CASO PLAZA DE ESPAÑA: LOS ESCÁNDALOS QUE NO CESAN

 

CASO PLAZA DE ESPAÑA: LOS ESCÁNDALOS QUE NO CESAN

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Esto que ven arriba es el cálculo aproximado del agujero que el fiasco del caso plaza de España, le ha dejado al Ayuntamiento y que, inexorablemente, se va cumpliendo a golpe de sentencia de los Tribunales. 

Por diferentes conceptos, el Ayuntamiento viene haciéndose cargo de las indemnizaciones a los propietarios de la UE-1 por ocupación ilegal de sus parcelas según unánimes fallos judiciales del TSJ de Madrid, en algo más de cincuenta pleitos perdidos todos por la Corporación. 

El Ayuntamiento, finalmente habrá de pagar más de setenta millones de euros por estos conceptos de arriba a los antiguos socios de la mercantil mixta presidida entonces por el alcalde Setién, por unos terrenos cuyo justiprecio era de 12 millones de euros y por unas obras presupuestadas en 36 millones de euros. Es decir, por una operación que costaría aproximadamente unos 48 millones de euros. Y por el que, finalmente, el Ayuntamiento acabará pagando solo a los socios privados de PESF la friolera de 78 millones de euros. 

Pero no acaba ahí la cosa. Hace apenas a un par de semanas, el Ayuntamiento pleno aprobó unos expedientes de modificación de créditos por importe de otros 11 millones de euros solo para hacerse cargo de la deuda que PESF dejó con una de las empresas constructoras, y tras varias sentencias también firmes y con condena al Ayuntamiento. Otra de las constructoras también reclama al Ayuntamiento el pufo que le dejó PESF y que se aproxima también a los 11 millones de euros. Sigan ustedes sumando.

Además, en el mismo lote, el Ayuntamiento aprobó finalmente otro expediente de modificación de crédito por el cual ha de abonar 1,063 millones de euros a la misma empresa constructora por certificaciones pendientes de pagar por el Museo de la Ciudad, así como abonar también la sentencia firme ya desde hace un montón de años por importe de 2,4 millones de euros en concepto también de los importes no abonados del Museo de la Ciudad pero en este caso a la masa acreedora del concurso de acreedores. Lo que hace suponer que para las próximas elecciones tendremos por fin en marcha el famoso Museo, cuya situación tantas veces hemos reclamado y denunciado desde aquí.

MÁS SOBRESALTOS INSÓLITOS Y DE NO CREER

Con fecha de primeros de mayo pasado y mientras el equipo de gobierno estaba ensimismado preparando las fiestas más rumbosas que se recuerden nunca, de nuevo el TSJ de Madrid condenaba al Ayuntamiento al pago de 459.000 euros a un señor de Valladolid que, al parecer, resulta ser el tenedor de dos pagarés de PESF endosados por una mercantil propiedad de quien ejerciera de casi administrador de hecho de PESF, en concepto de no se sabe bien qué deudas mantenía con el sorprendente acreedor de la sociedad mixta. Sea como sea, le toca pagar también al Ayuntamiento casi medio millón de euros más los intereses.

Pero, lo verdaderamente indignante de este nuevo varapalo judicial que le va a costar al contribuyente casi medio millón de euros del ala, se debe a que quien entonces era secretaria de la sociedad mixta y asesora cargo de confianza del alcalde Setién, firmó un contrato dos días antes de la presentación de concurso de acreedores de la sociedad mixta (junio de 2012), no solo reconociendo la deuda a la sociedad propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL, sino que, además, se comprometía, en nombre del Ayuntamiento, a que éste se haría cargo de la deuda si finalmente PESF no pagara como finalmente sucedió. Obviamente, la signataria del contrato, cargo de confianza del alcalde Setién, carecía de facultad o competencia alguna para comprometer nada en nombre del Ayuntamiento, pero es en base a ese contrato por el que el TSJ de Madrid ha condenado al Ayuntamiento al pago de casi medio millón de euros.

Aquí vemos a dos de los protagonistas (en el centro) de este nuevo escándalo que conocemos ahora en una entrevista a un medio local en relación precisamente con el caso plaza de España en el año 2018

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UN INCONCECIBLE CASO EN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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Esta historia es la consecuencia de un plan que compartieron IU y PSOE durante el mandato 2007-2011 que gobernaron en coalición, mediante la creación de una administración paralela a través de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, bajo el pretexto de funcionamiento privado lejos de toda fiscalización. Y hay que frotarse los ojos para creer lo que ha sucedido con este asunto que tiene como colofón que el Ayuntamiento se va  a hacer cargo de nada menos que el pago de 459.000 euros a un señor de Valladolid que tiene en su poder dos pagarés de PESF endosados en 2012, por una empresa propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL, sin que nadie haya explicado a qué negocio obedece la deuda que dicha sociedad le reclama ahora y a la que ha de hacer frente el Ayuntamiento.

