VIVIENDA PROTEGIDA: LA CORRUPCIÓN INVISIBLE (I)

RAMÓN ESPINAR O LAS TRIBULACIONES FINANCIERAS DE UN SENADOR DE PODEMOS

LA SEDICENTE NUEVA IZQUIERDA
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"No hay nada más revolucionario que especular con una vivienda de VPO"
A. Gramsci
(En versión castiza; de casta, y apócrifa de J.C. Monedero. Prólogo de Jorge Verstrynge, profesor y multipropietario inmobiliario)
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El senador de Podemos Ramón Espinar tuvo un sueño con apenas veinte años cumplidos: hacerse con una vivienda en propiedad. Carecía no obstante de recursos como casi todos los jóvenes de su edad, pues por entonces al parecer estudiaba con una beca de 450 euros/mes. Pertenecía pues al segmento económico que en la jerga del área de Riesgos de la banca se denomina como "demanda insolvente". Sí, Ramón Espinar era un insolvente y sin embargo el BBVA le concedió un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda protegida en Alcobendas, al norte de Madrid.

Cualquier joven en su misma situación hubiera desistido de hacerse propietario, pero esa aspiración ancestral tan nuestra (ésa y la de ser funcionario) pudo más en nuestro senador favorito y, en lugar de alquilar, decidió aprovechar los resortes de nuestro corrompido sistema y hacerse finalmente con una vivienda protegida en una zona chic del norte de Madrid.

La vivienda elegida por Espinar era pues protegida, de las que se conocen como de protección oficial, es decir, financiada con nuestros impuestos. Y se levantaba en una zona de nueva urbanización y sobre una parcela de titularidad municipal del Ayuntamiento de Alcobendas. La parcela en cuestión le fue adjudicada a VITRA, cooperativa de Comisiones Obreras. Quien a su vez y según el pliego de condiciones municipal podía al parecer reservar un 15 % de las viviendas de la promoción para personas que no figuraran en las listas o bolsas de peticionarios. Es decir, la cooperativa de Comisiones se reservaba un porcentaje de viviendas para adjudicatarios VIP. Sin sorteos, reservas o bolsas de espera como los demás mortales.

Además, lo normal es que los pliegos de condiciones de los concursos municipales, establezcan preferencias para solicitantes que se hallen empadronados durante al menos dos años antes en la localidad. En este caso, Alcobendas. Nuestro senador no cumplía tampoco ese requisito.

No tenía Espinar tampoco ahorros para pagar la entrada exigida por la cooperativa de CC.OO, que ascendía más o menos a unos 50.000 €. Esta entrada es la que normalmente se utiliza para pagar el coste del suelo municipal, además de los honorarios de gestora del sindicato que se lleva nunca menos del 3 %, que es donde está el negocio de estas cooperativas sindicales. Y como tampoco tenía otros ingresos que los correspondientes a la beca universitaria, le pidió un préstamo tipo cero al papá, que era prohombre del socialismo madrileño y del gobierno regional de otros tiempos. Y que, además, como otro selecto grupo de privilegiados de la política regional, disfrutó durante muchos años de la canonjía del balneario del consejo de administración de Caja Madrid, designado entonces por su partido el PSOE. También se ha conocido que gozaba con otros consejeros de la Caja del beneficio de una tarjeta opaca fiscalmente y de libre disposición.

LAS PLUSVALÍAS PARA EL QUE LAS TRABAJA

Pero como nuestro célebre senador portavoz hoy de Podemos en el senado y miembro del mismo por designación de la Asamblea de Madrid, era de letras porque había estudiado en la facultad de Políticas de la Complutense recibiendo enseñanzas de Pablo Iglesias, Monedero y Verstrynge (tenedor de un formidable patrimonio inmobiliario por cierto), resulta que al parecer no le habían enseñado que con una beca de 450 euros al mes no era posible pagar una cuota hipotecaria de 500. Algo tan elemental que sin embargo está al alcance de cualquier obrero manual. 

Pero la verdad es que no está claro si es que nuestro flamante senador carecía de cultura financiera simplemente, o por el contrario era gran experto en manejar activos inmobiliarios aprovechando las oportunidades de negocio que ofrece el sistema capitalista, con la complicidad de los agujeros negros que nuestro nefasto sistema político tiene. Y por lo mismo, capaz de convertir en jugosas plusvalías de 30.000 € una inversión de 50.000 y en apenas un año. Lo que solo está al alcance de unos pocos con contactos e influencias, porque si algo tiene este sistema corrupto es precisamente eso, que solo premia a los madrugadores que saben manejarse por los vericuetos de la política y del capitalismo de amiguetes y familiares. Practicando así la más moderna versión del viejo grito revolucionario de Emiliano Zapata, pero adecuada a los tiempos que corren: la plusvalía para el que la trabaja.

