UNA DUPLA PRODIGIOSA: CIEN DÍAS DE GOBIERNO (I)

CIEN DÍAS (TRIUNFALES) DE GOBIERNO

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Esta semana, el alcalde Corpa y el primer teniente de alcalde Hontecillas, que han asumido sus comparecencias públicas en forma de prodigiosa dupla siamesa, han hecho un triunfalista balance de sus primeros cien días de gobierno en conjunto (PSOE - CIUDADANOS). 

Al mismo tiempo han facilitado un interminable listado de actividades y medidas ejecutadas en estos cien días, para dejar obnubilado a cualquiera que incluso con la más benevolente mirada de la realidad municipal cotidiana, esté dispuesto a aceptar que estos tíos están literalmente embriagados de hiperactividad contabilizando como medidas de gestión cosas a veces peregrinas cuando no directamente delirantes. 

No tenemos espacio aquí para refutar tanto optimismo (el optimismo de la voluntad que diría Gramsci), pero sí vamos a fijarnos en sucesivas entradas algunas cuestiones que anuncian como exitosa gestión del nuevo equipo de gobierno en el limitado plazo de los cien días, porque ciertamente no tienen desperdicio. 

Tanto el alcalde como su lugarteniente de alcalde viven en un mundo virtual y paralelo porque la realidad, para cualquiera que se acerque al Ayuntamiento o tenga necesidad de hacer una simple gestión (por ejemplo en el área de urbanismo), es pavorosamente distinta a como la pintan. Hay que convenir pues que, o bien estos señores no se han dado una vuelta nunca por algunas de las dependencias municipales para comprobar su desértica visión a plena jornada en no pocos casos, o simplemente nos están tomando el pelo.

Analizaremos en sucesivas entradas algunas de las que ellos denominan "medidas" de gestión del equipo de gobierno, pero hoy queremos poner el foco en aquellas cuestiones clamorosas que no cuentan pero que nosotros entendemos que es necesario que el personal las conozca al detalle. Ni ellos lo cuentan, ni la oposición las denuncia, ni tampoco los medios parecen estar por la labor de ofrecerlas y mucho menos de criticarlas. Veamos pues.

BRUTAL INCREMENTO DEL GASTO PARA POLÍTICOS Y CARGOS DE CONFIANZA

El alcalde Corpa y su lugarteniente primero señor Hontecillas, se jactaban en la rueda de prensa que dieron (ante una concurrencia periodística enmudecida), de haber "normalizado" el Ayuntamiento (se supone que se refieren a su funcionamiento), así como de haber desplegado una frenética actividad como nunca se vio en la Corporación, logrando incluso presentar como un logro el hecho de que ya estén trabajando para presentar la Cuenta General de 2017 y 2018. Jamás viose tamaño prodigio.

Sin embargo, lo que no cuentan a nadie es que, de entrada, han aumentado el gasto asignado a la retribución de los cargos políticos y de confianza en nada menos que setecientos cuarenta y cinco mil euros para el actual mandato 2019 - 2023 y  respecto del gasto por el mismo concepto del mandato anterior 2015 - 2019. Ver el cuadro de arriba.

Se jactaban también los conferenciantes de haber elevado y dignificado la labor de la oposición habiendo designado a dos de sus miembros como presidentes de otras tantas comisiones Informativas, retribuyéndolos además con 400 € por comisión celebrada. Nunca se vio tampoco nada igual ni oposición tan sumisa y pesebrera la verdad, al aceptar convertirse en cómplice del gobierno a cambio de nada menos que 400 euros que se lleva cada uno de los dos presidentes de las dos comisiones informativas, y cuya única labor consiste en presidir las sesiones y firmar las actas.

Pero, lo que no cuenta nuestra flamante dupla gubernamental es que, además de incrementar el gasto de retribuciones de los políticos y cargos de confianza respecto del anterior mandato en nada menos que 745.270 € (un 24,18 % más), la casi totalidad de ese incremento se lo lleva el equipo de gobierno, quien se asigna para sí mismo y sus cargos de confianza nada menos que 3.625.747 € frente a 1.668.826 € del mandato anterior. Es decir, el equipo de gobierno se embolsará un 117,00 % más que en el mandato anterior. 

Correlativamente, la participación de la oposición en el conjunto del gasto para retribuciones de políticos y cargos de confianza ha pasado del 45 % en el pasado mandato al 5 % en el mandato actual. Y, correlativamente también, del 54 % de la participación en el gasto para retribuciones de políticos y cargos de confianza durante el mandato anterior para el equipo de gobierno, a nada menos que el 95 % de participación para el equipo de gobierno actual. Sin olvidar que, además, el monto total del gasto por este concepto como se ha dicho antes, será al final del mandato de 745.270 € más y ello sin perjuicio de que lo suban aún más en sucesivos ejercicios.

Esta es una de las innumerables pasmosas realidades que ocultan al personal tras el triunfalismo desatado que exhibe la dupla prodigiosa del alcalde y el primer teniente de alcalde, PSOE y CIUDADANOS, con la aquiescencia enmudecida de oposición y medios periodísticos.

Por lo demás, la página web sigue muda y su canal de transparencia sigue siendo absolutamente opaco cien días después. Seguimos sin conocer una sola de las actas o convocatorias de la Junta de Gobierno desde 2017 ni de los Plenos municipales desde 2018. No hay tampoco información alguna sobre las declaraciones de bienes y tributarias de los corporativos, cuya documentación deben colgar en la web municipal. Y, en fin, cualquiera que haga uso diario de las dependencias municipales para realizar algunos de los trámites ordinarios, observa con espanto la misma desidia y padece el mismo desespero que antes por ejemplo en la tramitación de licencias o autorizaciones, exactamente la misma; nada ha cambiado ni tiene indicios de que cambie. Se nota desde luego que los miembros del equipo de gobierno no hacen uso alguno de esos servicios porque de otra forma no se comprende bien tanto triunfalismo. Tampoco hay noticia alguna sobre la verdadera deuda del Ayuntamiento, y no solo la oficialmente recogida por el Ministerio de Hacienda, sino la no reconocida pero existente por sentencias judiciales desfavorables al Ayuntamiento ya que, por supuesto, siguen ocultando información muy relevante sobre el caso plaza de España a afectados, oposición y opinión pública. Lo dicho, estos señores viven en una realidad paralela.

AVISO A NAVEGANTES

Observamos que, llevados por ese triunfalismo desenfrenado exhibido en la rueda de prensa sobre los cien primeros días de gobierno, el equipo de gobierno está en la creencia de que, contando con mayoría absoluta, pueden torcer la realidad de forma tal que incluso la Cuenta General puede ser aprobada con su sola voluntariosa suma de votos, a pesar de la evidencia ya arrastrada de ejercicios anteriores, de que es metafísicamente imposible hacerlo sin quebrantar gravemente la ley si no se reconoce algo palmario: que las aportaciones municipales a la mercantil Plaza de España fueron ficticias en su mayor parte. Estamos ya hartos de alegar sobre esta cuestión en cada ocasión con resultados nulos ante lo que son clamorosas falsedades en la contabilidad municipal. Si el equipo de gobierno actual piensa caer en la tentación de intentar aprobar la Cuenta General (pendiente desde 2017), alentados por esos oscuros técnicos siempre en la penumbra de las decisiones, en las condiciones en que se han venido presentando hasta ahora (y contra las que el propio grupo municipal socialista votaba siempre en contra), porque crean que la mayoría absoluta puede convalidar el fraude, se equivocan de medio a medio. Están avisados pues.

SEGURIDAD SOCIAL: EL PRECIO DE LA INACCIÓN

LA SEGURIDAD SOCIAL CIERRA EN SAN FERNANDO

CRÓNICA DE UN ESPERPENTO (UNO MÁS)

(O POR QUÉ SUCEDEN TODAS ESTAS COSAS Y LAS QUE NOS QUEDAN POR VER)

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Desde el pasado día 11 de los corrientes, las dependencias de la Seguridad Social en San Fernando de Henares, que daban servicio a Mejorada, Velilla y Loeches también, han cerrado sus puertas trasladando el servicio a Torrejón de Ardoz sin explicación alguna.

