CASO PLAZA DE ESPAÑA: CÓMO DESAPARECIERON 900.000 € DE DINERO PÚBLICO

ACTA DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2009 POR EL QUE SE ACUERDA TRANSFERIR A LA SOCIEDAD MIXTA PESF SL PRIVADA Y HOY EN QUIEBRA, NADA MENOS QUE 900.000 EUROS PARA QUE REALICE UNA SERIE DE DESCONOCIDOS ESTUDIOS. EL ACUERDO FUE VOTADO POR IU Y PSOE. LOS 900.000 EUROS ERAN EN REALIDAD UNA SUBVENCIÓN SUJETA A CONTRAPRESTACIÓN. ES DECIR, FINALISTA. LOS 900.000 EUROS DESAPARECIERON PORQUE FUERON ENGULLIDOS POR EL MARASMO DE LA QUIEBRA PESF SL Y EL AYUNTAMIENTO NUNCA RECUPERÓ ESE DINERO. VEAMOS QUÉ PASÓ EN REALIDAD.

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UNA SUBVENCIÓN PREDESTINADA

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El acuerdo adoptado por la unanimidad de los miembros del órgano plenario del Ayuntamiento del día 28 de mayo de 2008, no solo comprendía la constitución de la sociedad mercantil mixta y los convenios expropiatorios para la actuación en la Unidad de Ejecución UE-1, sino que había una segunda propuesta formulada por el entonces concejal de política territorial Joaquín MARTÍNEZ y luego nombrado consejero delegado de la sociedad mixta, consistente en una serie de proclamaciones retóricas que además nunca fueron cumplidas. 

Pero de entre todo el marasmo del acuerdo, había dos mandatos en esta segunda propuesta al alcalde que pasaron desapercibidos pero que respondían a decisiones perfectamente planificadas y convenidas. Se trata como se dice de un mandato al entonces alcalde SETIÉN para que ordenara a la flamante sociedad mixta de la que luego sería además su presidente, la realización de una serie de indeterminados "estudios" para la puesta en funcionamiento del Museo de la Ciudad, así como para que PESF SL (que cuando se adoptó el acuerdo de mayo de 2008 ni siquiera existía) realizara también otros "estudios" económicos y de movilidad.

PESF SL quedó constituida el día 9 de julio de 2008 y todas las aportaciones realizadas por sus socios fundadores lo fueron en forma de no dinerarias, incluidas las que hizo el Ayuntamiento que, además, aportó una plaza pública como es sabido. Por lo tanto, PESF SL nunca tuvo realmente recursos propios con los que acometer siquiera los gastos de constitución y mucho menos estos extraños y misteriosos "estudios". O dicho de otro modo, nadie puso un solo euro físico en la caja de la sociedad (ninguno de sus socios propietarios y Ayuntamiento) ya que solo realizaron aportaciones no dinerarias.

Pues bien, nada más quedar constituida la sociedad mixta el 9 de julio de 2008, salía un escrito con membrete del Ayuntamiento y sello de alcaldía, en virtud del cual se invitaba a una conocida sociedad denominada GPS GESTIÓN gestora de cooperativas de la conocida promotora VITRA, ligadas ambas cien por cien al sindicato Comisiones Obreras. Con dicho escrito como se dice se invitaba a la gestora del sindicato a que remitiera al Ayuntamiento un presupuesto para realizar una serie de estudios relativos a la declaración de áreas de rehabilitación de barrios como el denominado de Nazario Calonge, de la Otam o de Copasa que, obviamente, nada tenían que ver con el ámbito de la UE-1 que era el verdadero objeto social de PESF SL.

El escrito en cuestión con membrete y sello municipal iba firmado por la entonces asesora jurídica del Ayuntamiento y cargo de confianza política nombrada por el entonces alcalde SETIÉN, Dª Carmen CRIADO, quien pocos meses después sería nombrada secretaria de PESF SL. Y en él se hacía referencia, además, a un plano que al parecer le había sido facilitado previamente a GPS GESTIÓN por la propia signataria del escrito. Es preciso señalar que el escrito en cuestión no pasó por el Registro General Municipal, cosa que ha sucedido también con otros escritos relacionados con PESF SL. 

