DESMONTANDO AL ADMINISTRADOR

AUTO DEL JUZGADO 6 DE LO MERCANTIL EN EL QUE SE AFIRMA QUE EL ACTIVO INICIAL DE LA SOCIEDAD ES DE 49,5 MILLONES DE EUROS, Y EL PASIVO DE 87,3. SON DATOS SUMINISTRADOS POR LA PROPIA SOCIEDAD. ES DECIR, RECONOCEN AL JUZGADO UNAS PÉRDIDAS POR 31,7 MILLONES DE EUROS. O SEA, PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL ESTABA EN QUIEBRA NECESARIA.

SIN EMBARGO, LA CONCLUSIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL DOS MESES MÁS TARDE ES MUY OTRA. EL ACTIVO DE LA SOCIEDAD ERA AHORA DE 100,8 MILLONES, Y EL PASIVO DE 92,4 MILLONES. LA SOCIEDAD AHORA TENDRÍA, SEGÚN LA A.C., BENEFICIOS DE 8,3 MILLONES DE EUROS. ¿A QUIÉN CREER?

  

LA GRAN CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN CONTABLE

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En junio de 2012, en el celebrado simulacro de junta universal de socios, se aprobaron las cuentas de la sociedad para los ejercicios de 2010 y 2011. Fueron aprobadas, eso sí, con una mayoría ficticia constituida exclusivamente por los concejales del grupo municipal de IU.

Pues bien, en el balance del cierre del ejercicio de 2011 quedaba reflejado que el pasivo corriente (deudas) era de 78,2 millones de euros, y el activo corriente lo era de 87,9 millones. La cuenta de Pérdidas y Ganancias contabilizaban pérdidas por importe de - 1,96 millones de euros. Estas cuentas, junto con las de 2009, fueron auditadas por LAES NEXIA AUDITORES, una auditora “amiga” que sin embargo no detectó que la sociedad estaba en realidad en quiebra como luego veremos. Todo parece indicar que se encargaron dos auditorías, la otra a la empresa KPMG recomendada por BANKIA. Pero finalmente esa auditoría fue descartada. ¿Por qué razón? Lo desconocemos, pero es fácil imaginar el porqué.

El día 10 de octubre de 2012 ocurrieron varias cosas a la vez. El frenesí del final de la huelga hambre del Alcalde en protesta porque BANKIA “no pagaba” (en realidad, como más adelante demostraremos, quien no pagaba era el Ayuntamiento), así como un cierre precipitado de los balances con objeto de remitirlos al Juzgado 6 de lo Mercantil. El mismo día se reunía un fantasmagórico Consejo de Administración (sencillamente porque desde el 19 de junio ese órgano ya no existía) presidido por el exalcalde SETIÉN, con la finalidad de acordar la remisión al juzgado de la documentación correspondiente y solicitar, agotado el plazo legal sin acuerdo alguno con los acreedores, el concurso voluntario de acreedores.

Los estados contables intermedios correspondientes al ejercicio de 2012 (en curso) y al día 10 de octubre, arrojaban unos beneficios sorprendentes por importe de 10,1 millones de euros, a resultas del afloramiento inexplicable de una partida de 11,2 millones de euros en concepto de “otros ingresos de explotación”. Nadie ha dado explicación a este milagro contable, pues es sabido que la falta de liquidez de la sociedad proviene incluso de mediados de 2011.

Así las cosas, los responsables de la sociedad remitieron la documentación que les exige la ley y, además de una Memoria en la que culpan del desastre a las constructoras (que no hay que olvidar que no cobran sus certificaciones por importe de más de 16 millones de euros desde 2011), también remitieron un detallado listado de deudores y un inventario de los activos. De acuerdo pues con esos datos suministrados por los propios responsables de la sociedad, el juez del 6 de lo Mercantil de Madrid dictó un Auto el 28 de enero de 2013, en virtud del cual era admitida la petición de concurso, al presentar las cuentas suministradas por los responsables de la concursada un desfase patrimonial (pérdidas reales) de 31,7 millones de euros. O lo que es lo mismo, un pasivo de 87,3 millones de euros y un activo de 49,5 millones. Nótese que en las cuentas aprobadas el 19 de junio de 2012, el activo era de 87,9 millones, mientras que apenas cuatro meses después se declaraban al juzgado 49,5. Es decir, las pérdidas superaban en mucho al capital social. O lo que es lo mismo que decir que la sociedad estaba en situación de quiebra necesaria.

EL ADMINISTRADOR CONCURSAL, AL RESCATE

Designado el administrador concursal por el juzgado y abierto el periodo de convocatoria de acreedores, hacia primeros de abril de 2013 el señor administrador concursal finalizaba y entregaba al juzgado su informe provisional preliminar. Con el más que sorprendente resultado de que ahora el activo había pasado a 100,8 millones de euros, y el pasivo ascendía a 92,4 millones. O lo que es lo mismo, de estar esta sociedad desahuciada y en la quiebra más absoluta, a tener un saldo final positivo en forma de 8,3 millones de euros. Lo cual es, desde luego, un formidable milagro. ¿Cómo es posible toda esta disparidad?

Antes de pasar a separar el trigo de la paja de la masa activa sobre todo, es preciso advertir que los honorarios fijados para los administradores concursales en forma de aranceles por un decreto de 2004, tienen una curiosa escala en virtud de la cual cobran un porcentaje mucho más grande por el activo que por el pasivo. Lo cual estimula, claro está, a que los administradores concursales se esfuercen mucho más en acumular activos de las sociedades concursadas. En el caso concreto de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, la diferencia entre el inventario de los activos declarados por los administradores (49,5 millones) y el fijado luego por el administrador concursal (100,8 millones) es de nada menos que 51,3 millones. Lo que representa para el administrador concursal 100.000,00 euros más en concepto de honorarios para él.

DESINFLANDO EL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA

Fue la entonces secretaria del consejo y asesora del equipo de gobierno, CARMEN CRIADO, quien en mayo de 2013 dirigió escrito al juzgado pidiendo su personación en nombre de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, e impugnado a su vez precisamente el inventario de la masa activa. Alegaba que el administrador concursal había incluido en dicho inventario 82 inmuebles que ya no pertenecían a la sociedad. Para ello, la secretaria aportaba algo que al administrador concursal debió de sorprender mucho: un certificado de la junta celebrada el día 19 de junio de 2012, en virtud del cual efectivamente, con los solitarios votos de IU, se había acordado la disolución de la sociedad, su liquidación y con ello, el retorno de 82 inmuebles a los 73 socios propietarios, con la correspondiente reducción de capital pues. Esta operación estaba solo pendiente de elevación a escritura pública, y era la razón legal ¡y qué razón! que impedía (e impide) al administrador concursal incluir estos bienes en el inventario de la masa activa concursal.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN PATRIMONIAL REAL DE LA SOCIEDAD?

