CASO PLAZA DE ESPAÑA: NUEVO ESCÁNDALO

SEGÚN HA PODIDO SABER EL MOLINO, HASTA TRES EXPEDIENTES COMPLETOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UE-1 Y PRESENTADOS EN SU DÍA POR PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, Y APROBADOS ENTRE 2009 Y 2011 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, HAN DESAPARECIDO DEL AYUNTAMIENTO. TAMBIÉN DESCONOCEN DÓNDE ESTÁ UN ESCRITO PRESENTADO POR NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARZO DE 2012 Y RELACIONADO CON ESOS MISMOS EXPEDIENTES

SEDE DE WOODMAN SL EN VENTURA DE ARGUMOSA 22, DONDE, SEGÚN LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD QUE FUE GERENTE DE PESF SL Y POR LO QUE COBRÓ 4,3 MILLONES DE EUROS, LOS LADRONES ENTRARON EN ENERO DE 2014 PARA ROBAR, ADEMÁS DEL DINERO DE LA CAJA FUERTE, !LAS ACTAS DE LA SOCIEDAD QUE PRECISAMENTE HABÍA PEDIDO EL JUZGADO 1 QUE APORTARAN A LA CAUSA ABIERTA EN EL MISMO!

ESCRITO PRESENTADO POR NUESTRA ASOCIACIÓN EN MARZO DE 2012 RELACIONADO CON EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA, Y APROBADO SIN SOMETER A INFORMACIÓN PÚBLICA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 3 DE JULIO DE 2009, CUYO PARADERO EL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL AL PARECER NO SABE EXPLICAR AL JUZGADO 5.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE JULIO DE 2009 CUYA PERIPECIA SE INVESTIGA EN EL JUZGADO A PETICIÓN DE LA FISCAL DEL CASO, Y CUYO EXPEDIENTE, JUNTO CON OTROS DOS MÁS, AL PARECER HA DESAPARECIDO DEL AYUNTAMIENTO.

LA JUSTICIA, ESE FRACASO DEMOCRÁTICO

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En el ya lejano mes de noviembre de 2009 presentábamos ingenuamente unas alegaciones a un Plan Especial que modificaba y adaptaba las determinaciones del PGOU al proyecto de edificación de la Unidad de ejecución número 1 (UE-1), más conocida como la plaza de España. Poco podíamos imaginar nosotros que, en realidad, aquel plan (junto con otra modificación del PGOU), lo que realmente pretendía era dar cobertura de legalidad a toda una serie de decisiones adoptadas previamente por los responsables municipales, pero acordadas pues contra las prescripciones del PGOU y, por lo mismo, absolutamente ilegales. Se trataba pues de varias licencias de segregación, demolición y de obra mayor concedidas a PESF SL que, cuando menos, infringían claramente el PGOU. Es preciso decir que cuando se inicia alguna modificación en un ámbito del PGOU, las licencias deben ser suspendidas. Sin embargo en este caso nada de eso se hizo.

CAJA MADRID EXIGIÓ QUE FUERA APROBADO PREVIAMENTE EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN

En medio de todo ello, los responsables de PESF SL que obviamente también lo eran del Ayuntamiento, acordaron las condiciones de los préstamos hipotecarios por importe de 54 millones de euros con Caja Madrid. Y solo quedaba pues señalar las fincas que iban a ser la garantía de esos préstamos y por lo tanto objeto de las correspondientes hipotecas. Para ello, Caja Madrid exigió que fuera aprobado el correspondiente Proyecto de Reparcelación y, además, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la formalización de esos préstamos y desde luego de la disposición de los fondos autorizados de los préstamos hipotecarios. 

El consejo de administración de Caja Madrid presidido por BLESA y en el que participó también el consejero de IU MORAL SANTÍN, se celebró el día 6 de julio de 2009. Es decir, tres días después de que fuera aprobado el Proyecto de Reparcelación por la Junta de Gobierno, si bien lo fue solo inicialmente. Y allí fue aprobada la propuesta del comité financiero celebrado unas horas antes. Entre otras condiciones, el acuerdo imponía a PESF SL la obligación como se dice de tener debidamente aprobado y registrado el Proyecto de Reparcelación. Era pues una condición necesaria para poder disponer de la pasta.

