CASO PLAZA DE ESPAÑA: CRECEN LOS ESCÁNDALOS

 

EL AYUNTAMIENTO AVALÓ OBRAS DE PLAZA DE ESPAÑA QUE NUNCA SE EJECUTARON Y AHORA TIENE QUE PAGAR

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EL ESCÁNDALO QUE NO CESA

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Cuando hace un par semanas el actual equipo de gobierno lanzaba una absurda nota de prensa para intoxicar al personal, presentando como una victoria judicial lo que no era sino una derrota total a causa de un auto del Tribunal Supremo, nadie podía imaginar que, al mismo tiempo, ocultara importante información proveniente también de los juzgados. En este caso en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se condena a pagar al Ayuntamiento de San Fernando a la mercantil CARFER 1959 SL 1.804.166 € por unas obras que nunca ejecutó esta mercantil, imputada precisamente en la causa penal que se sigue en el Juzgado 1 de Coslada, y por haber sido avalado en sustitución de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

En efecto, aunque en todo este asunto del caso plaza de España nada nos puede ya sorprender, sí nos deja estupefacto la incompetencia del actual equipo de gobierno y sus asesores áulicos para desenmascarar judicialmente, lo que no es sino una presunta operación delictiva consistente en que, mediante la firma de un ilegal aval por el Ayuntamiento y cuya existencia se desconocía y al parecer firmado por personas sin competencia alguna para ello. Y en consecuencia de lo cual la mercantil CARFER 1959 SL propiedad de uno de los administradores de WOODMAN SL e imputado también en dos de las causas penales abiertas por el caso plaza de España, la Corporación municipal habrá de responder ahora por la emisión de una serie de ruedas de pagarés librados por en el año 2010 por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en favor de JOVICASA SL y CARFER 1959 SL. 

Y en pago todos ellos de una serie de trabajos de acondicionamiento de los veinte locales comerciales de la promoción de Echeveste o de la plaza de Fábrica de Paños, que la EMS le vendió a la mercantil mixta por ocho millones de euros, y que sin embargo luego no pudo pagar en su totalidad.

CINCO CONTRATOS DISTINTOS PARA REALIZAR LAS MISMAS SUPUESTAS OBRAS NUNCA EJECUTADAS

El supuesto trabajo a realizar por CARFER 1959 SL mediante un contrato que PESF firmó en junio de 2011, es decir, cuando la mercantil mixta ya estaba en situación de insolvencia, consistía en la subrogación del acondicionamiento de veinte locales de la plaza de la fábrica de Paños que pueden verse arriba en la foto. Y que sin embargo ya había sido objeto de otros cuatro contratos más con la otra empresa denominada JOVICASA SL propiedad también del mismo administrador. 

Pero estos trabajos que ahora el Ayuntamiento se ve en la obligación de pagar por un aval firmado tres días antes de solicitar el concurso de acreedores de PESF en junio de 2012, nunca se realizaron como se dice, y todo ello no fue más que una simulación encadenada de negocios jurídicos ficticios para allegar liquidez a una de las empresas del administrador de WOODMAN SL.

Lo inaudito e insólito que ahora se conoce es que esos trabajos ficticios fueron avalados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares apenas unos días antes de que fuera solicitado el concurso de acreedores, mediante la firma de un documento hecho por personas sin competencia para contraer semejante compromiso municipal.

Según hemos podido saber ahora por el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una muy reciente sentencia, y que sin embargo el actual equipo de gobierno no ha hecho pública a diferencia de lo que ocurrió con el Auto reciente del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento tendrá que abonar 1.804.166,74 € de los que 1.475.000 lo son en concepto de "obras ya terminadas, acabadas y facturas pero no pagadas" por la mercantil mixta, según consta literalmente en los fundamentos legales de dicha resolución y que fueron avaladas por el Ayuntamiento de San Fernando según acuerdo firmado el día ocho de junio de 2012. Es decir, apenas cuatro días antes de la solicitud del concurso de acreedores.

La sentencia referida condena en costas además al Ayuntamiento y lógicamente a pagar también los intereses legales que procedan en la previsible ejecución de sentencia, y aunque es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, las posibilidades de que sea revocada e incluso admitido el recurso son prácticamente nulas.

DECENAS DE PAGARÉS LIBRADOS PARA CREAR UN RUEDA DE NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS ENCADENADOS

Toda esta lamentable historia de la que es y sigue siendo víctima el Ayuntamiento, trae causa de una serie de negocios jurídicos ficticios encadenados que el administrador de la entonces mercantil JOVICASA SL, firmó con quien era entonces consejero delegado de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y al mismo tiempo concejal de urbanismo del Ayuntamiento también.

