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| TRAS EL DEFINITIVO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MARZO DE 2011 ACORDANDO SER CONFORME A DERECHO LA SUSPENSIÓN DEL PGOU RESPECTO DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN UG - 6 (C/ ÁVILA CON VUELTA A C/ ZAMORA), ESTAS 200 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN UN AUTÉNTICO LIMBO URBANÍSTICO. LA HISTORIA TRAE CAUSA NADA MENOS QUE DE LA CONFUSA E INEXPLICADA PERMUTA PARA OBTENER LA PARCELA DE ECHEVESTE. |
AVISO A NAVEGANTES
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Una buena parte de importantes actuaciones de gestión urbanística en nuestro municipio, han estado jalonadas de polémicas ilegales decisiones de los diferentes equipos de gobierno de IU que luego, por desistimiento de los grupos de la oposición (caso del PP), cuando no por la complicidad ocasional de otros (caso del PSOE en sus intermitentes pactos de gobierno con IU), han acabado en el más completo olvido o falsamente regularizadas a base de aprobar con posterioridad instrumentos de planeamiento general que las legalizaran. Pero muchas de estas actuaciones que fueron auténticas y gravísimas infracciones urbanísticas perpetradas con licencia municipal, eran en realidad ilegalizables y en la mayor parte de los casos solo cabía en rigor un destino: el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida mediante su directa demolición. Pero nada de eso ha sucedido.
El equipo de gobierno ha recurrido sistemáticamente a maniobras procesales inadmisibles, como no remitir los expedientes a los tribunales o retardarlos maliciosamente. O simplemente firmando apelaciones para llegar hasta el mismísimo Tribunal Supremo con la sola intención de ganar tiempo o agotar la paciencia (y la economía) de los denunciantes. Otras veces recurriendo directamente la pura desobediencia a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, que no han impedido no obstante percibir cada caso como un mayúsculo escándalo bien revelador de un estilo de gobernar basado en el desprecio a la legalidad, y su correlato menosprecio también a todo aquel que trate de hacer valer esa legalidad mediante la denuncia. Desde luego ese ha sido nuestro más palmario caso.
Nuestra asociación se ha visto obligada en numerosas ocasiones a denunciar este tipo de atropellos de los diferentes gobiernos de IU (o de IU-PSOE otras veces), caracterizados casi siempre por la puesta en práctica de la arbitrariedad más descarada, amparada, eso sí, por la conformación de las mayorías configuradas en solitario o en compañía de otros. Y ese es el caso de actuaciones no resueltas aun después de los muchos años transcurridos porque, a pesar de todo, cuando se vulnera la legalidad y se incurre en flagrantes arbitrariedades (infracciones urbanísticas graves incluidas), su disimulo mediante la aprobación de instrumentos que traten de legalizarlos son, en la mayor parte de los casos, levantados sobre intolerables agravios cuando no sobre sospechosas complicidades que, lejos de dar cobertura legal a una actuación contraria a derecho, no es sino un monumento a la pura y simple impunidad de los gobernantes infractores.
Así, desde la ilícita ampliación de PRYCA anulada por el Tribunal Supremo en 1999, pasando también por las resoluciones firmes de anulación de las licencias a TRADISA en el año 2006 en su campa de vehículos, levantada sobre suelo no urbanizable especialmente protegido (y bajo sospecha de corrupción y nunca ejecutadas), pasando por la más actual de la UG-5 (actualmente en los tribunales), son algunas de las actuaciones más notorias. Y entre ellas una que ha pasado desapercibida al menos en su desenlace: la que se corresponde con la Unidad de Getión UG-6. Veamos.
LA UG-6 EN EL MÁS ABSOLUTO LIMBO URBANÍSTICO
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Unas 200 viviendas de la manzana de la calle Ávila con vuelta a la calle Zamora, se hallan en el más absoluto limbo urbanístico y, en rigor, con unas confusas ordenanzas que remiten a una modificación del PGOU anterior que, en cualquier caso, solo autorizaban 31 viviendas y no las 200 que finalmente han sido construidas.
