El caso plaza de España amenaza con batir todos los récords tanto en su peripecia judicial como en la administrativa. A estas alturas, una multitud (casi literalmente) de juzgados y centros directivos entienden o siguen causas, procedimientos, y expedientes abiertos en relación con el caso, y cuya resolución final es probable que conozcamos con un poco de suerte a mediados de los próximos años veinte si alguien no pone remedio.
En efecto, desde que a primeros de 2011 nuestra asociación presentara la primera querella cuyo reparto cayó en el juzgado número 5 de Coslada, han transcurrido ya cuatro largos años y todo un rosario de causas abiertas en otros tantos juzgados que guardan relación con el ya lamentable caso de plaza de España. Y los visos de que alguno de ellos se cierre en un plazo razonable o avance con alguna celeridad, es cada vez más remota.
Que sepamos, por unas razones u otras y en relación con el caso plaza de España, han intervenido ya prácticamente todos los juzgados de Coslada (hay seis). En unos casos por procedimientos cambiarios (al menos cuatro), y en otras siete causas penales abiertas en Coslada y las que quedan por iniciarse, y una más en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid. También un procedimiento de veinte desahucios y dos tercerías de dominio invocados en los mismos juzgados de Coslada. De la misma forma en la jurisdicción contenciosa hay o ha habido al menos otras dos causas abiertas, y una más en jurisdicción civil contra el Ayuntamiento por uno de los acreedores de PESF SL. Sin olvidar, claro está, los iniciados por uno de los grupos de afectados. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha hecho en al menos cinco ocasiones, y también el juzgado de paz municipal se ha visto implicado. Y otro procedimiento abierto en un juzgado de lo contencioso de Madrid contra el Ayuntamiento instado por una de las empresas constructoras. Así pues, casi todas las jurisdicciones (excepto la social) y juzgados están contaminados por el caso.
Además, dos juzgados de lo mercantil entendieron inicialmente la petición de concurso de acreedores de PESF SL. Uno voluntario instado por la propia sociedad mixta y otro necesario instado por uno de los acreedores. Aunque finalmente fue el primero el que se quedó con el caso que lleva ahora el juzgado número 6 de lo mercantil de Madrid.
También las fiscalías del TSJM y las territoriales e incluso la de anticorrupción, han recibido sucesivas denuncias sobre el caso.
Por su parte, hay también una larga lista de organismos e instituciones que de una forma u otra han intervenido en el caso. En primer lugar el propio Ayuntamiento claro está, cuya última e inútil iniciativa fue precisamente la de recuperar la plaza de España y su subsuelo como bienes de dominio público que son. El resultado es bien patente: todo quedó en meras declaraciones retóricas.
La Dirección General de Patrimonio Histórico a resultas de una acción de salvaguarda instada por nosotros ya en el año 2010, y cuyo único éxito fue ponerle al Ayuntamiento una multa de 60.000 € (que ya han cobrado por cierto) y nada más. La acción de salvaguarda de la plaza de España pedida por nosotros habría consistido solo en eso: en una simple multa al Ayuntamiento pero sin hacer nada por recuperar la plaza tampoco. Este centro directivo tiene pendiente también ejecutar una sanción por importe de 1,2 millones de euros contra PESF SL, por construir el garaje subterráneo en la plaza de España sin su autorización.
También ha intervenido la Dirección General de Urbanismo, pero de ese centro directivo es mejor no hablar porque, entre otras cosas, lleva el juzgado 5 de Coslada en las Diligencias que tiene abiertas sobre el caso, haciéndole varios y reiterados requerimientos para que le envíen una serie de documentos e informes pedidos por la fiscalía, sin que lo haya hecho al día de la fecha después de más de seis meses.
El caso incluso llegó a la Asamblea de Madrid instado por el grupo parlamentario de UPyD, cuyas intervenciones de los diferentes responsables de las consejerías dejaron frases y promesas memorables e incumplidas como suele pasar casi siempre en estos casos.
UN ESTADO DE DERECHO...FALLIDO
Hay varias realidades desastrosas que sobrevuelan el caso plaza de España: un montón de acreedores que no cobrarán (entre ellos los socios privados), otro buen montón de perjudicados que no obstante esperan un milagro pero sin hacer nada más, y desde luego todo un descomunal número de organismo judiciales, administrativos y políticos, incapaces de reparar los daños y, lo que es más desesperante, con visos de agravar más la injusta situación cada mes que pasa.
No puede entrar en cabeza humana sensata que en el siglo XXI asistamos impotentes a un estado de cosas tal en relación con este caso, como que un espacio de uso y dominio público como la plaza de España y su subsuelo, aportado subrepticiamente por el alcalde hace ya casi siete años, esté formando parte del activo de una sociedad mercantil privada en quiebra y administrada por un señor nombrado a dedo por el juzgado, y sin que lo haya devuelto a sus legítimos dueños: los ciudadanos de San Fernando.
