DE ESPERPENTO EN ESPERPENTO Y TIRO PORQUE ME TOCA

 

DE DERROTA EN DERROTA HASTA LA VICTORIA FINAL

(O CÓMO EXPLICAR QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO CELEBRE ALBOROZADO UN REVÉS JUDICIAL)

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El pasado día 21 de los corrientes, el equipo de gobierno lanzaba un eufórico comunicado de prensa anunciando que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acababa de inadmitir un incidente de nulidad presentado por el propio Ayuntamiento, contra una sentencia de la sección de lo mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid de 2019. 

Según se indica en dicha nota de prensa, la incompresible celebración del equipo de gobierno proviene de que esta resolución del Supremo confirmaría la anterior que sostiene que las aportaciones no dinerarias realizadas por el Ayuntamiento al capital social de la mercantil mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL en el año 2008, lo eran todas mediante desembolsos de bienes patrimoniales y no demaniales. Lo que descartaba de entrada que la famosa plaza de España hubiera sido aportada al capital social de dicha mercantil por el Ayuntamiento.

Esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, confirmaba a su vez otra de 2017 del Juzgado concursal donde se sigue el concurso de acreedores en la que lleva inmersa dicha sociedad desde el año 2013, sin que, ocho años después, se vislumbre solución alguna para su liquidación acordada ya en el año 2015 por el Juzgado.

Así pues, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid donde se sigue el concurso, falló en 2017 en contra de la pretensiones del Ayuntamiento que era quien instaba el incidente concursal. Pero, ¿qué era lo que le  pedía entonces el Ayuntamiento al Juzgado concursal? 

Pues veamos: i) que el Juzgado mercantil declarara que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares era el propietario de la plaza de España y de su subsuelo. ii) Que, asimismo, el Juzgado declarase nula la aportación no dineraria realizada por el entonces alcalde SETIÉN al capital social de la dicha mercantil, al haber sido esas aportaciones realizadas mediante bienes demaniales (la plaza de España), Y iii) que, asimismo, el Juzgado mercantil ordenase también la rectificación de los asientos registrales del Registro de la Propiedad de San Fernando de las fincas 31.183, 31.184 y 31.185, ya que todas ellas figuran a nombre precisamente de la mercantil mixta.

Después de una inconcebible peripecia que hemos comentado en entradas anteriores y de declararse competente dicho Juzgado para pronunciarse acerca de las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, no sin antes rectificar otra resolución anterior por la que se declaraba competente solo sobre una de ellas, finalmente el Juzgado dictó una sentencia en julio de 2017 por la que se rechazaban absolutamente todas las pretensiones del Ayuntamiento.

Pues bien, al parecer, esto es lo que celebra ahora el equipo de gobierno en su nota de prensa: que el Tribunal Supremo no le dé la razón. ¿Sabrán realmente de lo que hablan estos señores del equipo de gobierno, o están dando palos de ciego como vienen demostrando en todo este pestilente asunto del caso plaza de España?

ARRIBA LA EXULTANTE NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRANDO UNA DERROTA JUDICIAL

Y AQUÍ NUESTRA RESPUESTA EN ONDA CERO COSALDA

LA ALCALDESA CATALINA Y EL PROCELOSO VIAJE A NINGUNA PARTE

El incidente concursal fue planteado en marzo de 2016 cuando Catalina Rodríguez era la alcaldesa y por lo tanto cuando gobernaba en solitario SFHSP. Eso sí, lo hizo por su cuenta y riesgo, es decir, sin pedir el parecer del pleno municipal o entendiendo que un acuerdo de dicho órgano de 2014 la autorizaba a ello. Y lo hizo siguiendo no obstante los consejos de uno de los muchos asesores jurídicos iluminados que desfilan y han desfilado por este Ayuntamiento, dejando numerosos embrollos con este caso que es uno más de ellos.

La alcaldesa Catalina actuaba pues siguiendo los consejos de esos asesores áulicos que nunca dan la cara pero tienen enorme influencia sobre alcaldes y concejales. Y lo hizo utilizando una senda judicial que, según sus propias y temerarias palabras, "no se le había ocurrido antes a nadie". Y así le ha salido la cosa en este inútil viaje judicial a ninguna parte: un estrepitoso fracaso que, además, no hace sino introducir más confusión sobre el asunto aunque en la práctica no tenga gran repercusión más allá de su utilización torticera, como puede ser la esperpéntica nota de prensa que celebra como un triunfo lo que no es sino una estrepitosa derrota judicial del propio Ayuntamiento.

Efectivamente, la alcaldesa Catalina fue inducida así a iniciar un recorrido judicial absurdo, contradictorio, y con su sola voluntad al no pedir autorización al pleno, para acabar estrellándose una y otra vez primero con el propio juzgado concursal, luego con la Audiencia Provincial y su flamante sección de lo mercantil, y ahora, finalmente, con la resolución de Tribunal Supremo que ha provocado la triunfalista nota de prensa del equipo de gobierno. Seguida, eso sí, por entusiastas adhesiones de medios y propagandistas de toda laya, pero incapaces de preguntarse algo muy elemental: ¿por qué razón el actual equipo de gobierno celebra una derrota judicial total del Ayuntamiento, hasta el extremo de publicitar la resolución como si la hubiera ganado?

CONFUNDIR EL CULO CON LAS TÉMPORAS O LA POSESIÓN CON EL DOMINIO

Y, como esta cofradía de interesados medios seguidistas que padecemos, no han hecho el más leve intento de preguntarse algo tan elemental y razonarlo con sus lectores, vamos a tratar de explicar nosotros este esperpento de esperpentos consistente en que el equipo de gobierno acabe celebrando alborozado tan singular derrota judicial desde el juzgado concursal hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Provincial.