Si hay algo que ha caracterizado la contabilidad de esta sociedad (además de los formidables retrasos en la aprobación de sus cuentas), es su escasa fiabilidad como se ha puesto de manifiesto con las disparidades existentes en sus estados contables. En cualquier caso, es evidente que el inventario de la masa activa sufre un claro y forzado exceso de acumulación artificiosa, que es preciso que el administrador concursal aclare debidamente por los intereses que se juegan los acreedores.

Es el caso claro de la partida de Existencias valorada por la administración concursal en 80,1 millones de euros. Esta partida contiene tanto importes que fueron arrastrados en balances anteriores y que la administración cocursal ha dado por buenos, como por incorporaciones nada justificadas ordenadas por el propio administrador.

En efecto, es el caso de 9,7 millones de euros procedentes de penalizaciones a las empresas constructoras, cuando tienen ambas empresas sentencias judiciales favorables que han desestimado tales penalizaciones. O 3,2 millones de cuentas a cobrar en concepto de subvenciones, cuando la ley prohibe, precisamente, pagar subvención alguna a sociedades en concurso de acreedores.

Por su parte, también aparecen en la cuenta de Existencias el importe de las aportaciones hechas a la sociedad por el Ayuntamiento que, como todo el mundo sabe a estas alturas, consistieron en una plaza pública y otras aportaciones (como una concesión administrativa desconocida) que son claramente inexistentes. El importe total que aparece por estos conceptos (que son clara y legalmente irrealizables) lo es por 11,1 millones de euros.

Otro tanto puede decirse de 8 millones que aparecen en el mismo capítulo, por el valor asignado a los locales comprados a la Empresa Municipal de Suelo, y que, si como parece finalmente se deshace dicha operación, también será necesario rebajar de existencias por dicho importe. O de otros 5,8 millones de euros que se corresponden con los inmuebles de las aportaciones realizadas al capital social por los propietarios afectados, que, como todo el mundo sabe también, fueron debidamente demolidos en el año 2009. A pesar de lo cual siguen figurando en el epígrafe de Existencias porque nadie cayó en la cuenta de que, al ser demolidos, era necesario también reducir el capital social puesto que se trataba de aportaciones no dinerarias.

Por último, el administrador concursal se vio sorprendido con un total de 73 reclamaciones contra la masa concursal realizadas por los socios privados de la sociedad, reclamando como acreedores nada menos que un total de 45 millones. Es el contravalor por ellos reclamado en virtud del compromiso de retorno de los inmuebles que tenían comprometidos a través de los convenios de expropiación. Los mismos que la secretaria de la sociedad advertía al juez en su escrito, en el sentido de que ya no pertenecían a la sociedad, y que valoraban mediante tasación en 31,7 millones. Nosotros, más prudentes, los valoramos en unos 22,7 millones.

Es evidente desde luego que ese compromiso de retorno está firmado y aprobado desde 2008, pero nadie lo ha contabilizado nunca. Y sin embargo ahora aflora, constituyendo por sí solo el nudo gordiano de este caso que aboca a la sociedad a su inevitable liquidación. Más del 50 % de esos activos no solo no puede ser vendido, sino que es preciso liberar de sus cargas amortizando anticipadamente las hipotecas que pesan sobre ellos, pues hay que adjudicarlos a los propietarios libres de cargas. Y, desde luego, tiene un impacto patrimonial real sobre el balance de la sociedad concursada y su cuenta de resultados, que el administrador no puede ignorar alegando que no ha habido incumplimiento. A menos que pretenda confundir a los acreedores.

De acuerdo pues con lo anterior, y deducidas todas esas importantes cantidades acumuladas artificiosamente en la partida de Existencias, el importe realizable de esta partida no sería muy superior a 22,7 millones de euros, lo que sumado al resto de las partidas del activo corriente (incluidas las deudas del Ayuntamiento para con la sociedad que ascienden a 7,1 millones de euros), arrojaría un activo realizable total máximo y optimista (se trata de activos inmobiliarios, no hay que olvidarlo. Es decir, prácticamente invendibles al día de hoy), de 45,5 millones. Lo que supone que aplicado al importe del pasivo de 92,4 millones de euros según el administrador concursal, las pérdidas reales de la sociedad serían al día de hoy de - 46,9 millones. Es decir, más del doble del capital social. O sea, la quiebra necesaria.

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NOTA: No está deducida la quita aceptada por algunos acreedores según la reciente nota emitida por la sociedad. No obstante, el % de dicha quita del 35 % (12 millones de euros si la aplicaran a todos) de los acreedores clasificados como ordinarios, sobre el conjunto de la deuda de la sociedad (92,4 millones) apenas llegaría al 13,5 %. Mientras que las pérdidas calculadas (46,9 millones), representan el 50,7 % de la deuda global. O lo que es lo mismo, solo una quita del 50 % podría salvar a la sociedad.

IN MEMORIAM

LAS CUENTAS CLARAS, SEÑOR ADMINISTRADOR (I)

AVISO A NAVEGANTES

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Los actuales responsables municipales con su nuevo alcalde a la cabeza, son incapaces de cuadrar la Cuenta General municipal de 2011. Desde el mes de febrero en que nuestra Asociación presentó los correspondientes reparos a la Cuenta General, advirtiendo que en los estados de la contabilidad municipal faltaban más de 11 millones de euros correspondientes a la participación de la corporación en la sociedad mixta, no se han dignado contestar ni por supuesto llevarla al pleno para su aprobación. Entra así nuestro municipio en el selecto pelotón de los municipios torpes, de los cerca del 58 % de nuestra región que no rinden sus cuentas al Tribunal de la cosa.

Estos mismos responsables municipales lo son también de la sociedad mixta privada PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, cuyas cuentas, al igual que las municipales, son un formidable cúmulo de confusos estados contables. Tanto, que son ininteligibles como veremos. 

Una buena demostración de ello es el muy reciente comunicado emitido por alguien de la sociedad mixta, anunciando a bombo y platillo haber alcanzado un acuerdo con más del 50 % de los acreedores. Y decimos que es bien demostrativo porque en dicho comunicado aseguran que ahora BANKIA liberará los 7,7 millones de euros que tiene pignorados, cuando en realidad hace mucho tiempo que ya ha desaparecido el pico de los 700.000 euros de esa partida. Suponemos que porque BANKIA ha aplicado las cuotas mensuales pendientes de los préstamos hipotecarios impagadas desde hace más de un año. Pero evidentemente, los redactores de la nota aún no se han enterado.

