SEGURIDAD SOCIAL: EL PRECIO DE LA INACCIÓN

LA SEGURIDAD SOCIAL CIERRA EN SAN FERNANDO

CRÓNICA DE UN ESPERPENTO (UNO MÁS)

(O POR QUÉ SUCEDEN TODAS ESTAS COSAS Y LAS QUE NOS QUEDAN POR VER)

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Desde el pasado día 11 de los corrientes, las dependencias de la Seguridad Social en San Fernando de Henares, que daban servicio a Mejorada, Velilla y Loeches también, han cerrado sus puertas trasladando el servicio a Torrejón de Ardoz sin explicación alguna.

San Fernando de Henares tiene muy escasas dependencias del Estado en su municipio salvo un par de ellas en el polígono industrial, y esta de la Seguridad Social era una de cuya presencia y proximidad se beneficiaban numerosos usuarios y vecinos. Pero ha sido cerrada súbitamente pillando al equipo de gobierno municipal de sorpresa (cosa lógica pues están muy ocupados haciéndose fotos), quien solo ha acertado a emitir un balbuciente y lastimero comunicado ante los hechos consumados.

Sin embargo, muy poca gente sabe (porque no quieren saber obviamente, no porque no fuera posible saberlo para quien haya seguido este blog) que, desde el año 2011, el Ayuntamiento y con él sus sucesivos equipos de gobierno, sabían perfectamente que la Seguridad Social estaba buscando un local nuevo para estas dependencias de la Travesía de Monserrat. Y que, para más despiporre, desde primeros de 2012 el Ayuntamiento disponía de ese local acondicionado que previamente la Seguridad Social había aceptado tanto en sus características como en su precio final.

Esta historia tiene una crónica esperpéntica de la que son responsables, muy responsables, singularmente los sucesivos equipos de gobierno habidos incluidos los de SFHSP y la actual de coalición de PSOE y CIUDADANOS. Y una causa que está en el trasfondo de toda esta lamentable frustración: el caso plaza de España, del que son y han sido absolutamente incapaces de afrontar ninguno de ellos. 

Vamos pues a contar la crónica de este asunto y de cómo la estulticia de la política causa tantos estragos a los ciudadanos cuando, en lugar de gestionar eficazmente, se elige a responsables municipales entregados compulsivamente a sesiones interminables de fotogénicas campañas. Es lo que hay.

CRÓNICA DE UN DISPARATE

La Tesorería General de la Seguridad Social y la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, habían llegado a un acuerdo para la compra de un local hecho a la medida de las necesidades de la Tesorería pues no en vano en su diseño habían intervenido incluso sus técnicos, con objeto de trasladar las viejas dependencias de la Travesía de Monserrat a la calle Gonzalo de Córdoba con vuelta a la calle Pavía. El precio acordado era de 4,6 millones de euros, y el nuevo local, de 1.600 m2, iba acompañado también de catorce plazas de garaje. Arriba puede verse el escrito que la Subdirectora de la Tesorería dirigía al Ayuntamiento en noviembre de 2011, consignando el acuerdo y la disposición de los fondos para su adquisición.

 El local en cuestión es este que se ve en la fotografía. Se halla prácticamente acabado y tiene su entrada principal por la calle Gonzalo de Córdoba.

Este local sin embargo no se halla autorizado por la licencia de obras otorgada en 2009, y, para su ejecución, fue necesario suprimir hasta nueve viviendas cuando ya estaban construidas y adjudicadas a los propietarios. Para lo cual, fue necesario firmar con ellos nueve anexos a sus respectivos convenios, prometiéndoles a todos ellos que les serían adjudicadas sus viviendas en la UE-3, es decir, en viviendas que en realidad pertenecían a WOODMAN SL y que, una vez más, se les hizo creer que eran de PESF.