Y es que, no es la primera vez que desde el equipo de gobierno y ya desde el alcalde SETIÉN, se nos muestra la misma absurda explicación desde los diferentes actores políticos, sean estos de IU, de SFHSP, o del PSOE y de Cs. Da igual, siempre responden lo mismo como papagayos de lo que conspicuos asesores jurídicos les soplan al oído: la prueba de que la plaza es de dominio público es que se puede caminar sobre ella y ocuparla sin problema alguno, e incluso se puede actuar y reponer o sustituir material por el Ayuntamiento como si ello fuera prueba de su titularidad dominical. ¡Y eso además ahora lo confirma nada menos que el Tribunal Supremo! Ahí es nada oigan. Han necesitado nada menos que cinco años y llegar al Tribunal Supremo para descubrir que la plaza de España, es eso: una plaza pública. Elija usted amable elector a semejantes lumbreras para llegar a tan asombrosa conclusión pero solo cuando, de forma muy oblícua, el Alto Tribunal así lo constata.

Cuando, obviamente, la cuestión no es esa en absoluto, sino la razón por la que ese bien demanial se halla introducido en el tráfico jurídico mercantil al aparecer en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad mercantil y de su pleno dominio.

Es decir, nuestros gobernantes, los actuales y los anteriores, da igual, confunden con empecinada ignorancia la posesión de un bien con su dominio o propiedad. Lo cual es solo una muestra del delirante devenir de este asunto que debería avergonzar a toda la Corporación en pleno secretarios municipales incluidos, pues no solo no supieron evitar en su día la introducción en el tráfico jurídico mercantil de una plaza pública, sino que ahora, trece años después, sigue así sin que nadie, ningún equipo de gobierno, haya hecho nada, absolutamente nada, por rescatar la plaza de España de la usurpación de quien no obstante, hoy por hoy, sigue siendo su legítima propietaria según la fe pública registral: la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

EL TRIBUNAL SUPREMO, EL AYUNTAMIENTO Y LA FE PÚBLICA REGISTRAL

Si usted amable seguidor de este blog, dispone de apenas tres euros y escasamente cinco minutos, puede acercarse al Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares sito en la calle de Albino Pérez nº 4, y pedir una nota simple de la finca registral nº 31.183. Si lo pide por internet le costará nueve euros, sin que se explique bien este escandaloso incremento del precio de ese servicio.

Una vez obtenida dicha nota simple podrá comprobar varias cosas muy curiosas de los asientos registrales que esta finca contiene, pero, a lo que aquí interesa, le sugerimos que haga la siguiente verificación que está al alcance de cualquier ciudadano que simplemente sepa leer, escribir y acaso incluso sumar y restar. Cuestión esta que es dudosa que practiquen ciertos políticos que hoy componen nuestro Ayuntamiento.

Esa nota simple (también puede pedir una certificación literal de esa finca pero eso es mucho mas caro) expedida por el Registro de la Propiedad, no es otra cosa que la expresión material resumida de los asientos registrales protegidos por la fe pública registral así como de sus cargas registrales, y cuya presunción de veracidad se presume de iure frente a terceros.

O, lo que es lo mismo, ya puede cualquiera, incluido el Ayuntamiento, exhibir otros títulos de propiedad por muchas que sean las declaraciones de otras jurisdicciones, que lo que vale es, precisamente, lo que digan los asientos registrales del Registro de la Propiedad. Es decir, que, a afectos de cualquier pretensión de terceros que exhiban otros títulos, lo que va a misa es lo que figura en ese Registro por decirlo de forma que todo el mundo lo pueda entender. 

Y esa fe pública registral está protegida por los tribunales de lo civil, y solo mediante una resolución judicial de dicha naturaleza puede ser alterado el contenido de los asientos registrales. Si bien en determinadas circunstancias, también otras jurisdicciones pueden alterar o incluso anular esos asientos. Pero, con carácter general, la atribución de la competencia acerca de los conflictos derivados del contenido del derecho a la propiedad solo se puede instar ante la jurisdicción civil, y ni siquiera ante la mercantil.

Las comprobaciones que tiene usted que hacer respecto de esa nota simple son las siguientes: i) que la superficie de toda la finca es, según el Registro de la Propiedad, de 14.599 m2. ii) Verá también que esta finca es la resultante de una agrupación de otra más, la nº 30.659, con una cabida de 10.965 m2 y definida perimetralmente por unos linderos que se citan e incluso por un uso: un espacio libre público. Y iii) y lo más importante, que esa finca, la 31.183, pertenece en pleno dominio a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. 

En otras palabras, que la plaza de España junto con otras más que figura agrupada en la finca 31.183, es propiedad plena de la mercantil mixta y no del Ayuntamiento. Cosa esta que pedía al Juzgado el Ayuntamiento suplicando su nulidad mediante el incidente promovido en 2016, y que ahora finalmente se ha visto frustrado porque así lo ha sancionado el Tribunal Supremo.

Esta ficha del catastro ilustra bien lo que referimos, toda vez que tanto en el Registro de la Propiedad como en el Registro Catastral, aparece la plaza de España que figura agrupada a otras más y forman un sola finca: la registral 31.183 de 14.599 m2 y de la que es propietaria en pleno dominio la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

O lo que es lo mismo, tras esta resolución judicial del Tribunal Supremo contraria a las pretensiones del Ayuntamiento y que al parecer el equipo de gobierno celebra con entusiasmo, mantiene todo como estaba antes del inicio del incidente y simplemente estamos en la misma situación de partida de 2016. Pero ahora con una resolución judicial firme lo que, al menos a efectos mercantiles y concursales, supone cosa juzgada con las consecuencias que ello comporte para el concurso y exclusivamente para el concurso. Sin que, por todo ello, se entienda bien la exultante euforia con que el actual equipo de gobierno ha celebrado esta resolución judicial que solo añade más confusión al menos al concurso de acreedores.

Y, ¿QUÉ PASA AHORA CON LAS PLAZAS DE GARAJE SUBTERRÁNEAS DE LA PLAZA DE ESPAÑA?