El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid cuando aprobó el PGOU de San Fernando en septiembre de 2002, dejó sin efecto la propuesta que pretendía regularizar mediante su legalización estas 200 viviendas, cuyo ámbito fue designado en el nuevo PGOU como la UG-6. La evidente ilegalidad de la licencia otorgada en su día para la construcción de estas viviendas, provenía de la nunca bien explicada operación de permuta realizada por el Ayuntamiento con la sociedad ECHEVESTE SA, para la obtención del solar ocupado por sus almacenes desde 1946 en lo que era el palacio o la fábrica de paños, de unos 19.000 m2.
Las desorbitadas exigencias económicas de ECHEVESTE fueron inexplicablemente atendidas en su totalidad por el entonces equipo de gobierno, permutando varios solares de propiedad municipal procedentes de algunos de los sectores de suelo urbanizable programado, y donde finalmente a ECHEVESTE le fueron dadas toda clase de facilidades, incluida la cesión de varias parcelas de uso y dominio público como zonas verdes y espacios públicos, para que levantara las dos únicas gasolineras que hay en el caso urbano con bandera de BP.
Por su parte, a la parcela destinada a uso residencial solo le estaba permitido destinar su edificabilidad a la construcción de 31 viviendas. Pero el pacto con ECHVESTE era el de poder acumular hasta 16.000 m2 en dicha parcela o lo que es lo mismo construir 200 viviendas. Para poder cumplir ese objetivo era necesario esperar a la siguiente revisión del PGOU. Pero algo sucedió para que el equipo de gobierno de IU, en lugar de esperar al nuevo PGOU, hallara una mágica fórmula para transferir más de 4000 m2 de edificabilidad procedentes de un solar municipal (suelo urbano) de la calle Mª Teresa León, al permutado a ECHEVESTE de la calle Ávila (suelo urbanizable programado), cosa que la ley de suelo no permitía de ninguna forma. Y mucho menos cuando todo ello se pretendía, además, ordenarlo mediante un Estudio de Detalle.
Nuestra asociación alegó en su día la tropelía que se pretendía ejecutar por parte del equipo de gobierno, obteniendo una negativa de plano en el pleno correspondiente. Igual suerte corrieron las alegaciones del PP y del PSOE, que también presentaron las suyas advirtiendo del atropello a la legalidad que pretendía hacerse. Finalmente fue la Comunidad de Madrid la que tuvo que intervenir a resultas de una denuncia de un funcionario municipal del área de urbanismo, que fue sancionado y suspendido de empleo durante un buen número de años.
No fue sino hasta el año 2007 (ya gobernaban juntos IU y PSOE) cuando, sospechosamente, y tras larguísimas maniobras dilatorias del Ayuntamiento (consistentes básicamente en no remitir los expedientes a lo tribunales), cuando las partes recurrentes (Comunidad de Madrid y el funcionario denunciante ya readmitido previsiblemente mediante un pacto con el equipo de gobierno y bendecido por el PSOE) no formularon las correspondientes demandas dejando así decaer sus recursos, y de paso evitando con ello que los tribunales se pronunciaran finalmente sobre la nulidad tanto de los Estudios de Detalle, como desde luego de las licencias. Ambos claramente ilegales. El desistimiento de los recurrentes después de varias acumulaciones y escandalosas dilaciones, fue desde luego muy sospechoso.
Pues bien, el equipo de gobierno municipal inició una carrera de recursos judiciales contra la decisión de suspensión por parte del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, de la ordenación propuesta (para legalizarla, vamos) para la actuación en la UG-6, alegando, precisamente, la existencia de procedimientos judiciales abiertos a la fecha de su aprobación (2002). Esa carrera iniciada por el equipo de gobierno, además de ser una prueba más del compulsivo espíritu litigioso inspirado por Dª CARMEN CRIADO, acabó con el fallo desfavorable a las pretensiones municipales y la condena en costas al Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, la irregular situación en que se encuentra la UG- 6 y todos los edificios de la calle Ávila con vuelta a la calle Zamora (ver la foto de arriba) es bien patente. Hasta el extremo de que, en nuestra opinión, no es legalizable porque, siguiendo los argumentos de la Comunidad de Madrid, los acuerdos (licencia y Estudio de Detalle) adoptados por el equipo de gobierno entonces eran manifiestamente nulos de pleno derecho.