A la vista de todo lo anterior pues, la entonces Junta de Gobierno Local constituida por todos los tenientes de alcalde del equipo de gobierno formado por IU y PSOE, se reunió con carácter de urgencia el día 3 de julio de 2009 y procedieron a aprobar el repetido Proyecto de Reparcelación que, como se ha dicho en otras entradas, tuvo una tramitación vertiginosa pues solo duró tres días. Algo insólito, pues entró en el Ayuntamiento (aunque ahora nadie sabe cómo pues no hay constancia de que entrara por el Registro General) el día uno de julio y el día tres ya estaba aprobado. Dicho Proyecto además no fue informado por ningún técnico de urbanismo ni tampoco se pasó por la Comisión Informativa de urbanismo. Todo se lo guisaron y se lo comieron los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Como se ha dicho también en otras entradas, el Proyecto de Reparcelación famoso nunca fue sometido a información pública, lo cual no fue óbice para que fuera elevado a escritura pública y sus fincas resultantes (tres; las tres actuales), aportadas por PESF SL como garantía de los préstamos. Naturalmente, entre las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación, estaba agrupada la plaza de España que, como ya todo el mundo sabe, por su condición de bien demanial estaba (y está) fuera del comercio de las cosas y por lo tanto es inembargable. Es pues ese acuerdo de la Junta de Gobierno Local de tres de julio de 2009 (votado por unanimidad de los asistentes entre los que se encuentra el actual portavoz del PSOE), la clave en el delirante devenir de la plaza de España y su inconcebible introducción ilegal en el tráfico jurídico mercantil. Como ya se ha dicho en anteriores entradas, ya en 2010 fuimos objeto de una denuncia por parte del entonces Equipo de gobierno por publicar dos documentos en este blog, que probaban la evidencia de la ilícita agrupación de la plaza de España en dicho Proyecto de Reparcelación aprobado solo inicialmente por la Junta de Gobierno Local en julio de 2009. Este proyecto tenía pues que ser sometido a información pública y a su aprobación definitiva, antes de ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, nada de eso se hizo.

NUESTRA ASOCIACIÓN PIDIÓ QUE SE SOMETIERA A INFORMACIÓN PÚBLICA EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN

El día 21 de marzo de 2012 nuestra Asociación advirtió mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local, que ese Proyecto de Reparcelación aprobado por la propia Junta el día tres de julio de 2009 y luego modificado en otros tantos acuerdos de de 29 de julio del mismo año y 22 de diciembre de 2011, no habían sido sometidos a información pública, razón por la cual se había podido infringir tanto la Ley de suelo del Estado como la de la Comunidad de Madrid. Pero ese escrito nunca fue contestado y, al parecer, ahora habría desaparecido o al menos nadie del Ayuntamiento sabe decir al Juzgado qué se hizo con él.

Naturalmente, al no haber sido sometido a información pública dicho Proyecto de Reparcelación, además de poder ser declarado nulo, se nos ha escamoteado a los ciudadanos la oportunidad de alegar entre otras cosas, que la plaza de España no podía formar parte de las fincas resultantes y mucho menos ser hipotecada. Hay que decir también, que cuando desde este y otros medios se denunciaba todo esto, desde el Equipo de gobierno de entonces no solo procedieron a denunciarnos, sino que negaban una y otra vez que la plaza de España estuviera siquiera hipotecada. Increíble, sobre todo porque nadie del resto del entonces Equipo de gobierno salía a desmentir o corregir lo que evidentemente era una lamentable y descarada mentira.

Dado pues que la Junta de gobierno no solo no daba curso a nuestra petición de 21 de marzo y sin embargo continuaban adoptando decisiones y acuerdos, que ignoraban olímpicamente la palmaria irregularidad de no someter a información pública el Proyecto de Reparcelación, decidimos poner todo en conocimiento de la Fiscalía mediante sendos escritos de 6 de febrero de 2014 y 13 de marzo de 2015. Estos escritos, presentados pues a la Fiscalía del Área Territorial de Alcalá de Henares, fueron estimados por la Fiscal del caso e incorporados pues a la causa. La Fiscal pidió pues al señor instructor del Juzgado 5 que el Ayuntamiento fuera requerido para que aportara una serie de documentos, así como que la entonces Secretaria General Municipal informara al respecto y más concretamente sobre la suerte de ese Proyecto de Reparcelación y la razón por la que no había sometida a información pública.