Pues he aquí la madre del cordero, que merecerá una nueva entrada por nuestra parte porque este asunto de las plazas de garaje (606 plazas) construidas bajo el subsuelo de la plaza de España, tiene por sí solo no pocos indicios de gravísimas irregularidades. Si bien y a lo que afecta a este asunto de la resolución del Supremo tan celebrada por el equipo de gobierno, tiene una segunda derivada, y es que el Ayuntamiento también pedía al juzgado concursal que declarara dicho subsuelo como demanial y de titularidad municipal, por cuanto que, obviamente, si la plaza es un bien demanial y por lo mismo público, su subsuelo, que no ha sido desafectado, también lo es.

Sin embargo, aquí el juez concursal da una larga cambiada y le dice al Ayuntamiento con todo descaro que de eso nada, ya que en su día el propio Ayuntamiento acordó mediante una licencia dictada por su concejal de urbanismo (que al mismo tiempo era consejero delegado de la mercantil beneficiaria), segregar dicha finca y, por lo tanto, tácitamente la desafectó. Con un par. El Juez le dice al Ayuntamiento aquello de San Rita lo que se da no se quita. De modo que la plaza para usted pero el subsuelo y sus seiscientas plazas de garaje ni tocarlo y siguen en la masa activa concursal. ¡Qué morro señores! Bueno, pues esto también lo celebra el actual equipo de gobierno a lo que parece según su nota de prensa.

Y esta monstruosidad que en realidad está en el origen de la ilegal aportación de la plaza de España, y que se halla así denunciado expresamente por nuestra querella presentada en el Juzgado donde se instruyen las diligencias penales, no es otra cosa que eso: la descarada apropiación ilegal por parte de la sociedad mercantil mixta de un subsuelo que es necesario reponer a su verdadero propietario mientras no se modifique por medio de su desafectación: el Ayuntamiento.

Bueno, pues, como se dice, si nos atenemos a lo celebrado por el actual equipo de gobierno en su nota de prensa, lo que aceptan como bueno también es que el Ayuntamiento haya perdido la oportunidad de que esas seiscientas plazas sean de su propiedad y no de la mercantil mixta, renunciando con ello a reclamar su legítima propiedad porque en realidad nunca hubo tal desafectación. 

Esta es pues también una de las consecuencias directas de esta resolución judicial que sin embargo al equipo de gobierno le parece todo un "logro" por el que siguen trabajando. Para salir corriendo, la verdad.

Y ¿QUÉ SOSTIENE EL AYUNTAMIENTO EN OTROS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ABIERTOS?

Pues exactamente todo lo contrario.

Usted, amable seguidor de este blog, no encontrará en los medios que hacen seguidismo ciego de la propaganda oficial expedida por el gabinete de prensa municipal entregado a una repelente campaña intoxicadora de la verdad, explicación a cuestiones que, obviamente, si pierde el tiempo siguiendo a esos medios nunca le contarán. Pero la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero como acertadamente dice el aserto popular. 

Y es que, nuestra asociación lleva cuatro largos años inmersa en un procedimiento contencioso para conseguir anular el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, que tiene por objeto, precisamente, anular la ilegal agrupación y adjudicación de la plaza de España a la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL. Anulación a la que, sin  embargo, se opone el Ayuntamiento. Es decir, nosotros mantenemos exactamente lo mismo que el Ayuntamiento mantenía en el recurso incidental concursal, solo que en sede de la jurisdicción contenciosa.

Sostenemos nosotros que se realizó una adjudicación ilegal de la plaza de España precisamente por sucesivos acuerdos de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 3 y 29 de julio de 2009. Juntas de Gobierno en las que, oh casualidad, asistió y votó el alcalde CORPA que entonces formaba parte del equipo de gobierno mediante la coalición entre el POSE (su partido) e IU. 

Y, sabe usted amable seguidor de este blog, qué es lo que el actual equipo de gobierno, junto con Bankia, sostiene ahora en ese procedimiento contencioso instado por nuestra asociación: pues exactamente todo lo contrario que sostenía el propio Ayuntamiento en este recurso de nulidad instado ante el Supremo y cuya inadmisión ahora celebran alborozados desde el propio gobierno municipal.

Y es que, es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía en general, manifestar en una nota de prensa que "van a seguir trabajando con el objetivo de avanzar" hacia no se sabe muy bien dónde porque, entre otras razones, son incapaces de explicar muy especialmente los políticos, cómo se puede estar sosteniendo una cosa en un procedimiento judicial y la contraria en otros, y no estar locos. O, cuando menos, poner en evidencia que al frente de estos complejos asuntos no hay más que pollos sin cabeza.

Es desolador también comprobar cómo este Ayuntamiento, que es parte contraria junto con Bankia y otros ex administradores de PESF en ese procedimiento contencioso en el que pedimos se anule el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, está defendiendo sin embargo que es perfectamente legal acordar que no se ceda absolutamente nada al Ayuntamiento incluida la plaza de España, y al mismo tiempo celebrar ahora que el Supremo no accedió a la nulidad que pedían. 

Llegados pues a ese punto es necesario preguntarse algo muy elemental: quién del Ayuntamiento decide cuáles son sus diferentes  posiciones procesales en estos asuntos judiciales tan importantes; si los políticos responsables del equipo de gobierno o sus asesores áulicos que solo acceden al cargo por cooptación y que nadie los conoce. 

Y es mucho más insultante comprobar que desde el año 2019, ese mismo Juzgado tenga acordado y requerido que el señor Secretario General Municipal expida cinco certificados relacionados con el Proyecto de Reparcelación de la UE-1, y sin  embargo no los haya remitido aún desde entonces o se haya negado a expedirlos alegando la falta de documentos originales en los archivos municipales. 

Tiene un último plazo el señor Secretario General Municipal para remitir al Juzgado esos certificados hasta el último día de este mes. Esperemos que ahora lo haga limpiamente y sin más trampas dilatorias. No se quejen luego los secretarios municipales de que acaben siendo imputados también en los procedimientos penales abiertos por su propia implicación en lo que no es sino un rosario de irregularidades de las que, por unas razones u otras, acaban convirtiéndose en cómplices por acción o por omisión. 