San Fernando de Henares tiene muy escasas dependencias del Estado en su municipio salvo un par de ellas en el polígono industrial, y esta de la Seguridad Social era una de cuya presencia y proximidad se beneficiaban numerosos usuarios y vecinos. Pero ha sido cerrada súbitamente pillando al equipo de gobierno municipal de sorpresa (cosa lógica pues están muy ocupados haciéndose fotos), quien solo ha acertado a emitir un balbuciente y lastimero comunicado ante los hechos consumados.

Sin embargo, muy poca gente sabe (porque no quieren saber obviamente, no porque no fuera posible saberlo para quien haya seguido este blog) que, desde el año 2011, el Ayuntamiento y con él sus sucesivos equipos de gobierno, sabían perfectamente que la Seguridad Social estaba buscando un local nuevo para estas dependencias de la Travesía de Monserrat. Y que, para más despiporre, desde primeros de 2012 el Ayuntamiento disponía de ese local acondicionado que previamente la Seguridad Social había aceptado tanto en sus características como en su precio final.

Esta historia tiene una crónica esperpéntica de la que son responsables, muy responsables, singularmente los sucesivos equipos de gobierno habidos incluidos los de SFHSP y la actual de coalición de PSOE y CIUDADANOS. Y una causa que está en el trasfondo de toda esta lamentable frustración: el caso plaza de España, del que son y han sido absolutamente incapaces de afrontar ninguno de ellos. 

Vamos pues a contar la crónica de este asunto y de cómo la estulticia de la política causa tantos estragos a los ciudadanos cuando, en lugar de gestionar eficazmente, se elige a responsables municipales entregados compulsivamente a sesiones interminables de fotogénicas campañas. Es lo que hay.

CRÓNICA DE UN DISPARATE

La Tesorería General de la Seguridad Social y la mercantil PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, habían llegado a un acuerdo para la compra de un local hecho a la medida de las necesidades de la Tesorería pues no en vano en su diseño habían intervenido incluso sus técnicos, con objeto de trasladar las viejas dependencias de la Travesía de Monserrat a la calle Gonzalo de Córdoba con vuelta a la calle Pavía. El precio acordado era de 4,6 millones de euros, y el nuevo local, de 1.600 m2, iba acompañado también de catorce plazas de garaje. Arriba puede verse el escrito que la Subdirectora de la Tesorería dirigía al Ayuntamiento en noviembre de 2011, consignando el acuerdo y la disposición de los fondos para su adquisición.

 El local en cuestión es este que se ve en la fotografía. Se halla prácticamente acabado y tiene su entrada principal por la calle Gonzalo de Córdoba.

Este local sin embargo no se halla autorizado por la licencia de obras otorgada en 2009, y, para su ejecución, fue necesario suprimir hasta nueve viviendas cuando ya estaban construidas y adjudicadas a los propietarios. Para lo cual, fue necesario firmar con ellos nueve anexos a sus respectivos convenios, prometiéndoles a todos ellos que les serían adjudicadas sus viviendas en la UE-3, es decir, en viviendas que en realidad pertenecían a WOODMAN SL y que, una vez más, se les hizo creer que eran de PESF.

Esta circunstancia sobrevenida, obligó a los responsables de la sociedad mercantil mixta a pactar con la empresa constructora de la zona sur ISOLUX CORSÁN, la demolición de las nueve viviendas y la modificación del proyecto inicial amparado por la licencia, lo cual no fue aceptado inicialmente por la constructora si no revisaban el precio del contrato. Cosa que finalmente aceptaron y firmaron los administradores de la sociedad mixta que presidía el alcalde SETIÉN y que añadió un coste más de 1,3 millones de euros. Esta revisión de precios ocasionado por el cambio del proyecto, fue el único incremento que tuvo la ejecución de todas las obras.

La modificación del proyecto inicial fue, como se dice, realizado sobre la marcha sin  que sin embargo fuera comunicado al Ayuntamiento ni por supuesto fuera tampoco objeto de nueva licencia. En definitiva, este local no se halla amparado por licencia municipal alguna, lo cual no impidió seguir adelante con la operación.

Pero la Seguridad Social no puede comprar directamente según las disposiciones legales que la regulan, locales o inmuebles de ninguna clase a los particulares privados ya sean personas jurídicas o físicas. En estos casos, la Seguridad Social está obligada a hacerlo siempre mediante concurso público, lo cual obviamente permite concurrir a otras posibles ofertas.

Y para eludir este inconveniente, los responsables de la Tesorería de la Seguridad Social y los de la empresa mixta y del Ayuntamiento (en realidad estos últimos eran los mismos), idearon un fraude de ley consistente en que, si la empresa PESF cediera el local al Ayuntamiento entonces la Tesorería podría realizar directamente la compra a la Corporación, pues si bien las disposiciones legales prohíben a la Seguridad Social adquirir directamente los inmuebles que necesite a los particulares, sin embargo sí puede hacerlo a cualquiera de las instituciones públicas. En este caso al Ayuntamiento.

De modo que, los entonces responsables municipales se pusieron rápidamente de acuerdo, y el día 29 de diciembre de 2011, comparecían ante el señor notario el consejero delegado de PESF y el señor alcalde para realizar, mediante su elevación a pública, la transacción: PESF cedía (en realidad donaba) el local de 1.600 m2 y sus catorce plazas de garaje al Ayuntamiento. Pero con una cláusula modal que imponía a su vez al Ayuntamiento la obligación de vender a la Seguridad Social dicho local por el precio de 4,6 millones de euros en el plazo de un mes. Como puede verse, el fraude de Ley pactado entre la Tesorería, el Ayuntamiento y PESF no podía ser más burdo.

Para poder ejecutar el plan fraudulento, una vez más recurrieron los responsables municipales a la Junta de Gobierno Local quienes, en su sesión de 22 de diciembre de 2011 (día de la lotería), acordaron modificar una vez más el famoso Proyecto de Reparcelación de la UE-1, lo cual propiciaba, entre otras cuestiones, la individualización de la finca registral del local y las plazas de garaje. Esta modificación del Proyecto de Reparcelación (que nuestra asociación tiene recurrido ante los tribunales porque no fue sometido a información pública), fue directamente presentado al Registro de la Propiedad para su inscripción mediante un simple certificado del Secretario, pero el Registro no lo admitió.

No obstante el rechazo del Registro de la Propiedad a inscribir el Proyecto de Reparcelación, la falta del trámite de información pública del mismo y el patente fraude de Ley, puesto que de lo que se trataba era de eludir por parte de la Tesorería la obligación de convocar un concurso público para su adquisición, utilizando para ello al propio Ayuntamiento, el procedimiento siguió adelante. 

Así, el Ayuntamiento pleno en su sesión de 26 de enero de 2012 aceptó la donación modal de los inmuebles cedidos por PESF (cuando ya prácticamente estaba en quiebra y tenía demandas judiciales por impagos), por importe de 4,6 millones de euros. Eso sí, con el acuerdo se alteró unilateralmente el plazo dado en la escritura de un mes para ejecutar la transacción, quedando dicha cláusula redactada de forma que el Ayuntamiento no quedaba sometido a plazo alguno para ejecutarla, probablemente porque en el equipo de gobierno ya sabían y conocían de primera mano que el Registro había rechazado la inscripción registral del Proyecto de Reparcelación.

El acuerdo del Ayuntamiento para aceptar la cesión de los inmuebles por parte de PESF con destino a la Tesorería de la Seguridad Social, salió adelante gracias a la abstención calculada del PSOE (como por otra parte fue muy frecuente entonces), dando luz verde con ello a lo que a todas luces era un monumental fraude de ley, que además modificaba unilateralmente el plazo de un mes dejando libre al Ayuntamiento para cumplir la obligación cuando quisiera sin plazo alguno y, además, el expediente adolecía de falta de los informes preceptivos del Secretario y del Interventor. 