Por otra parte, es conocido que Dª Carmen CRIADO no solo era militante del sindicato Comisiones Obreras, sino que en aquellos momentos (11 de junio de 2009), se hallaba en excedencia especial de trabajo en dicho sindicato del que era pues empleada desempeñando funciones de asesora jurídica y letrada, en las dependencias centrales de la central sindical en la calle Lope de Vega de Madrid.

Poco tiempo después, concretamente el día 12 de noviembre del 2008, GPS GESTIÓN remitía el presupuesto requerido por el importe de 188.857 más el IVA correspondiente, con "objeto de realizar los estudios necesarios para declarar y ejecutar el área de rehabilitación de las viviendas del barrio Nazario Calonge".

900.000 EUROS QUE EL AYUNTAMIENTO NO RECUPERÓ NUNCA

En el acto de constitución de PESF SL fue nombrado consejero delegado D. Joaquín MARTÍNEZ, quien a su vez compatibilizaba este puesto con el de concejal de política territorial (de urbanismo de toda la vida). Pues bien, el Área de Urbanismo tenía precisamente consignados en sus presupuestos una partida presupuestaria que tenía por destino la reurbanización de la propia plaza de España por, qué casualidad, 900.000 €. De forma que ya en el mes de junio de 2009 fue llevado al pleno municipal un convenio con PESF SL para ejecutar la obra municipal del Museo de la Ciudad, y el encargo al propio concejal de urbanismo (que no hay que olvidar que era a la vez consejero delegado de PESF SL), para que el Ayuntamiento transfiriera nada menos que 900.000 € a la sociedad mixta privada presidida además por el propio alcalde, con el objeto precisamente de que dicha mercantil realizara todos esos misteriosos "estudios" que por lo demás, nadie se molestó en preguntar en qué consistían. Dicho convenio fue aprobado con los votos de IU y PSOE.

Con el acuerdo del pleno adoptado, el entonces concejal de urbanismo procedió a realizar un sencillo expediente de modificación de créditos cambiando la función de la partida de 900.000 € que figuraba en el presupuesto de inversiones de su Área, por otra denominada Transferencias a empresas privadas. Y así, poco tiempo después fueron transferidos los 900.000 € a PESF SL mediante una orden de pago firmada por el entonces alcalde SETIÉN que a su vez era presidente de la sociedad beneficiaria de la subvención.

La sociedad mercantil mixta privada presidida por el alcalde y de la cual era su consejero delegado el concejal de urbanismo, no reunía ninguno de los requisitos exigidos por la Ley General de Subvenciones y su Reglamento. Entre otras, la más grosera: la evidente de que dicha sociedad no podía por sí misma realizar los famosos "estudios" que se le encomendaban por la sencilla razón de que, como todo el mundo sabe, ésta era una sociedad meramente instrumental del Ayuntamiento pues carecía de empleados. 

Cuestión esta que, obviamente, imponía a la sociedad mixta la necesidad de subcontratar esos supuestos trabajos a otra sociedad (aquí es donde entra pues GPS GESTIÓN), cosa que la Ley General de Subvenciones prohíbe ya que al menos el 50 % de los trabajos subvencionados han de ser ejecutados por la propia sociedad sin que pueda subcontratarlos. La misma Ley General de Subvenciones y su Reglamento, eran pues flagrantemente incumplidos en más de media docena de preceptos. Lo cual no impidió que  nada menos que 900.000 € de dinero público en forma de subvención finalista, fuera a parar a la cuenta corriente de una mercantil privada sin empleado alguno, y que dichos importes estuvieran pues a merced de sus administradores para que, al margen de todo control y fiscalización de los órganos municipales (incluida lógicamente la propia Intervención de Fondos), nadie metiera sus narices en el asunto.