Ya lo sabe pues el señor Secretario, tiene usted escasamente seis días para presentar la última prueba pedida por el Juzgado que queda antes de concluir este procedimiento contencioso, que lleva esperando desde el año 2019 por dilaciones provocadas por causa de esa Secretaría.

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AVISO A NAVEGANTES

Este asunto del caso plaza de España tiene muchas y vergonzantes derivadas, y, desde luego, no pocas víctimas inocentes de presuntos delitos que se siguen en diferentes causas penales abiertas en varios de los juzgados de Coslada.

Lamentablemente, sí puede constatarse una cosa a estas alturas: los juzgados de Coslada no están en condiciones de afrontar la instrucción de causas complejas como esta del conocido como caso plaza de España, a la vista de las inacabables instrucciones que no se cierran nunca por unos motivos u otros.

No obstante lo cual, obviamente no tenemos otra justicia que la tenemos que, si se caracteriza por algo, es precisamente por su exasperante lentitud. Que en un procedimiento penal haya imputadas personas que llevan en esa situación nada menos que diez años es absolutamente infumable. 

O que otras personas, víctimas y perjudicados de presuntas estafas agravadas por afectar a bienes de primera necesidad, acudan con sus querellas al juzgado y, cuatro años después de la instrucción, el juzgado descubra que ni siquiera se ha dado traslado de esas querellas a los investigados revela el estado comatoso de nuestra justicia. 

A lo que hay que unir la muy lamentable sensación muy interiorizada en la conciencia colectiva de la gente, de que muchas veces acudir a la justicia para reparar un daño infligido y por lo tanto como víctima o perjudicado, constituye no solo un pérdida de tiempo, sino la aventura de adentrarse en un siniestro juego de la ruleta rusa. 

Esta es la triste y patente realidad si nos atenemos a este afamado caso de plaza de España, donde prácticamente no hay juzgado de los seis de Coslada que no haya conocido o abierto diligencias penales derivadas de este caso con el mismo resultado agotador: un larguísimo e interminable viaje al profundo caos de un sedicente sistema judicial que hace aguas por todas partes, con gravísimos e intolerables  quebrantos para derechos fundamentales de los juticiables, ya sean estos víctimas o victimarios.

Dos años y unos días llevan abiertas diligencias en un juzgado de Coslada por un asunto relacionado con el caso plaza de España. Es de esperar que en los próximos días o semanas (esperemos que antes de las vacaciones judiciales de agosto) se produzcan novedades al respecto en un sentido u otro, pero novedades al menos. De otra forma, será mejor desistir porque los infractores del código penal están de enhorabuena porque cuentan con la mejor de sus defensas: las eternas dilaciones solo imputables a la incuria de juzgados,  tribunales y fiscalías.

LA SOLUCIÓN ERA ESTO

LA SOLUCIÓN ERA ESTO

(DIEZ AÑOS DESPUÉS)

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Hace un par semanas, operarios municipales han procedido a tapiar puertas y ventanas de las obras abandonadas de la plaza de España, ante el temor de que grupos de okupas tomaran por asalto las viviendas (167 en total) desocupadas desde hace exactamente diez años cuando fueron retenidas por las empresas constructoras contratadas por la falta de pago de casi 17 millones de euros de los 36 contratados.

La empresa mixta PESF, presidida entonces por el alcalde SETIÉN (IU) y cuyo partícipe dominante era el propio Ayuntamiento, había entrado en una espiral de impagados porque unos préstamos autorizados por Caja Madrid en 2009 por importe de 54 millones de euros para financiar unas obras que costaban 36, habían sido agotados y dispuestos en su totalidad. La empresa mixta, cuyo consejero delegado era Joaquín Martínez (IU) a la sazón también concejal de política territorial, había desviado ingentes importes de dinero por un monto de aproximadamente casi 26 millones de euros, acumulando un pasivo final de la empresa de 94 millones. Es decir, la sociedad mixta creada conjuntamente con los propietarios, estaba en la más absoluta quiebra y sin capacidad alguna para obtener financiación para hacer frente a los voluminosos impagados que mantenía con las empresas constructoras. La flamante empresa mixta presidida por el alcalde SETIÉN (IU) estaba en la más absoluta ruina en junio de 2011. De eso hace ahora diez años, y así sigue el caso.

LAS CAUSAS DE LA QUIEBRA DE PESF

La sociedad mixta promovida por el entonces equipo de gobierno de coalición IU- PSOE nació ya descapitalizada porque el pacto societario con los propietarios de suelo estaba desequilibrado y, además, se privó a la mercantil desde el inicio de la necesaria liquidez incluso para su funcionamiento diario, ya que dicho pacto consistía en que nadie iba a desembolsar un solo euro físico en su capital social, puesto que todos los desembolsos se realizaron precisamente mediante aportaciones no dinerarias.

Y, para mayor disparate, las aportaciones no dinerarias realizadas al capital social por el Ayuntamiento fueron una plaza pública, la plaza de España, y otras absolutamente inventadas o ficticias. Es decir, 11,169 millones de euros de su capital social correspondiente al 49 % de ese capital, lo fueron en aportaciones hechas por el Ayuntamiento que eran absolutamente irrealizables por esa razón.

Por otra parte, PESF no tenía empleado alguno, siendo atendido su funcionamiento diario por personal municipal nombrado por el alcalde SETIÉN como cargos de confianza política, que naturalmente pagaba el Ayuntamiento.

De esta forma, decidieron contratar como gerente a la promotora WOODMAN SL, quien había realizado la promoción correspondiente en la UE-3 (José Alix), de la que tenía casi la mitad de la promoción sin vender. Pero esta empresa tampoco tenía empleados propios, sino que utilizaron a dos de los administradores y una apoderada de otra de las empresas del grupo. La contratación de esta empresa sin empleados propios lo fue por nada menos que 4,2 millones de euros.