Hay, desde luego, muchas razones para suponer que su legalización no es posible. La cuestión no obstante es: ¿por qué razón el equipo de gobierno, que conoce el fallo judicial del Tribunal Supremo desde marzo de 2011, no trata de regularizar esta evidente situación de limbo urbanístico en que se encuentran estas 200 viviendas de la UG-6? Y ya puestos ¿qué piensan ahora los dos grupos de la oposición del PP y PSOE que, junto con nosotros, alegaron entonces también la barbaridad que pretendía ejecutar y ejecutó IU? Nosotros lo tenemos muy claro: la licencia y el Estudio de Detalle eran nulos de pleno derecho, entonces y ahora.
El caso de las viviendas de la calle Ávila es una chapuza, es para cualquier técnico sabido, que el planeamiento ejecutivo, es decir, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, no pueden alterar las condiciones de aprovechamiento y uso fijados por el planeamiento de rango superior que le es vinculante, en este caso el PGOU, el cambio de uso del solar en cuestión conforme al PLAN de 1988, SOLO PERMITÍA LA CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDA UNIFAMILIARES. El problema era que esas esas edificabilidades no satisfacían la expectativas de lucro de ECHEVESTE, de ahí la tropelía de transferencias no permitidas de aprovechamiento y ordenación de la manzana, por un mero estudio de detalle para la ordenación del volumen edificado. Las mencionadas viviendas, se ejecutaron al amparo de una arbitraria decisión de la anterior alcaldesa. El funcionario y técnico jurídico municipal José Luis Casas, informó sobre los vicios legales de esta operación, y por proceder como debía en ese sentido, quisieron despedirlo, concretamente la anterior alcaldesa, que con ese proceder también venía a demostrar tanto su calidad humana como su respeto por la legalidad -siendo como es letrada de profesión al igual que su compañero sentimental y actual portavoz de IU, Javier Blanco-.
ResponderEliminarParece que todo queda en casa, pero evidentemente, esas viviendas son una realidad de facto, y sin duda, se construyeron contraviniendo la legalidad urbanística. También los PAU´s del Este de Madrid, y sin embargo no se paralizaron, ni se va demoler ni una sola de las viviendas en ellos construidas.
Quiero decir con esto que si tamaño problema tiene encaje jurídico, habrá que buscarlo, y no alarmar innecesariamente a los moradores de esas viviendas.
Un saludo.
Estimado comunicante,
ResponderEliminarLo que no es legalizable no es legalizable, y se infiere de su comentario que usted propone que una clara ilagalidad sea sanada con otra ilegalidad mayor. Pues estamos apañados.
Nada tienen que ver los PAUS anulados de Madrid con este caso, ya que la anulación de aquellos se produjo por la ausencia de informes (subsanable por lo tanto) que justificaran el paso de suelo no urbanizable con algún tipo de protección, a urbanizables. Cosa que se subsanó después emitiendo esos informes y tramitando una modificación del PGOU. Pero ese no es el caso de este edificio y desde luego de toda la operación de permuta con ECHEVESTE que lo precedió.
Toda la operación de Echeveste estuvo presidida por la necesidad urgente del entonces equipo de gobierno, por permutar el suelo para ejecutar el nuevo Ayuntamiento que tenía una subvención del plan PRISMA de la Comunidad de Madrid y que, si no lo hacían urgentemente, podían perderla. Y con esas prisas no repararon en costes y ECHEVESTE, que evidentemente lo sabía, lo aprovechó. Y tanto que lo aprovechó, pues además de pedir mucho dinero ni siqueira era dueño de más 6.000 m2 de la parcela que tuvo tapiada durante muchos años (desde 1947 al menos), y que eran de titularidad municipal aunque el equipo de gobierno no se enteró o no quiso enterarse de ello.