La donación al Ayuntamiento no solo estaba respaldada así por la escritura pública del 29 de diciembre de 2011, sino también por el acuerdo plenario de 26 de enero de 2012. Quedó pues de esta forma trabada la transacción, siendo desde entonces propietario de los inmuebles el Ayuntamiento si bien destinados a su venta a la Tesorería de la Seguridad Social porque así lo aceptó entonces. El negocio jurídico pues, mientras no sea revisado, quedó perfeccionado a todos los efectos en esa sesión plenaria y así continúa al día de hoy.

Aquí vemos al alcalde Corpa interviniendo entonces como portavoz del grupo municipal del PSOE anunciando la abstención de su grupo. Abstención calculada que sin embargo sirvió para consumar la donación a pesar del clamoroso fraude de ley. Desde esa fecha, el Ayuntamiento tiene incorporado a su patrimonio los inmuebles donados por PESF.

COMIENZA EL ESPECTÁCULO

Este asunto de la donación de los inmuebles por parte de PESF al Ayuntamiento, para su posterior venta a la Tesorería de la Seguridad Social con objeto de trasladar sus dependencias insuficientes de la Travesía de Monserrat, ha pasado por toda una serie de peripecias que revelan el lamentable funcionamiento de nuestras instituciones, incluida la justicia española y singularmente la mercantil, a raíz sobre todo de la declaración del concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil numero 6 en enero de 2013, cuyo titular, el Juez Vaquer, vemos arriba en la fotografía.

Así, este Juez acordó mediante un Auto de noviembre de 2016, adjudicar todos los activos de PESF a la sociedad mercantil PACÍFICA CAPITAL GESTIÓN SL vinculada a fondos buitres americanos de inversión. Y, entre esos activos adjudicados se hallaban, además de la plaza de España, estos inmuebles que sin embargo la concursada PESF había cedido en diciembre de 2011 al Ayuntamiento con destino de su venta a la Tesorería de la Seguridad Social.

El empecinamiento del Juez de lo Mercantil en adjudicar los activos de PESF a la mercantil PACÍFICA CAPITAL es desde luego digno de reseñar, pues fue advertido en varias ocasiones por varios de los acreedores personados en el procedimiento como puede verse, de que, entre esos activos adjudicados, se hallaban inmuebles que no pertenecían ya a la concursada. Pero el Juez hizo caso omiso una vez más a las advertencias pues le daba absolutamente igual. Adjudicó pues todos los bienes a la mercantil instrumental de los fondos buitre americanos.

En realidad, el responsable más directo de este formidable desaguisado es el administrador concursal de PESF, D. PEDRO MARTÍN MOLINA, quien, en sus informes inicial y definitivo, aseguraba contra toda evidencia que no se había producido ninguna transacción en los dos años anteriores a la declaración del concurso. Algo que obviamente era absolutamente falso.

El administrador MARTÍN fue citado como testigo en una de las causas penales abiertas en los juzgados de Coslada por el caso plaza de España. Y, tras varias citaciones porque este hombre acude a los juzgados solo cuando quiere o cuando le apetece, fue preguntado por esa circunstancia: cómo era posible que en sus informes dijera que no se habían producido ni cesiones ni donaciones de activos de la concursada PESF a terceros, cuando era notorio que se habían cedido inmuebles al Ayuntamiento por importe de 4,6 millones de euros en diciembre de 2011. Es decir, apenas un año y medio antes.

El Administrador no supo sin embargo responder a tan clamoroso fallo y le echó la culpa a sus subordinados. A lo cual la juez advirtió que la falta del ejercicio de retroacción en el periodo de los dos años anteriores al concurso, podría traer consecuencias para él. Sin embargo, al parecer nadie pidió su imputación entonces. Lo cual ha permitido que este caballero siga insistiendo ante el Juez concursal en el cumplimiento del Auto referido de adjudicación de los activos a PACÍFICA CAPITAL.

Estando así las cosas, nuestra asociación presentó una denuncia ante la Fiscalía, advirtiendo que el Juez de lo Mercantil estaba adjudicando activos y bienes a un fondo buitre, que sin embargo eran propiedad del Ayuntamiento. Además de la plaza de España y otros bienes demaniales, obviamente también el local de 1.600 m2 y las catorce plazas de garaje que el 26 de enero de 2012 había aceptado en su sesión plenaria.

En dicha denuncia pedíamos a la Fiscalía la urgente decisión de que el Juzgado número 5 donde se seguía el procedimiento penal a instancia de una querella presentada por nosotros en el año 2011, adoptara medidas cautelares para que no se consumara el atropello de que, bienes que pertenecían al Ayuntamiento y no a la concursada, fueran sin embargo adjudicados al fondo buitre. De forma que el Juzgado, efectivamente, siguiendo las pautas pedidas por la Fiscalía y que nosotros pedíamos, dictó un Auto el día 12 de enero de 2017 (ver la imagen de arriba) en virtud del cual se requería al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, para que dejase sin efecto la adjudicación acordada para los inmuebles referidos que pertenecían al Ayuntamiento. Se salvó así in extremis la aparatosa barbaridad perpetrada por el Auto del Juzgado concursal.

Pero el esperpento sobre este asunto continuará hasta nuestros días, por cuanto que bajo el mandato de SFHSP y de CATALINA RODRÍGUEZ, con ocasión de la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016 (tramitada sin embargo en 2018), ya advertíamos nosotros en alegaciones presentadas a la misma que dicha Cuenta General de 2016 adolecía de graves omisiones. Entre otras, la falta de contabilización del valor de los inmuebles recibidos de PESF y aceptados por el Ayuntamiento en su sesión de 26 de enero de 2012. Advertencia que todo el equipo de gobierno de entonces se pasó por el forro, haciendo suyo el informe de la señora interventora que puede verse arriba y que indica que ella no tenía conocimiento de tal donación. 

Ahí lo tienen ustedes: el Ayuntamiento recibió una donación por importe de 4,6 millones de euros consistente en un inmueble de 1.600 m2 y catorce plazas de garaje en diciembre de 2011, esa donación se instrumentó mediante el otorgamiento de una escritura pública y el correspondiente acuerdo plenario de aceptación, y la interventora se permite decir que ella no tiene conocimiento de nada de eso. 

Así se despachó la persona que tiene (tenía) a su cargo la función de la fiscalización y el  control de todos los actos y acuerdos municipales. Y, lo que es más indignante, el equipo de gobierno no se quiso dar por enterado suscribiendo el informe de la interventora y votando a favor de la aprobación de la Cuenta General de 2016. Cosa que también hizo la mayoría de la oposición que se lavó las manos absteniéndose como si la cosa no fuera con ellos.

Particularmente incomprensible resulta el comportamiento del actual alcalde Corpa acerca de este asunto de la Tesorería de la Seguridad Social, pues él es uno de los pocos privilegiados (casi el único), que se halla personado en el concurso de acreedores de PESF sin que, sin embargo, se entienda el porqué. 

Y es que, ciertamente, resulta bastante incongruente que ahora, cuando la Tesorería ha decidido abandonar el pueblo para llevarse los servicios a Torrejón, adonde tendrán que desplazarse desde ahora los muchos usuarios locales, sin embargo no hiciera nada, ni desde su personación en el concurso de acreedores ni estando en la oposición (ya vimos que en el pleno de enero de 2012 se abstuvo para facilitar la operación), y mucho menos ahora ya como alcalde, para clarificar y depurar la situación de esos inmuebles, y evitar así que la Tesorería de la Seguridad Social levantara su vuelo del municipio. Y sin embargo nos encontramos con que ahora hay un local de 1.600 m2 de propiedad municipal, que además no se ha pagado, y con nueve propietarios esperando a que se les adjudiquen las viviendas de la UE-3 que les prometieron y que no existen porque se les engañó de forma irresponsable.