La causa de la quiebra de la sociedad mixta PESF beneficiaria de la expropiación no fue por la crisis económica en absoluto, ni tampoco por la falta de financiación o retrasos en la ejecución de las obras, sino por el ingente desvío de dinero para financiar actuaciones que nada tenían que ver con el objeto de la financiación prevista de los préstamos hipotecarios que, como se ha dicho, lo eran por un monto de 54 millones de euros para financiar obras que costaban 36 millones y no sufrieron desvío significativo alguno. Y por una implacable operación de vaciamiento patrimonial que contó con la inestimable cooperación de la entonces Caja Madrid.

Así, procedieron a la recompra de participaciones de socios metiendo literalmente la mano en la caja por importe de 2,9 millones de euros. Inyectaron liquidez a la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares SA ya que Ibercaja amenazó con cortar el grifo en su promoción de la plaza de Paños, mediante el desvío de 3 millones de euros. Financiaron obras municipales como el Museo de la Ciudad o la propia urbanización de la plaza de España con cargo a los préstamos hipotecarios que, obviamente, no fueron aprobados para eso, por importe de 5,6 millones de euros, que sin embargo el Ayuntamiento no abonó sino en una parte ínfima de sus compromisos y ello cuando ya las obras estaban paralizadas. Pagaron también exorbitantes lucros cesantes sin medida ni comprobación alguna, así como generosos alquileres para realojos a todo el mundo independientemente de que vivieran o no en las viviendas de la actuación.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la sociedad estuvo manejada realmente tanto por administradores de hecho como de derecho, con escasos o nulos conocimientos del negocio inmobiliario y desde luego del urbanístico, lo que ha degenerado en verdaderas aberraciones de gestión como el hecho de haber introducido en el tráfico jurídico mercantil una plaza pública, por poner un solo ejemplo de estos disparates.

HASTA LOS FONDOS BUITRES HUYEN

Hacia el mes de septiembre del año pasado y en plena negociación de Bankia con la Caixa para su fusión, fueron ofrecidos diferentes paquetes de activos tóxicos por la primera al fondo de inversión americano KING STREET CAPITAL con sede en Londres. Uno de estos activos era, precisamente, este de la plaza de España.

Los expertos analistas de dicho fondo a través de varios vehículos de inversión expresamente creados para invertir en España y Portugal, fueron estudiando caso a caso y activo por activo, hasta que llegaron a este de nuestro municipio conocido como el caso plaza de España.

Los analistas comenzaron pues a recabar información de la situación, llegando incluso a un principio de acuerdo con Bankia quien aceptaría una oferta no mayor de veinte millones de euros en tanto en cuanto que acreedor hipotecario. El fondo preveía también un capex de unos cuatro millones para rematar las obras y actualizar los deterioros del activo.

Sin embargo, cuando los analistas fueron profundizando en el conocimiento de la situación real de la actuación, tanto en la derivada de los numerosos procedimientos judiciales como también del riesgo reputacional inherente, decidieron comunicar a Bankia que renunciaban a entrar en esta operación.

Es decir, hasta los fondos buitre desprecian esta actuación por muy lucrativa o tractiva que sea la oferta por los riesgos inherentes que ello conlleva.

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL Y SUS OCULTOS ACUERDOS CON EL AYUNTAMIENTO

Cuando hace exactamente dos años tomó posesión el nuevo equipo de gobierno PSOE - CIUDADANOS, se las prometían muy felices si nos atenemos a sus programas electorales, cuando afirmaban vehementemente que tenían la solución para el caso plaza de España. Bien que no decían cómo era esa solución claro está, que es tanto como afirmar que se tiene un solución milagrosa para la calvicie pero sin explicar su composición. 

CIUDADANOS incluso llegó a presentar públicamente a una persona experta en el caso que iba a dar con la solución mágica. Así la presentó el entonces candidato Hontecillas (CDs) con más voluntarismo que acierto. 

Pero hoy, esa persona designada por CIUDADANOS como quien tenía la solución final, acabó marchándose del grupo municipal sin explicación alguna, y dormita en los dominios del grupo de no adscritos sin haber hecho entrega del acta y dejando al equipo de gobierno en minoría frente a la oposición.

En realidad, la solución que manejaba el equipo de gobierno no era otra más original que eso: la llegada de un mirlo blanco en forma de fondo de inversión que libere al propio Ayuntamiento de la carga de tener que afrontar una solución viable que nadie del equipo de gobierno ni de la Corporación sabe bien cómo hacerlo. Es la impotencia más evidente de quienes esperan que la solución ahora, fallida la del fondo, se la aporte algún juez y singularmente el juez concursal en complicidad con el administrador concursal.

No obstante lo cual el alcalde CORPA (PSOE) y su alter ego el vicealcalde HOTENCILLAS (CDs), han convertido el caso plaza de España en un oscuro asunto de opacidad total, propiciado también por la nula pericia de una oposición absolutamente entregada a replicar mociones y más mociones inútiles, que a trabajar con rigor y sobre todo exigir al equipo de gobierno al menos mínima información y transparencia sobre sus oscuros acuerdos que tienen con el administrador concursal, y que se traslucen por sus informes trimestrales remitidos al juzgado.

La existencia de esos oscuros acuerdos entre el Administrador concursal y el Ayuntamiento, se patentizan como se dice en los últimos informes suministrados por éste al Juzgado concursal, donde se aprecian indicios de cuasi fraude de acreedores por cuanto que, además de perdonar incompresiblemente deudas al Ayuntamiento como la de la urbanización de la plaza de España (2,4 millones), también ha accedido a atender la subrogación de los créditos contra la masa que sin embargo no les tenía reconocidos antes a los socios privados. 

En fin, todo un monumental trapicheo contra el que el resto de los acreedores no se levantan porque han decidido ya, que es mejor reclamar los créditos que nunca cobrarán en el concurso directamente al Ayuntamiento.

