EL CASO GULLÓN Y LA PLAZA DE ESPAÑA: VIDAS PARALELAS(II)

J.A. Martín Pallín, exmagistrado del T.S. que fue ponente de la sentencia que condenó al Alcalde de IU, en un reciente acto de apoyo a Gaspar Llamazares.

Las obras del puente para acceder a PRYCA invadían la finca de A. GULLÓN. La presentación de un interdicto soliviantó a los responsables del hipermercado y denunciaron al propietario. El Ayuntamiento, por orden del Alcalde, instruyó un expediente sancionador y giró varias liquidaciones tributarias que luego anularon los tribunales. A pesar de ello, los responsables municipales, luego condenados, siguieron adelante con el plan para desposeer de la finca a su propietario.

El PCE de San Fernando de Henares sacó un comunicado delirante para "arropar" la inocencia del Alcalde. Y toda su argumentación no podía ser más disparatada. Desde el éxito de la huelga general o su oposición a la entrada en la OTAN, cualquier cosa valía para invocar el "caso GULLÓN" como una especie de venganza por parte de sus adversarios políticos. Lo dicho, un monumento al delirio sectario.

Se creó una comisión de investigación que solo tuvo una reunión. Las conclusiones fueron la rápida exoneración del Alcalde, claro. Caso políticamente cerrado. Pero judicialmente continuaba y, aunque lamentablemente veinte años después, la conclusión judicial fue bien distinta.

****
LA SENTENCIA DEL SUPREMO
***

Lo que usted, amable visitante del blog, no encontrará en la WIKIPEDIA lo encontrará aquí. El amanuense militante a sueldo que ha redactado la entrada en la enciclopedia, pasa de largo sobre este suceso, ocultando el importante dato de que el Alcalde de IU en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Enrique GUERRA, fue condenado por un delito reiterado de prevaricación e inhabilitado por ello. Claro que le aplicaron la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Es decir, como el fallo se produjo veinte años después de iniciado el proceso, le aplicaron una reducción considerable de la pena.

***

La sentencia del TS revocaba otra absolutoria de la Audiencia Provincial digna de examinar en otro momento. Y en la segunda sentencia dice esto:

***

1.- ... El examen de los antecedentes de la causa nos sitúa ante un procedimiento que comienza en el año 1987 y alcanza su firmeza en la decisión que estamos dictando. Si bien esta cuestión no fue suscitada por los querellantes, se trata de un principio constitucional que podemos dictar de oficio. No es necesario hacer grandes alardes y argumentaciones para llegar a la conclusión de la desmesurada duración de este procedimiento que retrasado los límites admisibles sin que el retraso pueda ser imputado a tácticas procesales dilatorias no imputables a los querellados. (S.T.S. 6828/2006)

***

El fallo condenó al Alcalde, al entonces secretario municipal y al recaudador a penas de inhabilitación, por delitos continuados de prevaricación perpetradas mediante maniobras reiterativas y flagrantemente arbitrarias e ilegales. El Ayuntamiento fue condenado también como responsable civil subsidiario. Ya estaba D. Julio SETIÉN gobernando como Alcalde, y su asesora legal, Dª Carmen CRIADO, defendía al Ayuntamiento condenado.

***

(continuará)

EL CASO GULLÓN Y LA PLAZA DE ESPAÑA: VIDAS PARALELAS (I)

El llamado "caso Gullón" saltó a la prensa en el ya lejano año de 1989. Y sin embargo aún colea. Y saltó de forma abrupta, con una querella contra el entonces alcalde Enrique Guerra y otros más, que dio lugar a unas diligencias judiciales en el juzgado número 2 de Alcalá de Henares. La instrucción duraría nada menos que doce larguísimos años.

La defensa pública realizada por el alcalde, el equipo de gobierno y la plana mayor del PCE regional, fue la de siempre: negar los hechos y matar al mensajero. Para ello, claro está, se utilizó la revista municipal CALLE DE LA LIBERTAD. Negar todo, matar al mensajero, acusar a los demás y lanzar cortinas de humo. En fin, como decimos, lo de siempre.