Obsesionados con dar "solución" a lo que el anterior alcalde denominó un "problema social" (creado por él, por cierto) para referirse a la situación de los realojados, que al día de la fecha no pueden entrar en lo que ellos mismos denominan como "sus casas", no han hecho otra cosa que poner en escena toda una serie de iniciativas que en realidad no son sino permanentes huidas hacia adelante. Así ocurrió cuando en junio de 2012 hicieron un simulacro de Junta Universal disolviendo y liquidando la sociedad, y así parece que será ahora con este acuerdo alcanzado, al parecer, con el 50 % de los acreedores ordinarios (35 millones de deuda) y una quita del 35 % (que representaría apenas 12 millones para el total de acreedores). 

Si tenemos en cuenta que, según el administrador concursal, el pasivo total de la sociedad es de 92 millones (de los que están excluidos los compromisos con los afectados), la deuda pendiente seguiría siendo en todo caso de 80 millones. 

LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y LA CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN

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Es sabido que las cuentas de la sociedad mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL no se hallan depositadas en el Registro Mercantil, salvo las correspondientes a 2008. Faltan por depositar pues las de 2009, 2010 y 2011 (ya aprobadas). Tampoco han sido aprobadas las correspondientes a 2012. 

No obstante lo cual, según el balance al cierre de 2011 de las cuentas del mismo ejercicio aprobadas en la Junta Universal de 19 de junio de 2012 (solo con los votos de IU), la cuenta de Pérdidas y Ganancias arrojaba unas pérdidas de 1,96 millones de euros, y la sociedad tenía un pasivo corriente de 78,2 millones de euros y un activo de 87,9 millones.

Sin embargo y para nuestro asombro, los estados contables intermedios del ejercicio 2012, a 10 de octubre, arrojaban un balance con unos sorprendentes beneficios de 10,1 millones. Lo que no impidió que al juzgado le fueran remitidos cinco días después unos importes que luego el juez recogería en su Auto de 28 de enero de 2013, en virtud del cual el pasivo de la sociedad era de 81,2 millones de euros y el activo de 49,1 millones. ¿Cómo es posible esta disparidad? Lo explicaremos detalladamente en otra entrada.

Y todo esto para que finalmente el administrador concursal nos sorprenda en su informe provisional de abril de 2013, con un pasivo de 92,4 millones de euros y un activo de 100,8 millones de euros. Es decir, el administrador concursal halló que en los estados contables facilitados al juzgado por los administradores de la sociedad el día 15 de octubre de 2012, habían sido ocultados nada menos que 51,2 millones de euros del activo. Pero ¿cómo es todo esto posible? ¿Cómo es posible esta formidable ceremonia de la confusión? Trataremos de ir explicándolo en las próximas entregas, a la vista de que no será posible obtener en estos momentos ni siquiera una aproximación a la realidad patrimonial y financiera de la sociedad.

Una de las mejores demostraciones de que las cifras dadas por el administrador judicial son palmariamente discutibles, lo constituye el hecho de que tanto la masa activa como la pasiva fueron impugnadas por CARMEN CRIADO, actuando precisamente como secretaria y ¡en representación de la propia sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL! Especialmente su alegato lo era contra la masa activa fijada por el administrador concursal, al que advertía de que estaba incluyendo en el inventario activos (nada menos que 82 inmuebles) que ya no eran propiedad de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

LOS HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

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Los honorarios que cobran los administradores concursales son unos aranceles fijados por un Real Decreto de 2004. Estos aranceles remiten a una tabla con una escala de porcentajes a aplicar a la masa, especialmente a la masa activa. A mayor masa activa, más cobra el administrador concursal.

En el caso particular de los honorarios de la administración concursal de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, pueden ser en esta primera fase común del proceso de unos 303.500 euros. Repetimos que se trata de los honorarios solo para el proceso inicial común. De esos 303.500 euros, 261.500 se corresponden directamente con el tramo de los 100 millones fijados para el activo, y los 42.000 euros restantes lo serían por los 92 millones del pasivo. Es decir, que los administradores concursales cobran muchos más en la medida que el activo sea mayor. Lo cual puede explicar esa formidable diferencia entre el activo declarado por los administradores (49,5 millones de euros), y el que luego ha fijado el administrado concursal (100,8 millones de euros). En próximas entradas detallaremos cómo ha sido inflado el activo de esta sociedad.

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También remitimos a próximas entradas un análisis crítico del acuerdo parcial anunciado entre PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL y algunos acreedores, con quitas del 35 %. Si acaso adelantar que, desgraciadamente para el equilibro patrimonial de la sociedad, esa quita, cuyo importe máximo solo sería de 12 millones de euros, es totalmente insuficiente para alcanzar unos mínimos visos de solución al problema de fondo: la deuda latente con los afectados que no aparece contabilizada, y que, como hemos dicho en otras entradas, afecta al 50% del activo. 

El administrador concursal se quitó esa deuda (45 millones de euros según los afectados) de un manotazo, alegando que la empresa no había incumplido sus acuerdos (cosa que no era cierta). Pero aún aceptando que no hubiera habido incumplimiento, ello no evita tener que contabilizar ese compromiso que, razonablemente, difícilmente bajará de los 30 millones de euros. 

Algunos han lanzado las campanas (ver los comunicados de la sociedad distribuidos por el gabinete de prensa municipal) vislumbrando la solución definitiva para el caso. Ya nos anuncian con embeleso que los embargos serán levantados, las deudas pagadas, los afectados entrarán en sus casas, y las nubes se levantarán y los pajaritos cantarán melodiosamente.

Este afán obsesivo de los responsables municipales ( alojar, al menos, a los realojados sin vivienda y luego ya se verá), no es en absoluto el fin de los graves problemas de esta calamitosa sociedad mixta, gestionada de forma absolutamente incompetente y desprofesionalizada. Más bien es todo lo contrario. Será en todo caso el principio al fín de que los administradores (incluido el concursal) aterricen sobre la verdadera situación patrimonial de la sociedad. Es decir, su inapelable quiebra necesaria.