El Juez del caso que se sigue en el Juzgado 5 dictó en diciembre del año pasado, exactamente ahora hace un año, un Auto en virtud del cual cerraba la instrucción y por lo tanto las partes podían a partir de entonces presentar sus escritos de acusación. Es decir, era el momento inmediatamente anterior a la apertura de juicio oral o del sobreseimiento. La Fiscal del caso ha pedido no obstante nuevas diligencias complementarias, consistentes en tomar declaración a JULIO SETIÉN y JOAQUÍN MARTÍNEZ, así como al arquitecto autor del proyecto de reparcelación y de edificación HERMOSO LERA. Estas declaraciones ya se produjeron en julio y septiembre pasados. También pidió informe y certificaciones al secretario municipal acerca de dicho Proyecto de Reparcelación. El juzgado notificó que se cumpliera lo requerido por parte del secretario lo antes posible en el mes de marzo. Sin embargo no ha sido sino hasta diciembre y tras una nueva reiteración del instructor, cuando el señor secretario municipal se ha dignado contestar al Juzgado. Es decir, nada menos que nueve meses después. Y ello para decir que los expedientes (tres nada menos) relacionados con el Proyecto de Reparcelación famoso han desparecido de los archivos municipales. Y que igual o parecida suerte ha corrido el escrito nuestro presentado en marzo de 2012. Así están pues las cosas.

EL FRACASO DE LA JUSTICIA COMO SÍNTOMA

Cuando se atropellan los derechos de los ciudadanos y mucho más por parte de una administración pública, se recurre como es lógico en una sociedad civilizada, a la justicia que para algo es el otro poder del Estado que la ampara e imparte. Y que además tiene la prerrogativa de fiscalizar también los actos del poder político. 

Nuestra Asociación tuvo conocimiento de una serie de hechos de los que, además, entendía que era víctima y perjudicada, y los puso en conocimiento del Juzgado mediante la oportuna querella presentada en febrero de 2011. Es decir, va ya para casi cinco años. Y a partir de ahí comenzó todo un rosario de vicisitudes cuya peripecia no vamos a repetir por ser más o menos conocidos.

Hay varias causas más abiertas en los Juzgados de Coslada sobre el caso, si bien con diferentes presuntos ilícitos penales. No obstante lo cual sí ha sido posible constatar hasta el momento, que los juzgados están desbordados y atascados, que los retrasos amenazan con incumplir los plazos legales ordenados por la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y que se acumulan sobre una misma causa un sinnúmero de denuncias, o se dilatan en interminables recursos que son verdaderas maniobras dilatorias que vislumbran un esclarecimiento de los hechos ad calendas graecas. 

Pero si el formidable retraso hace inevitablemente ya la entrada de alguna causa en claras dilaciones indebidas y eso es indignante, no lo es menos comprobar cómo desaparecen documentos y expedientes de nada menos que una institución pública y nadie, absolutamente nadie, hace nada. O cómo "desparecen" también actas de WOODMAN SL que pide un juzgado, y sus administradores afirman que las mismas se las llevaron unos ladrones que entraron en enero de 2014. ¿Qué contenían esas actas para que unos ladrones que van a robar dinero de la caja fuerte, se las lleven también. Y que sean precisamente las actas que le pedía el juzgado?

La cuestión es clara y no necesita graves interpretaciones: se destruyen u ocultan pruebas a los juzgados de instrucción del caso PESF SL, haciendo desaparecer documentos y expedientes claves para el esclarecimiento de los hechos. Y, para mayor escarnio, algunos de esos expedientes administrativos completos (tres al menos), han desaparecido nada menos que de una administración pública como es el Ayuntamiento. ¿Qué está pasando pues con las investigaciones judiciales y qué se piensa hacer para evitar pues más destrucción de pruebas y evitar otras que puedan realizarse en el futuro? ¿Por qué la indiferencia de la Fiscalía y de los propios jueces ante estos gravísimos hechos?

Así pues, no solo hay que sufrir interminables instrucciones (también lógicamente para los investigados), sino que desaparecen impunemente documentos y expedientes completos del Ayuntamiento, sin que por lo demás tampoco nadie se inmute. Este es pues el estado de cosas; el fracaso de una justicia en la que creemos los ciudadanos porque no tenemos otra, y porque tampoco tenemos otros medios lícitos alternativos para que sea reparado nuestro perjuicio. No tenemos salida pues.