El alcalde Corpa no solo conocía perfectamente la existencia de esos inmuebles y su destino para la Tesorería de la Seguridad Social (ver el acta del pleno de 26 de enero de 2012 donde se debate largamente sobre el tema, incluidas las intervenciones del propio portavoz del PSOE entonces), sino que en el año 2016 y estando en la oposición, se personó en uno de los muchos incidentes del concurso de acreedores, si bien ya decimos que no entendemos bien cómo se le permite su personación pues no es acreedor de PESF. Y en ese incidente, lo único que le preocupaba al señor CORPA era el precio aceptado a PACÍFICA CAPITAL (27,5 millones de euros), estimando por su parte que era poco dinero y que debía de ser incrementado. Es decir, que el señor Corpa, tal vez sin saberlo, lo que estaba haciendo era pedir más dinero, pero ¡para Bankia! que era la verdadera beneficiaria de esa petición formulada ante el Juez concursal. Pero no dijo ni una sola palabra acerca de los bienes de titularidad municipal que el juez estaba sin embargo adjudicando al fondo buitre. Al señor Corpa solo le preocupaba eso, que Bankia iba a cobrar muy poco por la operación, no la suerte de los bienes demaniales (la plaza de España incluida), ni, por supuesto, los inmuebles de la Tesorería que ya pertenecían al Ayuntamiento.

Luego incluso el señor Corpa, junto con otros acreedores (estos sí a diferencia del señor Corpa), recurrieron en apelación ante la Audiencia Provincial, quien sin embargo confirmó el aberrante Auto del Juez concursal con condena en costas incluido.

EL PRECIO A PAGAR

El equipo de gobierno al completo (queremos decir con los dos partidos de PSOE y CIUDADANOS claro), se halla muy entretenido practicando sesiones de selfies compulsivamente, ya arreglando un bache o poniendo una bombilla en una calle, cuando no a la caza del mosquito. Todo vale como pretexto para exhibir ante el personal una engañosa hiperactividad que, sin embargo, ha de rendirse a evidencias como esta: servicios esenciales como los atendidos desde las oficinas de la Seguridad Social, dejaron de prestarse por decisión unilateral de la Tesorería, mientras todo el equipo de gobierno se halla entregado a una verdadera orgía de selfies y reportajes, haciendo las cosas más peregrinas la mayor de la veces, cuando no directamente ridículas.

Pero, mientras el equipo de gobierno se divierte en este apabullante despliegue de narcisismo telegénico, suceden cosas graves que silencian u ocultan deliberadamente y casi todas ellas están relacionadas con el caso plaza de España. Es el precio que ahora estamos pagando. La Tesorería de la Seguridad Social se va del municipio, mientras que desde 2012 el Ayuntamiento dispone del local ya preparado para acoger sus instalaciones y aceptado en su precio, pero cuyos sucesivos gobiernos no han sabido ni podido depurar en estos largos siete años desde el acuerdo. Pero nada más provocador que tapar esta demostración de incompetencia con abrumadoras campañas de propaganda fotográfica.

Y, ya que ellos no hablan ni informan ni ponen remedio, hablaremos nosotros. De modo que emplazamos a todos nuestros seguidores a que estén atentos a la pantalla en los próximos días, porque, pasados ya más de los cien desde que tomaron posesión, vemos que el actual equipo de gobierno ha decidido solapar los problemas con sesiones interminables de fotos y reportajes, pero ocultando los hechos más graves, o, como en el caso del abandono del municipio la Tesorería de la Seguridad Social, despacharlo con un simple comunicado que revela que no se enteraron de nada porque andaban muy entretenidos en sesiones masivas de fotos. 

Pues bien, vamos a poner a prueba en las próximas semanas la verdadera capacidad de resilencia de un equipo de gobierno frente a la catástrofe que se avecina, y que no podrán ocultar mediante bochornosas sesiones de fotografías que nunca se haya visto en Ayuntamiento alguno. Atentos pues a la pantalla.

PRIVATIZAN LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE URBANISMO

EL QUE FUERA CONCEJAL DE URBANISMO CON SFHSP SIGNATARIO DE LOS CONTRATOS A DEDO  DEL ÁREA DE URBANISMO,  JOAQUÍN CALZADA, Y LA ENTONCES ALCALDESA CATALINA

O CUANDO CREÍAMOS QUE YA LO HABÍAMOS VISTO TODO

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EN UNA DE LAS ENTRADAS DEL PASADO MES DE JUNIO DENUNCIÁBAMOS LA EXISTENCIA DE LOS DOS CONTRATOS DE ARRIBA, DE LOS QUE ERAN BENEFICIARIOS QUIEN FUERA ARQUITECTO MUNICIPAL ADSCRITO PUES A LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE URBANISMO, Y LA SOCIEDAD MERCANTIL PROFESIONAL DIAPLAN PROPIEDAD DE QUIEN ES EL REDACTOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN FERNANDO DE HENARES DE 2002.

DADO QUE SE TRATA DE CONTRATOS QUE DENOMINAN MENORES QUE SE FIRMARON EL MISMO DÍA (EUFEMISMO BAJO EL QUE SE AMPARAN LA MAYOR PARTE DE LOS CONTRATOS DADOS A PURO DEDO), Y QUE AMBOS TENÍAN UN OBJETO CONFUSO PERO APARENTEMENTE RELACIONADOS, PROCEDIMOS A PEDIR QUE SE NOS DEJARA CONSULTAR ESTOS EXPEDIENTES QUE, ADEMÁS, NO HABÍAN SIDO PUBLICITADOS SINO QUE SE HABÍAN CONTRATADO DIRECTA Y DISCRECIONALMENTE EN EL MES DE MARZO PASADO, POR QUIEN ERA ENTONCES EL CONCEJAL DE URBANISMO POR SAN FERNANDO DE HENARES SÍ PUEDE (AHORA DE MÁS MADRID), JOAQUÍN CALZADA.

TRAS UNA LARGA ESPERA CON AGOSTO DE POR  MEDIO, SE NOS COMUNICÓ LA AUTORIZACIÓN PARA  EXAMINAR AMBOS EXPEDIENTES CON LA SORPRESA (SI ALGO PUEDE YA SORPRENDERNOS EN ESTE AYUNTAMIENTO), DE QUE EN REALIDAD DE LO QUE SE TRATA ES DE DOS CONTRATOS CON LA MISMA FINALIDAD: LA ABSOLUTA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE URBANISMO. VER PARA CREER.

PERO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PATENTE ILEGALIDAD EN QUE INCURREN ESTOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO QUE EL QUE FUERA ARQUITECTO DEL ÁREA PERO YA JUBILADO, ASÍ COMO LA EMPRESA PROFESIONAL DIAPLAN SAP DEL ARQUITECTO CARLOS SÁNCHEZ CASAS, REDACTOR DEL PGOU VIGENTE Y DEL ANTERIOR, INFORMEN EXPEDIENTES DE URBANISMO RELACIONADOS CON EL PLANEAMIENTO O SU GESTIÓN, LO INSÓLITO, COMO DECIMOS, ES QUE AMBAS PERSONAS, POR MUY APRECIABLES QUE SEAN SUS MÉRITOS Y SU INDUDABLE CAPACIDAD PROFESIONAL, INCURREN EN PATENTES SUPUESTOS DE ABSOLUTA INCOMPATIBILIDAD. LO CUAL AÑADE UN PLUS DE SURREALISMO AL CASO, POR CUANTO QUE NI SIQUIERA SE HAN RECATADO O MOLESTADO EN CONTRATAR A OTRAS PERSONAS (AUNQUE HUBIERA SIDO IGUALMENTE ILEGAL), SINO QUE LO HAN HECHO PRECISAMENTE CON DOS QUE, POR SUS VINCULACIONES CON LOS SECTORES EN UN CASO Y POR SU CONDICIÓN DE JUBILADO EN EL OTRO, SIMPLEMENTE NO PUEDEN REALIZAR ESTAS TAREAS RETRIBUIDAS ADEMÁS POR EL AYUNTAMIENTO COMO SERVICIO DE CONSULTORÍA TÉCNICA. CUANDO EN REALIDAD EL OBJETO DEL CONTRATO DEMUESTRA QUE SE TRATA DE QUE INFORMEN EN EXPEDIENTES CUYA FUNCIÓN ESTÁ RESERVADA SOLO A PERSONAL FUNCIONARIO MUNICIPAL.