La cuestión viene a ser más menos así. 

Hay ciertos señores que funcionan fuera del circuito financiero oficial, y que se dedican a ofrecer préstamos usurarios a empresas o particulares con dificultades o sin posibilidad de obtenerlos entre las entidades financieras clásicas. Esas necesidades pueden ser de todo tipo, desde la propia actividad empresarial a la de cubrir apuestas por deudas de juego.

Como el prestatario no puede hacer frente a esas deudas contraídas entre otras razones por el abusivo interés del préstamo, se hace frente a ello generando liquidez artificiosamente,  mediante la firma de negocios y contratos ficticios por trabajos que en realidad nunca se han hecho ni se van a hacer. Son negocios jurídicos ficticios.

Para ello, solo se necesitan dos empresas que se pongan de acuerdo. En este caso PESF y la otra, la empresa de uno de los administradores de WOODMAN SL. De forma tal que la primera firma un contrato superior a un millón de euros para la realización de trabajos de reforma de unos locales que acaba de comprar aunque no están pagados. Los trabajos nunca se harán pero sí se giran las facturas y se libran los correspondientes pagarés. 

Esos pagarés son descontados en empresas financieras de descuento de pagarés y facturas y, junto con el contrato simulado y previo descuento del interés correspondiente, el dinero procedente de esa operación es ingresado en una cuenta corriente bancaria que luego no se registra en la contabilidad oficial. Lo que convierte esa cuenta corriente en una verdadera caja b y el depósito en dinero negro. Y como ese dinero se halla fuera del circuito legal de la sociedad, se puede disponer de él a discreción sin que nadie sepa a qué bolsillos va.

Como el método funciona y los acreedores de las sociedades implicadas propiedad del administrador de WOODMAN SL cada vez son mayores y más exigentes, repiten la misma historia confeccionado hasta cuatro contratos más y con la misma operativa y para realizar las misma obras. Incluso si hace falta se falsifica la firma de una supuesta dirección facultativa,  para que las facturas generadas tengan mayor apariencia y cuele entre las entidades financieras.

Pero finalmente, la empresa principal libradora de los pagarés se ve en la necesidad de acogerse al concurso de acreedores, y comienzan así a aparecer numerosos tenedores de pagarés pero de los acreedores de las empresas de uno de los administradores de WOODMAN SL, reclamando el pago de esos pagarés al Ayuntamiento. Y, en algunos casos como este, exhibiendo un contrato firmado por quien carece de facultades y poderes para comprometer ni un euro en nombre del Ayuntamiento, pero que los tribunales dan por perfectamente válido y constituyente de obligaciones de la Corporación. De esta forma tan rocambolesca e inconcebible, el Ayuntamiento, sus contribuyentes, han de hacerse cargo de esta formidable relación de deudas acumuladas por un tercero, y mediante todo tipo de negocios simulados pero contraídos en oscuros negocios de prestamistas usureros.

Y,  A TODO ESTO, ¿QUÉ HACE EL EQUIPO DE GOBIERNO?

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Aquí podemos ver al alcalde Corpa cuando estaba en la oposición y ya fuera del equipo de gobierno, interviniendo en un pleno a propósito de un asunto relacionado también con el caso Plaza de España. Presten atención y no pierdan detalle, porque explica muchas cosas del funcionamiento de la política local y particularmente del escaso aprecio a la ética con que nos obsequian. Y de paso comprenderán por qué nuestros políticos les endosan a sus bolsillos todas estas tropelías porque, finalmente, entre los políticos se protegen antes de exigir que pague quien debería hacerlo: la persona que firmó ese maldito contrato que le va a suponer a las arcas públicas nada menos que un quebranto de medio millón de euros.

El alcalde Corpa dice aquí lo que todo el mundo sabía ya entonces, pero, eso sí, una vez en la oposición porque en los cuatro años en que estuvo en el gobierno no se le vio nada igual.