LA SOLUCIÓN ERA ESTO

El rumor de que varias plataformas de ocupas habían anunciado asaltar las viviendas vacías de plaza de España, y el hecho de que una de las empresas constructoras anunciara también al propio Ayuntamiento su abandono de la vigilancia de las obras, ha provocado que el alcalde ordenara a la brigada de obras municipales para que procedieran a tapiar puertas y ventanas de todas las viviendas de la actuación. Ofreciendo el desolador aspecto de que un bien de interés cultural propiedad de una empresa mixta en quiebra, tenga que ser objeto de nuevo de maltrato, pues esta orden de ejecución del alcalde no cuenta, según hemos podido saber, con la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico. Lo que nos ha obligado a denunciarlo a dicho centro directivo.

Por su parte, el Ayuntamiento continúa asumiendo y enfrentándose día tras día a nuevos sobresaltos judiciales. Así, además de tener que hacer frente a fallos judiciales millonarios ya firmes (algo más de 10 millones de euros) de una de las empresas constructoras según se desprende de la Cuenta General de 2019 aprobada en el último pleno, la otra empresa a la que PESF le debía también otros 11 millones de euros, ha procedido también a reclamar esos importes con sus intereses correspondientes al Ayuntamiento.

En fin, transcurrido ya el ecuador del mandato electoral, respecto del caso plaza de España sí sabemos varias cosas que han sucedido con la llegada del nuevo equipo de Gobierno PSOE - CIUDADANOS respecto de este caso, y no precisamente buenas: 

i) que el Ayuntamiento ha perdido varias sentencias clave que abren la puerta a otras reclamaciones que obligan al propio Ayuntamiento a pagar deudas millonarias que se incrementan ahora con otras reclamaciones de acreedores y proveedores de PESF. 

ii) que incluso uno de esos acreedores que le gana sentencias, es una empresa que pertenece a uno de los administradores de hecho de dicha sociedad mixta y de WOODMAN, imputado sin embargo en varias de las causas penales abiertas.

iii) que, asimismo, hay acuerdos secretos que solo conocen el alcalde, el vicealcalde y poco más, entre el Ayuntamiento y el administrador concursal que rozan el fraude de acreedores.

iv) que hasta los fondos buitre huyen despavoridos cuando, una vez invitados a hacer una oferta, estudian el caso y llegan a la conclusión de que ni siquiera la más generosa oferta es atractiva por los riesgos que corren.

 

Y, finalmente, v) que la solución a este caso por parte de PSOE y CIUDADANOS era esto: tapiar las puertas y ventanas de un BIC y que el Ayuntamiento asuma y se haga cargo de casi todo el pasivo de PESF, sin siquiera abordar soluciones o actuaciones que son de inequívoca competencia municipal.

En fin, esta es la lamentable crónica de una fiasco municipal diez años después, y cuya solución final, si es que llega, augura otros diez años más de ignominiosa estulticia elección tras elección. 

Eso sí, estos mismos grupos de gobierno y oposición, incapaces de ofrecer una solución a este pavoroso caso de estricta y lamentable incompetencia municipal, tienen soluciones y exigencias para todo el mundo mundial cualquiera que sea el problema. Incapaces de saber resolver este problema en el que nos metieron ellos solitos, no dudan en promover mociones y acuerdos para solucionar o exigir que se solucione cualquier problema que se les ocurra sobre todo si de exigir a otros se trata. 

Lo hemos visto muy recientemente encabezando una manifestación para exigir la reparación de grietas en varias viviendas y que se achacan a las obras del metro. Pues tengan cuidado esos afectados porque como la solución dependiera del actual equipo de gobierno, más pronto que tarde pueden acabar tapiando puertas y ventanas de sus viviendas. Más no les da la imaginación.

INDULTOS PRO DOMO SUA

 

INDULTOS PRO DOMO SUA

(EN BENEFICIO PROPIO)

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El presidente de este sedicente gobierno PSOE - PODEMOS, ya nos anuncia con calculada oportunidad despejado el horizonte de convocatorias electorales a corto plazo al menos, que se propone indultar a los delincuentes convictos del denominado "procés" catalán en razón de altos intereses de estado como la concordia y la convivencia. 

Arriba puede verse lo que este aventurero de la política incomprensiblemente salido de la factoría del PSOE, pensaba acerca de los indultos y particularmente de los indultos políticos abusivamente practicados por el entonces gobierno de Rajoy según él. Así lo mostraba protestando en tuits en 2014 y en mítines como el que dio en Valencia por aquellas fechas.

Eso era lo que pensaba y manifestaba entonces, claro, cuando estaba en la oposición. Pero ya sabemos algo más del personaje como para estar vacunados de incredulidad porque, si algo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, es su profunda militancia en el marxismo más cañí. El marxismo de Groucho claro: estos son mis principios pero, si no les gustan, tengo otros.

El indulto que el gobierno prepara para los delincuentes criminales de lesa constitución, no busca como dice con el ya reiterado rictus de un embaucador pillado en miles de desmentidos de sí mismo, más que el propio beneficio porque, que sus posaderas sigan usufructuando el poder y el Falcon, depende precisamente de que estos delincuentes  convictos estén en la calle y a la mayor brevedad. 

Es decir, utiliza los indultos para indultarse a sí mismo porque forma parte de una de las contrapartidas del pacto de investidura contraídas con los separatistas a cambio de su apoyo para derrocar a Rajoy. 

Es ignominioso el pago de facturas ocultadas cada vez que fue interpelado en el Congreso por los grupos de la oposición, pero puesto de manifiesto ahora en toda su crudeza porque se le agota el tiempo y las oportunidades de hacerlo con el mejor control de daños electorales posibles.

El presidente Sánchez y su sumiso partido socialista actual, han hecho todo lo posible por dinamitar el espíritu constitucional del 78 y arrumbar con los más intransigentes mandatos constitucionales que garantizan la indemnidad ciudadana contra la tiranía despótica que nos desgobierna, pandemia y otros eventos por medio: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y su sometimiento pleno a la ley y al derecho que proclaman los artículos 9 y 103 de la Constitución.