(Continuará)

LA HUELGA Y LA FARSA

EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2012 HACIA LAS 22 HORAS DE LA NOCHE, EL DIARIO EL PAÍS ERA FAVORECIDO CON LA EXCLUSIVA: JULIO SETIÉN ABANDONABA LA HUELGA DE HAMBRE INICIADA SEIS DÍAS ANTES EN PROTESTA POR, SEGÚN ÉL, LOS IMPAGOS DE BANKIA A PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, DE LA QUE ERA PRESIDENTE. EL MOTIVO DEL ABANDONO DE LA HUELGA ERA, SEGÚN EL PROPIO DIARIO EL PAÍS, PORQUE HABÍAN LLEGADO A UN PRINCIPIO DE ACUERDO CON BANKIA Y LOS PRINCIPALES ACREEDORES. PERO LA VERDAD ERA MUY OTRA, Y UNA VEZ MÁS QUEDA EN EVIDENCIA QUE LA MENTIRA TIENE LAS PATAS CORTAS. VEAMOS.

CERTIFICADO DEL ACTA DE 10 DE OCTUBRE DE 2012 QUE NOS HAN HECHO LLEGAR ANÓNIMAMENTE

EL ACTA QUE DESMIENTE A SETIÉN

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El documento de arriba se corresponde precisamente con un certificado expedido por la secretaria CARMEN CRIADO con el visto bueno del propio SETIÉN, de una supuesta reunión "espontánea" del Consejo de Administración de la sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, celebrado el día 10 de octubre de 2012. Es decir, el mismo día que SETIÉN abandona la huelga de hambre porque - así lo asegura a los medios - se había alcanzado un principio de acuerdo con los acreedores. Pero, como puede comprobarse, el certificado del acta lo desmiente absolutamente, pues en esa reunión (no se dice a qué hora se celebra) presidida por el propio SETIÉN, se afirma justamente lo contrario: las negociaciones con los acreedores han devenido infructuosas. Lo dicho, SETIÉN faltó una vez más clamorosamente a la verdad al invocar un supuesto acuerdo inexistente para justificar su abandono de la huelga.

Pero lo que más asombra de este documento que nos han hecho llegar anónimamente, es que se reuniera el Consejo de Administración de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL cuando en realidad ya no existía este órgano, tal y como puede verse por los documentos de abajo. 

En efecto, a la fecha 10 de octubre de 2012 el Consejo de Administración de la sociedad mixta ya no existía puesto que la mercantil había quedado disuelta el día 19 de junio de 2012, precisamente con los solos votos de IU. Pero ¿se celebró realmente este Consejo donde se acuerda solicitar el concurso de acreedores? ¿Peligra la validez del concurso al haber sido incoado a instancias de un órgano de la sociedad inexistente? ¿Pretenden los miembros de IU que se prestan a estas farsas, insultar nuestra inteligencia tratándonos como si fuéramos imbéciles todos los ciudadanos?

Nuestra Asociación se propone ampliar la denuncia en el juzgado para que sean investigados estos hechos.

EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN ADOPTADO CUATRO MESES ANTES

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En efecto, como puede observarse por este certificado del acta de Junta universal celebrada el día 19 de junio de 2012, es decir, cuatro meses antes de la fecha del documento anterior, la Junta procedió a disolver y liquidar la sociedad, razón por la cual los Consejeros (incluido el Alcalde) quedaron constituidos en liquidadores. Por lo tanto, lo que administraba la sociedad a partir de entonces era precisamente un Comité Liquidador, no un Consejo que a partir de aquel momento ya dejó de existir. 

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La mentira tiene las patas muy cortas, reza un refrán. Pero el señor SETIÉN, convertido por la propaganda en aquellos días de octubre de 2012 en nuestro Gandhi particular, faltó clamorosamente a la verdad al hacernos creer que abandonaba la huelga con un acuerdo bajo el brazo, cuando en realidad el mismo día firmaba un documento (el certificado del consejo de arriba), en el que se decía lo contrario.

La burla a la buena fe de la gente (y particularmente a la de los afectados) es tan patente como cruel, por cuanto que antes que reconocer su propio fracaso con el absurdo envite de la huelga (no es que BANKIA no pagara, es que quien no pagaba a la sociedad mixta era el propio Ayuntamiento), no tuvo escrúpulo alguno en anunciar un acuerdo inexistente ya que el mismo día, en la apesadumbrada reunión (si es que realmente llegó a celebrarse, que nosotros desde luego lo dudamos), se afirma justamente lo contrario: que las negociaciones habían fracasado. Eso sí, todos los medios se hicieron eco del acuerdo, y algunos, como EL PAÍS, lo elevaron a la categoría de héroe sin tacha que doblegó la voluntad de la poderosa BANKIA. ¡Cuantas complicidades serviles y atroces disfrazadas de información!

ACTIVOS TÓXICOS Y OTROS AMAÑOS

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL HA DADO POR BUENA LA CONTABILIDAD DE PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, QUE TIENE IMPUTADA EN SU CUENTA DE EXISTENCIAS LA PLAZA DE ESPAÑA. ES DECIR, LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL CONSIDERA QUE LA PLAZA DE ESPAÑA ES UN ACTIVO REALIZABLE PROPIEDAD DE LA MERCANTIL CONCURSADA. HE AQUÍ UNA MUESTRA DEL RIGOR DE SU INFORME.

  

AVISO A NAVEGANTES

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En efecto, la administración concursal (en adelante A.C.) asegura en su informe provisional, que los activos de la concursada PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL ascienden a algo más de 100 millones. De entre estos, la partida correspondiente al epígrafe de Existencias es el mayor hasta alcanzar la cantidad de 80 millones. La A.C. considera que esos activos son realizables (pueden venderse), y por lo tanto sería posible cubrir el pasivo (más de 92 millones de euros) e incluso tener un superávit de 8 millones de euros.

Pues bien, vamos a demostrar que algunos de esos importantes activos que la A.C. considera realizables (vendibles) y que generarían ingresos para la sociedad, son en realidad un estrambote contable. Veamos.

LA PLAZA DE ESPAÑA

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En el año 2009, el espacio público de la plaza de España estaba contabilizada junto con las demás aportaciones no dinerarias del capital fundacional, en la cuenta del activo del Inmovilizado. Pero siguiendo instrucciones de la auditora LAES NEXIA, la partida de más de 22 millones de euros fue llevada desde el Inmovilizado a la cuenta del activo de Existencias para los ejercicios contables de 2010 y 2011. Y así es como ha quedado configurado el activo concursal en la actualidad: con las aportaciones hechas por el Ayuntamiento (más de 11 millones) como realizables (cuyo destino es la venta) incluida la plaza de España.

Así pues, en el activo de la masa concursal formado por la A.C. figuran los más de 11 millones de euros aportados por el Ayuntamiento suscetibles de ser enajenados, para allegar ingresos para la sociedad concursada. Entre ellos está pues la plaza de España, un espacio de uso y dominio público inalienable. Inaudito pero cierto.