POR OTRA PARTE, ESTOS MANIFIESTAMENTE ILEGALES CONTRATOS SE JUSTIFICAN SOBRE LA BASE DE QUE EL ÁREA DE URBANISMO SE HALLA LITERALMENTE COLAPSADA. LO CUAL ES VERDAD Y DAMOS FE, A CONDICIÓN DE QUE SE ENTIENDA POR COLAPSADA UN ÁREA DONDE EL MISMO DÍA QUE NOSOTROS LA VISITAMOS, DE UN TOTAL DE MEDIA DOCENA DE MESAS A LA VISTA SOLO UNA DE ELLAS ESTABA OCUPADA POR UN FUNCIONARIO. CIERTAMENTE PUES, HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE EL ÁREA DE URBANISMO SE HALLA COLAPSADA TAL Y COMO SE JUSTIFICA EN LA CONTRATACIÓN, PERO POR PURO DESISTIMIENTO DE SUS AUTORIDADES, COMENZANDO POR LA EXTRAÑA AUSENCIA DE QUIEN FUE NOMBRADA INICIALMENTE CONCEJALA DE LA COSA PARA LUEGO RENUNCIAR, PERO ACUMULANDO AHORA ESA CONCEJALÍA A LA DE DEPORTES Y JUVENTUD PORQUE ES ESE CONCEJAL AL PARECER QUIEN SE HACE CARGO DE LA MISMA. TODO CIERTAMENTE ESPERPÉNTICO E IMPROPIO DE UN AYUNTAMIENTO DE CUARENTA MIL HABITANTES.

DE INCOMPATIBILIDADES Y OTRAS VINCULACIONES

LA CONTRATACIÓN DE DIAPLAN, UNA EMPRESA PRIVADA AL FIN Y AL CABO, PARA QUE INFORME EXPEDIENTES MUNICIPALES ES SENCILLAMENTE UN DISPARATE Y UNA ABERRANTE ILEGALIDAD. COMO ES, DESDE LUEGO, LA DEL ARQUITECTO QUE SE JUBILÓ EN SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO Y EN MARZO DE ESTE AÑO LO INVITARON A HACER JUSTAMENTE LAS MISMAS TAREAS DE LAS QUE SE JUBILÓ PERO AHORA DESDE SU CASA Y CON UNOS HONORARIOS SUPLEMENTARIOS CALCULADOS A TANTO ALZADA (ES CURIOSO QUE AMBOS CONTRATOS SEAN POR EL MISMO IMPORTE Y SE FIRMEN EL MISMO DÍA). Y A QUIEN CONTRATAN IGUALMENTE PARA QUE REALICE LOS MISMOS TRABAJOS QUE HACÍA CUANDO FORMABA PARTE DE LA PLANTILLA MUNICIPAL PERO AHORA COMPATIBILIZANDO ESO (Y LOS HONORARIOS, CLARO) CON SU JUBILACIÓN. INENARRABLE TODO.

POR SU PARTE, DIAPLAN SAP ES UNA EMPRESA PROFESIONAL DE CARLOS SÁNCHEZ-CASAS, REDACTOR DEL PGOU, PERO TAMBIÉN CONTRATADA MEDIANTE OTROS ENCARGOS PRIVADOS HECHOS POR LOS PROPIETARIOS O LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA QUE REDACTE PLANES PARCIALES O SUS MODIFICACIONES (CASO POR EJEMPLO DEL SECTOR SUP I 4 EL RAYO) DE CUYA JUNTA DE COMPENSACIÓN ES SECRETARIA SU PROPIA HIJA. ASÍ COMO EL HECHO DE QUE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA MISMA EMPRESA CONTRATADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA EMITIR INFORMES SOBRE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO Y URBANISMO EN GENERAL, SE COMPARTA CON UNA ENTIDAD URBANÍSTICA DE COLABORACIÓN CONSTITUIDA POR LA MAYORÍA DE ESOS MISMOS SECTORES O JUNTAS DE COMPENSACIÓN TAL Y COMO PUEDE APRECIARSE EN EL DOCUMENTO DE ARRIBA. 

ESTO QUIEBRA TOTALMENTE EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD Y CONCULCA DE MANERA GROSERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 103 QUE ESTABLECE QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SIRVE CON OBJETIVIDAD A LOS INTERESES GENERALES. ADEMÁS DE PONER EN RIESGO OTRAS CUESTIONES.

DIAPLAN SAP SE HALLA VINCULADA COMO PUEDE VERSE ARRIBA, A NUMEROSOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE. PRÁCTICAMENTE A TODOS QUE, A SU VEZ, SE HALLAN TAMBIÉN VINCULADOS ENTRE SÍ PORQUE ASÍ LO DISEÑÓ (Y SE ACORDÓ) EL PROPIO REDACTOR DEL PGOU, POR SUS OBLIGACIONES COMUNES PARA LA EJECUCIÓN Y/O FINANCIACIÓN DE MUCHOS DE LOS SISTEMAS GENERALES. ALGUNOS DE LOS CUÁLES HAN DE SER FINANCIADOS POR TODOS ELLOS EN SU CONJUNTO. 

¿CÓMO ES POSIBLE PUES QUE SE CONTRATE A ESTA EMPRESA PARA QUE EMITA INFORMES EN EXPEDIENTES DE URBANISMO Y DE PLANEAMIENTO, SI ESTÁ A SU VEZ CONTRATADA POR ALGUNOS DE ESOS SECTORES PARA REDACTAR PRECISAMENTE PLANES Y PROYECTOS QUE HAN DE SER SOMETIDOS A APROBACIÓN DEL MISMO ÁREA QUE LA HA CONTRATADO (COMO SI FUERA UN FUNCIONARIO) PARA INTERVENIR MEDIANTE INFORMES EN ESOS MISMOS EXPEDIENTES CON INTERESES EN JUEGO DE SUS CONTRATANTES PRIVADOS? 

¿A QUE DESNORTADO LUMBRERA SE LE HA OCURRIDO SEMEJANTE DISPARATE QUE CLAMA POR SU MANIFIESTA ILEGALIDAD? ¿A ALGUIEN SE LE PUEDE PASAR POR LA CABEZA, QUE LOS TÉCNICOS DE URBANISMO QUE TIENEN QUE INFORMAR LOS EXPEDIENTES Y PROYECTOS SE HALLEN CONTRATADOS A SU VEZ POR LOS INTERESADOS Y PROPIETARIOS DE LOS MISMOS, COMO EN LOS TIEMPOS DE ARQUITECTOS HONORARIOS PERO EN ESE CASO INCLUSO COBRANDO DEL AYUNTAMIENTO? PUES ESO ES ESTO.

DE LA OPERACIÓN GUATEQUE A LA PRIVATIZACIÓN DEL URBANISMO POR RUIZ GALLARDÓN; EL MISMO MODELO PARA SAN FERNANDO

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En el año 2007 saltaba a la prensa una operación (de las muchas de Madrid) llevada a cabo por la Guardia Civil conocida como "caso Guateque". Hubo detenciones de varios funcionarios de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, así como de otros también de la Junta de Distrito de Retiro. Todos ellos relacionados con el urbanismo. 

La redada (cuya peripecia judicial acabó con el sobreseimiento por la anulación de las pruebas obtenidas al parecer ilícitamente por la Guardia Civil), además de destapar un gigantesco caso de corrupción funcionarial, puso en evidencia otra cuestión: el formidable colapso de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid en materia de la concesión de licencias. Colapso que era aprovechado por algunos funcionarios adscritos a la Gerencia de Urbanismo o las unidades correspondientes de las Juntas, para cobrar coimas por agilizar o acelerar los trámites de los ingentes expedientes que se acumulaban meses y meses para obtener las licencias de apertura o de actividad de negocios y actividades.

Esta caótica situación, llevó al entonces alcalde Ruiz Gallardón a adoptar una medida drástica: la privatización total del servicio de informes y certificaciones de los servicios de urbanismo. Esta decisión tenía un precedente además: la privatización también de las inspecciones de la ITE para los edificios de más de diez años de Madrid, incorporado incluso con rango de disposición legal en la actual Ley de suelo de la Comunidad de Madrid. Lo que ha provocado la más aberrante y sistémica corruptela consistente en que las actas de inspección de los edificios las levantan y las firman los mismos técnicos (encomendado al Colegio de Arquitectos Técnicos), que luego formarán parte de la dirección facultativa de las obras si el edificio tiene un informe desfavorable. Así funciona este asunto: una función inspectora eminentemente pública pero convertida en un formidable negocio privado.

