cómo fueron firmados por PESF un total de cinco contratos con las mercantiles del administrador de WOODMAN SL por los mismos supuestos trabajos que, además, nunca fueron realizados. Lo insólito que conocemos ahora por la sentencia del TSJM, es que esos falsos trabajos fueron avalados por el Ayuntamiento, por lo que tendrá que pagar al final 1,8 millones de euros. 

DINERO SIN CONTROL Y SIN REFLEJO CONTABLE

Estos nuevos contratos que en realidad no eran otra cosa que negocios jurídicos simulados porque tienen todos ellos el mismo objeto, fueron acompañados con el libramiento masivo de decenas de pagarés con diferentes vencimientos e importes, la mayoría de los cuales fueron endosados por JOVICASA SL a numerosos acreedores de dicha sociedad que, obviamente, nada tenían que ver con la mercantil PESF.

Pero no conformes con lo anterior, de nuevo procedieron a firmar otro contrato pero ahora con una sociedad mercantil distinta aunque perteneciente también al mismo administrador de WOODMAN SL: la mercantil CARFER 1959 SL.

La operativa de nuevo fue la misma. La firma de un nuevo contrato para realizar los mismos trabajos y de nuevo las libranzas de nuevos pagarés que, a su vez, dicha sociedad endosaba a otros acreedores de la primera de las mercantiles.

El resultado es pues de nuevo una nueva deuda contraída por PESF con otra de las sociedades mercantiles del mismo administrador de WOODMAN SL. Y ahora además incrementada esa deuda con un nuevo contrato consistente en el acondicionamiento de las calles Coslada y Gonzalo de Córdoba. 

En total, el administrador concursal de PESF le reconoció a esta sociedad mercantil un crédito de 1.475.000 euros que, junto con el importe facturado por el acondicionamiento de las calles, asciende a nada menos que 1.804.166 euros. Y que, como se dice, ahora, conocida la sentencia del TSJ de Madrid, tendrá que abonar el Ayuntamiento. 

Es decir, la pagará usted de nuevo sufrido contribuyente. Porque, al parecer ha aparecido un documento firmado por responsables municipales unos días antes de solicitar el concurso de acreedores, y cuya contundencia del fallo judicial augura un inútil recurso de casación ante el Supremo con de nuevo condena en costas y con los intereses legales corriendo.


¿HASTA CUÁNDO SE VA A PERMTIR ESTE SAQUEO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO SEÑORES DEL EQUIPO DE GOBIERNO?

Sin perjuicio de volver más adelante y en sucesivas entradas sobre ese nuevo escándalo y descabellado nuevo episodio sobre el caso plaza de España, y de estudiar por nuestra parte las acciones legales que nos sea posible accionar contra los responsables firmantes del aval municipal, es preciso preguntarse qué hace el equipo de gobierno actual para impedir todos estos indecentes atropellos que acaban siempre de la misma aparatosa forma: con el saqueo de las arcas municipales y con la más inconcebible pasividad del equipo de gobierno. Un equipo de gobierno incapaz de desenmascarar todas estas operaciones presuntamente delictivas, pero cuya factura se le pasa invariablemente al Ayuntamiento.

Para cualquiera que conozca el asunto que mereció una denuncia ante la fiscalía en la que se basa precisamente la imputación de varios protagonistas de este caso, incluida la imputación de la mercantil CARER 1959 SL pedida por la fiscalía, los sucesivos fallos judiciales vienen teniendo siempre el mismo desenlace final ante la pasividad y el silencio más absoluto por parte del alcalde CORPA y del concejal de Hacienda HONTECILLAS. 

Y es que, como se dice, el resultado siempre es el mismo: aceptar resignados unos fallos judiciales cuya peripecia final no puede sino dejarnos estupefactos ante la evidencia de un formidable desconocimiento de los letrados municipales de este pestilente asunto, uno más, y que además tiene dos correlatos inadmisibles pero desgraciadamente repetidos: i) que siempre paga el Ayuntamiento y ii) que nadie responde por todos estos impresentables atropellos.

Es hora ya de poner fin a todo esto y de exigir al equipo de gobierno actual que ponga pie en la pared, y acuerde de una vez exigir las responsabilidades a que hayan lugar por parte de quienes entonces permitieron esto y firmaron avales en nombre del Ayuntamiento careciendo de facultades para ello. Porque, de otra forma, se convertirán en cómplices de ellos y, en todo caso, están obligados a blindar la indemnidad económica del erario público cuando, como es este caso, debían de saber que todo esto proviene de unos oscuros e ilícitos negocios jurídicos ficticios cuya investigación habría de ser exigida perentoriamente ya por la oposición.


ES URGENTE PONER COTO A ESTE INTERMINABLE SAQUEO CON APARIENCIA DE LEGALIDAD

 

Esta indecente tolerancia cómplice que viene mostrando el actual equipo de gobierno, incapaz de parar estos patentes fraudes con apariencia de legalidad, revela algo que ya nos temíamos pero que no les exime de su propia responsabilidad: el profundo desconocimiento que de este asunto tienen políticos y letrados, cuya impotencia por desenmascarar todas estas patrañas han delegado en unos juzgados atorados desde hace años en causas interminables, mientras, gota a gota y sentencia tras sentencia, se van saqueando con pura apariencia de legalidad las arcas municipales.

Dada pues la lamentable pasividad del equipo de gobierno para impedir estos atropellos, es hora de que la sociedad civil tome medidas para que paguen por ello quienes cometieron todas estas irregularidades, y no el inocente contribuyente que sobre este caso viene soportando de su propio bolsillo millones y millones de indemnizaciones acumuladas en deudas y créditos, sin que, por el contrario, haya una sola reclamación contra quienes han causado y siguen causando sentencia tras sentencia, tan pavorosos quebrantos económicos al erario público mientras ellos no han sufrido la más ligera molestia en su propio patrimonio.