Sea como sea, debió de resultarle muy útil a nuestro senador por la gracia de la Asamblea de Madrid,  la magna obra en forma de estudio sobre la vivienda en Andalucía, de otro ilustre becario de la banda y colega de escaño aunque en este caso en el Congreso: el congresista Íñigo Errejón. Obra que también nos ha costado un ojo de la cara a los contribuyentes, porque si algo tiene de vieja esta nueva izquierda, es que casi todos gozan o han gozado de vivir del cuento y de sablear al erario público. Es decir, a nuestros impuestos. 

Errejón tenía pues "necesidad" de hacer un estudio sobre la vivienda en Andalucía, y se "encontró" con otra beca facilitada a dedo en esta caso por un colega del partido de la Universidad de Málaga. Y la verdad es que nos ha deslumbrado con un encargo que lleva por título nada menos que: "La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda". Ahí es nada.

Y nuestro senador por Madrid debió de sentir la llamada de la "desmercantilización" del folleto de Errejón (lástima que la Universidad de Málaga no lo publique), y decidió deshacerse de su vivienda protegida, pero no renunciando a ella, sino vendiéndola claro. Bueno, para los entendidos, decidió desinvertir, pero para el pueblo liso y llano, o sea la gente esa que dicen representar, "dar el pelotazo". Y ello una vez escriturada a su nombre. Asegura que fue entonces cuando cayó en la cuenta de que no podía pagar la hipoteca, algo que solo le ocurre a los muy despistados claro, pues no cabe en cabeza humana que alguien que compre una vivienda, no calcule lo primero si la puede pagar. De modo que se propuso vender la dichosa vivienda, y de este modo realizar unas jugosas plusvalías este virulento dirigente de una asociación luego integrada en Podemos llamada precisamente Jóvenes Sin Futuro. Y así, mientras nuestro senador madrileño y portavoz de Podemos en el Senado, fustigaba desde sus escaños parlamentarios sin piedad a los especuladores de viviendas protegidas, él ponía anuncio de la venta de la suya pero con unas plusvalías de cuarenta mil euros. Y finalmente la vendió sí, previa obtención de unas ganancias de 30.000 € conseguidas en un tiempo récord de apenas un año.

Su jefe, Pablo IGLESIAS, que también vive en una VPO a pesar de haber declarado ingresos el año pasado por sus actividades políticas y profesionales de más de 97.000 €, ha absuelto con todas sus bendiciones a su protegido Espinar de haber cometido irregularidad alguna, alegando que es algo que hace todo el mundo. Es decir, Ramón ESPINAR no ha pecado porque al fin y al cabo el que más y el que menos trinca las plusvalías que puede y hace negocio con las VPO. Y tiene razón Pablo IGLESIAS, solo que ese es el grave e invisible estado de la cuestión: el formidable negocio que han resultado ser las masivas descalificaciones de VPOs durante la burbuja inmobiliaria de los años 2003 a 2008. Algo que el Ministerio de la cosa no tiene contabilizado porque carece de estadísticas y por lo tanto permanece oculto e invisible. 

Es esta una gigantesca bolsa de fraude que se produjo durante la burbuja y que a nadie le interesa estudiar y aflorar, y de las que el caso Espinar es solo la punta de iceberg. Millones de viviendas protegidas del régimen general fueron descalificadas voluntariamente por sus adjudicatarios, abonando los importes en su caso de los intereses subvencionados o de las cantidades facilitadas a fondo perdido y financiados con nuestros impuestos. Y ello con la sola finalidad de proceder, una vez descalificada, a venderla libremente. Las plusvalías obtenidas así por millones de adjudicatarios o beneficiarios de viviendas protegidas en los años ochenta y noventa, que luego descalificaron años después ha sido enorme, porque el gap entre el módulo oficial de las VPO y el precio del mercado se multiplicó fácilmente por cien en los años siguientes por el efecto de la burbuja inmobiliaria. De ahí también que muchos expertos consideren que las administraciones, para hacer una política de viviendas más justa y equitativa, solo debían promover suelo para viviendas en alquiler, pero no enajenar suelo para vivienda protegida en venta que además solo tiene por finalidad hacer caja, y cuyo control acaban perdiendo una vez se han entregado las promociones.

(CONTINUARÁ)

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II

LA VIVIENDA PROTEGIDA EN NUESTRO MUNICIPIO

(Los ingresos perdidos por nuestro Ayuntamiento durante la burbuja)