Todo empezó con la localización de PRYCA a resultas del Plan Especial de Equipamientos Comerciales aprobado en su día por COPLACO. El lugar elegido: la N-II a la altura del puente de Viveros en San Ferando de Henares. La ejecución de las raquetas de bajada y el propio puente elevado, entrañaba la invasión de una finca privada y sus servidumbres de paso. El propietario de la finca, Ángel Gullón (de ahí el caso), interpuso un interdicto y logró paralizar las obras durante bastante tiempo. Pero la venganza urdida entre los ejecutivos de PRYCA y los responsables municipales con su alcalde Enrique Guerra a la cabeza, le costó caro al atrevido ciudadano que intentó defender sus derechos. Una denuncia ante el alcalde contra él por parte de los responsables de PRYCA (hoy CARREFOUR), supuso el inicio de un ensañado proceso rápidamente ejecutado por el recaudador municipal - a instancia del alcalde, claro - que acabó con la pérdida de la titularidad de la finca por parte de su legítimo propietario el Sr. Gullón. A PRYCA y al Ayuntamiento de entonces les unían en este asunto los intereses propios: PRYCA la apertura del centro comercial lo antes posible, y al Ayuntamiento, una "indemnización" cifrada en 100 millones de pesetas que PRYCA "donaba" al Ayuntamiento a través de un convenio firmado. La posibilidad de ver ambas aspiraciones truncadas encolerizó a las dos partes y se conjuraron para vengar la osadía. El resultado fue, como se dice, que el Sr. Gullón se quedó sin su finca. Así, con un par.

Hay pocos casos mejores que este para ejemplarizar una borrachera de poder autoritario y vengativo, utilizando ilícita y torticeramente las potestades que la ley otorga a la autoridad. Y pocos con consecuencias tan siniestras como esta increíble alcaldada. Pero cuando el escándalo saltó a la prensa, la estrategia defensiva del equipo de gobierno y de todo el PCE (para los desmemoriados, entonces IU se llamaba así), fue la consigna clásica: prietas las filas, negarlo todo y acusar a diestro y siniestro. Una confabulación de la derecha, del PSOE, de la prensa amarillista y rencorosa, etc. En la rueda de prensa, rodeado de todos los capitostes regionales del partido y del equipo de gobierno, el alcalde lo negaba todo. Y no solo eso, sino que atacaba a todos. Todo el mundo se había confabulado contra ellos. Y así fueron machaconamente tratando de sacudirse este enojoso asunto, que despachaban con la cínica argumentación de siempre: van a por nosotros porque no soportan que lo hagamos tan bien. Mientras tanto, una familia sufría la impotencia de haber perdido su finca y enfrentarse, además, a una incierta y costosísima carrera de procedimientos judiciales.

***
LA SENTENCIA FINAL
***

Y tuvo que ser el Tribunal Supremo con J.A. Martín Pallín como ponente por ciero, quien en octubre de 2006 (casi veinte años después, que se dice pronto) pusiese las cosas en su sitio, y mediante un fallo judicial contundente, se condenara por prevaricación continuada al alcalde, al secretario y al recaudador. Y al Ayuntamiento de San Fernando de Henares como responsable civil subsidiario (no sabemos cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento por este caso, porque el actual alcalde y su equipo se han cuidado mucho de ocultarlo). Y al mismo tiempo se procediese a anular todas las inscripciones registrales realizadas posteriormente sobre esta finca, y reponer la propiedad a su legítimo titular.

***

Todo parece indicar que el caso "Plaza de España" se da un cierto paralelismo con el "caso Gullón". Hay razonables similitudes que iremos desgranando en las próximas entregas.

***
(continuará)

TRADISA, OTRA VERGÜENZA (X)

Dª CRISTINA GUIRAL DEL POZO, actual presidenta del Grupo TRADISA, participada a través de ÁGORA INVEST, con su padre D. ANTONIO GUIRAL, entonces presidente y fundador, en las instalaciones de TRADISA.

Las instalaciones de TRADISA en San Fernando de Henares que se levantaron en suelo no urbanizable especialmente protegido según el PGOU, con una licencia municipal después declarada ilegal por el TSJ de Madrid (Recurso 767/1991). Posteriormente, en 1996 y siendo alcaldesa Monserrat MUÑÓZ, le fue concedida una licencia "provisional" !!!. Pero todas estas licencias fueron declaradas de nuevo nulas por el TSJ, ahora a instancia de EL MOLINO DE SAN FERNANDO.