 

OTROS DE LOS ACTIVOS DE LA MASA CONCURSAL QUE FIGURAN COMO REALIZABLES, SON LAS VIVIENDAS DE SU PROPIEDAD APORTADAS POR LOS SOCIOS PRIVADOS, Y QUE FUERON DEMOLIDAS EN MARZO DE 2009. AUNQUE SU VALOR FORMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA MERCANTIL EN CONCURSO, TAMBIÉN FIGURAN EN EL EPÍGRAFE CONTABLE DE EXISTENCIAS DEL ACTIVO DE LA MASA CONCURSAL CALCULADO POR EL A.C. ES EVIDENTE QUE ESTOS EDIFICIOS YA NO EXISTEN, PERO LA A.C. ASEGURA QUE LOS APROXIMADAMENTE 6 MILLONES DE EUROS CON QUE FUERON VALORADOS, PUEDEN SER OBTENIDOS SI SE VENDEN. SIN COMENTARIOS.

 

INMUEBLE DE LA CALLE NAZARIO CALONGE HOY PROPIEDAD DE LA PATRIMONIAL FAMILIAR AGRÍCOLA MONTESINOS SL. EN SU DÍA PERTENECIÓ AL REAL PATRIMONIO DE LA CORONA EN LA PIEZA DE LO QUE ERA LA REAL CASA DE ADMINISTRACIÓN. NADIE SABE BIEN CÓMO Y CUÁNDO FUE DESAMORTIZADA.

 OTROS AMAÑOS

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AGRÍCOLA MONTESINOS SL

En el activo realizable formado por la A.C. aparece una partida de 6,6 millones de euros bajo el epígrafe de Inversiones financieras a corto plazo. En realidad estos importes son las amortizaciones anticipadas de las hipotecas de los inmuebles aportados por los propietarios, y que hoy constituyen créditos a favor de la mercantil concursada por ese importe. Lo extraño no obstante, es que en ese epígrafe aparece lo que aparenta ser una compra realizada por PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL entre los años 2009 y 2010. Es decir, en este epígrafe de inversiones financieras a corto plazo, figura un crédito a favor de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL por 800.000 euros, que aparentemente proviene de una operación de compra de algún inmueble a AGRÍCOLA MONTESINOS SL. 

Pero ¿cómo es esto posible si esta sociedad patrimonial de uno de los accionistas de WOODMAN SL, no aparece como propietaria de ningún inmueble ni en la UE-1 ni tampoco en los edificios adheridos posteriormente? ¿Quién autorizó pues esta compra, a qué inmuebles se refiere y, sobre todo, quién de la sociedad mercantil que preside el señor Alcalde ordenó y realizó este pago? 

Nuestra asociación pedirá al juzgado 5 de Coslada que sea investigada esta operación. A menos, claro está, que el flamante nuevo presidente de la mercantil, el nuevo señor alcalde, haga lo propio antes que nosotros.

COMO PUEDE VERSE, EN MARZO DE 2009 FUERON DEMOLIDAS TODAS LAS EDIFICACIONES APORTADAS POR LOS SOCIOS PRIVADOS, LO QUE NO IMPIDE QUE ESTAS EDIFICACIONES DESAPARECIDAS Y VALORADAS EN MÁS DE 6 MILLONES DE EUROS, SIGAN FIGURANDO COMO ACTIVOS EN LA CUENTA DE EXISTENCIAS. EN LA ESQUINA DE LA PIEZA Y ENTRE LAS CALLES LIBERTAD, PIZARRO Y NAZARIO CALONGE, HABÍA TRES FINCAS PROPIEDAD DE INMOBILIARIA CORRAL SA. PERO ESTA SOCIEDAD TAMBIÉN TIENE UNA OPERACIÓN EXTRAÑA CON PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

INMOBILIARIA CORRAL SA

Esta mercantil pertenece a una de las muchas que tienen un apellido famoso en el municipio: los BARRAL. Era propietaria de tres parcelas en la UE-1, precisamente a las que el PGOU no les reconocía aprovechamiento alguno. Como propietario afectado por la actuación, en el momento de la constitución de la sociedad aportó estas tres fincas, por lo que recibió a cambio 774 participaciones por un nominal de 542.651,40 €. Estas fincas estaban totalmente libres cargas. Sin embargo, ahora aparece esta sociedad como deudora de la mercantil que preside el señor Alcalde por importe de 2,1 millones de euros. Al igual que en el caso anterior: si las fincas aportadas por esta sociedad lo fueron libres de cargas, ¿cómo es posible que ahora aparezca como deudora de la sociedad por nada menos que 2,1 millones de euros? No hay que olvidar que esta sociedad comparte intereses urbanísticos con otra de las sociedades propiedad de los socios de WOODMAN SL en una unidad de Coslada. 

Al igual que en el caso anterior, mucho nos tememos que si el Alcalde, que es presidente nato de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, no da explicaciones al respecto, nos veremos obligados también a ponerlo en conocimiento del juzgado.

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL HA EXCLUIDO LOS CRÉDITOS EXIGIDOS POR LOS SOCIOS PROPIETARIOS, ALEGANDO QUE PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL NO HA INCUMPLIDO SUS COMPROMISOS, IGNORANDO QUE LOS PACTOS PARASOCIALES CONTRAÍDOS NUNCA FUERON REFLEJADOS EN LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LOS PLAZOS ESTIPULADOS EN LOS CONVENIOS FIRMADOS

  

EL NUDO GORDIANO: LOS EFECTADOS

El administrador concursal ha excluido como acreedores a los socios que aportaron sus bienes al capital social de la sociedad, y cuyo importe reclamado es de 45 millones de euros. Y lo hace alegando que la sociedad concursada no ha incumplido sus compromisos. Extraña justificación por cuanto que cualquiera que lea los convenios firmados en su día, llegará fácilmente a la conclusión contraria. En cualquier caso, es claro que los compromisos parasociales con los propietarios han de tener necesariamente un reflejo contable, cosa que nunca se ha hecho.

Un total de 82 inmuebles (viviendas, locales, garajes y trasteros) que representan más del 50% de los activos, valorados en 31,9 millones de euros, son irrealizables porque son indisponibles dados los compromisos contraídos con el 51% de los socios. Además, han de serles retornados libres de cargas.

