SOBRESUELDOS, I+D+I, Y SAN FERNANDO DE HENARES

ÁMBITOS ESTUDIADOS POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID E IMPUTADOS A I+D+I (RECUADROS EN VERDE). DE ELLOS, AL MENOS DOS FUERON PAGADOS A LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DIRECTAMENTE POR PROPIETARIOS DE SUELO INTERESADOS EN SU RECLASIFICACIÓN. RESULTADO: TODOS LOS USOS LUCRATIVOS PROPUESTOS ERAN MEDIOAMBIENTALMENTE COMPATIBLES. ES CIERTO: QUIEN PAGA MANDA.

AVISO A NAVEGANTES

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Recientemente hemos tenido conocimiento de que el equipo de gobierno municipal de IU, se ha visto obligado a allanarse a la demanda de un particular al que iban a expropiar (junto con otros veintisiete más), por la ejecución de un desconocido PLAN DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN SAN FERNANDO DE HENARES (ver entradas anteriores). Ese desconocido plan director fue encargado, al parecer, por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares a la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2003. Concretamente a su Departamento de Ingeniería Forestal que está dirigido por el catedrático D. IGNACIO CLAVER FARÍAS.

Para los que tengan curiosidad lo pueden consultar en esta dirección:

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=actividad.jsp&id_actividad=33696

No es la primera vez que a la UPM y en particular al profesor CLAVER FARÍAS se le encargan trabajos en San Fernando de Henares. Que nosotros sepamos al menos cuatro. De alguno de ellos ya hemos hablado en otras entradas. Una de las cosas que más no llama la atención de estos encargos es que todos ellos los imputa la Universidad Politécnica a los programas de I+D+I. Y otra cuestión que también llama nuestra atención es que esos trabajos, casi todos ellos contratados con la FUNDACIÓN de la UPM, son naturalmente magníficamente retribuidos por los propietarios de los suelos que, en general, van a ser reclasificados por los diferentes planes de urbanismo promovidos por nuestro Ayuntamiento. Estos son algunos de los casos que conocemos:

PRIMER CASO: EL SECTOR V

Se trata de un sector ya clasificado por el PGOU de 1988, de más de 500.000 m2 y de uso industrial. Fue hacia el año 2000 cuando la empresa TOQUERO EXPRÉS necesitada de campas para los vehículos que transporta, impulsó el desarrollo de este sector mediante la constitución de una Junta de Compensación y la tramitación del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización. Al frente de la Junta de Compensación y como presidente de la misma puso a un viejo conocido nuestro: D. MIGUEL ROMERO LÓPEZ (hoy administrador de WOODMAN SL. En otro momento contaremos por qué aparece aquí nuestro personaje).

El problema era nada menos que dicho polígono industrial invadía cerca de 200.000 m2 de la ZEPA 142 de los Cortados y Cantiles de Jarama y del Henares declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) en 1999, y cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) había sido omitido por sus promotores y por el Ayuntamiento. Comenzó aquí una larguísima y desigual batalla de nuestra Asociación contra todos los elementos.

Al advertir los promotores del Plan Parcial y del Ayuntamiento la denuncia nuestra de tan gravísima omisión, rápidamente hicieron el encargo los de la Junta de Compensación de un Estudio de Impacto (pero cuando ya estaba en ejecución el proyecto de urbanización), al profesor CLAVER FARÍAS de la flamante UPM. Y, previo pago de más de cuatro millones de pesetas, el EIA firmado por el catedrático llegaba a la conclusión de que los valores ambientales de aves o flora en la ZEPA no se veían afectados por la actuación. Sorpredente conclusión claro, pues no en vano dicho EIA había sido realizado ¡cuando ya estaba ejecutado el polígono, aunque habían intentado hacernos creer lo contrario! Es como si el EIA de una carretera que pase por el Parque de Doñana, es realizado después de que la carretera esté hecha. 

De nada sirvieron nuestras protestas, razón por la cual nos obligaron a iniciar los trámites para recurrir a los tribunales. Enfrente tuvimos, además del Ayuntamiento representado por otra vieja conocida nuestra la inefable Dª CARMEN CRIADO, otro afamado catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares defendiendo lo indefendible y a la Junta de Compensación del Sector V. Es decir, nuestra Asociación luchando contra el mundo. Contra el Ayuntamiento coadyuvado por la Junta de Compensación, y con la intervención de dos catedráticos: uno de la Universidad Politécnica y otro de la de Alcalá de Henares. También acudimos a la Comisión Europea (las ZEPAS son Lugares de Interés Comunitario), que tardó ¡más de cuatro años en contestarnos!

El resultado fue que llegamos hasta el Tribunal Supremo y, claro está, a pesar de todas las evidencias, demasiado desigual la pelea: los magistrados estaban impresionados por la intervención de tanto catedrático. Y nosotros, más que impresionados, sencillamente indignados. ¡Hay que ver qué sobresueldos que sacan algunos de nuestros profesores universitarios con estos asuntos!

Lo cierto es que cualquier vecino puede ver el resultado (en la foto de arriba a la derecha y en rojo): una buena parte de ese polígono está levantado sobre una Zona Especial de Protección de Aves. Solo una cosa nos consuela, y es que la actuación ambiental en la conocida como Finca de la Guindalera se debió a nuestras denuncias de la intrusión en la ZEPA 142. 

Pero aquella fue una batalla desigual y agotadora, al comprobar además cómo el Ayuntamiento se aliaba con los infractores. Y también al ver cómo todo un departamento de Ingeniería Forestal de la flamante UPM, jugaba al juego de los trileros al pretender hacernos creer que habían realizado el trabajo de campo antes incluso de haber recibido el encargo. Se nos abren las carnes al comprobar no obstante, que este tipo de trabajos "sucios" son magníficamente pagados por los infractores, que el Ayuntamiento los tolera y los alienta, y que en nuestras universidades figuran como "trabajos" de investigación e innovación (I+D+I) lo que no es más que eso: vergonzantes encargos generosamente pagados para que finalmente digan lo que el que contrata quiere que digan. Es decir, que un polígono industrial puede ser levantado impunemente sobre una ZEPA, porque nunca faltará una universidad española que, a cambio de dinero, asegure que su impacto es compatible. Y además haga figurar estos impresentables trabajos en las pomposas estadísticas de I+D+I, y así pasarle luego al ministerio de la cosa la engañosa justificación de las subvenciones que reciben por este concepto de nuestros impuestos. Eso sí, sin olvidar que los autores de estos atropellos que son una burla, han sido bien retribuidos a través de honorarios extras, aunque ahora los llaman sobresueldos. Es el signo de nuestros desconcertantes tiempos; la incombustible plaga de la corrupción estructural que nos invade.

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(CONTINUARÁ)