El indulto que en breve acordará el gobierno de Sánchez para los convictos criminales de lesa constitución, tiene la peculiaridad además de que no ha sido solicitado por los que van a ser indultados y, desde luego, si bien no van a renunciar a sus beneficios entre ellos el de salir de la cárcel, no pierden oportunidad de asegurar que volverán a hacerlo. Es decir, sin el requisito del arrepentimiento tampoco. Eso sí, se dan un par de años porque, más o menos, ese es el tiempo que falta para las próximas elecciones generales. Es decir, el mismo cálculo que hace el presidente Sánchez para su autoindulto.

En el actual parlamento hay cuatro partidos que conservan sus actuales siglas tal y como se llamaban durante la segunda república. Se trata del PSOE, del PCE (ahora empotrado en Podemos), del PNV y de ERC. Más o menos la misma amalgama frankenstein que lo apoyó en la moción de censura contra Rajoy y que sustenta al gobierno a golpe de concesiones y trapicheos. 

Pues bien, la obsecuencia babosa con que históricamente ambas formaciones de izquierdas (ahora también asumida vehementemente por Podemos y Más País), vienen practicando con los partidos nacionalistas, paradigma de la deslealtad usuraria, reaccionaria e insolidaria, responde a un incomprensible complejo o síndrome de Estocolmo histórico que ya tuvo sus nefastos precedentes en 1917 y, desde luego, en 1934. 

Desde entonces y pese a los calamitosos sucesos que han jalonado nuestra trágica historia contemporánea plagada de violencias, guerras civiles y enfrentamientos que trata de conjurar precisamente la Constitución del 78, vuelven a nuestro horizonte político presente a golpe de  inquietantes exhibiciones de desconocimiento del pasado del propio partido y su protagonismo en buena parte de esos hechos, alentadas por nuevas generaciones de los socialistas más indigentes que jamás hayan mandado o pululado en ese partido ocupando su poder orgánico de dónde ha desaparecido toda disidencia, y la que existe extramuros del poder orgánico o institucional del socialismo sanchista la quieren expulsar manu militari. 

El PSOE era - en pasado porque ha dejado de serlo - , un pilar central del arco constitucional que, si embargo y por mor de ocupar el poder dos años más al menos, está dispuesto a renegar de su pasado constitucional más inmediato y más fructífero para el país. 

Y a enfangarse sin embargo en una indecente maniobra que humilla al Estado y la ciudadanía en general, que traiciona el espíritu de la constitución violada y maltratada por estos facinerosos que además tienen secuestrados al menos a la mitad de nuestros compatriotas catalanes no independentistas, y que se sienten abandonados a su suerte por un gobierno indecente dispuesto a dejar en libertad precisamente a los carceleros de sus derechos democráticos. 

Estos criminales contra la convivencia pacífica recibirán un grosero indulto cómplice uno a uno de un indigno Gobierno, para que sigan delinquiendo impunemente y con saña dispuestos a demoler todo el marco de los principios y los anhelos implícitos de la Constitución que los acoge. Ley y derecho constitucional que hace mucho tiempo fueron expulsado de la vida pública en Cataluña precisamente por esta manga de delincuentes y vividores.

CUANDO LOS PUEBLOS OLVIDAN SU HISTORIA Y SE EMPEÑAN EN REPETIR SUS ERRORES TRÁGICOS DEL PASADO

Arriba uno de los gobiernos de la segunda república presidido por A. Lerroux en 1935, que se vio en la tesitura también de indultar a criminales políticos a resultas de los sucesos de 1934.

Gobernaba la derecha constituida por el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles. Este último partido había ganado las elecciones en 1933 pero la izquierda, fundamental y muy mayoritariamente el PSOE, que estaba en total minoría en el congreso,  amenazó al presidente Alcalá Zamora con altercados y movilizaciones si el nuevo gabinete se constituía con elementos del partido de Gil Robles. De forma tal que el entonces presidente de la república encargó formar gobierno a quien lo era del Partido Radical, un partido genuinamente republicado de la primera hora pero ya en declive y en minoría.

Esta anómala situación de que la minoría de la izquierda impidiera gobernar al partido o la coalición que había ganado las elecciones y secundado por el propio presidente de la República, invocando causas de males mayores pero claudicante ante el chantaje, provocó que el gobierno en minoría de Lerroux se quedara sin el apoyo parlamentario de la CEDA cuando ésta salió del gobierno a resulta de los indultos. Indultos que tuvo que acordar como un trágala porque Don Niceto, campeón de la intriga y la injerencia, había sorprendido ya al ejecutivo en uno de sus consejos cuando advirtió a D. Alejandro, el viejo león republicano, que, si no indultaban a Pérez Farrás, tendrían que elegir a otro presidente de la República.

Los acontecimientos de octubre de 1934 fueron una intentona de golpe de Estado preparado por la izquierda que solo triunfó realmente en Asturias, donde algunos meses antes I. Prieto desvió un cargamento de armas que sus correligionarios desembarcaron en las playas asturianas para ser utilizadas cuando fueran llamadas a la rebelión.

También Carrillo, que por entonces tenía no más de quince años, cuenta en sus memorias cómo se acumularon armas en la sede del PSOE de la calle Carranza de Madrid, y cómo él mismo se perpetró de una pistola y acudió el día d a las puertas del cuartel de Conde Duque a la espera de asonada militar que, sin embargo nunca llegó. También hace la confidencia de cómo Prieto le previno facilitándole un teléfono de un alto jefe del ministerio de Gobernación (entonces en la Puerta del Sol) por si era detenido.

El golpe fracasó como se dice excepto en Asturias, algunas poblaciones del País Vasco y Cataluña. Y, en medio de la confusión y el caos, Companys proclamó el estado catalán y la Federación de Pueblos Ibéricos. 

Hubo por parte del gobierno discursos y emplazamientos a deponer su actitud pero todo llamamiento fue inútil y, vencido el plazo, se personó ante la Generalitat una compañía del ejército conminando a Companys y su gobierno a rendirse. Cosa que no hicieron sino después de disparos y enfrentamientos armados entre los mozos de escuadra y la columna del ejercito al frente del cual iba el entonces coronel Godet. Y hubo muertos y bajas de entre los militares por disparos realizados por un sargento y ordenados por su jefe el teniente Pérez Farrás.

