APORÍAS DE ESTOS DESCONCERTANTES TIEMPOS
(O COMO SER INSOLVENTE Y SIN EMBARGO TENER UN BANCO POR CASERO)
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Durante todos estos años del boom
inmobiliario financiero más conocido como la prodigiosa y maldita
década de la burbuja, las actuaciones en materia de vivienda protegida
han quedado relegadas a las imprescindibles, especialmente en relación
con las denominadas de régimen especial, para aquellas personas con
rentas que no superan 2,5 veces el INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE
EFECTOS MÚLTIPLES más conocido como el IPREM.
La mayor parte de los operadores tradicionales como gestoras de
cooperativas, cooperativas, sindicatos, etc, abandonaron el segmento de
las tradicionales viviendas protegidas de régimen general al olor de los
formidables beneficios que las de renta libre ofrecían en aquellos
momentos. Incluso nuestra municipal EMS se apuntó al beneficio rápido y fácil en sus promociones. Eran los tiempos de la fiebre del oro
inmobiliario.
La multiplicación exponencial del precio de la vivienda
libre unido al exceso de liquidez y dinero abundante y barato, hizo
disparar los precios y con ello los beneficios y las rápidas tasas de retornos de promotores y demás
operadores del mercado inmobiliario, que naturalmente hicieron su agosto durante todos
estos años. Operadores inmobiliarios y administraciones, claro, porque aproximadamente un 20 % del precio final de la vivienda son impuestos de las diferentes administraciones: ayuntamientos,
comunidades y finalmente del propio estado, que han venido nutriendo sus arcas con todo
tipo de impuestos sobre este oscuro objeto del deseo; este bien de primera necesidad que es la vivienda pero al mismo
tiempo con un evidente componente especulativo. Y así nos ha lucido el pelo, claro.
Por esa razón, las promociones en este tipo de viviendas protegidas bajaron estrepitosamente, produciéndose, por el contrario, un fenómeno insuficientemente estudiado que aún hoy permanece debidamente oculto por las administraciones: el impacto de las descalificaciones de las viviendas protegidas durante todos estos años de la burbuja. No hay datos estadísticos a la vista al menos, por lo que las cifras reales son un misterio. Solo puras estimaciones a ojo pero fiables indican que en nuestro municipio, más del 40 % del parque de vivienda protegida fue descalificada durante los doce o quince últimos años. La razón es bien clara: viviendas que costaron una media de diez millones de pesetas en su día, pocos años después valían tres veces más. Por esa razón era más rentable pagar la devolución de los intereses y demás ayudas para vender la vivienda de VPO. Es decir, descalificar la vivienda y luego venderla como libre.
Solo ha habido desde los años noventa dos actuaciones dirigidas al segmento de las rentas más bajas en régimen de alquiler en nuestro municipio, llevadas a cabo ambas por el IVIMA de la Comunidad de Madrid. En ambos se trata de promociones de aproximadamente unas 60 viviendas cada una. La primera lo fue a inicios de los años noventa, y la segunda a comienzos de 2000. Pero esta última promoción no pertenece al IVIMA precisamente desde el mismo año 2000, puesto que fue vendido a un fondo de inversión inmobiliario de un banco.
Los fondos de inversión inmobiliario en nuestro país no han tenido mucho éxito, y la mayor parte de ellos están promovidos o gestionados por bancos. Estos fondos no pueden construir ellos mismos sus promociones ya que solo pueden adquirir los inmuebles a otros. Uno de sus atractivos se basa en el excepcional régimen fiscal, pues solo tributan el 1 % de sus beneficios. A cambio de este extraordinario trato fiscal, se ven obligados a invertir un porcentaje de sus compras en inmuebles como residencias de ancianos o de estudiantes, o inmuebles en alquiler de viviendas protegidas del régimen especial.
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Lo peculiar del caso de estas viviendas de la calle Somorrostro y de estos tiempos; la paradoja inextricable, es que más de sesenta inquilinos de un inmueble que fue promovido por una administración pública, hoy son inquilinos de un fondo de inversión inmobiliario promovido por un banco, pero no podrán acceder (y mucho menos hoy día) a un solo préstamo de la misma entidad bancaria que sin embargo es su casero.
El fondo de inversión que compró inicialmente este inmueble de viviendas públicas en el año 2000, lo era de una división bancaria muy exquisita, y que se conoce en el argot financiero como la "banca privada". Es decir, la banca que solo trabaja con clientes de rentas muy muy altas. Una mala inversión realizada por el banco en cuestión consistente en confiar sus inversiones al célebre financiero de Wall Street (mejor habría que decir estafador) Madoff, estuvo a punto de dar al traste con todo. Madoff es un sorpredente caso moderno de engaño a personas muy listas y muy ricas de todo el mundo, pero por medio del viejo método piramidal Pozzi. Así pues, algunos ricos y confiados inversores españoles fueron engañados por este viejo método. Inexplicable en los tiempos de tantos y tantos reguladores.
Pues bien, este caso provocó el primero y único "corralito" financiero durante dos años en nuestro país y en esta crisis, al cundir el pánico entre los partícipes de esos fondos de inversión que pidieron en masa su rescate. Y tras dos años, algunas querellas por medio y muchas pérdidas (la rentabilidad de estos fondos cayeron estrepitosamente), la fiscalía llegó a la conclusión de que el banco privado en cuestión, que gestionaba el fondo de inversión inmobiliario titular del inmueble de la avenida de Somorrostro, había realizado inversiones peligrosamente especulativas. Y tanto. A punto ha estado este inmueble de ser carne de subasta en los juzgados. Hoy, muy recientemente, el banco matriz del grupo financiero ha absorbido a la división de la banca privada y ahora está en un nuevo fondo de inversión inmobiliario del más importante banco del país. Eso sí, se desconocen las pérdidas habidas y quién las ha pagado.
Pero claro está, todos los inquilinos de los inmuebles que pertenecieron al IVIMA (entre los que está el de la Avda. de Somosrrostro), no conseguirán obtener un solo préstamo de ese banco en estos momentos. Son las ineluctables aporías para estos deconcertantes y peligrosos tiempos del cólera financiero. Inquilinos insolventes sirven para formidables deducciones fiscales al casero, que no es otro que un fondo de inversión inmobiliario formado por y para rentas muy selectivas y exigentes de los barrios y urbanizaciones exclusivas. Así funciona este enloquecido mundo.
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