Pronto fueron pues formalizados los correspondientes contratos de prestación de servicios con GPS GESTIÓN (propiedad del sindicato Comisiones Obreras al que pertenecían casualmente casi todos los concejales que aprobaron el convenio) por importe de 183.000 €. Incluso llegaron a compartir ambas sociedades un local perfectamente acondicionado en la calle José Alix. También PESF SL pagó el 50% de un mobiliario de oficina y varios teléfonos fijos y móviles que no se sabe quiénes fueron los que los manejaron. El mobiliario de oficina consistente en mesas de oficina y reuniones, sillones, archivadores y otro material de despacho, ha desparecido sin que nadie dé pistas de dónde está o quién se quedó con ello, ni PESF SL llegase nunca a inventariarlo. Y sin que tampoco figure inventariado como activo en el concurso de acreedores. Sencillamente alguien ha hecho desaparecer ese mobiliario y se lo ha llevado a su casa pero cuyo 50 % le corresponde a la sociedad.

Por otra parte, y con objeto al parecer de realizar los preparativos para la puesta en funcionamiento del Museo de la Ciudad, fue contratada también bajo la fórmula de contrato de servicios, una ex empleada municipal (cargo de confianza política) adscrita al Área de cultura, y a la que se le pagaron nada menos que 4.500 € mensuales desde primeros de 2010 hasta la quiebra de la sociedad en 2012. 

A todo esto, los gestores de PESF SL no se privaron tampoco de nada, pues cuando ya tenían en su poder el presupuesto de GPS GESTIÓN, tuvieron el detalle de invitar a otras dos entidades a presentar sus presupuestos con el objeto de simular la existencia de al menos "tres ofertas". Naturalmente, esas ofertas eran más caras que la de GPS GESTIÓN, y que los administradores de PESF SL ya conocían de antemano. Pero, oh casualidad, los dos "invitados" a presentar "otros presupuestos", eran sin embargo estudios de arquitectura que trabajaban a su vez para VITRA. Entre ellos, el que fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid y luego consejero de política territorial de la Comunidad de Madrid, Eduardo MANGADA. Naturalmente todo fue un grotesco amaño.

Tanto GPS GESTIÓN como la señora contratada para la puesta en funcionamiento del Museo de la Ciudad, llegaron a cobrar unos 340.000 € de los 900.000 ingresados, si bien lo que hicieron nada tenía que ver con los famosos "estudios" de movilidad. Pero, ¿adónde fue a parar el resto hasta los 900.000 €? Sencillamente desparecieron engullidos por el marasmo de la quiebra de la sociedad. Y lo que es más insensato y grave: nadie se encargó de reclamarlos sino hasta que la sociedad estaba ya en concurso. Es decir, cuando no era ya posible recuperar todo ese dinero público porque había prescrito su reintegro que es de cuatro años según la Ley General de Subvenciones.

Nuestra asociación presentó por esta razón una denuncia por este asunto a la Fiscalía a principios de 2015, lo que dio lugar luego a su remisión a los Juzgados de Coslada donde hay actualmente abiertas las correspondientes diligencias de investigación. Para nuestro asombro, nadie, absolutamente nadie, ha pedido explicaciones o al menos información sobre este asunto en el pleno municipal, y el Ayuntamiento ni siquiera estaba personado en la causa a pesar de resultar ser el principal y único perjudicado en nada menos que 900.000 € de las arcas municipales y por lo tanto del dinero de todos. 

Hasta que hace unas semanas y por indicación nuestra, la alcaldesa llevó una propuesta al pleno para que el Ayuntamiento se personara en dicha causa como lo que es: el único perjudicado. Pero hasta entonces, nadie se ocupó de este gravísimo asunto en el que han desaparecido 900.000 euros del Ayuntamiento y tampoco nadie se ocupó de preguntar por ello y, mucho menos, de exigir responsabilidades a los autores o responsables de este tenebroso asunto. 

Así funciona hoy nuestra corporación. Toda la corporación sin excepciones. Ellos van a lo suyo, miles y miles de mociones inútiles sobre los más esperpénticos asuntos la mayoría de ellos sin competencia municipal alguna, y sin embargo nadie presentó a lo largo de todo este tiempo sobre este grave asunto ni siquiera una miserable sola pregunta en el pleno.