Con seguridad, la administración concursal es consciente de que este es el nudo gordiano del caso. Excluyó los 45 millones de euros reclamados como créditos a favor de estos socios, sencillamente porque si los incluía estaba abocado a liquidar la sociedad. Por otra parte, dado que estos señores han de recibir sus inmuebles libres de cargas y al día hoy están hipotecados y embargados todos, es necesario que la sociedad obtenga una gigantesca liquidez que obviamente no puede conseguir para levantar esas cargas. ¿Cuál es la solución pues a esta encrucijada? Evidentemente, la liquidación de la sociedad, por cuanto que de otra forma, la opción de un convenio de acreedores, solo es posible si éstos aceptan una quita considerable. Tanto, que es casi quimérico. Los afectados se han convertido pues en el nudo gordiano del caso.

 

OFICINAS DE LA CALLE VENTURA DE ARGUMOSA 22, DONDE RADICAN VARIAS SOCIEDADES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS DE WOODMAN SL. ESTA SOCIEDAD Y OTRA MEDIA DOCENA DE LAS QUE COMPARTEN ESTA DIRECCIÓN SOCIAL, HAN SIDO UTILIZADAS PARA SAQUEAR A PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL.

EL SAQUEO: WOODMAN SL

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WOODMAN SL es una sociedad mercantil cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria pura y dura. Pertenece a tres socios: JOSÉ ANTONIO PRIETO, MIGUEL ROMERO y VICTORIANO CUESTA en la proporción de un tercio cada uno. Ahora hay serias desavenencias entre ellos, lo que se ha traducido en la destitución de D. VICTORIANO y en cruces de demandas judiciales. Algunos emisarios amenazan con hacer público algún bombazo. No sabemos bien en qué consiste el juego, ni siquiera si es verosímil. Lo que si es evidente es que las desavenencias entre estos socios guarda relación con la pasta.

WOODMAN SL fue designada por el pleno municipal de 28 de mayo de 2008 y por unanimidad, como la gerente de la futura sociedad. Y así, el día 24 de julio de 2008, fue firmado un flamante contrato de prestación de servicios en virtud del cual quedaba sellado y anudado el compromiso. WOODMAN SL sería la gerente de la sociedad y su prestación de servicios consistiría en: la de servicios económicos y financieros, servicios jurídicos, y de gestión comercial. Es preciso hacer notar que ninguno de estos servicios forman parte del objeto social estatutario de WOODMAN SL, y que, durante los años 2008, 2009 y 2010, ha carecido de empleado alguno.

El importe que inicialmente cobraría WOODMAN SL por estos servicios fue fijado en 4 millones de euros. Sin embargo, en el año 2012, cuando la sociedad que preside el alcalde ya había dejado de hacer frente a pagarés entregados a sus proveedores por importe de más de 16 millones de euros, todo parece indicar que a WOODMAN SL se le pagan 3,6 millones de euros en concepto de gestión. ¿Cómo es esto posible?

De nuevo nos tememos que nos veremos obligados a poner estos hechos en conocimiento del juzgado, porque no creemos que el actual presidente de la sociedad y alcalde del municipio, esté dispuesto a arrojar algo de luz sobre este proceloso asunto.

Para terminar, solo nos queda enumerar una vez más las sociedades pertenecientes a los socios de WOODMAN SL, que de una forma u otra han venido contratando ventajosamente con PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL: AGRÍCOLA MONTESINOS SL, IRIS RIVER SL, PERSIAN BOLD SL, JOVICASA SL y CARFER 1958 SL. Estas que sepamos. Sin más comentarios por el momento.

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DESIGNADA POR EL JUZGADO PARA PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL PRETENDE HACERNOS CREER QUE 2 Y 2 SON 8

CUANDO LAS CUENTAS NO CUADRAN

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El administrador concursal de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, Sr. MARTÍN MOLINA, en su informe provisional del pasado mes de abril llegó a la conclusión de que el activo de la sociedad superaba al pasivo en algo más de 8 millones. Bien es cierto que el informe era eso, provisional, y que aún le queda por emitir el definitivo y por ello puede haber rectificaciones. No obstante lo cual, sorprende la provisional conclusión para quienes tengan alguna formación contable elemental, y un conocimiento más preciso de la procedencia de algunas de las partidas del activo de esta sociedad. Veamos.

EL EXTRAÑO INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA SEGÚN LA A.C.

De los 100.828.746,32 € que el administrador concursal recoge en el inventario de bienes y derechos de la deudora PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, sorprenden sobremanera la naturaleza y el origen de algunas partidas que la conforman.

Así, en Clientes comerciales y otras cuentas a cobrar, la A.C. recoge 3,2 millones de euros correspondientes a subvenciones que habrían de abonarle las tres administraciones a resultas de un convenio que firmaron en el año 2009. Lo más sorprendente de esto es que el administrador concursal ignore que la ley no permite abonar subvenciones de ninguna clase a empresas concursadas.

También nos sorprende una partida recogida bajo el epígrafe de Inversiones financieras a corto plazo, en la que figuran 6,6 millones de euros. Se trata de los importes que la sociedad abonó en concepto de amortizaciones de hipotecas de los propietarios afectados cuando entregaron su viviendas. Pero, lo sorprendente de esto porviene de que aparecen dos operaciones de 800.000 y de 2.103.356,74 euros, de amortizaciones hechas a favor de AGRÍCOLA MONTESINOS SL y de INMOBILIARIA CORRAL SA respectivamente. Y esto es singularmente sospechoso, porque ni AGRÍCOLA MONTESINOS SL (sociedad vinculada a los socios de WOODMAN SL) figuraba como propietaria de inmueble de ninguna clase, ni tampoco INMOBILIARIA CORRAL SA (con intereses comunes en Coslada con sociedades de los administradores de WOODMAN SL) tenía hipoteca alguna en las fincas de su propiedad de la UE-1. ¿A qué se deben estas sospechosas inversiones financieras realmente? Esto es absolutamente mosqueante.

EXISTENCIAS REALES Y HUMO CONTABLE

Por último, el grueso del inventario lo compone naturalmente la cuenta de Existencias. Una especie de cajón de sastre cuyo contenido una vez analizado partida a partida, revela que presenta una escandalosa inflacción. Se supone que este es el valor de los inmuebles (viviendas, locales, aparcamientos, etc.) que, una vez realizado, obtendría la sociedad mercantil mixta producto de su venta. Pero veamos de dónde sale esta cantidad.

Una partida de 9,7 millones sale de las penalizaciones que la sociedad ha impuesto a ISOLUX y  ORTIZ por el retraso de las obras. Sin embargo, ambas sociedades tienen dos sentencias de los juzgados de Coslada que dicen precisamente lo contrario, que quien ha incumplido el contraro es PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL por no pagar. Luego ¿cómo es posible que la administración concursal considere este importe como un crédito a favor de al deudora y lo lleve precisamente a Existencias si los juzgados dicen lo contrario?