Cuando en el mes de marzo de 2010, el Ayuntamiento tuvo que acogerse a un plan de saneamiento, se vieron obligados a declarar indisponibles una serie de créditos entre los que se hallaban las obras municipales del museo de la ciudad por importe de 3.425.000 euros. Esto significó en la práctica que los compromisos de pago del Ayuntamiento para esta obra dotacional municipal a la sociedad mercantil mixta, no se iban a poder respetar por esa razón. Sin embargo, las obras nunca se paralizaron a pesar de que los administradores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, que eran los mismos responsables municipales, sabían que no iban a poder pagarlas al menos a corto plazo.

Esta súbita falta de liquidez de PESF a la que abocó el Ayuntamiento que presidía también el alcalde SETIÉN, intentó ser paliada mediante el recurso a lo que se conoce como rueda de pagarés. Es decir, simular un contrato de obra o servicio contra el que se libran una serie de pagarés que luego se descuentan en una empresa de descuentos financieros. En este caso fue la entidad financiera fue PAGARALIA.

Para ello es necesario lógicamente contar con una sociedad cómplice que en este caso fue la mercantil JOVICASA SL, perteneciente a uno de los administradores de WOODMAN SL. 

El contrato inicial de marzo de 2010 lo fue por importe de 1.189.000 euros, y tenía por objeto realizar obras de acondicionamiento de los locales comerciales recién comprados a la mercantil municipal EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO SAN FERNANDO DE HENARES SA (EMS), de la que entonces era precisamente su consejero delegado el entonces portavoz del PSOE y miembro también en el equipo de gobierno, y hoy imputado también en una de las causas penales abiertas por esa operación de compra venta que luego supuso la quiebra de la mercantil municipal.

Los pagarés librados fueron descontados por JOVICASA SL en la mercantil PAGARALIA, y su importe abonado en una cuenta que dicha mercantil tenía en una sucursal del Banco Santander en Vicálvaro donde, casualmente, procedió también a la apertura de otra cuenta corriente la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

El importe de los pagarés descontados fueron abonados, como se dice, en esa cuenta bancaria, y contra cuyo saldo se fueron realizando disposiciones que no se sabe bien qué destino final tuvieron. Lo que sí se sabe es que el movimiento de la citada cuenta bancaria abierta en la sucursal del Banco Santander en Vicálvaro, no tuvo reflejo contable alguno durante un largo periodo de tiempo en la contabilidad de la sociedad, uno de los motivos por los que se halla imputado también el contable de la sociedad mixta en una de las causas penales. Pudiendo concluirse que durante mucho tiempo esa fue la Caja B de la sociedad mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDOS SL.

Sin embargo, la mercantil mixta nunca pudo hacer frente a esos pagarés descontados precisamente por su falta de liquidez, razón por la cual PAGARALIA, que había accedido a renovar los pagarés descontados en el mes de julio de 2010, inició una serie de reclamaciones judiciales por impago contra JOVICASA SL y contra la propia mercantil mixta que presidía entonces el alcalde SETIÉN.

Esta presión obligó a retornar al menos parte del importe descontado que, como se dice, ascendía a 1.189.000 euros. El concepto de ese retorno lo fue por no haber sido realizados esos trabajos objeto del contrato precisamente. Pero el retorno lo fue solamente por 425.000 euros,  ¿dónde se quedó el resto?

MÁS RUEDAS DE PAGARÉS Y MÁS NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS

Sin embargo, lejos de atender al menos los pagarés iniciales renovados en julio de 2010 con PAGARALIA, en el mes de diciembre del mismo año de nuevo fueron firmados otros dos contratos con JOVICASA SL por parte del consejero delegado de PESF para realizar los mismo trabajos de acondicionamiento de los inacabados locales comprados a la EMS, pero en este caso por importes y superficies distintas. En total supuso que con la mercantil JOVICASA SL, la mercantil mixta presidida por el alcalde SETIÉN habría firmado hasta cuatro contratos para realizar los mismos supuestos trabajos de acondicionamiento de los locales, por importe de 5,080 millones de euros sin IVA.

El cuadro de arriba explica cómo fueron firmados por PESF un total de cinco contratos con las mercantiles del administrador de WOODMAN SL por los mismos supuestos trabajos que, además, nunca fueron realizados. Lo insólito que conocemos ahora por la sentencia del TSJM, es que esos falsos trabajos fueron avalados por el Ayuntamiento, por lo que tendrá que pagar al final 1,8 millones de euros. 

DINERO SIN CONTROL Y SIN REFLEJO CONTABLE

Estos nuevos contratos que en realidad no eran otra cosa que negocios jurídicos simulados porque tienen todos ellos el mismo objeto, fueron acompañados con el libramiento masivo de decenas de pagarés con diferentes vencimientos e importes, la mayoría de los cuales fueron endosados por JOVICASA SL a numerosos acreedores de dicha sociedad que, obviamente, nada tenían que ver con la mercantil PESF.

Pero no conformes con lo anterior, de nuevo procedieron a firmar otro contrato pero ahora con una sociedad mercantil distinta aunque perteneciente también al mismo administrador de WOODMAN SL: la mercantil CARFER 1959 SL.