Durante los pasados meses de junio y julio han ido desfilando por el Juzgado que lleva este asunto varios de los responsables imputados y a petición del fiscal. Imputados y testigos. Pero ni siquiera el Ayuntamiento estaba personado; al contrario, permanecía en la más absoluta ignorancia. Han birlado 900.000 euros de las arcas municipales y nadie se inmuta en la corporación actual. Que no nos pase nada.

CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL SAQUEO QUE NO CESA

MEMORIA SOBRE LA RECIENTE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2015

ENTRE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS Y LA QUIEBRA DEL AYUNTAMIENTO

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La reciente aprobación de la Cuenta General de 2015 (con más de un año de retraso sobre lo que indica la ley), ha servido para empezar a poner negro sobre blanco en la cuentas municipales y acercarse al menos a la cruda realidad. La contabilidad municipal, al igual que la de cualquier empresa mercantil, ha de reflejar la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del Ayuntamiento que descansa, además, sobre varios principios. Uno de esos principios es ese precisamente, el de reflejar su imagen fiel.

Pero si bien se ha hecho un considerable esfuerzo por acercarse a esa imagen fiel de la realidad patrimonial y financiera municipal con la presentación de esta Cuenta General ahora, desde luego a años luz de lo que los anteriores gobernantes hacían, es preciso advertir que aún quedan muchas cuestiones bajo el tapete que solo pueden justificarse por el hecho de que esta Cuenta es precisamente de 2015. Ejercicio que aún no refleja muchas de las contingencias que sobrevuelan sobre las pavorosas cifras que comienzan ahora a ser provisionadas para hacer frente a lo que se avecina. Los casos plaza de España, UG-5, finca El Batán o casa de Campo, son solo algunos de los hitos cuya incidencia en los presupuestos municipales se proyectará inexorablemente de forma dramática en los próximos ejercicios. Pero muy especialmente el caso plaza de España.

EL SAQUEO QUE NO CESA

Un informe del arquitecto municipal emitido precisamente para calcular las provisiones que ha de hacer el Ayuntamiento por estas contingencias, reseña que la responsabilidad patrimonial que le puede ser exigida por los diferentes actores (acreedores) de la empresa municipal mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, creada por mérito de algún genio desconocido para gestionar la actuación en la UE-1 de la plaza de España, se configura en una horquilla que va desde los 12 millones de euros a los 68. Ahí es nada. Desconocemos en qué se basa el arquitecto municipal para establecer tamaña disparidad entre un escenario u otro, pero mucho nos tememos que sin embargo se haya quedado corto con lo de los 68 millones de euros porque con seguridad será bastante más. 

Este asunto del caso plaza de España merece ya entrar directamente en el primer puesto del ranking de los más incomprensibles e irresponsables casos de desastrosa gestión municipal. Con la peculiaridad obviamente como en el resto de todos estos casos, de que los desmadres han de pagarlos inexorablemente los contribuyentes sin que, por lo demás, nadie; ninguno de los grupos políticos que propiciaron este formidable desastre ni mucho menos sus cargos más directos (alguno aún está en la corporación actual), reconozca el inmenso daño patrimonial causado al Ayuntamiento por este caso, pida disculpas por ello y tenga al menos la vergüenza torera de no volver a presentarse. Pero la vida política y desde luego la municipal es así.

El caso plaza de España arruinará inevitablemente la hacienda municipal en los próximos años provocando la quiebra del Ayuntamiento o cuando menos su suspensión de pagos. Pero en esta aventura hay perdedores y ganadores. Si las cifras que maneja el arquitecto municipal para calcular el importe de los 68 millones de euros por los que deberá responder el Ayuntamiento por esta formidable chapuza son ciertas, evidentemente la corporación municipal será la que tenga que arrostrar las pérdidas mayores. Nada menos que 1.790 € por habitante. Por su parte, Bankia perderá en esta descabellada operación 27 millones de euros de los 54 que prestó y que, por la vía del rescate del Estado de esta entidad, también hemos acabado pagando los contribuyentes. Y, finalmente, las propias empresas constructoras que perderán al menos y entre las dos 17 millones de euros. Es decir, las pérdidas millonarias ascenderían pues a 111 millones de euros en su total. O si se le añaden los 27 millones de los 54 de los préstamos hipotecarios concedidos por Bankia inicialmente, para financiar la operación, el importe total empleado en la actuación ascendería a nada menos que 138 millones de euros para unas obras que estaba previsto que solo costaran 36 millones. Es decir, una repercusión por cada metro cuadrado construido de nada menos que de 4.600 €/m2. Increíble. Solo acabarían ganando en este asunto los afectados (unos mucho más que otros, desde luego) y el fondo buitre si finalmente acaba siendo el adjudicatario de los activos de PESF SL por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.