Esta circunstancia sobrevenida, obligó a los responsables de la sociedad mercantil mixta a pactar con la empresa constructora de la zona sur ISOLUX CORSÁN, la demolición de las nueve viviendas y la modificación del proyecto inicial amparado por la licencia, lo cual no fue aceptado inicialmente por la constructora si no revisaban el precio del contrato. Cosa que finalmente aceptaron y firmaron los administradores de la sociedad mixta que presidía el alcalde SETIÉN y que añadió un coste más de 1,3 millones de euros. Esta revisión de precios ocasionado por el cambio del proyecto, fue el único incremento que tuvo la ejecución de todas las obras.

La modificación del proyecto inicial fue, como se dice, realizado sobre la marcha sin  que sin embargo fuera comunicado al Ayuntamiento ni por supuesto fuera tampoco objeto de nueva licencia. En definitiva, este local no se halla amparado por licencia municipal alguna, lo cual no impidió seguir adelante con la operación.

Pero la Seguridad Social no puede comprar directamente según las disposiciones legales que la regulan, locales o inmuebles de ninguna clase a los particulares privados ya sean personas jurídicas o físicas. En estos casos, la Seguridad Social está obligada a hacerlo siempre mediante concurso público, lo cual obviamente permite concurrir a otras posibles ofertas.

Y para eludir este inconveniente, los responsables de la Tesorería de la Seguridad Social y los de la empresa mixta y del Ayuntamiento (en realidad estos últimos eran los mismos), idearon un fraude de ley consistente en que, si la empresa PESF cediera el local al Ayuntamiento entonces la Tesorería podría realizar directamente la compra a la Corporación, pues si bien las disposiciones legales prohíben a la Seguridad Social adquirir directamente los inmuebles que necesite a los particulares, sin embargo sí puede hacerlo a cualquiera de las instituciones públicas. En este caso al Ayuntamiento.

De modo que, los entonces responsables municipales se pusieron rápidamente de acuerdo, y el día 29 de diciembre de 2011, comparecían ante el señor notario el consejero delegado de PESF y el señor alcalde para realizar, mediante su elevación a pública, la transacción: PESF cedía (en realidad donaba) el local de 1.600 m2 y sus catorce plazas de garaje al Ayuntamiento. Pero con una cláusula modal que imponía a su vez al Ayuntamiento la obligación de vender a la Seguridad Social dicho local por el precio de 4,6 millones de euros en el plazo de un mes. Como puede verse, el fraude de Ley pactado entre la Tesorería, el Ayuntamiento y PESF no podía ser más burdo.

Para poder ejecutar el plan fraudulento, una vez más recurrieron los responsables municipales a la Junta de Gobierno Local quienes, en su sesión de 22 de diciembre de 2011 (día de la lotería), acordaron modificar una vez más el famoso Proyecto de Reparcelación de la UE-1, lo cual propiciaba, entre otras cuestiones, la individualización de la finca registral del local y las plazas de garaje. Esta modificación del Proyecto de Reparcelación (que nuestra asociación tiene recurrido ante los tribunales porque no fue sometido a información pública), fue directamente presentado al Registro de la Propiedad para su inscripción mediante un simple certificado del Secretario, pero el Registro no lo admitió.

No obstante el rechazo del Registro de la Propiedad a inscribir el Proyecto de Reparcelación, la falta del trámite de información pública del mismo y el patente fraude de Ley, puesto que de lo que se trataba era de eludir por parte de la Tesorería la obligación de convocar un concurso público para su adquisición, utilizando para ello al propio Ayuntamiento, el procedimiento siguió adelante. 

Así, el Ayuntamiento pleno en su sesión de 26 de enero de 2012 aceptó la donación modal de los inmuebles cedidos por PESF (cuando ya prácticamente estaba en quiebra y tenía demandas judiciales por impagos), por importe de 4,6 millones de euros. Eso sí, con el acuerdo se alteró unilateralmente el plazo dado en la escritura de un mes para ejecutar la transacción, quedando dicha cláusula redactada de forma que el Ayuntamiento no quedaba sometido a plazo alguno para ejecutarla, probablemente porque en el equipo de gobierno ya sabían y conocían de primera mano que el Registro había rechazado la inscripción registral del Proyecto de Reparcelación.