Ahora bien, esta intervención fue respondida mediante una demanda de protección del derecho al honor por las aludidas en el alegato del entonces portavoz Corpa. Demanda a la que se allanó porque, entre otras cosas, le pedían nada menos que 216.00 euros a él y a su partido y por la que hoy se halla vinculado.

Aquella intervención del señor Corpa fue premonitoria además, porque ha sucedido exactamente lo que anunciaba: que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares iba a ser finalmente el pagano de todas estos lamentables y oscuros manejos acaecidos en el seno de la gestión y administración de PESF, una sociedad con la que pretendieron jugar a promotores inmobiliarios el alcalde Setién y demás políticos de coalición.

Pero, lo que sucede para desgracia del señor Corpa es lo que no podía imaginar ocurriría nunca: que quien va a pagar el producto de todos estos  delictivos manejos en nombre del Ayuntamiento va a ser él como alcalde. Todo un lamentable panorama que sucede tras los cortinones de la escena política porque, obviamente, la información de todos estos oscuros e impresentables asuntos,  no lo verán ustedes explicado en nota o comunicado alguno del gabinete de prensa e intoxicación.

Y a todo esto, ¿qué tiene que decir la oposición? Pues eso, el atronador silencio de siempre.

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL NOS QUIERE SEGREGAR

Este caballero de la foto es D. PEDRO BAUTISTA MARTÍN MOLINA, a la sazón, administrador concursal de la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. 

En el año 2017 quiso vender los activos de dicha sociedad en cumplimiento del plan de liquidación autorizado por el Juez concursal en 2015, por 27,5 millones de euros a la mercantil PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN SL (una mercantil con un capital social de 3.000 euros). Sin embargo, nuestra asociación, que tuvo conocimiento del negocio por un comunicado anónimo, presentó una denuncia ante la fiscalía quien a su vez pidió medidas cautelares al Juez del Juzgado número 5 de Coslada, quien las dictó advirtiendo que no podían realizar dicha transacción porque, entre los activos adjudicados, había inmuebles propiedad del Ayuntamiento incluida la plaza de España que, por su naturaleza, es inalienable.

La operación se consiguió paralizar pero, en lugar de cumplir completamente la medida que consistía en que la plaza de España junto con otros activos debía de ser reintegrada al Ayuntamiento inmediatamente, se dedicó a dejar pasar el tiempo y permitir engrosar hasta lo indecible los créditos contra la masa sin mover ni hacer una sola concesión. Al contrario, se opuso a un incidente promovido por el propio Ayuntamiento en el nefasto mandato de la alcaldesa Catalina.

Pues bien, hoy, inopinadamente y en lo que es claramente un acuerdo a tres bandas: Ayuntamiento, el administrador concursal y Caixabank (tras la que está un mirlo blanco dispuesto a hacer el gran negocio con los activos de PESF), viene a reconocer cinco años después, que la incrustación de la plaza de España en la finca 31.183 es una "anomalía registral". Eufemismo tras el que se esconde una palmaria realidad negada en sede judicial sin embargo por estos mismo actores: que la plaza de España figura agrupada en dicha finca a nombre de la mercantil PESF y que se halla hipotecada y embargada.

Y para solucionar esto y con la aquiescencia del propio Ayuntamiento y por supuesto de Caixabank que es quien trae al comprador final, ha solicitado nada menos que la segregación de la plaza de España y asunto concluido. De forma tal que segregada la plaza y devuelta al municipio, eso le permitirá liquidar los activos incluidas las 606 plazas de garaje que hay bajo la plaza, y para lo cual el propio Corpa incluso se ha ofrecido a comprarlas en nombre del Ayuntamiento. 

Naturalmente nos hemos opuesto a este inconcebible cambalache y así se lo hemos hecho saber al alcalde. Porque, entre otras cuestiones de clara ilegalidad, sería una vergüenza que quien ha abandonado la actuación dejando un reguero de deudas que ha tenido que pagar el Ayuntamiento, e incumplido sus obligaciones urbanísticas, pretenda ahora con una simple segregación que además sería claramente ilegal, hacer borrón y cuenta nueva ofreciendo a un inversor en la sombra un formidable negocio (pagar 20 por lo que vale 40), y levantado impunemente con la pasiva dejación de la Corporación y singularmente de su alcalde. 

Nos tienen y nos tendrán todos enfrente pues, porque comprobada la desidia municipal incluida la irresponsable y dormida oposición, alguien tendrá que defender los intereses municipales. Seguiremos informando de este asunto que promete una nueva batalla a librar contra la complaciente indolencia del alcalde y demás personajes implicados.