DOS VARAS DE MEDIR

En amarillo las zonas donde se han producido algunas demoliciones de construcciones ilegales por el Ayuntamiento, la última muy reciente en la zona denominada La Granja. En rojo, dos de las infracciones urbanísticas más graves cometidas con licencia municipal, pero que fueron anuladas por los tribunales. Se trata de la ampliación del centro comercial de PRYCA y de la campa de vehículos de TRADISA. A pesar de que nuestra asociación pidió la ejecución de las sentencias y la demolición de lo ilegalmente construido, el equipo de gobierno nunca ejecutó las sentencias. La diferencia en el trato de uno y otro caso se debe, naturalmente, al pago de dinero en forma de "compensaciónes" urbanísticas tras la firma de sendos convenios urbanísticos.

INFRACCIONES URBANÍSTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO

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La pariente pobre de la gestión del territorio en nuestro municipio ha sido tradicionalmente la disciplina urbanística. Algo que es casi inexistente. Centrados solo en el planeamiento que es lo más fácil (ya se sabe, pintar como querer), y con evidentes dificultades para entender la gestión, la disciplina urbanística es una quimera.

Cuando en el año 2001 el equipo municipal de gobierno tramitaba ante la consejería correspondiente el PGOU, ésta le pidió al Ayuntamiento un inventario de todas las edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio antes de adoptar acuerdo de aprobación alguno. Dicho inventario arrojó la pavorosa cifra de más de 200 edificaciones ilegales levantadas sobre el territorio de San Fernando, la mayor parte de las cuales estaban localizadas en la zona denominada de La Granja (en la confluencia de la carretra con Loeches), donde hoy hay levantado todo un asentamiento ilegal que se expande como una mancha de aceite, a lo largo y ancho de varias hectáreas de un suelo que el PGOU clasifica, además, como no urbanizable y protegido.

Las apenas tres intervenciones municipales lo han sido sobre un grupo de chabolas en la carretera del INTA en agosto  de 1997, y demolidas directamente sin intervención judicial. Las otras dos lo han sido en el año 2007 y en 2012 en la zona de La Granja, sobre algunas naves y cuatro viviendas levantadas, estas últimas demolidas por orden judicial. Lo característico de estas actuaciones municipales de restauración de la legalidad urbanística es que, en todas ellas, las construcciones carecían de licencia municipal.

Sin embargo, en el inventario entregado por el Ayuntamiento a la Consejería de Urbanismo en cumplimiento de lo pedido, no figuraban aquellas infracciones y edificaciones ilegales levantadas en nuestro municipio pero al amparo de respectivas licencias de obras. Es decir, con autorización municipal. Dos de estos casos más escandalosos son los de la ilegal ampliación del centro comercial de PRYCA (hoy CARREFOUR), y de la campa de vehículos de TRADISA, levantada sobre una superficie de 200.000 m2 de suelo no urbanizable especialmente protegido.

PRYCA, LICENCIAS (ILEGALES) A CAMBIO DE DINERO

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El Estudio de detalle de la entonces COPLACO, permitió una superficie máxima para este centro comercial situado en el arranque de la N-II de 15.000 m2. Muy pronto, la multinacional francesa de COMER CENTER propietaria del centro pidió al Ayuntamiento una ampliación del mismo. Primero de 5.000 m2 en 1983 y después de 2.500 m2 más en 1987. Ambas ampliaciones fueron autorizadas por el Ayuntamiento previo pago por parte de PRYCA de 50.000.000 de pesetas. 

La primera ampliación se produjo a cambio de 28.000.000 de pesetas, que naturalmente fue autorizada una vez quedó garantizado por PRYCA mediante aval bancario o seguido del correspondiente mandamiento de ingreso. La siguiente ampliación lo fue también tras un convenio urbanístico y un compromiso de pago ahora de 22.000.000 pesetas. Todo ello bajo el compromiso de llevar estas ampliaciones al nuevo PGOU entonces en tramitación y aprobado definitivamente en 1988. Lo cual no impidió a PRYCA, naturalmente, obtener muy anticipadamente sendas licencias antes de la aprobación definitiva del PGOU. Y por supuesto a levantar las ampliaciones antes de su entrada en vigor. Ventajas de poner la pasta por delante.

Pero la Consejería de Urbanismo no aprobó las ampliaciones en su aprobación definitiva del PGOU, dejando la superficie del centro comercial en los iniciales 15.000 m2. Los restantes 7.500 m2, naturalmente debían de ser demolidos. 

Después de numerosos recursos judiciales, fue en 1999 cuando el Tribunal Supremo confirmó lo acordado por la Consejería de Urbanismo, quedando las sucesivas ampliaciones realizadas (ejecutadas además mucho antes de que fuera aprobado el PGOU), en situación de clara ilegalidad.

