AMAÑANDO LA SALIDA

AMAÑANDO LA SALIDA

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Las obras ejecutadas en la plaza de España son manifiestamente ilegalizables. Una gigantesca infracción urbanística perpetrada con licencias municipales, arrasó con el parcelario histórico protegido por el PGOU, adjudicó sistemas locales públicos a complejos inmobiliarios privados, mezcló alevosamente diferentes categorías de suelo en un verdadero aquelarre, agrupó o segregó fincas que el PGOU no permitía y, en fin, quedó en evidencia que el PGOU no existía o se ignoraba porque a la actuación estorbaban ciertas determinaciones de sus ordenanzas. En definitiva, se conculcó de forma irreversible tanto el PGOU como la propia Ley de Suelo o de Patrimonio Histórico.

Sin embargo nada de esto parece preocupar ni al equipo de gobierno actual ni a los grupos de la oposición, absortos como están en buscar falsas salidas a este impresentable caso con el afán pueril de ver quién abre primero el melón de la recuperación efectiva de la plaza, o de encontrar la fórmula mágica para presentar como solución lo que no es otra cosa que una formidable chapuza añadida a todo el clamoroso atropello a la legalidad ya irreversiblemente consolidado, y al que parece se han resignado unos y otros.

La semana pasada nos sorprendió la alcaldesa y su equipo de gobierno con la convocatoria de la inútil comisión especial de Plaza de España, con el anuncio incluso de que habían alcanzado al parecer una suerte de acuerdo tanto con el administrador concursal como con Bankia, para adjudicar a la entidad financiera como acreedora hipotecaria los inmuebles a través de una resolución del Juzgado Mercantil número 6, para, después, mediante una permuta de suelo con el Ayuntamiento, que éste accediera a la propiedad de todo el complejo. Lo cual puede ser la antesala de un nuevo conflicto grave, pues se asemeja mucho a un fraude de acreedores pues no hay que olvidar que el Ayuntamiento es el principal deudor en el concurso. Que en un concurso de acreedores ya en fase de liquidación, uno de sus acreedores principales llegue a un acuerdo tácito con el deudor principal, una administración pública además, de espaldas al resto de la masa de acreedores, es, como se dice, lo más próximo a un fraude. Pero ya nada nos extraña en este lamentable caso la verdad.

Pero es que, además, es incomprensible que el Ayuntamiento no haga uso de sus prerrogativas legales en tanto que administración actuante, rescatando para el municipio la actuación bien mediante el cambio de sistema (por el de ejecución forzosa) bien aplicando otros mecanismos que la ley de suelo le brinda para hacerse con el control de la actuación en su totalidad, y por lo tanto dejando de estar a merced del Juzgado de lo mercantil o de los caprichos y oscuros acuerdos del Administrador concursal con fondos buitre y otros pájaros de mal agüero.

Muy al contrario, el equipo de gobierno, bien por incapacidad bien por desconocimiento o por miedo, ha rehusado hacer valer su condición de administración actuante. Es decir, está haciendo dejación de sus competencias legales para encamarse con el Administración concursal y sus oscuros manejos. Y es que, cuando una Junta de Compensación, por ejemplo, no cumple sus obligaciones urbanísticas en una actuación, el Ayuntamiento la interviene, cambia el sistema de gestión y lo ejecuta por su cuenta. En el caso de plaza de España es más sangrante el caso, pues se trata de una sociedad designada beneficiaria de las expropiaciones que abandonó la actuación desde el ya lejano año de 2012. Y sin embargo el Ayuntamiento, que además era el socio dominante de la sociedad mercantil mixta, no solo no ha hecho nada por rescatar la actuación, sino que se está convirtiendo en el verdadero pagano de todo este formidable desaguisado. Y lo que es peor, está buscando acuerdos de dudosa efectividad, para tirar por la fácil calle de en medio prestándose al juego que le marcan otros.

En ese contexto se inscriben decisiones absolutamente incomprensibles por parte del equipo de gobierno actual, que sin embargo no trascienden porque nadie, tampoco los grupos de oposición, se caracteriza sino por mostrar una formidable ignorancia acerca de los verdaderos problemas con los que se enfrentaría el Ayuntamiento al día siguiente de aceptar esa fórmula mágica que, apadrinada al parecer por el Administrador concursal y aceptada por Bankia, dejaría al Ayuntamiento al pie de los caballos. 

Así, una de esas decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno consiste en declarar vigentes las licencias de Plaza de España. Y no solo por el manifiesto abandono en que se encuentran con superación flagrante de los plazos de ejecución (concedidas en julio de 2009, tenían un plazo de ejecución de 18 meses, siendo evidente además que se hallan abandonadas desde al menos 2012), sino también porque se trata de licencias manifiestamente ilegales (que van contra el PGOU). ¿Aceptará pues el Ayuntamiento la permuta de unos solares de su Patrimonio Municipal de Suelo, para hacerse cargo de un complejo inmobiliario levantado no solo contra el PGOU, sino sobre el que pesan presuntos ilícitos penales contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico? Nos tememos que sí, que la alcaldesa con su actual equipo de gobierno, han decidido ya meterse en ese avispero por imprudente desconocimiento o simplemente por dejarse llevar por los cantos de sirena de otros.

Pero lo que resulta absolutamente desconcertante es la actuación del equipo de gobierno en el contencioso que tenemos presentado nosotros para pedir la nulidad del Proyecto de Reparcelación ya en plena fase de respuesta a la demanda. Y es que, en lugar de remitir los expedientes al Juzgado, han remitido unos certificados y un escrito que dice que esos expedientes han desparecido de los archivos municipales. Y aun así, es decir, a pesar de que reconocen que los expedientes no los pueden aportar porque han desaparecido del Ayuntamiento (nada menos que tres expedientes distintos), ¡están dispuestos a defender la legalidad de los mismos! ¿Alguien entiende este disparate o sabe a qué juega este equipo de gobierno, como no sea a favorecer precisamente la salida de Bankia del embrollo y buscando también la aquiescencia del Administrador Concursal?

Hemos intentado hacerle ver al equipo de gobierno y a la alcadesa la necesidad que tienen, antes de decidir nada al respecto, de tratar de legalizar toda la actuación que en estos momentos se halla cuestionada tanto en los juzgados de lo penal como en los contenciosos. Sin ese requisito que indudablemente requiere, entre otras cosas, modificar el PGOU, no será posible conseguir pacificar el caso en su plenitud, y desde luego con nosotros que no cuenten. Pretender defender la legalidad de las actuaciones anteriores como es el caso del Proyecto de Reparcelación que agrupaba, entre otras, la propia plaza de España declarando su titularidad privada, o declarar la vigencia de licencias ilegales es ya la gota que ha colmado nuestra paciencia. Este municipio no tiene remedio a lo que parece, y este equipo de gobierno en este asunto parece haberle cogido gusto al juego de la ruleta rusa. Ellos sabrán lo que hacen, porque por nuestra parte lo hemos intentado todo para que rectificaran y reflexionaran. Parece que no es posible porque es más sencillo y más conveniente a los intereses electorales tirar por la calle de en medio. Es decir, amañar una salida que sin embargo no tiene salida, porque más pronto o más tarde se verán obligados a estrellarse contra la realidad de la legalidad.