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| El paraje de nuestro municipio conocido como La Granja es un enclave donde florecen todo tipo de actividades y construcciones ilegales sobre suelo protegido. Un descarnado ejemplo de la inexistencia más absoluta de una de las patas más importantes del urbanismo: la que se conoce como la disciplina urbanística. He aquí dos fotografías aéreas sacadas en tiempos diferentes. La de la izquierda hacia el año 2000 cuando se estaba tramitando el nuevo PGOU, y la otra correspondiente a 2011. Los desmadres y el crecimiento de este asentamiento humano totalmente descontrolado e ilegal es bien patente y revelador. Todo se ha ido definitivamente de las manos. Ahora, mediante una extraña iniciativa particular firmada por una abogada exportavoz del PP en el Ayuntamiento en los años noventa, se pretende "regenerar ambientalmente" esta zona. O lo que es lo mismo, legalizar todo este cúmulo de infracciones urbanísticas toleradas a lo largo de muchos años. Es la mejor constatación de que violar las leyes (en este caso las del suelo, las ambientales y el propio PGOU), puede ser magníficamente recompensado en nuestro municipio. |
AVISO A NAVEGANTES
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A lo largo de este mes de agosto hemos hecho un repaso sobre aquellas cuestiones que, después de muchas peripecias, se han convertido en sucesivos ejemplos de atrocidades en nuestro municipio desde el punto de vista de lo que se conoce como la ordenación del territorio, una de las competencias más importantes que los municipios tienen atribuidas como propias. Y aunque no hemos repasado todas las que conocemos, hoy traemos la última muy reciente (aprobada en el pleno de mayo último), sobre un sospechoso (y no suficientemente claro) denominado PLAN ESPECIAL DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ENTORNOS DE LOS CRUCES DE LAS CARRETERAS M-203 Y M-206. O más conocida como la zona de La Granja.
En realidad, este Plan Especial de Regeneración Ambiental ni es un Plan Especial ni de regeneración alguna y mucho menos ambiental. Al contrario, presentada inicialmente y en una primera fase como una iniciativa particular de varios propietarios de la zona, y firmada en todo caso en su nombre por la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento en los años noventa, no es otra cosa que toda una propuesta de legalización encubierta mediante un vergonzante y engañoso titulo de "regeneración ambiental". La verdad es que la situación de esta zona degradada con todo tipo de parcelaciones y actividades ilegales, algunas de ellas incluso nocivas, ha provocado la total degeneración de la zona y, desde luego, una irreversible situación. De ahí que resulte todo un sarcasmo que bajo el aparente título de Plan Especial de Regeneración Ambiental, haya sido admitido a trámite y finalmente aprobado definitivamente por el Pleno Municipal, con los votos favorables de IU, la abstención (cuán socorrida es la abstención para estos casos) del PP, y el voto en contra del PSOE. El voto en contra de este grupo ha resultado ser, desde luego y al menos por esta vez, el más coherente y apropiado.
Pero es que además de estar viciado el procedimiento de este Plan Especial de Regeneración Ambiental, es en todo caso un nuevo brindis al sol; uno de los muchos que llevamos a lo largo de todo este mandato. Porque solo mediante una expropiación sería posible regularizar este enclave que para propios y extraños es toda una vergüenza, con un impacto visual que nos retrotrae a una suerte de túnel del tiempo o de estar entrando en una constelación de favelas donde no hay autoridad ni se la espera. Es un descarado ejemplo de la endémica futilidad de esta política municipal huera que padecemos sobrada de palabrería y de soflamas, por más sometida que esté al escarnecido realismo (cual es el caso) de su propia y patológica incompetencia.
Este enclave representa algo más que la manifiesta incapacidad de nuestras autoridades locales, para ejercer su autoridad y hacer cumplir las normas urbanísticas que son violadas con infracciones muy graves, sino que representa también la evidencia de que esas normas urbanísticas no son obligatorias para determinadas zonas de nuestro territorio, y que solo lo son para aquellos pardillos que no tienen la osadía de desafiarlas e incumplirlas. Es el ineluctable destino al que se ven abocados los sumisos, sometidos al estomagante hipócrita discurso de engolados demagogos con el que insultan nuestra inteligencia estos grupos que nos gobiernan. O la malévola creencia en la que incurren una y otra vez, de que todos los ciudadanos somos una pandilla de idiotas y que además les votamos.
No faltarán para este caso u otros parecidos (como el de la cañada Real Galiana), elementos salidos de esa banda de oportunistas demiurgos de la política que nos invaden por tierra, mar y aire, y que, al socaire de la crisis, vengan a aleccionarnos con que situaciones como esta son una resultante de la misma, cuando en realidad este enclave ha conocido su mejor y más expansiva etapa precisamente durante la época de las vacas gordas (y sagradas) de la burbuja. Muy por el contrario, es la manifestación más evidente de una indignante tolerancia municipal. Y un insufrible atentado a las más alementales formas de convivencia porque traslada la idea de que el que no cumple, será premiado. Es con seguridad el colapso final de nuestra fe (ya muy escasa) en nuestro políticos. Pero también y sobre todo, en estos atolondrados políticos locales que nos desgobiernan.
Aplicar ahora una vez consumado el proceso de asentamiento ilegal la disciplina urbanística se antoja complicado. No obstante, con arreglo a la legalidad transgredida, e independientemente de cuál sea la solución más adecuado a la realidad que de facto tenemos, y para que tomen conciencia administrativa del hecho quien o quienes lo han propiciado y protagonizado. No estará de más, iniciar los correspondientes expedientes sancionadores. Habrá quien señale falta de medios efectivos para el control de la legalidad urbanística. Creo que, en los tiempos que corren, incluso con muy elementales medios se puede CONTROLAR lo que sucede en un territorio cuya administración tienes la responsabilidad de gestionar. Pero es obvio, que lo fácil es mirar para otro lado y apuntar a otras administraciones como responsableS de todo. Las competencias en materia de disciplina urbanística son compartidas entre los ayuntamientos y la comunidad de Madrid. Pero es evidente, que el control efectivo del territorio del municipio administrado, corresponde a su ayuntamiento. El ayuntamiento de San Fernando, no ed precisamente el de un municipio pequeño privado de medios suficientes para hacer cumplír la legalidad urbanística, tiene unos servicios técnicos y una policía municipal, que debidamente dirigidos y organizados, pueden sobradamente controlar un término que no sobrepasa los 40 km2. El problema, es cuando falla la coordinación técnico-política, lI cual tiene mucho que ver con la formación, cualificación o inquietudes por cumplir en el cargo, de ese cargo público.
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