D. Antonio GUIRAL, cuando era Presidente de TRADISA, y a raíz de la clausura definitiva de la actividad decretada por la corporación municipal en 1995, se apresuró a solicitar una entrevista con el alcalde, y para ello se hizo acompañar de su amigo el ex magistrado del Tribunal Supremo, Sr. Pera Verdaguer. Para entonces, los pleitos con TRADISA habían llegado precisamente al Tribunal Supremo, y apuntaban un incipiente y presunto olor a responsabilidades penales para sus dirigentes. La reunión transcurrió cordialmente, sin que consiguieran levantar el precinto de las instalaciones. No obstante lo cual, el señor ex magistrado, que se presentó a si mismo como el ponente del "caso Matesa", dejó algunos comentarios poco alentadores para la suerte de las pretensiones municipales en los tribunales, a tenor del escaso valor de las pruebas manejadas. Ni el señor Guiral ni el ex magistrado del TS, supieron explicar no obstante, la razón de la existencia de un contrato privado en la compra de la finca, y si fueron cumplidas las cláusulas contenidas en él, respecto de un sobreprecio no declarado de 28 millones de pesetas en efectivo, y de la finca El Quebrachal en SALTA, Argentina, siempre y cuando fueran obtenidas las licencias municipales a una fecha concreta. Ni el Sr. Guiral ni el señor Pera supieron contestar a ello, sólo se limitaron a reiterar la falta de pruebas por parte del Ayuntamiento.

Posteriormente, ya en el año 2001, el Ayuntamiento presidido por Monserrat MUÑÓZ, trata de "legalizar" aquella formidable infracción urbanística perpetrada con una ilegal licencia municipal en suelo no urbanizable y especialmente protegido. Para ello, proponen que un suelo que el PGOU anterior clasificaba como NO URBANIZABLE, pasara directamente a ser urbanizable. Eso sí, a sabiendas de que la campa de vehículos de 200.000 m2, llevaba funcionando desde 1996 con una licencia "provisonal". La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Política Territorial, pidió al Ayuntamiento un "Estudio de viabilidad ambiental para la zona de TRADISA". Petición insólita, desde luego, puesto que TRADISA ya estaba instalada desde hacía mucho tiempo. El estudio de viabilidad ambiental fue aportado a lo que parece, sin embargo ha desaparecido del expediente. ¡Qué cosas suceden en nuestra administración!

El estudio de viabilidad fue encargado al profesor de la Universidad Politécnica D. Ignacio CLAVER FARÍAS en el año 2000. Como ya se ha dicho, las instalaciones de TRADISA llevaban funcionando con una licencia provisional desde 1996. Pero, ¿cómo es posible que el Sr. CLAVER FARÍAS, en otro tiempo Director General de Medio Ambiente de la CAM, pudiera firmar y redactar un estudio de impacto ambiental para una instalación industrial de 200.000 m2, con proyecto ya ejecutado plenamente, y concluir que el impacto de dicha instalación no era negativo? Claro que no era negativo, sino que era irreversible. Es igual que si alguien tala un bosque, y luego se hace el estudio de impacto ambiental. Pero la Universidad Politécnica de Madrid debe de estar orgullosa de estos estudios, que además de cobrar buenas cantidades por ellos (4.700.000 pesetas), los incluye en los programas de I+D. Así funciona todo este tinglado.

...y, naturalmente, sentencias que nunca se cumplen. En efecto, fueron anuladas todas las licencias, excepto dos. Y fue pedida por nosotros en su momento la ejecución de esta sentencia firme dictada en 1997 por el TSJ de Madrid. Entre esas licencias anuladas estaba también la "provisional" concedida un año antes. Esta sentencia es, como se dice, firme, pero el Ayuntamiento nunca la ha ejecutado.

...y expedientes que desaparecen. El tribunal se vio obligado a pedir los expedientes numerosas veces al Ayuntamiento, hasta que finalmente y ante la amenaza de sanción, decidieron remitir los expedientes pedidos. Todos menos dos, que, como puede leerse en el documento de remisión firmado por Dª CARMEN CRIADO, a la sazón asesora del Equipo de gobierno, habían sufrido "extravío" por los sucesivos traslados. ¿Cómo es posible que todos los expedientes originales relacionados con TRADISA, hayan desaparecido de los archivos municipales?

***
(continuará)