Según la memoria de la Cuenta General hay 51 procedimientos contenciosos por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento en los juzgados. La gran mayoría ya sancionadas con condenas firmes a la Corporación y a la espera solo de la ejecución de sentencia. Pero lo que viene ocurriendo con las peritaciones realizadas y las que quedan por realizar, revelan que lo que se está produciendo es un auténtico saqueo del Ayuntamiento, especialmente por parte de un selecto grupo de socios que han cobrado por una vía o por otra mucho más de lo que realmente se reconoce o se les reconoce en los diferentes fallos judiciales. Lo cual es alarmante e indignante.

En efecto. Un buen puñado de socios afectados fueron pura y simplemente comprados y se aprovecharon de que, como se trataba de una operación con fuerte carga política (los partidos propiciaron una fórmula descabellada con errores y riesgos que nunca calcularon; solo les interesaban los votos), los responsables de la actuación, cargos políticos y administradores de WOODMAN SL  comenzaron a formalizar escandalosos acuerdos económicos en forma de anexos a los convenios urbanísticos sin pasarlos por el pleno municipal con este selecto número de socios (más o menos una docena), a los que pagaron cantidades exorbitantes con pólvora del Rey; es decir, con la anuencia de la entonces Caja Madrid que finalmente acabaron por arruinar a la propia sociedad mixta con un pasivo real (no el que calculó el administrador concursal) absolutamente infumable. Así, solo en concepto de realojos y lucros cesantes se pagaron 6 millones de euros cuando estaban calculados unos gastos por este concepto de 1,3 millones de euros.

Por otra parte, se pagaron también compensaciones económicas sin explicación ni tasación alguna por importe de 4,6 millones de euros. Además lógicamente de lo pagado a WOODMAN SL por el contrato de gestión (4,2 millones de euros), un contrato absolutamente abusivo pues dicha sociedad gestora carecía de empleados propios. El pago también de 3,2 millones de euros a la EMS por la compra de 20 locales que en realidad solo era una operación encubierta de auxilio e inyección de liquidez a la agónica situación financiera entonces de la empresa municipal, operación que, paradójicamente, representó luego la propia quiebra de la EMS. Sin olvidar tampoco la inclusión de obras municipales que no tenían financiación alguna (caso del Museo de la Ciudad, 3,4 millones de euros, y urbanización de la propia plaza de España, 2,4 millones). El resultado de todo esto fue la ya conocida quiebra de PESF SL, quiebra también de la EMS, así como pérdidas millonarias de Bankia y de las empresas constructoras.

Así pues, los socios afectados (desconocemos si todos) están recuperando el dinero en forma de sentencias que condenan al Ayuntamiento como responsable patrimonial en fase ya de ejecución casi todas, en las que, además, en muchos de los casos (al menos 36 de ellos) se afirma que lo que el Ayuntamiento hizo no fue una expropiación sino una "ocupación ilegal". 

Pero lo que resulta un escándalo actual, de ahora mismo, es comprobar cómo un buen puñado selecto de esos mismos socios privilegiados que fueron distinguidos con pagos millonarios sin justificación alguna o con justificaciones incomprensibles; que contribuyeron al saqueo de la sociedad tolerada por Caja Madrid en perjuicio propio pues evidentemente PESF SL carecía de recursos propios, son los mismos que están obteniendo sentencias favorables en los Juzgados de lo Contencioso con reconocimiento de importes absolutamente descabellados. O dicho de otro modo, el Ayuntamiento está pagando cantidades exorbitantes a los mismos que ya obtuvieron formidables pagos y compensaciones de PESF SL que, para más desconcierto,  fueron ocultados a los demás socios y figuran en los balances "aparcadas" como si fueran activos de la sociedad cuando obviamente no era así.