El alcalde Gallardón creó pues un llamado Organismo Autónomo Local de Gestión de Licencias de Actividad, que permite adherirse a la misma a despachos y estudios privados de técnicos (ingenieros, arquitectos, etc) a quienes se encomendaba la realización de funciones propiamente funcionariales (informes, certificaciones, etc.). A cambio, el particular, que se veía obligado pues a utilizar estos "servicios privados", tenía obviamente que retribuirlos por sus servicios además de abonar las respectivas tasas municipales. Por ello pagaban dos veces los mismos servicios. Todo una gran cacicada y gran negocio privado a costa de un servicio público "colapsado".

Estas prácticas sin duda han abierto las puertas a la quiebra más absoluta del principio de servicio público que consagran las diferentes legislaciones urbanísticas (curiosamente suprimido en la vigente Ley de suelo de 2015 del PP), y constituyen también un patente riesgo de sistemática corrupción amparada sin embargo por una Ordenanza municipal. Ordenanza que fue llevada a los tribunales por el grupo municipal de UPyD entonces en el Ayuntamiento de Madrid, declarando el Tribunal Supremo nulos una buena cantidad de artículos de dicha Ordenanza.

Ahora, vemos con horror que, en pequeño pero basándose en la misma premisa del colapso de los servicios técnicos de urbanismo, en nuestro Ayuntamiento se incurre en la misma práctica que ya puso en marcha Ruiz Gallardón hace diez o doce años: la absoluta privatización del urbanismo y con ello la huida total del servicio público garante del principio de neutralidad. 

Que sean contratados un arquitecto jubilado del propio servicio del Área, y una empresa con vinculaciones profesionales de la casi totalidad de los sectores de suelo urbanizable (hay más de nueve sectores), para que emitan informes técnicos relacionados con expedientes de planeamiento con los que pueden entrar en colisión por graves conflictos de intereses, aparte obviamente del obligado principio de neutralidad claramente en riesgo, hace que una de las Áreas políticas municipales más importantes, esté bajo justificada sospecha de falta absoluta de neutralidad en el ejercicio de una actividad que solo pueden ejercer, además, los funcionarios que formen parte de la plantilla municipal por acceso limpio de libre concurrencia de méritos y capacidad. Y en absoluto por la caprichosa decisión discrecional de un Concejal, Joaquín Calzada, que, agobiado por la situación de colapso del servicio, aprovechó la ocasión que permite la más absoluta opacidad de los llamados contratos menores, los dividió en dos partes iguales y los adjudicó y repartió sin concurso alguno, sin publicidad y sin concurrencia libre. Adjudicándolos precisamente a las dos únicas personas (en el caso de DIAPLAN obviamente persona jurídica), que no podían ser contratadas para esas tareas por clamoroso vicio de incompatibilidad e incapacidad para esta peculiar contratación. 

En los próximos días nos dirigiremos al alcalde para que proceda a revocar a estos contratos porque son un monumento a, cuando menos, la pura y aberrante arbitrariedad no exenta tampoco de otros efectos más graves. Pero, lo que no conseguimos comprender bien es para qué sirve (servía en este caso por tratarse del anterior mandato) la oposición. Cinco concejales liberados y otros tantos asistentes y asesores con más de la mitad del presupuestos para los políticos gastado en ellos, y sin embargo permiten todo esto o no se dan por enterados. 

Es urgente y perentorio que los grupos municipales tomen conciencia del lamentable estado de funcionamiento de este vital servicio o, en todo caso, vigilen más de cerca qué es lo que está pasando en esa concejalía donde, para que no faltara de nada, ahora se vienen a mezclar con los Deportes y la Juventud en una frivolidad inexplicable del alcalde. Que no se tengan (tengamos todos) que arrepentir de esta absurda e inquietante situación a la que nadie parece interesa poner remedio.

URBANISMO: UN SERVICIO DESCABEZADO

El nombramiento de la concejala de la cosa en junio pasado se saldó con su renuncia comunicada en el último pleno por razones personales, si bien al parecer sigue siendo concejala y además portavoz del PSOE. Lo cual ha descabezado totalmente este importantísimo Área, ya que, en un juego incomprensible, el alcalde ha delegado estas competencias junto con las de Deportes y Juventud. Insólito. La Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible (urbanismo e industria de toda la vida), Deportes y Juventud. El resultado, lo hemos podido comprobar en sucesivas visitas que hemos tenido que realizar a los servicios de urbanismo: la ausencia más absoluta de alguien que mande o dirija dicho esencial servicio. 

Una prueba de ello es el famoso expediente de la gasolinera de la foto de abajo y que ya denunciamos en su día, porque está funcionando sin licencia desde hace muchos meses, y cuyo expediente alegamos el mes de junio (se trata de un expediente que al parecer lleva en el Área de Urbanismo desde el 2018). Buenos pues así sigue esta actividad al día de hoy: sin licencia pero a pleno funcionamiento. El área de Urbanismo no solo está literalmente en colapso y descabezada, sino que se halla totalmente a la deriva y abandonada a su suerte. Y esto es solo la punta del iceberg.

ESTA GASOLINERA DE REPSOL CARECE DE LICENCIA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL. LO SABEN DESDE EL MES DE JUNIO PASADO EN QUE PRESENTAMOS ALEGACIONES Y LO DENUNCIAMOS. Y ASÍ SIGUE. NI HAN CONTESTADO A NUESTRAS ALEGACIONES NI TAMPOCO HAN PRECINTADO LA ACTIVIDAD QUE CARECE, ADEMÁS, DE INFORME AMBIENTAL. LES VAMOS A DAR DE PLAZO HASTA PRIMEROS DE OCTUBRE. SI ENTONCES NO HAN TOMADO MEDIDAS LO DENUNCIAREMOS A LA FISCALÍA. ESTO ES SOLO UNA DEMOSTRACIÓN, UNA MÁS, DEL FORMIDABLE CAOS QUE HAY EN EL ÁREA DE URBANISMO DONDE REINA LA MÁS ABSOLUTA DESIDIA Y DESORGANIZACIÓN.

POR QUÉ HEMOS LLEGADO A ESTO: CRÓNICA DE UN EXPOLIO (II)

LA DESPATRIMONIALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO SE PRODUJO DE FORMA ALEVOSA EN VARIOS PERIODOS. UNO PRIMERO QUE PODEMOS DATAR ENTRE 1936 Y 1963. Y EL SEGUNDO ENTRE 1996 Y EL AÑO 2008. ACOMPAÑADA ESO SÍ DE LA CASI TOTAL DESTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES QUE TUVIERON SU ÚLTIMO HITO EN LOS AÑOS SESENTA CUANDO FUE DEMOLIDA LITERALMENTE LA QUE ERA LA REAL CASA DE ADMINISTRACIÓN PARA LEVANTAR LO QUE HOY ES EL COMPLEJO DEL COLEGIO EL PILAR.

ARRIBA, EN ROJO, LAS PROPIEDADES QUE PERDIÓ EL AYUNTAMIENTO EN EL PRIMER PERIODO. ABAJO, EN AMARILLO, LO QUE SE HA PERDIDO EN EL SEGUNDO PERIODO. EN ESTE ÚLTIMO SE PRODUJO LA PÉRDIDA DE LA PLAZA DE ESPAÑA NADA MENOS. 

LA ESCRITURA DE CESIÓN DE 1888

ESCRITURA DE CESIÓN AL MUNICIPIO REALIZADO POR EL ESTADO CON FECHA DE 1888 Y OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE ALCALÁ DE HENARES D. GREGORIO AZAÑA, PADRE DEL QUE FUERA PRESIDENTE DE LA II REPÚBLICA. 