El acuerdo del Ayuntamiento para aceptar la cesión de los inmuebles por parte de PESF con destino a la Tesorería de la Seguridad Social, salió adelante gracias a la abstención calculada del PSOE (como por otra parte fue muy frecuente entonces), dando luz verde con ello a lo que a todas luces era un monumental fraude de ley, que además modificaba unilateralmente el plazo de un mes dejando libre al Ayuntamiento para cumplir la obligación cuando quisiera sin plazo alguno y, además, el expediente adolecía de falta de los informes preceptivos del Secretario y del Interventor. 

La donación al Ayuntamiento no solo estaba respaldada así por la escritura pública del 29 de diciembre de 2011, sino también por el acuerdo plenario de 26 de enero de 2012. Quedó pues de esta forma trabada la transacción, siendo desde entonces propietario de los inmuebles el Ayuntamiento si bien destinados a su venta a la Tesorería de la Seguridad Social porque así lo aceptó entonces. El negocio jurídico pues, mientras no sea revisado, quedó perfeccionado a todos los efectos en esa sesión plenaria y así continúa al día de hoy.

Aquí vemos al alcalde Corpa interviniendo entonces como portavoz del grupo municipal del PSOE anunciando la abstención de su grupo. Abstención calculada que sin embargo sirvió para consumar la donación a pesar del clamoroso fraude de ley. Desde esa fecha, el Ayuntamiento tiene incorporado a su patrimonio los inmuebles donados por PESF.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

Este asunto de la donación de los inmuebles por parte de PESF al Ayuntamiento, para su posterior venta a la Tesorería de la Seguridad Social con objeto de trasladar sus dependencias insuficientes de la Travesía de Monserrat, ha pasado por toda una serie de peripecias que revelan el lamentable funcionamiento de nuestras instituciones, incluida la justicia española y singularmente la mercantil, a raíz sobre todo de la declaración del concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil numero 6 en enero de 2013, cuyo titular, el Juez Vaquer, vemos arriba en la fotografía.

Así, este Juez acordó mediante un Auto de noviembre de 2016, adjudicar todos los activos de PESF a la sociedad mercantil PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN SL vinculada a fondos buitres americanos de inversión. Y, entre esos activos adjudicados se hallaban, además de la plaza de España, estos inmuebles que sin embargo la concursada PESF había cedido en diciembre de 2011 al Ayuntamiento con destino de su venta a la Tesorería de la Seguridad Social.

El empecinamiento del Juez de lo Mercantil en adjudicar los activos de PESF a la mercantil PACÍFICA CAPITAL es desde luego digno de reseñar, pues fue advertido en varias ocasiones por varios de los acreedores personados en el procedimiento como puede verse, de que, entre esos activos adjudicados, se hallaban inmuebles que no pertenecían ya a la concursada. Pero el Juez hizo caso omiso una vez más a las advertencias pues le daba absolutamente igual. Adjudicó pues todos los bienes a la mercantil instrumental de los fondos buitre americanos.

En realidad, el responsable más directo de este formidable desaguisado es el administrador concursal de PESF, D. PEDRO MARTÍN MOLINA, quien, en sus informes inicial y definitivo, aseguraba contra toda evidencia que no se había producido ninguna transacción en los dos años anteriores a la declaración del concurso. Algo que obviamente era absolutamente falso.

El administrador MARTÍN fue citado como testigo en una de las causas penales abiertas en los juzgados de Coslada por el caso plaza de España. Y, tras varias citaciones porque este hombre acude a los juzgados solo cuando quiere o cuando le apetece, fue preguntado por esa circunstancia: cómo era posible que en sus informes dijera que no se habían producido ni cesiones ni donaciones de activos de la concursada PESF a terceros, cuando era notorio que se habían cedido inmuebles al Ayuntamiento por importe de 4,6 millones de euros en diciembre de 2011. Es decir, apenas un año y medio antes.

El Administrador no supo sin embargo responder a tan clamoroso fallo y le echó la culpa a sus subordinados. A lo cual la juez advirtió que la falta del ejercicio de retroacción en el periodo de los dos años anteriores al concurso, podría traer consecuencias para él. Sin embargo, al parecer nadie pidió su imputación entonces. Lo cual ha permitido que este caballero siga insistiendo ante el Juez concursal en el cumplimiento del Auto referido de adjudicación de los activos a PACÍFICA CAPITAL.