Y con la lamentable constancia de que tantas y prominentes instancias judiciales, administrativas y políticas, no han sido capaces de acordar la más elemental reparación de este atropello a la legalidad, acordando u ordenando ya la devolución de esos bienes públicos apropiados ilícitamente por una mercantil privada con la connivencia de un alcalde que, o no se enteró de nada y simplemente lo engañaron, o si lo sabía tendría ya que haber respondido ante la justicia tras cuatro largos años de instrucción.
...Y DE LA POLÍTICA
A estas alturas y a casi dos meses de las próximas elecciones, es desolador también comprobar cómo los partidos presentes en la corporación a resultas de las elecciones de 2011, incluido claro está el que gobierna, han sido incapaces de impedir a lo largo de estos cuatro años que la sociedad mercantil mixta PESF SL se apropie de bienes de uso y dominio público (hoy mientras nadie lo remedie, esos bienes forman parte de la masa concursal activa), o en todo caso de su devolución y reintegro al patrimonio municipal de todos. Es la prueba más manifiesta de su fracaso y al mismo tiempo de su inutilidad e incompetencia.
Pero, de la misma forma, lo es también respecto de toda esa decepcionante constelación de nuevos e improvisados partidos (pongan ustedes todas las siglas que quieran aquí), que sin estar en la corporación aspiran ahora a presentarse (se anuncian más de media docena), y cuyas iniciativas al respecto han brillando por su absoluta ausencia. Aunque eso sí, no dudan en apuntarse a todo lo que se menea en forma de crítica (muchas veces sin conocimiento real y sin fundamento alguno), y tratando de presentarse como los paladines de una infatigable actividad, cuando no han hecho otra cosa que apropiarse del trabajo de otros. A juzgar por sus propuestas ya esbozadas en programitas y otros panfletos de todos estos partidos de aluvión que amenazan con presentarse, no nos queda más remedio que aceptar que pasarán otros cuatro años más con la nueva corporación que se forme a partir del 24 de mayo próximo (da igual el resultado electoral), pues veremos que la plaza de España y su subsuelo de titularidad pública continuarán siéndolo de titularidad privada.
Así de desolador es el panorama político que nos espera. Y si el fracaso anterior nos ha llevado donde estamos con este asunto, con toda probabilidad tendrá su continuidad con los nuevos que entren porque no tienen ni la más remota idea de cómo solucionar este formidable problema, salvo los consabidos y cansinos enunciados de charlatanería y de lugares comunes a que nos tienen acostumbrados todos.
... Y TAMBIÉN DEL ASOCIATIVO
Es evidente que los grupos políticos que conforman nuestra corporación actual, han fracasado estrepitosamente en el caso de la plaza de España y particularmente en su recuperación. Impotentes y sin más recursos que aparentar un mero interés propagandístico por el caso, el fracaso está a la vista de todos: la plaza de España al día de hoy forma parte de la masa activa de una sociedad privada en liquidación. Y acabará siendo adjudicada junto con su subsuelo donde se han construido 604 plazas de garaje sin haberlo desafectado primero, a alguno de los acreedores.
Ese es el verdadero balance de este lamentable fracaso. Nuestra plaza más emblemática (BIC, es decir, Bien de Interés Cultural) de casi 11.000 m2 y otros tantos 10.000 de garajes construidos en su subsuelo, ambos bienes de dominio público y por lo tanto imprescriptibles, están siendo administrados por un oscuro administrador concursal que, para más desconcierto, al parecer está siendo investigado por la UDEF.
Pero si es claro que los grupos municipales y los paridos políticos han fracasado en este caso, qué decir de todo el tejido asociativo de San Fernando. ¿Cómo es posible que estemos asistiendo a este estruendoso silencio de toda esa pléyade de asociaciones y otras organizaciones cívicas, tan activas y beligerantes cuando de otras causas se trata, sin que hayan levantado al menos su voz o protestado dignamente contra este estado de cosas que ha llevado a que nuestra plaza, la más histórica y emblemática de todas, haya sido privatizada, hipotecada, embargada, y finalmente vaya a ser subastada o adjudicada por un administrador concursal ajeno, y con la sola misión de liquidar los activos de la sociedad mercantil en quiebra?
Es evidente que este aparatoso silencio de todas las asociaciones de nuestro municipio, mudas y sordas con este caso, revelan y ponen de manifiesto algo que todos sabemos; una indeseable sumisión y una actitud domesticada hacia el equipo de gobierno, porque no pueden renegar ser lo que son: un conglomerado acrítico con los que le deben conmilitancia, vasallaje, y otras subvenciones. Así nos va.