La operativa de nuevo fue la misma. La firma de un nuevo contrato para realizar los mismos trabajos y de nuevo las libranzas de nuevos pagarés que, a su vez, dicha sociedad endosaba a otros acreedores de la primera de las mercantiles.

El resultado es pues de nuevo una nueva deuda contraída por PESF con otra de las sociedades mercantiles del mismo administrador de WOODMAN SL. Y ahora además incrementada esa deuda con un nuevo contrato consistente en el acondicionamiento de las calles Coslada y Gonzalo de Córdoba. 

En total, el administrador concursal de PESF le reconoció a esta sociedad mercantil un crédito de 1.475.000 euros que, junto con el importe facturado por el acondicionamiento de las calles, asciende a nada menos que 1.804.166 euros. Y que, como se dice, ahora, conocida la sentencia del TSJ de Madrid, tendrá que abonar el Ayuntamiento. 

Es decir, la pagará usted de nuevo sufrido contribuyente. Porque, al parecer ha aparecido un documento firmado por responsables municipales unos días antes de solicitar el concurso de acreedores, y cuya contundencia del fallo judicial augura un inútil recurso de casación ante el Supremo con de nuevo condena en costas y con los intereses legales corriendo.

¿HASTA CUÁNDO SE VA A PERMTIR ESTE SAQUEO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO SEÑORES DEL EQUIPO DE GOBIERNO?

Sin perjuicio de volver más adelante y en sucesivas entradas sobre ese nuevo escándalo y descabellado nuevo episodio sobre el caso plaza de España, y de estudiar por nuestra parte las acciones legales que nos sea posible accionar contra los responsables firmantes del aval municipal, es preciso preguntarse qué hace el equipo de gobierno actual para impedir todos estos indecentes atropellos que acaban siempre de la misma aparatosa forma: con el saqueo de las arcas municipales y con la más inconcebible pasividad del equipo de gobierno. Un equipo de gobierno incapaz de desenmascarar todas estas operaciones presuntamente delictivas, pero cuya factura se le pasa invariablemente al Ayuntamiento.

Para cualquiera que conozca el asunto que mereció una denuncia ante la fiscalía en la que se basa precisamente la imputación de varios protagonistas de este caso, incluida la imputación de la mercantil CARER 1959 SL pedida por la fiscalía, los sucesivos fallos judiciales vienen teniendo siempre el mismo desenlace final ante la pasividad y el silencio más absoluto por parte del alcalde CORPA y del concejal de Hacienda HONTECILLAS. 

Y es que, como se dice, el resultado siempre es el mismo: aceptar resignados unos fallos judiciales cuya peripecia final no puede sino dejarnos estupefactos ante la evidencia de un formidable desconocimiento de los letrados municipales de este pestilente asunto, uno más, y que además tiene dos correlatos inadmisibles pero desgraciadamente repetidos: i) que siempre paga el Ayuntamiento y ii) que nadie responde por todos estos impresentables atropellos.

Es hora ya de poner fin a todo esto y de exigir al equipo de gobierno actual que ponga pie en la pared, y acuerde de una vez exigir las responsabilidades a que hayan lugar por parte de quienes entonces permitieron esto y firmaron avales en nombre del Ayuntamiento careciendo de facultades para ello. Porque, de otra forma, se convertirán en cómplices de ellos y, en todo caso, están obligados a blindar la indemnidad económica del erario público cuando, como es este caso, debían de saber que todo esto proviene de unos oscuros e ilícitos negocios jurídicos ficticios cuya investigación habría de ser exigida perentoriamente ya por la oposición.

ES URGENTE PONER COTO A ESTE INTERMINABLE SAQUEO CON APARIENCIA DE LEGALIDAD

 

Esta indecente tolerancia cómplice que viene mostrando el actual equipo de gobierno, incapaz de parar estos patentes fraudes con apariencia de legalidad, revela algo que ya nos temíamos pero que no les exime de su propia responsabilidad: el profundo desconocimiento que de este asunto tienen políticos y letrados, cuya impotencia por desenmascarar todas estas patrañas han delegado en unos juzgados atorados desde hace años en causas interminables, mientras, gota a gota y sentencia tras sentencia, se van saqueando con pura apariencia de legalidad las arcas municipales.

Dada pues la lamentable pasividad del equipo de gobierno para impedir estos atropellos, es hora de que la sociedad civil tome medidas para que paguen por ello quienes cometieron todas estas irregularidades, y no el inocente contribuyente que sobre este caso viene soportando de su propio bolsillo millones y millones de indemnizaciones acumuladas en deudas y créditos, sin que, por el contrario, haya una sola reclamación contra quienes han causado y siguen causando sentencia tras sentencia, tan pavorosos quebrantos económicos al erario público mientras ellos no han sufrido la más ligera molestia en su propio patrimonio.