MEDIANTE ESTA ESCRITURA NO SOLO SE CEDÍAN LAS CALLES, LAS PLAZAS Y LOS CAMINOS, SINO TAMBIÉN UN FORMIDABLE PATRIMONIO AMBIENTAL DE NADA MENOS QUE 3.183 ÁRBOLES VALORADOS ENTONCES EN 9.713 PESETAS. ESTE PATRIMONIO ESTABA MEJOR VALORADO QUE TODOS LOS DEMÁS CEDIDOS PORQUE PERMITÍA AL AYUNTAMIENTO OBTENER DE ÉL MAGROS RECURSOS ECONÓMICOS.

TAMBIÉN EL PATRIMONIO DE LOS ÁRBOLES

HOJAS KILOMÉTRICAS DE 1865 QUE ACREDITAN QUE SAN FERNANDO TENÍA FORMIDABLES PASEOS ARBOLADOS QUE FUERON CEDIDOS AL AYUNTAMIENTO POR EL REAL PATRIMONIO EN 1888 EN RÉGIMEN DE CENSO. 

NADA MENOS QUE 3.183 ÁRBOLES MENOS 45 QUE HABÍAN SIDO DERRIBADOS POR UN VENDAVAL EN AQUELLAS FECHAS. EN LA ESCRITURA SE RECOGE ESA CIRCUNSTANCIA QUE INDICA QUE YA ENTONCES LOS ÁRBOLES SE CAÍAN POR LOS EFECTOS DE LOS VENDAVALES. 

PERO NO FUE  UN VENDAVAL LO QUE SE LLEVÓ AQUELLA FORMIDABLE RIQUEZA QUE EL ESTADO LE CEDIÓ AL AYUNTAMIENTO SINO LA MANO DEL HOMBRE EN SU AFÁN DEPREDADOR. HOY NO QUEDA NADA DE TODO ELLO, NI SIQUIERA LOS ÁRBOLES DEL CONOCIDO COMO PASEO DE LOS CHOPOS ES ORIGINAL SINO REPLANTADO TODO EN LOS AÑOS SETENTA.

LA HUERTA GRANDE Y PASEO DE LOS CHOPOS ENTRE 1946 Y 1975. CASI TODO EL PATRIMONIO ARBOLADO (3.183 ÁRBOLES) CEDIDOS EN 1888 HABÍA DESAPARECIDO EN 1946. APENAS QUEDABA UNA HILERA DEL PASEO DEL MOLINO. EL QUE HOY SE CONOCE COMO PASEO DE LOS CHOPOS FUE REPLANTADO EN LOS AÑOS SETENTA COMO PUEDE VERSE. TAMBIÉN EL PATRIMONIO NATURAL CEDIDO EN 1888 FUE VÍCTIMA DE EXPOLIO Y DE LA DESIDIA MUNICIPAL.

EL EXPOLIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

ENTRE 1936 Y 1963 EL MUNICIPIO PERDIÓ CASI TODO SU PATRIMONIO MEDIANTE CESIONES GRATUITAS A VECINOS DEL MUNICIPIO INCLUIDOS EDILES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 

CUANDO EN LOS AÑOS SESENTA FUE OBJETO DE UNA DENUNCIA ESTE EXPOLIO EJECUTADO AL MARGEN DE TODA LEGALIDAD, LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE ENTONCES ALEGARON AL REQUERIMIENTO DE LA INSPECCIÓN ENVIADA POR EL GOBERNADOR CIVIL, QUE TODO SE HABÍA HECHO AL AMPARO DE LO PREVISTO EN ARTÍCULO 113 DE LA LEY MUNICIPAL DE LA II REPÚBLICA DE 1935. LOS INSPECTORES NO DABAN CRÉDITO A LO QUE LES ESTABAN CONTANDO LOS RESPONSABLES MUNICIPALES DE ENTONCES PUES, AUN ADMITIENDO ESO, EL ARTÍCULO CITADO NO EXIMÍA LÓGICAMENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD TAMPOCO.

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LO QUE DESCUBRIÓ LA INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

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La denuncia fue realizada por el subdelegado provincial del Movimiento ante el Gobernador Civil, que provocó la inmediata personación del Servicio Nacional de la Inspección del Ministerio de la Gobernación con objeto de verificar lo denunciado. Y los inspectores elevaron sus actas y conclusiones a sus superiores que, a su vez, las trasladaron al Gobernador Civil y a los jefes provinciales del Ministerio quienes ordenaron a las autoridades municipales la adopción de una serie de medidas.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Los funcionarios de la Inspección concluyeron que el Ayuntamiento, que era propietario de una serie de terrenos en varias calles de la localidad, concretamente en la plaza de Fernando VI, calle del General Mola (hoy calle Picasso), calle de Gonzalo de Córdoba, en el Camino de la Huerta (hoy calle de la Huerta), y en las calles de Pizarro y de la Presa, lo había perdido todo. Estos terrenos habían sido cedidos al Ayuntamiento por el Real Patrimonio del Estado mediante la escritura de 1888 presentada ante el Juez de 1ª Instancia de Alcalá de Henares el 20 de noviembre del mismo año. 

Ante las preguntas de los Inspectores las autoridades municipales y los vecinos interrogados explicaban que, a medida que los vecinos iban solicitando esos terrenos al Ayuntamiento, éste los cedía gratuitamente con la condición de utilizarlos para realizar viviendas sobre ellos. Las autorizaciones en muchas ocasiones se realizaba verbalmente por el alcalde sin más trámite. Así, los inspectores constataron que se habían cedido todos los terrenos municipales procedentes del Real Patrimonio y que a la fecha de la inspección (1963) el Ayuntamiento carecía ya de terreno alguno de su propiedad.

Fueron requeridos de los vecinos favorecidos por estas cesiones gratuitas a acreditar documentalmente las mismas y algunos presentaron incluso títulos formalizados ante el Juzgado y algunos llevaban fecha incluso de 1936. Otros carecían de ellos. De esta forma, las autoridades municipales franquistas justificaban que las cesiones gratuitas de los terrenos se hizo en aplicación de la Ley Municipal de la II República y más concretamente de lo previsto en su artículo 113. 

Los inspectores constataron también que entre los beneficiados estaba el propio alcalde y algunos concejales así como el secretario. Este último justificó que en realidad la había comprado a unos de los vecinos beneficiados en 1944. Concluyeron pues que las cesiones se habían hecho al margen de toda legalidad y que el Ayuntamiento había dilapidado todo el patrimonio cedido por el Estado en 1888. También indicaron en sus actas que los hechos fueran puesto en conocimiento del juzgado, al tiempo de sugerir que el propio Ayuntamiento incoara un expediente de responsabilidad civil contra las autoridades y funcionarios que habían causado aquel gravísimo perjuicio al patrimonio municipal.

LOS FONDOS DEL PARO OBRERO

Otra de las insólitas cuestiones denunciadas es el destino dado a las subvenciones del Estado para paliar los efectos del desempleo en aquellas fechas (años sesenta), y que se conocía como Fondos para el Paro Obrero. 

De las actas levantadas por la Inspección se deduce que, en pequeño, San Fernando vivió también su particular caso EREs en aquellas fechas. En efecto, este tipo de subvenciones a las entidades locales se regían por lo dispuesto en un Decreto de 1943 que imponía que, en cada Ayuntamiento, debía de formarse una comisión integrada por el alcalde, dos representantes de la propia Corporación, dos representantes de los contribuyentes y dos trabajadores designados por al Organización sindical (entonces sindicato vertical). Esta disposición ordenaba también una serie de formalidades tanto contables como administrativas para con los obreros y trabajadores en general beneficiarios de las ayudas. Sin embargo, los inspectores constataron que nada de lo prescrito se había cumplido por parte de las autoridades municipales. Ni se había constituido comisión alguna ni tampoco las cantidades recibidas fueron debidamente contabilizadas.

El Ayuntamiento recibió entre 1960 y 1963 dos subvenciones para atender el paro del municipio por importes de 19.600 y 50.000 pesetas. Aproximadamente el equivalente hoy a 1,4 millones de euros. Sin embargo, los inspectores se encontraron con que los justificantes de los abonos tenían las fechas raspadas y que faltaba también la firma del alcalde. Para sorpresa de los inspectores, la fecha de las certificaciones emitidas por el Secretario municipal para su remisión al Gobierno Civil, llevaban todas fecha de 1963. 