Por lo demás, estimado comunciante, la cuestión es por qué desistieron el funcionario en cuestión y la Comunidad de Madrid en el año 2007 de presentar las demandas correspondientes. Es decir, cuando ya gobernaban conjuntamente IU y PSOE. ¿Fue a resultas de un pacto secreto entre IU, PSOE y el funcionario expedientado? Eso, y cómo regularizar ahora lo que no es regularizable es lo que importa. Y no es cuestión de alarmar, sino de informar bien y de hacerlo con rigor.
EL EQUIPO REDACTOR DE EL MOLINO
Vamos a ver señores de EL MOLINO, creo haber dejado muy claro que tienen ustedes razón, y sin duda todo el proceso adolece de vicios legales tal como constata el hecho de que se estime procedente no levantar el aplazamiento sobre la UG-6 del PGOU de 2002.
ResponderEliminarNo seré yo quién esté planteando cometer ilegalidades que tapen otras ilegalidades, a esa conclusión llega usted sólo, y no sé muy bien cómo. Pero es preciso entender, que estamos hablando de 200 viviendas habitadas, y que, habrá que estudiar, cómo y de qué manera se puede REGULARIZAR esa situación, que sin duda dimana de una ilegalidad de la administración local, por las razones que ambos hemos referido, yo en mi comentario y usted en su artículo.
Lo que no es de recibo tampoco, es generar a esos vecinos una incertidumbre respecto a sus casas, y venir a decir que lo que la motiva es irremediable, y que el imperativo legal, obligaría a deshacer lo mal hecho, y restituir lo legal.
Esto no es cosa de borrar con la goma algo mal dibujado en el plano de ordenación de una ciudad, se trata de vidas y de personas con sus casas, cosa parecida, que no análoga a lo que ocurre en plaza de España, donde a veces muestran ustedes una indolencia respecto de los afectados que convendría no generalizar, porque la defensa del interés general que dicen representar, no impide discernir en justicia unos casos de otros.
Sé que quienes comenten estas ilegalidades, juegan a una política de hechos consumados, conscientes de que una vez hecho lo que se plantearon, involucrando a los ciudadanos, es difícil volver atrás.
Creo que su labor denunciando estos hechos es encomiable, porque evidencia muchas cosas que mucha gente no sabía, de gran gravedad, pero obviamente, además de denunciar, hay que intentar de alguna manera, arreglar lo que no se ha hecho bien, sin comprometer la calidad de vida, de quienes, y aquí sí, no tienen oficio ni parte, porque quienes allí habitan compraron LEGALMENTE sus casas, y las han pagado y por consiguiente tienen unos derechos que deben ser salvaguardados, de manera tal, que se concilie eso, con la salvaguarda de una legalidad, que en este caso, ha sido vulnerada por la propia administración municipal, a través de las personas con responsabilidades políticas y técnicas en ese momento.
Todo cual no quita, para que se informe como usted señala con RIGOR y que se depuren responsabilidades políticas y penales si las hubiere, aunque creo que ustedes son sobradamente conscientes de lo mal que funciona la justicia en este país, de lo largos que son los procesos, etc... Y eso, lo saben también quienes cometen este tipo de delitos, que quedan muchas veces IMPUNES.
Un saludo.
Sr. Comunicante,
ResponderEliminarCon los mismos argumentos que usted utiliza han sido "legalizadas" con la Revisión del nuevo PGOU varios centenares de gravísimas infracciones en el municipio de Marbella. El problema es desde luego el agravio creado para los que cumplieron y respetaron las reglas. Y, sobre todo y más lamentable, que le echen un galgo ahora a los promotores que se llenaron los bolsillos con esas infracciones a cuenta del interés general.
O por poner otro ejemplo: ¿debe ser indultado el hotel El Algarrobico de Mojácar o ha de ser demolido? Está construido, tenía licencia municipal y autorización de la Junta de Andalucía. Pero es claramente ilegalizable.
No entendemos bien su disquisición sobre el interés general. Puede estar seguro de que no hay nada más contrario al interés general que beneficiar al infractor. No obstante, le invitamos a la próxima entrada.
Saludos,
EQUIPO REDACTOR DE EL MOLINO DE SAN FERNANDO