Es urgente que los grupos municipales dejen de mirarse ombligo y el cálculo electoral y abran una urgente investigación minuciosa sobre este nuevo escándalo que sin embargo transcurre en la más absoluta penumbra. Porque si los contribuyentes van a ser los paganos finales una vez más, tienen derecho a saber con exactitud, claridad y publicidad, cuánto se ha llevado en total (por pagos entonces de la sociedad y ahora del Ayuntamiento) cada uno de los socios que formaron parte de la sociedad mixta. Y desde luego tienen derecho a saber quiénes, con evidente complicidad de administradores y gestores, han acabado cobrando en no pocos casos el doble y hasta el triple de lo que aportaron. Los responsables municipales actuales nos deben estas explicaciones aquí y ahora, y, antes de pagar ciegamente los exorbitantes importes que venimos viendo en los fallos judiciales, sean depurados uno por uno todos los casos en los que se está produciendo lo que podemos calificar como un verdadero saqueo del Ayuntamiento. Porque hay casos verdaderamente sangrantes.

En la memoria de la Cuenta General de 2015 apenas aparecen tres casos. Pero es de suponer que en la correspondiente a 2016 (que ya debía de estar presentada por parte de la alcaldesa), aparezcan reflejados todos los demás pagos. Los concejales de la actual corporación, todos, no pueden desentenderse de este gravísimo saqueo que se está produciendo en el Ayuntamiento por esta vía, y que afecta, como se dice, a un selecto puñado de socios que también consiguieron obtener formidables rendimientos de la sociedad mixta y que en algunas de las causas penales abiertas, los querellantes califican como presuntos delitos de administración desleal y/o de apropiación indebida.

Mucho nos tememos que la actual corporación municipal incluido el equipo de gobierno, desconozca la responsabilidad en que pueden incurrir si finalmente autorizan pagos a este selecto grupo de socios que ya recibieron formidables pagos en su día de PESF SL sin justificación real alguna. Pero en fin, ellos sabrán. De momento dos empresas quebradas por causa de esta actuación. Y si seguimos así, el próximo será el Ayuntamiento.

¿"QUO VADIS" CATALINA?

CATALINA RODRÍGUEZ Y JOAQUÍN CALZADA, ALCALDESA Y CONCEJAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE (URBANISMO) RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

ESCRITO DE LA ALCALDESA DIRIGIDO A NUESTRA ASOCIACIÓN EN EL QUE RECONOCE QUE EL PLAN ESPECIAL DE REORDENACIÓN DE LA UE-1 (PLAZA DE ESPAÑA) NO ESTÁ EN VIGOR PORQUE NO SE HALLA PUBLICADO, Y QUE LO PUBLICARÁN UN DÍA DE ESTOS

DECRETO RECIENTE DEL CONCEJAL DE URBANISMO EN VIRTUD DEL CUAL DECLARA VIGENTE LA LICENCIA DE OBRAS OTORGADA A PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL EL 31 DE JULIO DE 2009

EL MISMO DECRETO EN EL QUE SE INVOCA LA ORDENANZA ESPECIAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y CONTROL URBANÍSTICO DE SAN FERNANDO DE HENARES

PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE ACREDITA QUE DICHA ORDENANZA NO HA SIDO PUBLICADA TAMPOCO Y POR LO TANTO NO ESTÁ EN VIGOR

LA LICENCIA CONCEDIDA EN JULIO DE 2009 A PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL QUE ACREDITA QUE ESTÁ CONDICIONADA, ES DECIR, QUE NO PUEDE EJECUTARSE HASTA QUE NO ESTÉ PRECISAMENTE APROBADO Y EN VIGOR EL PLAN ESPECIAL

EL PLAN ESPECIAL TAL Y COMO FUE SOMETIDO A INFORMACIÓN PÚBLICA EN OCTUBRE DE 2009 Y ALEGADO POR NOSOTROS. OBSÉRVESE QUE LA DILIGENCIA DEL SECRETARIO DICE QUE DICHO PLAN ESPECIAL CONSTA DE 17 FOLIOS Y 4 PLANOS.