Por su parte, en el ejercicio de 2010 y a resultas de una sugerencia de la empresa auditora LAEX NEXIA AUDITORES, fueron traspasados 22,8 millones de euros que figuraban en el inmovilizado, a la cuenta de Existencias. Pero ¿de dónde salen estos 22,8 millones de euros que están acumulados a la cuenta de Exitencias y el administrador concursal asegura que pueden ser realizables? Pues se trata del capital social que como fue constituido con aportaciones no dinerarias (inmuebles y suelo), los lumbreras de la auditora recomendaron contabilizarlas como existencias. Es decir, que el administrador concursal asegura que la plaza de España y el resto de las aportaciones ficticias municipales, son realizables (se pueden vender), como lo son también los inmuebles que aportaron los propietarios y que luego fueron demolidos. Aproximadamente unos 15,5 millones de euros de esta partida son absolutamente irrealizables, por mucho administrador concursal que diga lo contrario.

También figuran aquí los 8 millones de los locales comprados (y no pagados totalmente) a la Empresa Municipal de Suelo. Todo parace indicar que ante las dificultades que pone IBERCAJA para autorizar la subrogación de la hipoteca (5 millones de euros más de deuda), han decidido rescindir amistosamente el contrato de compraventa de estos locales. Con lo cual, naturalmente, esos 8 millones que figuran contabilziados en Existencias habrían de ser rebajados también.

EL FIASCO DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS

Una de las decisiones absolutamente desconcertante, es la adoptada por la administración concursal de no reconocer los créditos a favor de los propietarios afectados (reclaman 45 millones de euros), alegando que la sociedad PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL no ha incumplido obligación alguna con ellos. Lo cual es claramente incierto si uno se lee detenidamente los convenios firmados. En cualquier caso, lo que sí es muy evidente es que existe una obligación con los propietarios afectados consistente en la devolución sin cargas de los nuevos inmuebles, como acuerdo parasocial desde la constitución de la sociedad. Y que esos acuerdos entrañan que algo más del 50 % de los activos de la sociedad, además de ser indisponibles, no pueden ser realizados bajo ningún concepto porque han de ser entregados a los socios propietarios libres de cargas, con lo cual es necesario por lo tanto levantar todas las cargas que pesan sobre los mismos. Ya sean las hipotecarias como los embargos. 

Estos acuerdos parasociales incomprensiblemente nunca figuraron en la contabilidad de la sociedad. Y lo que es más escandaloso: la empresa auditora LAES NEXIA no hizo salvedad alguna al respecto, lo cual da una idea del rigor de su trabajo.

   

Así las cosas y siendo muy generosos, el activo realizable de esta sociedad no podrá superar los 41,8 millones de euros, frente a los 92,4 millones de pasivo. Si no se reconoce que esta sociedad está en quiebra es porque la contabilidad creativa hace milagros.

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UNA BUENA NOTICIA A PESAR DE TODO

No todas son malas noticias para nuestro Ayuntamiento. Hemos conocido esta semana que su reciente participación en la sociedad regional del CANAL DE ISBAEL II, ha sido recompensada con un reparto de algo más de 118.000 euros en concepto de dividendos. Ver para creer. Al fín el exalcalde señor SETIÉN puede decir que al Ayuntamiento le ha salido bien una inversión.

¿SOBRESUELDOS EN EL AYUNTAMIENTO?

EXIGIMOS SABER LA VERDAD

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Recientemente hemos sabido que el Ayuntamiento se ha visto obligado a llevar al Pleno municipal para su autorización, un largo listado de importes sin abonar por una cantidad próxima a los 800.000 euros en concepto de fallos judiciales perdidos en otras tantas sentencias (algunas muy antiguas), y que una buena parte de esos gastos sin abonar lo son en concepto de intereses y costas judiciales. En la mayor parte de esos pleitos perdidos, el Ayuntamiento ha estado representado por la letrada asesora del Equipo de Gobierno Dª CARMEN CRIADO.

Ya sabemos pues que cuando el Ayuntamiento pierde un pleito y, generalmente en segunda instancia, se le condena en costas judiciales, esas costas las paga el Ayuntamiento. ¿Pero quién las cobra cuando sucede al contrario? He aquí nuestra sospecha: los letrados (algunos, no todos) funcionarios del Ayuntamiento y no el Ayuntamiento. Y aunque esto es aparentemente legal (así lo sostienen los tribunales), no deja de ser sorprendente y desde luego dudosamente ético si finalmente se confirmara que es así.

Es el caso, desde luego, de los muchos, muchísimos pleitos que se suscitan en el Área de Hacienda a resultas de impugnación de liquidaciones de diferentes tributos, especialmente los relacionados con el incremento de valor de los terrenos (plusvalías) o el IBI de los suelos reclasificados. No hay que olvidar que el vigente PGOU de 2002 clasificaba como urbanizables más de 4 millones de metros cuadrados, lo cual supone un importantísimo incremento del impuesto de bienes inmuebles.

Los razonamientos utilizados por los tribunales para justificar esta incomprensible práctica en muchas de las sentencias, revelan que es perfectamente legal, pero no queda claro si las costas las ha de cobrar el letrado funcionario municipal o han de ser reintegradas a las arcas del Ayuntamiento. 

Es en estos momentos cuando los titulares de periódicos y programas de TV abren con la palabra de moda: SOBRESUELDOS. Entendidos como aquellos emolumentos que se perciben por varios conceptos distintos de las retribuciones ordinarias (es de suponer que legales), como gastos de representación o como en este caso, costas judiciales. Y estos sobresueldos son estigamatizados o cuestionados ahora y se vuelven contra los que los perciben por entenderlos abusivos, o por realizarse bajo formas de opacidad total (incluso fiscal).

Ya sabemos que cuando el Ayuntamiento pierde un pleito y es condenado en costas, le toca pagar (aunque sea con muchos años de retraso con lo cual esas costas tienen un recargo legal de 7%). Lo que no sabemos bien y deberían aclararlo desde el Equipo de Gobierno, es qué sucede cuando ocurre lo contrario. Es decir, si es el Ayuntamiento el que cobra las costas, o si por el contrario las cobran los letrados funcionarios municipales. Es un derecho que tenemos a conocer la verdad y por lo mismo esperamos la respuesta.

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CODA: Llama también la atención que la oposición no se interese por estas cosas, y pierda el tiempo en presentar innumerables mociones (llevan cientos en este mandato) sobre cualquier cuestión de actualidad política nacional que se les ocurra. 