Y hubo también consejos de guerra y muy duras sentencias de la justicia republicana de condenas a muerte de los cabecillas inductores y autores así como de la trama política. Pero a Indalecio Prieto no lo cogieron porque huyó en el maletero del coche de Hidalgo de Cisneros, jefe que luego fuera de la aviación republicana, camino del exilio en Bélgica. Siempre Bélgica, como un recurrente faro donde se refugian delincuentes y fugados de la justicia española porque es tierra especializada en acogerlos sin muchos escrúpulos. Y, desde allí, pudo en poco tiempo Prieto provocar la caída del gobierno de la derecha con el famoso caso Straperlo, un asunto de corrupción para que no nos falte de nada tampoco.

Los indultos dados a regañadientes por el gobierno de coalición de radicales y cedistas chantajeados por el presidente de la República y su amenaza de dimitir si no los concedían, hirió de muerte a la coalición gubernamental y ahí comenzó el punto de no retorno. También intervino el Tribunal Supremo como órgano sentenciador emitiendo informe contrario al indulto. Más o menos todo asombrosamente igual que ahora.

Los indultos provocaron una nueva crisis del gobierno de coalición de la derecha saliendo del mismo los ministros de la CEDA, quedando conformado no obstante de nuevo con la presidencia de nuevo del viejo león radical. Pero por poco tiempo. 

Un comvoluto remitido por Prieto al presidente de la República que contenía pruebas de sobornos más o menos inocentes por parte de dos belgas muy pillos aspirantes a las concesiones de las ruletas de los casinos, acabó con el ya muy desprestigiado gobierno de la derecha. No faltó pues tampoco el pretexto de la corrupción en este caso.

Don Niceto aprovechó la ocasión y disolvió las Cortes y convocó a elecciones cumpliendo con ello la implacable exigencia del PSOE. Poco sospecharía el presidente de la República que aquella disolución anticipada y la posterior convocatoria de elecciones para febrero de 1936, fueron las precursoras de la violencia y el enfrentamiento ya insalvable y, además, su final como presidente pues, tras el triunfo del Frente Popular que el propio Alcalá Zamora calificó en sus memorias como de fraudulento, fue destituido sin miramientos con el pretexto de incumplir el límite del mandato constitucional al haber superado el número de disoluciones de Cortes. 

El presidente de la República cayó así ignominiosamente víctima de sus propias intrigas y de las trampas que le tendieron las izquierdas. Y muy desengañado también pues sus otrora protegidos le propinaron una rotunda votación en el Congreso para su destitución, ya que apenas fue opuesta por un puñado de no más de veinte diputados fieles. 

Había conseguido en ese sentido aunar le beligerancia de todos los grupos tanto de izquierda como de derecha, quedando pues destituido por una inmensa mayoría que lo ejecutó sin misericordia. 

Todo se precipitó como un viento arrasador hacia la violencia primero contenida y después explícita, y el derrumbe de la confianza o entendimiento mutuo entre los bloques sellado por los resultados electorales de febrero de 1936. 

Y el punto de partida fue precisamente el de los indultos para conmutar la penal capital por la perpetua que se vio obligado a ejecutar bajo chantaje el propio gobierno de la derecha contra la que se habían levantado en armas los condenados. Algo que luego liquidó rápidamente Azaña ya en 1936 nada más tomar posesión como presidente del gobierno y como primera medida, acordando en consejo de ministros la concesión de la amnistía para todos lo condenados. De forma que, junto con los condenados por la sublevación del 34, también salieron a la calle cientos de criminales comunes como el asesino de Dato varios años antes.

Este asunto de los indultos a los delincuentes políticos tiene pues unos oscuros antecedentes en nuestro violento devenir histórico más reciente, y no hemos aprendido nada. Porque, con absoluta seguridad, los indultados, lejos de percibir ese gesto de magnanimidad del Estado para con ellos, lo perciben y percibirán como un signo bien patente de la debilidad del propio Estado. Lo que, para nuestra desgracia, es cierto mientras el presidente y su propio gobierno de coalición dependan y sean rehenes precisamente de los delincuentes indultados. No aprendemos la lección histórica porque han llegado al poder y singularmente al PSOE, una manga de aventureros sin memoria y dispuestos a enterrar al centenario partido, en la ignominiosa sentina de la historia por su complicidad y dependencia de partidos patoteros. Triste pero merecido final porque sus mudos militantes han desistido de plantar cara a su más despótico traidor que los desprecia y ningunea.

Así pues, hubo un levantamiento armado contra la constitución de la República en 1934 convocado por la izquierda y singularmente por el PSOE, que tuvo luego su réplica en Cataluña proclamando el Estado Catalán unilateralmente por ERC. Hubo consejos de guerra y sentencias muy duras, mucho más que las actuales. Y hubo también indultos, crisis de gobiernos, degradación general y desconfianza de la ciudadanía del poder, informes del Tribunal Supremo ratificando las condenas, y no faltó tampoco un huido a Bélgica precursor del mismo camino de Puigdemont.

Ah, y tampoco faltó un caso de corrupción hábilmente manipulado que provocó la caída definitiva del gobierno de derechas y nueva convocatoria de elecciones.

Dos lecciones más: i) desde entonces, desde los indultos, nada fue igual y todo fue avanzando hacia el despeñadero. Y ii) una cosa sí es segura, los separatistas solo se levantan contra la derecha, porque le tienen muy bien cogido el número a la izquierda, y muy particularmente a sus elementos más ambiciosos como el presidente del Gobierno que actúa en beneficio propio siempre. 

Esta es la cínica tautología con que el Gobierno siembra los vientos de hoy que, si nadie lo remedia, pueden ser las tempestades del mañana: que ellos solo tratan de arreglar lo que la derecha estropeó, cuando la palmaria realidad es que estos abusadores supremacistas siempre eligen la derecha para sublevarse porque, más pronto o más tarde, ya vendrá el PSOE a indultarlos.