EL MISMO PLAN ESPECIAL QUE FUE SOMETIDO AL PLENO MUNICIPAL DE 2 DE DICIEMBRE DE 2009. NÓTESE QUE AHORA LA DILIGENCIA DEL SECRETARIO DICE QUE ESTE PLAN ESPECIAL CONSTA DE 111 FOLIOS 4 PLANOS. ES DECIR, AÑADIERON MÁS DE OCHENTA PÁGINAS NUEVAS TRAS LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



EN LA MÁS ABSOLUTA INSEGURIDAD JURÍDICA

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Todo lo anterior muestra el formidable caos y la absoluta inseguridad jurídica en que se mueven no pocas resoluciones municipales actuales en asuntos en los que, además, ya llueve sobre mojado. Así, mientras la alcaldesa nos dice que el Plan Especial de Reordenación de la UE-1 del que traen causa todas las actuaciones de la plaza de España, no se halla en vigor puesto que no está publicado, el concejal de urbanismo nos dice en un decreto anterior, que declara vigente la licencia concedida a PESF SL el 31 de julio de 2009 al tiempo que invoca una ordenanza especial de tramitación. Y que tampoco se halla en vigor porque, al igual que el Plan Especial, tampoco está publicada. Lo más grave de todo es que esta ordenanza que no está en vigor es utilizada actualmente para tramitar todas las licencias que se están concediendo. Con el riesgo, claro está, de que todas ellas sean declaradas nulas o cuando menos anulabes por los tribunales.

A mayor abundamiento para el formidable lío en este asunto sobre el que pesan, no hay que olvidarlo, unas diligencias penales abiertas en el Juzgado número 5, es patente que la licencia concedida en su día a PESF SL no podía ser ejecutada por cuanto que tenía una condición jurídica suspensiva. Precisamente la de que era necesario esperar a que estuviera en vigor el Plan Especial, y que ahora la alcaldesa reconoce que no lo está al día de hoy. ¿Cómo puede pues el concejal de urbanismo afirmar que dicha licencia está vigente si el Plan Especial que le da cobertura legal no está actualmente en vigor?

Y por si lo anterior no fuera suficiente, aparecen dos Planes Especiales distintos, puesto que así como el aprobado por la Junta de Gobierno y sometido a información pública contenía solo 17 páginas y 4 planos, sin  embargo el aprobado definitivamente por el pleno municipal de 2 de diciembre de 2009 contiene, según la diligencia del secretario, nada menos que 111 páginas y 4 planos. ¿Cómo es esto posible? ¿cuál de los dos Planes publicará en equipo de gobierno? Evidentemente, lo sensato sería someter de nuevo el Plan Especial a información pública, pues es impensable que si se le han añadido nada menos que 84 páginas nuevas, el ejemplar sometido al pleno de 2 de diciembre de 2009 no requiera necesariamente un nuevo trámite de información pública por cuanto que le fueron introducidas numerosas cuestiones nuevas que en el trámite de información pública, obviamente, no estaban y por lo tanto nadie las conoció ni las pudo alegar.

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El desconcierto, las contradicciones más notorias y un patente desconocimiento de cuestiones elementales en asuntos de gran trascendencia incluso para terceros, hace que el actual equipo de gobierno se venga deslizando peligrosamente por terrenos bien resbaladizos, hasta dar la sensación de que andan como pollos sin cabeza y absolutamente entregados al diktat de unos técnicos que, a lo que parece, desconocen también cuestiones tan elementales como que no se puede conceder una licencia (ni declarar su validez) sin estar en vigor el instrumento de planeamiento que le dé cobertura legal. O que no se pueden tramitar esas licencias al amparo de ordenanzas que tampoco han sido publicas y, además, contravienen también disposiciones del propio Plan General. Están pues los miembros del actual equipo de gobierno transitando los mismos tortuosos caminos equivocados que los anteriores, incurriendo en notorias contradicciones y contravenciones legales. Deberían saber que empecinarse en los errores de los anteriores puede llevarles a la misma casilla de salida. Sencillamente creemos que son muy imprudentes. Por eso es muy pertinente preguntarse ¿quo vadis Catalina?