Nuestra asociación solicitó insistentemente al Ayuntamiento la ejecución de las sentencias y, por lo tanto, la correlativa demolición de lo ilícitamente construido para así restaurar la legalidad urbanística infringida. Y el entonces equipo de gobierno nunca ejecutó esta sentencia. Y no solo eso, sino que hoy, con el nuevo PGOU, han "legalizado" (mejor dicho, lo han intentado) esas ampliaciones. Si bien no tenemos constancia de que CARREFOUR haya solicitado las correspondientes licencias de legalización. Estamos esperando que lo haga, desde luego.

Una campa de vehículos de más 200.000 m2 y otros 20.000 m2 más de naves construidas, levantada sobre un suelo que el PGOU clasificaba como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO. Nuestra asociación llevó estas licencias a los tribunales y consiguió que fueran anuladas. Pedida la ejecución de la sentencia, el equipo de gobierno en lugar de ejecutarla llevó esta misma clasificación al nuevo PGOU. Y, según ellos, así quedó "legalizado" este atropello a la legalidad urbanística. Pero ya veremos a ver si es así.

TRADISA, O COMO BURLAR LA LEGALIDAD A CAMBIO DE DINERO Y OTROS FAVORES

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Acababa de ser aprobado el nuevo PGOU en 1988 y este suelo era clasificado como NO URBANIZABLE Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO DE INTERÉS PAISAJÍSTICO. No obstante lo cual, fue aprobado apenas unos meses después un convenio urbanístico mediante el cual, la empresa TRADISA, previo pago de 10.000.000 de pesetas y la matriculación en el municipio de 80 camiones de su propiedad, le sería concedida la correspondiente licencia. Y así fue, le fueron concedidas. Nuestra asociación, después de muchas peripecias, recurrió las licencias que fueron anuladas por el TSJM en el año 2006. Y, naturalmente, pedimos al entonces equipo de gobierno que restaurara la legalidad urbanística y, en cumplimiento de lo acordado por los tribunales, procediera a demoler lo ilegalmente construido, además, sobre suelo no urbanizable y especialmente protegido. Pero nunca lo hizo. Al contrario. Luego supimos que las licencias concedidas lo fueron coetáneamente a que TRADISA regalara a Protección Civil una ambulancia o de que financiara un programa de fiestas del Área de Educación.

Este caso de TRADISA, que ya hemos comentado en otras entradas, nunca fue investigado, y, por el contrario, además de echar sobre él un manto de olvido, la empresa TRADISA creó una división inmobiliaria, adscribió esta finca a sus activos, y no solo consiguió que no le fueran demolidas las instalaciones sino que fuera premiada con la clasificación del suelo como urbanizable en el nuevo PGOU con unas condiciones muy ventajosas. Tanto, que lo ha vendido a una conocida familia del municipio. 

Nunca será ya investigado cómo se realizó el pago del sobreprecio al vendedor inicial de esta finca, incluido el realizado mediante una fabulosa finca en Argentina. Así como una cantidad que se aproximaba a los 29 millones de pesetas en efectivo pero no declarados. Ni, por supuesto, cómo fue posible que esta sociedad consiguiera tan alegremente levantar un complejo industrial en un paraje que estaba destinado a replantar árboles. Todos estos misterios quedarán en el arcano de los tiempos, sin deseo alguno de ser investigado por quienes firmaron y aprobaron las autorizaciones, el convenio urbanístico incluido. Al contrario, todo quedará enterrado bajo una pesada losa de cínico disimulo municipal.

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Traemos aquí estos dos ejemplos tan distintos, como demostración de la doble vara de medir utilizada por nuestra autoridades municipales cuando de restaurar la legalidad urbanística se trata. Mientras que en unos casos (los señalados en amarillo) se procede a la demolición de unas modestas chabolas aprovechando la ausencia de sus moradores, o un pequeño grupo de viviendas levantadas sin licencia alguna, las grandes y potentes corporaciones consiguen mantener sus imponentes edificaciones ilegales (así acordado por los tribunales), enhiestas e indemnes. Y no solo eso, sino que luego son premiadas recogiendo así el fruto afanoso de sus desvelos: la legalización de esas infracciones por el nuevo instrumento de planeamiento.  

PRYCA y TRADISA son solo dos ejemplos. Ambos agotaron los trámites judiciales con sus mejores y más caros abogados, incluyendo el asesoramiento legal de algún conspicuo exjuez del Tribunal Supremo. Pero los casos eran tan alevosos como ilegalizables. La diferencia no obstante entre la suerte corrida por unos (las chabolas y viviendas sin licencia, demolidas), y por los otros (las edificaciones ilegales con licencia, no demolidas), se debe a una razón muy poderosa: se llama dinero.