SOBRESUELDOS, I+D+I, Y SAN FERNANDO DE HENARES

ÁMBITOS ESTUDIADOS POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID E IMPUTADOS A I+D+I (RECUADROS EN VERDE). DE ELLOS, AL MENOS DOS FUERON PAGADOS A LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DIRECTAMENTE POR PROPIETARIOS DE SUELO INTERESADOS EN SU RECLASIFICACIÓN. RESULTADO: TODOS LOS USOS LUCRATIVOS PROPUESTOS ERAN MEDIOAMBIENTALMENTE COMPATIBLES. ES CIERTO: QUIEN PAGA MANDA.

AVISO A NAVEGANTES

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Recientemente hemos tenido conocimiento de que el equipo de gobierno municipal de IU, se ha visto obligado a allanarse a la demanda de un particular al que iban a expropiar (junto con otros veintisiete más), por la ejecución de un desconocido PLAN DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN SAN FERNANDO DE HENARES (ver entradas anteriores). Ese desconocido plan director fue encargado, al parecer, por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares a la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2003. Concretamente a su Departamento de Ingeniería Forestal que está dirigido por el catedrático D. IGNACIO CLAVER FARÍAS.

Para los que tengan curiosidad lo pueden consultar en esta dirección:

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=actividad.jsp&id_actividad=33696

No es la primera vez que a la UPM y en particular al profesor CLAVER FARÍAS se le encargan trabajos en San Fernando de Henares. Que nosotros sepamos al menos cuatro. De alguno de ellos ya hemos hablado en otras entradas. Una de las cosas que más no llama la atención de estos encargos es que todos ellos los imputa la Universidad Politécnica a los programas de I+D+I. Y otra cuestión que también llama nuestra atención es que esos trabajos, casi todos ellos contratados con la FUNDACIÓN de la UPM, son naturalmente magníficamente retribuidos por los propietarios de los suelos que, en general, van a ser reclasificados por los diferentes planes de urbanismo promovidos por nuestro Ayuntamiento. Estos son algunos de los casos que conocemos:

PRIMER CASO: EL SECTOR V

Se trata de un sector ya clasificado por el PGOU de 1988, de más de 500.000 m2 y de uso industrial. Fue hacia el año 2000 cuando la empresa TOQUERO EXPRÉS necesitada de campas para los vehículos que transporta, impulsó el desarrollo de este sector mediante la constitución de una Junta de Compensación y la tramitación del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización. Al frente de la Junta de Compensación y como presidente de la misma puso a un viejo conocido nuestro: D. MIGUEL ROMERO LÓPEZ (hoy administrador de WOODMAN SL. En otro momento contaremos por qué aparece aquí nuestro personaje).

El problema era nada menos que dicho polígono industrial invadía cerca de 200.000 m2 de la ZEPA 142 de los Cortados y Cantiles de Jarama y del Henares declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) en 1999, y cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) había sido omitido por sus promotores y por el Ayuntamiento. Comenzó aquí una larguísima y desigual batalla de nuestra Asociación contra todos los elementos.

Al advertir los promotores del Plan Parcial y del Ayuntamiento la denuncia nuestra de tan gravísima omisión, rápidamente hicieron el encargo los de la Junta de Compensación de un Estudio de Impacto (pero cuando ya estaba en ejecución el proyecto de urbanización), al profesor CLAVER FARÍAS de la flamante UPM. Y, previo pago de más de cuatro millones de pesetas, el EIA firmado por el catedrático llegaba a la conclusión de que los valores ambientales de aves o flora en la ZEPA no se veían afectados por la actuación. Sorpredente conclusión claro, pues no en vano dicho EIA había sido realizado ¡cuando ya estaba ejecutado el polígono, aunque habían intentado hacernos creer lo contrario! Es como si el EIA de una carretera que pase por el Parque de Doñana, es realizado después de que la carretera esté hecha. 

De nada sirvieron nuestras protestas, razón por la cual nos obligaron a iniciar los trámites para recurrir a los tribunales. Enfrente tuvimos, además del Ayuntamiento representado por otra vieja conocida nuestra la inefable Dª CARMEN CRIADO, otro afamado catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares defendiendo lo indefendible y a la Junta de Compensación del Sector V. Es decir, nuestra Asociación luchando contra el mundo. Contra el Ayuntamiento coadyuvado por la Junta de Compensación, y con la intervención de dos catedráticos: uno de la Universidad Politécnica y otro de la de Alcalá de Henares. También acudimos a la Comisión Europea (las ZEPAS son Lugares de Interés Comunitario), que tardó ¡más de cuatro años en contestarnos!

El resultado fue que llegamos hasta el Tribunal Supremo y, claro está, a pesar de todas las evidencias, demasiado desigual la pelea: los magistrados estaban impresionados por la intervención de tanto catedrático. Y nosotros, más que impresionados, sencillamente indignados. ¡Hay que ver qué sobresueldos que sacan algunos de nuestros profesores universitarios con estos asuntos!

Lo cierto es que cualquier vecino puede ver el resultado (en la foto de arriba a la derecha y en rojo): una buena parte de ese polígono está levantado sobre una Zona Especial de Protección de Aves. Solo una cosa nos consuela, y es que la actuación ambiental en la conocida como Finca de la Guindalera se debió a nuestras denuncias de la intrusión en la ZEPA 142. 

Pero aquella fue una batalla desigual y agotadora, al comprobar además cómo el Ayuntamiento se aliaba con los infractores. Y también al ver cómo todo un departamento de Ingeniería Forestal de la flamante UPM, jugaba al juego de los trileros al pretender hacernos creer que habían realizado el trabajo de campo antes incluso de haber recibido el encargo. Se nos abren las carnes al comprobar no obstante, que este tipo de trabajos "sucios" son magníficamente pagados por los infractores, que el Ayuntamiento los tolera y los alienta, y que en nuestras universidades figuran como "trabajos" de investigación e innovación (I+D+I) lo que no es más que eso: vergonzantes encargos generosamente pagados para que finalmente digan lo que el que contrata quiere que digan. Es decir, que un polígono industrial puede ser levantado impunemente sobre una ZEPA, porque nunca faltará una universidad española que, a cambio de dinero, asegure que su impacto es compatible. Y además haga figurar estos impresentables trabajos en las pomposas estadísticas de I+D+I, y así pasarle luego al ministerio de la cosa la engañosa justificación de las subvenciones que reciben por este concepto de nuestros impuestos. Eso sí, sin olvidar que los autores de estos atropellos que son una burla, han sido bien retribuidos a través de honorarios extras, aunque ahora los llaman sobresueldos. Es el signo de nuestros desconcertantes tiempos; la incombustible plaga de la corrupción estructural que nos invade.

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(CONTINUARÁ)