Comprobaron también que no existía Libro de Caja en el Ayuntamiento y por lo tanto no se registraba la entrada de esos importes. Por su parte, todos los números de orden de los mandamientos de pago estaban también raspadas y manipulados. Los inspectores concluyeron que la mayoría de los jornales pagados adolecían de raspaduras o enmiendas que indicaban que habían sido manipulados todos ante la llegada de la inspección. También en este caso proponían que se incoara expediente de responsabilidad contra las autoridades y funcionarios y se pusiera todo en conocimiento de la Dirección General de Empleo para que adoptara a su vez medidas. En realidad, los documentos del paro manipulados acabaron en el Juzgado de Alcalá, sin que sepamos no obstante cómo acabó el asunto.

DEL FUNCIONAMIENTO DIARIO DEL AYUNTAMIENTO

Los inspectores constataron también el lamentable funcionamiento diario del Ayuntamiento. Así, comprobaron que se hallaban constituidas las comisiones informativas de Hacienda y Presupuestos, Festejos, Higiene y Sanidad, Fomento Pecuario y Enseñanza, pero estas comisiones, que eran unipersonales, no habían celebrado ninguna sesión.

También constataron que no se llevaba el Libro de Resoluciones de Alcaldía, ni tampoco fichero alguno de los acuerdos y decretos. Tampoco se publicaban los acuerdos ni siquiera en el tablón de anuncios. No se llevaban libros de registro de entrada y salida de documentos. De la misma forma, tampoco se hacían expedientes de los asuntos a tratar y los inspectores indican que en este aspecto la organización municipal era un absoluto desastre.

En materia de personal los inspectores escriben que la desorganización llega a extremos difícilmente superables. Señalaron que el Secretario - Interventor percibía los honorarios que le parecían oportunos ya que tenía acumulados en su persona tanto el Ayuntamiento de San Fernando como el de Coslada. Lo que le obligaría a percibir su sueldo y demás emolumentos proporcionalmente a las poblaciones respectivas. Concluyen pues que el Secretario - Interventor venía percibiendo el salario duplicado en lugar de proporcionalmente. Por su parte, también indicaron los inspectores que el Ayuntamiento contaba con dos funcionarios auxiliares, pero que ambos venían cobrando un salario base altísimo infringiendo todas las disposiciones legales aplicables.

También contaba el Ayuntamiento con cuatro empleados para la recogida de la basura y la limpieza de las escuelas y las dependencias municipales. Los inspectores concluyeron que las irregularidades descubiertas en materia de personal eran gravísimas y elaboraron un cuadro de los emolumentos que debían de percibir y el que realmente percibían, que en algunos casos duplicaba lo legalmente permitido. Los inspectores concluyeron pues que los empleados municipales de entonces percibían indebidamente cantidades exorbitantes en materia de salarios y complementos.

En materia de contratación se indica que el Ayuntamiento no había hecho nunca un solo contrato de ninguna clase, y las únicas obras que se habían hecho en el municipio las había ejecutado la Diputación Provincial, así como cincuenta viviendas que había construido el Instituto Nacional de la Vivienda (en la calle José Alix dentro del Plan de Reconstrucción de Regiones Devastadas). 

Entonces el horario de las dependencias municipales era de 9 a 2 en verano y de 9 a 2 y de 16 a 18 horas en invierno. 

Del Servicio de Intervención el informe de la Inspección concluye que en esta materia existía en el Ayuntamiento el caos más completo y desastroso. Dicen los inspectores que se hacían los ingresos cuando se quería y se contabilizaba de la misma forma. Los libros oficiales no estaban al día y faltaban asientos desde el 31 de agosto (la inspección se inició a primeros de septiembre). No se hacían padrones fiscales ni matrículas y tampoco se contabilizaban las resultas.

Se afirma también en el informe, que la ordenación de los gastos y los propios pagos los realizaba el alcalde, que era un capitán de la legión retirado que había tomado posesión desde enero de 1963 y al que la inspección califica de "excelente persona llena de la mejor voluntad". Era él mismo quien realizaba los pagos personalmente en algunos casos sin libramientos, porque no confiaba en el Tesorero.

Aunque exhibieron un arqueo de caja de 31 de agosto que decía que el Ayuntamiento tenía entre la caja, la cuenta corriente en el Banco de España y las subvenciones del paro obrero más de 175.000 pesetas, sin embargo la inspección constató el día de la visita en septiembre, que en la caja no había tal dinero y que el correspondiente al paro obrero (30.686,44 pesetas) tampoco aparecía. 

En fin, las actas de la inspección siguen constatando el formidable caos y desorganización municipal en su funcionamiento, también en materia de recaudación, para lo que tenían contratada a una persona que, al igual que en el caso del Secretario, también lo era de Coslada. La situación del Recaudador era tan insostenible que la Inspección propuso la revocación de su contrato y la contratación de otro nuevo a través de un concurso. Dos años después de aquella decisión, la recaudación municipal se multiplicó por cuatro.

El informe de la Inspección termina con toda una serie de instrucciones a las autoridades municipales para tratar de poner orden en medio de todo el espantoso caos organizativo y administrativo.

EL CONCEPTO DE EXPOLIO

La Ley de Patrimonio Histórico del Estado de 1985 utiliza varias veces el término expoliación para definir toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores del patrimonio histórico español. Este concepto fue también tratado y desarrollado por el Real Decreto 111/1986 en su artículo 57 acerca de las medidas que todas la autoridades y los particulares deben adoptar para evitar el expolio de nuestro patrimonio cultural.

Por otra parte, también el Tribunal Constitucional recogió el sentido del término en una sentencia 117/1991, recurrida tanto por el Gobierno vasco como el catalán por, entre otras cosas, ir contra el término expoliación. Y el TC acordó que la redacción dada al término expoliación era perfectamente constitucional por cuanto que se trataba de añadir un plus de protección al Estado sobre el patrimonio cultural.

En ese sentido, no hay duda de que en San Fernando de Henares se ha producido un verdadero expolio o una perseverante expoliación de todo su patrimonio histórico heredado desde 1888 cuando fue traspasado por el Estado al Ayuntamiento. Y eso ha contado desde luego con una manifiesta complicidad cuando no cooperación de las autoridades municipales, dándose la última precisamente en el año 2008 cuando fue aportada nada menos que la plaza de España, la más representativa pieza que se conserva del conjunto histórico, al capital social de la mercantil mixta privada constituida en aquellas fechas.

Se sabe que fueron utilizados ladrillos y piedra del edificio principal del edificio de la fábrica en el arreglo del Camino de la Huerta y de la plaza de Fernando VI, donde es posible ver actualmente algunas de las piedras del edificio. También muchos vecinos utilizaron esos mismos materiales para la construcción y reforma de sus casas, especialmente en las levantadas en las calles adyacentes de Gonzalo de Córdoba.  Hasta Mejorada del Campo llegaron algunos de los despojos para viviendas particulares.

Pero, lo más insólito fue cuando el constructor D. LUIS PÉREZ RÍOS pidió licencia al Ayuntamiento para "la demolición de la construcción del Palacio sito en la plaza de España 21 de este pueblo...", como consta en el acta de 18 de mayo del mismo año, y se la dieron.

Así pues, esta es una breve crónica (el tema daría para muchas más entradas) de cómo todos, autoridades y particulares, se entregaron irresponsablemente a la destrucción y el expolio de un conjunto histórico de gran interés arquitectónico y medioambiental heredado por varias generaciones desde que en 1888 el Estado lo cedió al Ayuntamiento. Y que, evidentemente, no solo no hemos mantenido como se condicionó en la correspondiente escritura, sino que literalmente hemos hecho desparecer con saña porque no solo nos hemos abandonado a su defensa; nos hemos entregado a su sistemático saqueo, expolio y destrucción. Hoy, apenas quedan unos restos y el trazado. Nada más.