Estando así las cosas, nuestra asociación presentó una denuncia ante la Fiscalía, advirtiendo que el Juez de lo Mercantil estaba adjudicando activos y bienes a un fondo buitre, que sin embargo eran propiedad del Ayuntamiento. Además de la plaza de España y otros bienes demaniales, obviamente también el local de 1.600 m2 y las catorce plazas de garaje que el 26 de enero de 2012 había aceptado en su sesión plenaria.

En dicha denuncia pedíamos a la Fiscalía la urgente decisión de que el Juzgado número 5 donde se seguía el procedimiento penal a instancia de una querella presentada por nosotros en el año 2011, adoptara medidas cautelares para que no se consumara el atropello de que, bienes que pertenecían al Ayuntamiento y no a la concursada, fueran sin embargo adjudicados al fondo buitre. De forma que el Juzgado, efectivamente, siguiendo las pautas pedidas por la Fiscalía y que nosotros pedíamos, dictó un Auto el día 12 de enero de 2017 (ver la imagen de arriba) en virtud del cual se requería al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, para que dejase sin efecto la adjudicación acordada para los inmuebles referidos que pertenecían al Ayuntamiento. Se salvó así in extremis la aparatosa barbaridad perpetrada por el Auto del Juzgado concursal.

Pero el esperpento sobre este asunto continuará hasta nuestros días, por cuanto que bajo el mandato de SFHSP y de CATALINA RODRÍGUEZ, con ocasión de la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016 (tramitada sin embargo en 2018), ya advertíamos nosotros en alegaciones presentadas a la misma que dicha Cuenta General de 2016 adolecía de graves omisiones. Entre otras, la falta de contabilización del valor de los inmuebles recibidos de PESF y aceptados por el Ayuntamiento en su sesión de 26 de enero de 2012. Advertencia que todo el equipo de gobierno de entonces se pasó por el forro, haciendo suyo el informe de la señora interventora que puede verse arriba y que indica que ella no tenía conocimiento de tal donación. 

Ahí lo tienen ustedes: el Ayuntamiento recibió una donación por importe de 4,6 millones de euros consistente en un inmueble de 1.600 m2 y catorce plazas de garaje en diciembre de 2011, esa donación se instrumentó mediante el otorgamiento de una escritura pública y el correspondiente acuerdo plenario de aceptación, y la interventora se permite decir que ella no tiene conocimiento de nada de eso. 

Así se despachó la persona que tiene (tenía) a su cargo la función de la fiscalización y el  control de todos los actos y acuerdos municipales. Y, lo que es más indignante, el equipo de gobierno no se quiso dar por enterado suscribiendo el informe de la interventora y votando a favor de la aprobación de la Cuenta General de 2016. Cosa que también hizo la mayoría de la oposición que se lavó las manos absteniéndose como si la cosa no fuera con ellos.

Particularmente incomprensible resulta el comportamiento del actual alcalde Corpa acerca de este asunto de la Tesorería de la Seguridad Social, pues él es uno de los pocos privilegiados (casi el único), que se halla personado en el concurso de acreedores de PESF sin que, sin embargo, se entienda el porqué. 

Y es que, ciertamente, resulta bastante incongruente que ahora, cuando la Tesorería ha decidido abandonar el pueblo para llevarse los servicios a Torrejón, adonde tendrán que desplazarse desde ahora los muchos usuarios locales, sin embargo no hiciera nada, ni desde su personación en el concurso de acreedores ni estando en la oposición (ya vimos que en el pleno de enero de 2012 se abstuvo para facilitar la operación), y mucho menos ahora ya como alcalde, para clarificar y depurar la situación de esos inmuebles, y evitar así que la Tesorería de la Seguridad Social levantara su vuelo del municipio. Y sin embargo nos encontramos con que ahora hay un local de 1.600 m2 de propiedad municipal, que además no se ha pagado, y con nueve propietarios esperando a que se les adjudiquen las viviendas de la UE-3 que les prometieron y que no existen porque se les engañó de forma irresponsable.

El alcalde Corpa no solo conocía perfectamente la existencia de esos inmuebles y su destino para la Tesorería de la Seguridad Social (ver el acta del pleno de 26 de enero de 2012 donde se debate largamente sobre el tema, incluidas las intervenciones del propio portavoz del PSOE entonces), sino que en el año 2016 y estando en la oposición, se personó en uno de los muchos incidentes del concurso de acreedores, si bien ya decimos que no entendemos bien cómo se le permite su personación pues no es acreedor de PESF. Y en ese incidente, lo único que le preocupaba al señor CORPA era el precio aceptado a PACÍFICA CAPITAL (27,5 millones de euros), estimando por su parte que era poco dinero y que debía de ser incrementado. Es decir, que el señor Corpa, tal vez sin saberlo, lo que estaba haciendo era pedir más dinero, pero ¡para Bankia! que era la verdadera beneficiaria de esa petición formulada ante el Juez concursal. Pero no dijo ni una sola palabra acerca de los bienes de titularidad municipal que el juez estaba sin embargo adjudicando al fondo buitre. Al señor Corpa solo le preocupaba eso, que Bankia iba a cobrar muy poco por la operación, no la suerte de los bienes demaniales (la plaza de España incluida), ni, por supuesto, los inmuebles de la Tesorería que ya pertenecían al Ayuntamiento.

Luego incluso el señor Corpa, junto con otros acreedores (estos sí a diferencia del señor Corpa), recurrieron en apelación ante la Audiencia Provincial, quien sin embargo confirmó el aberrante Auto del Juez concursal con condena en costas incluido.

EL PRECIO A PAGAR

El equipo de gobierno al completo (queremos decir con los dos partidos de PSOE y CIUDADANOS claro), se halla muy entretenido practicando sesiones de selfies compulsivamente, ya arreglando un bache o poniendo una bombilla en una calle, cuando no a la caza del mosquito. Todo vale como pretexto para exhibir ante el personal una engañosa hiperactividad que, sin embargo, ha de rendirse a evidencias como esta: servicios esenciales como los atendidos desde las oficinas de la Seguridad Social, dejaron de prestarse por decisión unilateral de la Tesorería, mientras todo el equipo de gobierno se halla entregado a una verdadera orgía de selfies y reportajes, haciendo las cosas más peregrinas la mayor de la veces, cuando no directamente ridículas.

Pero, mientras el equipo de gobierno se divierte en este apabullante despliegue de narcisismo telegénico, suceden cosas graves que silencian u ocultan deliberadamente y casi todas ellas están relacionadas con el caso plaza de España. Es el precio que ahora estamos pagando. La Tesorería de la Seguridad Social se va del municipio, mientras que desde 2012 el Ayuntamiento dispone del local ya preparado para acoger sus instalaciones y aceptado en su precio, pero cuyos sucesivos gobiernos no han sabido ni podido depurar en estos largos siete años desde el acuerdo. Pero nada más provocador que tapar esta demostración de incompetencia con abrumadoras campañas de propaganda fotográfica.

Y, ya que ellos no hablan ni informan ni ponen remedio, hablaremos nosotros. De modo que emplazamos a todos nuestros seguidores a que estén atentos a la pantalla en los próximos días, porque, pasados ya más de los cien desde que tomaron posesión, vemos que el actual equipo de gobierno ha decidido solapar los problemas con sesiones interminables de fotos y reportajes, pero ocultando los hechos más graves, o, como en el caso del abandono del municipio la Tesorería de la Seguridad Social, despacharlo con un simple comunicado que revela que no se enteraron de nada porque andaban muy entretenidos en sesiones masivas de fotos. 

Pues bien, vamos a poner a prueba en las próximas semanas la verdadera capacidad de resilencia de un equipo de gobierno frente a la catástrofe que se avecina, y que no podrán ocultar mediante bochornosas sesiones de fotografías que nunca se haya visto en Ayuntamiento alguno. Atentos pues a la pantalla.